JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 8452/2001. GABRIELA RAMÍREZ MEDINA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Según se advierte del proveído recurrido, se desechó la demanda de garantías promovida por Gabriela Ramírez Medina, bajo la consideración fundamental de que previamente debió agotar el juicio contencioso administrativo que prevé el artículo 23, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
En los agravios propuestos por la recurrente, afirma que no debió desecharse la demanda de garantías y formula diversas manifestaciones en contra de la decisión recurrida.
Lo anterior se estima suficiente para que este tribunal proceda al examen del proveído impugnado, toda vez que la recurrente expresó en sus agravios la causa de pedir, al señalar la lesión que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación.
Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P./J. 69/2000 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, del tenor siguiente: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.-Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última.".
Pues bien, por razón de método, debe examinarse la consideración vertida por el encargado del despacho en el proveído recurrido, en el sentido de que conforme a los artículos 58 y 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, reformados según publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de diecisiete de agosto de dos mil, la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para la suspensión del acto reclamado.
Dichos preceptos disponen:
"Artículo 58. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser acordada por el presidente de la Sala que conozca del asunto, haciéndolo del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento, previa verificación de la existencia y autenticidad del acto que se impugna y consulta ciudadana de los lineamientos establecidos por el título tercero capítulo IV, de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en lo que corresponda."
"Artículo 59. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute la resolución impugnada. Sólo podrá ser concedida por el presidente de la Sala a petición del Magistrado instructor a quien le haya sido solicitada por el actor dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la verificación de la existencia y autenticidad del acto que se impugna y, en su caso, a la consulta ciudadana a que se refiere el artículo anterior.
"Cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia o el acceso a su domicilio particular, el presidente de la Sala podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar dicho medio de subsistencia, siempre y cuando dicha actividad constituya su único medio de subsistencia, lo cual debe ser comprobado fehacientemente.
"Excepcionalmente, bajo su más estricta responsabilidad el presidente de la Sala podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva.
"No se otorgará la suspensión si es en perjuicio del interés social, si se contravinieren disposiciones de orden público o se dejare sin materia el juicio.
"La suspensión podrá ser revocada por el presidente de la Sala en cualquier etapa del juicio, si varían las condiciones por las cuales se otorgó."
Del precepto que se acaba de transcribir se advierte que los requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, son:
a) Que el actor la solicite al Magistrado instructor.
b) Que el Magistrado instructor formule al presidente de la Sala la petición de concederla.
c) Que el presidente de la Sala la conceda dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la verificación de la existencia y autenticidad del acto que se impugna y, en su caso, a la consulta ciudadana conforme a los lineamientos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
d) Que no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el procedimiento.
e) Si se trata de créditos fiscales, se garantice su importe.
f) Que en caso de que su otorgamiento pueda producir daños y perjuicios a terceros, el interesado garantice la reparación e indemnización.
Ahora bien, en relación con la suspensión la Ley de Amparo dispone en lo conducente:
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el agraviado.
"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares;
"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."
"Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.
"Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía."
"Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal. ..."
En los preceptos transcritos, se observa que los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la concesión de este tipo de suspensión, son:
* Que la solicite el agraviado;
* Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público;
* Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto;
* Que cuando su otorgamiento pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, el quejoso deberá, en su caso, garantizar la reparación del daño o la indemnización de los perjuicios;
* También se advierte que, conforme al principio de inmediatez que rige la medida cautelar, el Juez Federal puede ordenarla con la sola presentación de la demanda.
Pues bien, al confrontar la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal con la Ley de Amparo, se advierte que para la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad, se prevén mayores requisitos que los necesarios para conceder la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, pues para aquélla es necesario que el Magistrado instructor a quien se dirige la petición relativa, a su vez se dirija al presidente de la Sala, con lo cual, esta disposición excede a lo que previenen al respecto la Ley de Amparo, conforme a la cual únicamente se requiere la solicitud del agraviado.
Asimismo, al establecerse en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que se podrá conceder la suspensión una vez que se verifique la existencia y autenticidad del acto impugnado y, en su caso, se realice la consulta ciudadana, indudablemente que constituyen requisitos no previstos en la Ley de Amparo, pues ninguna de sus disposiciones es correlativa en ese aspecto, siendo incorrecta la apreciación del encargado del despacho que dictó el auto recurrido, en el sentido de que el artículo 132, conforme al cual se determina la existencia del acto reclamado, se equipara al requisito de que se trata, ya que en el juicio de amparo el informe previo se solicita una vez que se ha acordado sobre la suspensión, es decir, para la decisión que al respecto se toma, en nada trasciende el contenido del informe previo.
Igualmente es desafortunada la consideración vertida en el proveído, en el sentido de que para la suspensión de los actos en el juicio de garantías, se toman las medidas pertinentes para no afectar derechos de terceros y eso es acorde a la consulta ciudadana de que trata la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; pues precisamente es al decretar la suspensión que el Juez de Distrito toma en cuenta que no se deben afectar derechos de terceros y, por su parte, en el juicio de nulidad, para el otorgamiento de la suspensión, se realiza previamente la mencionada consulta.
En las condiciones descritas, queda demostrado que en el caso, contrario a lo que se estableció en la decisión controvertida, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, razón por la cual, incorrectamente fue desechada la demanda de garantías.
Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis sustentada por este tribunal, con clave de registro TC0112006.9 AD1, de rubro y texto siguientes: "-El artículo 59, primer párrafo, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, establece que sólo el presidente de la Sala respectiva puede conceder la suspensión de la ejecución de los actos que se impugnen mediante el juicio de nulidad respectivo, previa petición del Magistrado instructor a quien, a su vez, le haya sido solicitada por el actor. Como puede advertirse, el precepto en cuestión establece un requisito adicional a los que prevé la Ley de Amparo para la concesión de tal medida precautoria, ya que en cuanto a la instancia de parte, el único requisito que exige este último ordenamiento es el previsto en la fracción I de su artículo 124, consistente en que sea el agraviado quien solicite el otorgamiento de la medida suspensional; es decir, que en el caso del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la obtención de la indicada medida requiere de una doble petición, una formulada por el actor y otra por el Magistrado instructor. Consecuentemente, debe estimarse que en el caso en cita resulta procedente el juicio de garantías conforme a lo previsto en el primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.".
Por tanto, lo conducente es revocar el auto recurrido, a fin de que el Juez de Distrito, si no advirtiere otro motivo de indudable improcedencia, admita a trámite la demanda de amparo.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca el auto recurrido.
SEGUNDO.-Se ordena al Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de no existir motivo diverso de improcedencia, admita la demanda de amparo promovida por Gabriela Ramírez Medina.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados, presidente y ponente Roberto Avendaño, Hilario Bárcenas Chávez y Jorge Arturo Camero Ocampo, lo resolvió este Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2818-12bbef3e/juicio-de-nulidad-ante-el-tribunal-de-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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