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Modo: Corpus Pro

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE DURANGO, VIGENTE A PARTIR DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014, QUE SUPRIMIÓ LA OBLIGACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE OTORGAR AQUELLA PRESTACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. · Registro digital (IUS): 28254
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-01-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, Pág. 1415.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA. 13 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO DAVID VÁZQUEZ ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ BIBIANO, MIGUEL ÁNGEL CRUZ HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ BIBIANO. SECRETARIA: ROCÍO CORTEZ CASTAÑÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Quinto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de la posible contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como primero transitorio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de la denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los criterios del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad de Durango y por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, de acuerdo con lo previsto en los preceptos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la presente contradicción de tesis, son las siguientes:

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el juicio de amparo directo 449/2017, con cuaderno auxiliar 359/2017, de su libro de gobierno, en sesión plenaria de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, sostuvo lo que a continuación se transcribe:

"OCTAVO.—Estudio de los conceptos de violación. Los motivos de disenso hechos valer son fundados, aunque para ello se deba suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V,(1) de la Ley de Amparo; lo anterior, de conformidad con las siguientes consideraciones:

"Ahora bien, el concepto de violación sintetizado bajo el inciso a) es fundado, lo anterior es así, pues del análisis a las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada se aprecia, en lo que interesa, que contrario a derecho el tribunal responsable declaró la improcedencia del pago de la prima de antigüedad, solicitado por las aquí quejosas, al atender que la dependencia demandada opuso la excepción de falta de acción y carencia de derecho, a la fecha en que causaron baja voluntaria del servicio por jubilación, y que por ello la ley aplicable al caso ya no contemplaba el pago de una prima de antigüedad.

"En efecto, en el laudo reclamado se aprecia que el tribunal responsable procedió al estudio de la prestación reclamada consistente en el pago de la prima de antigüedad, de acuerdo con lo establecido en el citado numeral 55, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, arribando a la conclusión de que resultó improcedente, ya que consideró que a la fecha en que las aquí quejosas se jubilaron, dicha prestación ya no se encontraba contemplada en la legislación aplicable al caso.

"Asimismo, es importante dejar establecido que luego de seguirse las etapas del procedimiento, en la sentencia que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional, el tribunal responsable declaró la improcedencia del pago de la prestación en comento reclamada por las aquí peticionarias de amparo; lo anterior, ya que como lo indicó la dependencia demandada al oponer la excepción de falta de acción y carencia de derecho, a la fecha en que la parte actora causó baja voluntaria del servicio por jubilación, la ley aplicable al caso ya no contemplaba el pago de una prima de antigüedad.

"Al respecto, conviene señalar que la fracción X del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, fue reformada por decreto publicado en el Periódico Oficial el veinticinco de diciembre de dos mil catorce, y entró en vigor al día siguiente, mediante el cual se suprimió el otorgamiento de primas a los trabajadores que se retiren voluntariamente del servicio.

"Cierto, la fracción X del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, derogada, respecto del cual se pretende el otorgamiento de la prima de antigüedad, contemplaba:

"‘Artículo 55. Son obligaciones de las dependencias y entidades administrativas, a que se refiere el artículo 1o. de esta ley:

"‘...

"‘X. Otorgar las primas a los trabajadores que se retiren voluntariamente del servicio, así como la prima vacacional.’

"Por su parte, la fracción X del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, vigente a partir del veintiséis de diciembre de dos mil catorce, dice:

"‘Artículo 55. Son obligaciones de las dependencias y entidades administrativas, a que se refiere el artículo 1o. de esta ley:

"‘...

"‘X. Otorgar la prima vacacional.’

"De dichos numerales se desprende que el otorgamiento de primas a los trabajadores que se retiren voluntariamente del servicio se suprimió a partir del veintiséis de diciembre de dos mil catorce.

"En el caso, del capítulo de hechos de la demanda laboral, se advierte que cada una de las quejosas señalaron lo siguiente: ********** prestó servicios para la demandada a partir del diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco hasta el quince de mayo de dos mil dieciséis, generando una antigüedad de treinta años, ocho meses, trece días; luego, ********** indicó que laboró desde el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y cinco hasta el quince de mayo de dos mil dieciséis, con una antigüedad de treinta años, dos meses, un día; también, **********, manifestó que laboró a partir del uno de mayo de mil novecientos ochenta y ocho hasta el quince de mayo de dos mil dieciséis, con una antigüedad de veintisiete años, nueve meses, quince días; por último, ********** manifestó que trabajó del dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y seis hasta el quince de abril de dos mil dieciséis, con una antigüedad de veintinueve años, cinco meses; fechas en que comenzaron a laborar y causaron baja por jubilación, cada una de ellas, respectivamente, por lo que cumplieron quince años de servicio (antigüedad), antes de la entrada en vigor de la última reforma a ley laboral burocrática vigente, por lo que adquirieron el derecho a que se les pagara dicha prestación.

"Lo anterior es así, pues ********** y ********** cumplieron quince años laborando en el año dos mil, luego ********** adquirió quince años prestando sus servicios en el año dos mil tres y **********, en el año dos mil uno; de ahí que varios años antes de que entrara en vigor la nueva ley laboral burocrática para el Estado de Durango, ya habían adquirido el derecho para que al retirarse voluntariamente se les pagara la prima de antigüedad.

"Así las cosas, en la sentencia reclamada, en la parte en que el tribunal responsable se pronunció con relación a la prestación reclamada por las quejosas aludidas, determinó que resultó improcedente el pago de la prima de antigüedad conforme a las siguientes consideraciones:

"• Que si las aquí peticionarias de tutela constitucional se jubilaron el quince y treinta y uno de diciembre de dos mil quince, según se desprende de sus propias manifestaciones, el pago de dicha prestación resulta improcedente, en virtud de que en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, reformada el veinticinco de diciembre de dos mil catorce, no se contempla la prima de antigüedad.

"• Lo anterior, en virtud de que los servidores públicos no adquieren el derecho a una prima de antigüedad de acuerdo con las normas vigentes en la época en que se incorporaron a la función pública, en virtud de que en ese momento todavía no se generaba el supuesto requerido (antigüedad en el servicio) y, por ende, tampoco la consecuencia (derecho a la prima de antigüedad), por lo que si éstos se produjeron durante la vigencia de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, reformada por decreto publicado en el periódico oficial el veinticinco de diciembre de dos mil catorce, ésta resulta ser la aplicable para resolver la solicitud relativa, sin que ello contraríe el principio de irretroactividad de la ley, dado que las trabajadoras sólo tenían una expectativa de derecho a obtener una prima de antigüedad.

"• Consecuentemente, estableció que el otorgamiento de dicha prima está supeditado a la solicitud del interesado conforme a la legislación vigente al momento en que se generen los supuestos previstos legalmente para ello y el derecho relativo.

"• De igual manera, se determinó que al no estar contemplada la prestación de prima de antigüedad en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, vigente a partir del veintiséis de diciembre de dos mil catorce, no procedía aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, ya que para que opere tal supuesto, se requiere que la ley a suplir disponga la prestación respecto de la cual se pretende su aplicación, que no tenga reglamentación, o bien, que conteniéndola sea deficiente.

"•Se invocaron como sustento las jurisprudencias «IX.2o.26 L y II.1o.A. J/26 (9a.)» de rubros: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NO TIENEN DERECHO A PERCIBIR DICHA PRESTACIÓN, PUES AL NO ESTAR PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN QUE LOS RIGE ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ y ‘PENSIÓN POR JUBILACIÓN, EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. SU OTORGAMIENTO ESTÁ SUPEDITADO A LA SOLICITUD DEL INTERESADO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE GENEREN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE PARA ELLO Y EL DERECHO RELATIVO.’

"• Derivado de lo anterior, absolvió a la demandada del pago de la prestación que se demandó.

"Al respecto, este tribunal considera que si durante la vigencia de la fracción X del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, derogada, se cumplieron los quince años de servicio antes de la entrada en vigor de la actual ley, debe resolverse la prestación relativa con la ley derogada, pues se adquirió el derecho al cumplirse con el plazo previsto.

"Lo anterior, toda vez que la prima de antigüedad es un derecho que se encontraba previsto al momento en que iniciaron a laborar, incluso, al cumplir los quince años laborando para la demandada, por lo que adquirieron ese derecho, ya que el retiro voluntario únicamente marca la condición de que se les pague dicha prestación adquirida con anterioridad, a su jubilación.

"Luego, si el requisito de separación voluntaria del servicio a que alude la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo,(2) aplicado supletoriamente a la legislación burocrática estatal, se cumplió con anterioridad a la fracción X del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, reformada, en que se suprimió el otorgamiento de primas de antigüedad a los trabajadores que se retiraran voluntariamente del servicio, por lo que es inconcuso que indebidamente la autoridad responsable aplicó de manera retroactiva en perjuicio de las quejosas, la reforma a la ley burocrática del Estado de Durango, pues el plazo de los quince años para tener derecho al pago de la prima de antigüedad lo adquirieron por lo menos diez años anteriores a la citada reforma.

"Por tanto, se considera que existió aplicación retroactiva en perjuicio de la parte trabajadora de la fracción X del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, reformada el veinticinco de diciembre de dos mil catorce, ya que el derecho a la prima de antigüedad se adquirió antes de la aludida reforma y al separarse voluntariamente por jubilación, únicamente, se actualizó la hipótesis para poder exigir su pago.

"Por lo que, se concluye que si las quejosas antes de la entrada en vigor de la actual redacción de la fracción X del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, cumplieron con el requisito de los quince años de antigüedad (prestación de servicios), adquirieron el derecho previsto en la ley laboral derogada (pago de prima de antigüedad), por ende, se puede aplicar el artículo 84(3), así como el numeral 162, fracción I,(4) ambos de la Ley Federal del Trabajo, y este último en relación con el artículo 486(5) del precitado ordenamiento jurídico.

"Orienta lo anterior, la jurisprudencia(6) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido literal:

"‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY, SE PROTEGE CONTRA LA, SI CAUSA PERJUICIO.—La Constitución General de la República consagra el principio de la irretroactividad cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona; de donde es deducible la afirmación contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio.’

"Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia(7) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS.—El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular.’

"De ahí que resulte fundado el planteamiento de las impetrantes en que se duelen de que la autoridad responsable no aplicó la ley que rigió durante la relación de trabajo y aplicó en perjuicio de sus derechos fundamentales la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, vigente a partir del veintiséis de diciembre de dos mil catorce.

"En consecuencia, se debe conceder la protección de la Justicia Federal solicitada.

"NOVENO.—Efectos de la concesión. En consecuencia, en apego a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado y restableciendo las cosas al estado que guardaban, antes de las violaciones señaladas, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre:

"a) Deje insubsistente la sentencia de once de enero de dos mil dieciséis, dictada en el juicio laboral burocrático **********.

"b) Establezca que la ley aplicable a las prestaciones reclamadas por la parte quejosa es la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, anterior a su última reforma, publicada en el Periódico Oficial de veinticinco de diciembre de dos mil catorce.

"c) Dicte un nuevo fallo, en el que emprenda nuevamente el análisis de la prima de antigüedad reclamada y, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, determine que les asiste el derecho a las quejosas; lo anterior, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustivamente.

"Finalmente, resulta innecesario pronunciarse sobre los conceptos de violación sintetizados en el inciso b), pues siendo fundada la violación atendida en el resto de las reclamaciones en los párrafos precedentes, hace ocioso su estudio, pues deriva del diverso concepto de violación que fue declarado fundado.

"Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia(8) sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.—Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad vertidos en la demanda de garantías."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1661/2017, en sesión del catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en su parte conducente, estableció lo siguiente:

"El artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"‘Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.’

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la irretroactividad que prohíbe el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a las autoridades que las aplican a un caso determinado, y para resolver el problema relacionado con la irretroactividad, ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos y a la teoría de los componentes de la norma.

"En la primera de ellas (teoría de los derechos adquiridos), se distingue entre dos conceptos, a saber: el de derecho adquirido, que lo define como aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico; y el de expectativa de derecho, el cual se define como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado.

"Por consiguiente, sostiene que si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho, no se viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal (teoría de los derechos adquiridos).

"En efecto, esta teoría que se apoya en la distinción fundamental entre derechos adquiridos y las meras expectativas de derecho, establece que no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley dejara de tener vigencia al sustituirse por una diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.

"Corrobora lo anterior la tesis 2a. LXXXVIII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos seis, del Tomo XIII, junio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.—Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.’

"De los razonamientos anteriores, se debe concluir, que una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, toda vez que éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado, y no cuando se aplica a meras expectativas de derecho.

"Por consiguiente, la garantía de irretroactividad de las leyes que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que no se pueden modificar o afectar los derechos que adquirió un gobernado bajo la vigencia de una ley anterior, con la entrada en vigor de una nueva disposición, pero sí se pueden regular por las nuevas disposiciones legales las meras expectativas de derecho, sin que se contravenga el numeral en comento.

"Ahora bien, por lo que se refiere a la teoría de los componentes de la norma, se parte de la idea de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir con éstas.

"Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo:

"a) Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida.

"b) El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva.

"c) También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente, porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.

"d) Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

"Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 123/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciséis, del Tomo XIV, octubre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.—Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.’

"Como parte del marco jurídico, también conviene tener en cuenta que los artículos 79, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 9 del Código Civil del propio Estado disponen:

"‘Artículo 79. ...

"‘En la reforma, derogación o abrogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos requisitos que para su formación.’

"‘Artículo 9. La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.’

"De acuerdo con la intelección de los preceptos aquí transcritos, la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior; en la reforma, derogación o abrogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos requisitos que para su formación.

"La Enciclopedia Jurídica Omeba define a la derogación de la siguiente manera:

"‘... derogar significa abolir, anular una cosa establecida como ley o costumbre. Nos interesa ahora conocer el porqué de una derogación, ya que, como sabem

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28254-4ca9d80f/prima-de-antiguedad-el-articulo-55-fraccion-x · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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