REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO, LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS I.3o.P.32 P, PUBLICADA EN LA PÁGINA 904, DEL TOMO XIII, AGOSTO DE 1998 DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA).
AMPARO DIRECTO 2373/2000.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Los conceptos de violación formulados por el quejoso son infundados.
En efecto, el Ministerio Público inconforme en su escrito de agravios en la apelación, señaló con precisión las violaciones que causaba la sentencia absolutoria combatida, refiriendo los diversos indicios que en su concepto aparecen de las pruebas desahogadas en autos y que acreditan la responsabilidad penal del aquí quejoso en la comisión del delito de homicidio calificado, entre los que, en esencia hizo valer, que las declaraciones del sentenciado así como de María Guadalupe Magaña Chávez y Tania Calderón Dávila, ponen de manifiesto que se solicitó el auxilio de una ambulancia de la Cruz Roja para el sujeto pasivo, aproximadamente tres horas después de que fue lesionado, y tal hecho necesariamente expresa el juicio que sostuvo la responsable acerca de que no se solicitó oportunamente el auxilio correspondiente, lo que desde luego no implica suplencia de queja, por la circunstancia de que el Ministerio Público textualmente no lo señaló así en sus agravios, pues conforme a lo antes dicho esa afirmación está apoyada en hechos que emergen de la prueba testimonial que hizo valer la autoridad apelante como indicio en contra del sentenciado, de manera que, adversamente a lo que alega el quejoso en el primero de los conceptos de violación, la Sala responsable al emitir su sentencia se constriñó de manera sustancial y sin suplir deficiencia alguna al alcance de los agravios, por provenir del Ministerio Público, en observancia a lo dispuesto por el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y al criterio que sostiene la jurisprudencia que invoca sobre el particular con el epígrafe: "APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LÍMITES EN LA.", consideración que igualmente resulta procedente en cuanto a que la aludida responsable al hacer el estudio de los agravios relacionados con la actitud que adoptó el sentenciado al ocurrir los hechos, señaló que con ello trató de confundir las investigaciones, pues tal afirmación tampoco implica suplencia de queja, como infundadamente se aduce, ya que los indicios en que se apoyó esa apreciación son los mismos que consideró la autoridad apelante en su escrito, como son que los policías remitentes manifestaron que el sentenciado al ser cuestionado sobre cómo había sido lesionado el pasivo, respondió que había arribado a ese lugar ya alterado en su salud, o sea, que así había llegado, y que al preguntarle sobre el arma, negó tenerla, que además afirmó que el arma la levantó del sillón, mientras que María Guadalupe Magaña Chávez y Tania Calderón Dávila manifestaron que cuando estaban con el pasivo no vieron ningún arma en sus manos, ni en el sofá ni en el suelo, y que fuera de toda lógica y sentido común, el sentenciado en vez de solicitar ayuda debido a la imperiosa necesidad de auxilio médico que demandaba el sujeto pasivo por la lesión letal que le fue inferida, prefirió primero bañarse, de ahí que en estos aspectos la sentencia reclamada no cause agravio alguno al quejoso.
Asimismo, es infundado el segundo de los conceptos de violación, pues el Ministerio Público apelante en sus agravios expresó las razones que tuvo en cuenta para considerar que el delito de homicidio imputado al sentenciado era calificado (ventaja), y si la Sala responsable al resolver lo conducente aseveró que era homicidio simple, tal proceder tampoco implica suplencia de queja, por el contrario, las razones en que fundó su determinación ponen de relieve que analizó el agravio respectivo bajo el principio de estricto derecho al considerar que era deficiente, dado que legalmente dicha calificativa no estaba acreditada en forma plena; además, cabe señalar que las jurisprudencias que invoca el quejoso en este apartado relacionadas con el cambio de la clasificación del delito en la sentencia no son aplicables, ya que se refieren al caso de cuando el juzgador en la sentencia cambia indebidamente la clasificación del delito por el cual se siguió proceso al acusado, lo cual en la especie no ocurre, toda vez que el hoy quejoso fue procesado por el delito de homicidio calificado, el cual es el mismo a que se alude en la sentencia reclamada, con la salvedad de que, como ya se dijo, dicha calificativa se tuvo por no acreditada, lo que evidentemente es un punto favorable al sentenciado.
Asimismo, deviene infundado el tercero de los conceptos de violación, pues la Sala responsable después de considerar parcialmente fundados los agravios de la autoridad apelante, procedió a valorar debidamente las pruebas recabadas en la causa penal número 19/99, así como las que obran en copia certificada en la averiguación previa relacionada número 38/311/99-01, conforme a los principios rectores de la valoración de las pruebas que se establecen en los artículos 246, 250, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al tener por acreditado al tenor de lo dispuesto por el artículo 122 del mismo código procesal, la existencia del delito de homicidio simple, en agravio de Jorge Rivas Casillas, previsto y sancionado en los artículos 302 y 307 del Código Penal para el Distrito Federal, pues de las constancias que han quedado precisadas en el considerando tercero de esta resolución, se desprenden datos de convicción suficientes para demostrar, tal como fue apreciado por la autoridad responsable, que el día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, en el domicilio ubicado en calle "Z", edificio cuarenta y cuatro, departamento treinta y tres, en la Unidad Habitacional Alianza Popular Revolucionaria Fovissste de la delegación Coyoacán, alguien disparó el arma de fuego tipo revólver, calibre 38 especial, marca Smith & Wesson, con número de matrícula BDN2061, en la persona de Jorge Rivas Casillas, ocasionándole alteraciones en la salud que a la postre lo llevaron a la muerte.
Sin que sea óbice a la anterior conclusión lo alegado por el inconforme en cuanto a que la prueba pericial en que se sustentó la sentencia reclamada, no fue apreciada conforme a las circunstancias o antecedentes que refirieron los testigos María Guadalupe Magaña Chávez, Tania Calderón Dávila, Jorge Rafael Rivas Leyva (padre del occiso), Lilian Sandín Sánchez, David Alberto Sacal Castillo y Esteban Soto Zermeño, así como el paramédico Arturo Castro Sánchez, y que dejó precisadas en el concepto de violación que se analiza, el que se reitera es infundado, toda vez que la responsable sí valoró correctamente los dictámenes recabados en autos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales, ya que se advierte fueron rendidos de acuerdo a los vestigios dejados por el delito, encontrados en el lugar de los hechos, como son fundamentalmente el tipo de lesión y lugar en que se efectuó, los orificios y manchas de sangre encontradas en las ropas, la bala extraída del cuerpo del occiso, la esquirla encontrada en el cuarto de Tania Calderón Dávila y el arma de fuego relacionada, a efecto de proporcionar desde un punto de vista técnico la forma o circunstancias en que resultó lesionado el ahora occiso, siendo erróneo que los peritos emitieran una opinión sobre tales aspectos con base en las declaraciones de los citados testigos, porque la apreciación de sus relatos corresponde al juzgador, tal como lo dispone el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales, de ahí que no cobre aplicación el criterio aislado en que se apoya sobre la apreciación de la prueba pericial.
Sin embargo, del concepto de violación que nos ocupa, se aprecia que el hoy quejoso lo que pretende es acreditar con dichas testimoniales que el pasivo se suicidó debido a los problemas sentimentales que existían entre él y Tania Calderón Dávila, el estado emocional reflejado en las llamadas telefónicas que realizó el día de los hechos a esta última y a Lilian Sandín Sánchez, y de que sorprendió a aquélla con Esteban Soto Zermeño, teniendo relaciones sexuales, alegato que también es infundado, ya que como bien lo argumentó la Sala responsable, se descarta la hipótesis de que Jorge Rivas Casillas se suicidó, en virtud de que en el dictamen tercero en discordia en materia de criminalística se estableció que la herida que presentaba el pasivo, producida por proyectil de arma de fuego, se realizó a una distancia mayor a los cincuenta centímetros, lo que era congruente con el peritaje en materia de química forense (prueba de Walker), realizado en la chamarra que vestía el occiso, el cual resultó negativo para la determinación de nitritos en el orificio producido por arma de fuego, así como con el resultado de los dictámenes en materia de criminalística (posición víctima-victimario) y de necropsia, en los que se sostuvo que el disparo fue realizado a una distancia mayor a un metro, lo que lleva implícita la idea de que el pasivo estaba en una posición completamente atípica para perpetrar el disparo que lo conllevase a un suicidio, aunado a que a esos indicios se vinculan en forma armónica a la prueba de rodizonato de sodio la cual resultó negativa al ahora occiso, y de que se encontró una esquirla en el cuarto de la testigo Tania Calderón Dávila, en cuyo estudio técnico respectivo se determinó que fue disparada con la misma arma afecta, de tal forma que dichos indicios en conjunto adquieren fuerza probatoria, en tanto que la prueba testimonial que hace valer el quejoso carece de eficacia probatoria, en la inteligencia de que la Sala responsable sí apreció debidamente lo testificado por el paramédico Mario Arturo Castro Sánchez, al restarle valor probatorio, pues tal como lo dijo la responsable, en atención a lo que alegó sobre el particular el Ministerio Público, dicho testigo ante el Juez afirmó que tuvo comunicación a señas con la persona lesionada y que de esta forma le indicó cómo había sufrido la lesión, y que al deponer en la indagatoria relacionada sobre el mismo punto, lo señaló de manera distinta, al decir que cuando le preguntó al lesionado cómo te llamas, le contestó "Jorge", y que al cuestionarlo sobre el arma, le respondió "la tiene otra persona, nadie tiene la culpa", sin pasar inadvertido que sobre lo expuesto por el testigo la autoridad apelante adujo en sus agravios, que sus manifestaciones no tenían respaldo probatorio, ya que Tania Calderón Dávila y María Guadalupe Magaña Chávez, quienes estaban presentes en el lugar de los hechos, nada dijeron sobre dicho diálogo, de ahí que ante la falta de señalamiento o de imputación sobre la persona que disparó el arma de fuego afecta en contra de Jorge Rivas Casillas, se recabaran los mencionados dictámenes, los cuales sí fueron debidamente apreciados por la autoridad responsable, pues justifican la existencia del delito de homicidio, determinación que no pugna con las jurisprudencias que invoca el quejoso en el apartado respectivo de su demanda de amparo, relacionadas con el cuerpo del delito.
De igual forma, resulta infundado el cuarto de los conceptos de violación, pues fue correcto que la Sala responsable declarara parcialmente fundados los agravios del Ministerio Público, y que con base en los indicios que se desprenden de las pruebas que hizo valer, tuviera por acreditada la responsabilidad penal del ahora quejoso ... en la comisión del delito de homicidio simple en agravio de Jorge Rivas Casillas, en términos del artículo 13, fracción II, del código adjetivo de la materia, ya que no obstante que Tania Calderón Dávila y María Guadalupe Magaña Chávez, en sus atestos refirieron no haberse percatado en qué momento el ahora occiso fue lesionado, de las pruebas en que se apoyó el Ministerio Público para sustentar sus agravios, marcadas con los dígitos 1, 3, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35 y 38, efectivamente se desprende que en la prueba de Harrison que le fue practicada al ahora quejoso se asentó que a la reacción de rodizonato de sodio le resultó positiva en región palmar y dorsal, de ambas manos, por lo que los peritos concluyeron que sí se identificaron los elementos investigados de plomo y/o bario en las zonas más frecuentes de maculación por disparo de arma de fuego, que en las declaraciones de Tania Calderón Dávila, María Guadalupe Magaña Chávez, David Alberto Sacal Castillo y Esteban Soto Zermeño, se ubica al aquí disconforme en el lugar de los hechos, específicamente las dos primeras de los nombrados señalaron que al encontrar lesionado al ahora occiso, únicamente se encontraban ellas, el ahora occiso y el quejoso; que la prueba de Harrison que les fue practicada a las nombradas testigos y al occiso les resultó negativa; que los policías remitentes aseguraron que encontraron en poder de este último el arma de fuego afecta, la que de acuerdo al dictamen en materia de balística, fue la que disparó el proyectil extraído del cuerpo del occiso durante la necropsia correspondiente, aunado a las diversas actitudes que mostró el quejoso al ocurrir los hechos, de que no solicitó oportunamente el auxilio correspondiente, que a los policías remitentes les afirmó que el hoy occiso llegó lesionado al departamento y que al requerirle el arma les manifestó que no la tenía, aunque finalmente la entregó; que aseguró que el arma la recogió del sillón, en donde se encontró al lesionado, cuando las testigos Tania Calderón Dávila y María Guadalupe Magaña Chávez, quienes fueron las primeras que se acercaron al lesionado señalaron que en dicho lugar no vieron el arma ni tampoco que la haya tomado el quejoso, y que antes de que intervinieran los paramédicos y la policía se bañó y se puso ropa diversa a la que vestía al ocurrir el hecho, y tales elementos de prueba, adversamente a lo que se asevera, legalmente sí constituyen indicios, en términos del artículo 245 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, los que justipreciados en conjunto permiten sostener que sí son idóneos y suficientes para acreditar, tal como lo concluyó la autoridad responsable, que el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, en el domicilio ubicado en la calle "Z", edificio cuarenta y cuatro, departamento treinta y tres, en la Unidad Habitacional Alianza Popular Revolucionaria Fovissste, de la delegación Coyoacán, el aquí quejoso fue quien disparó el arma de fuego tipo revólver, calibre 38 especial, marca Smith & Wesson, con número de matrícula BDN2061, en la persona de Jorge Rivas Casillas, ocasionándole alteraciones en la salud que lo llevaron a la muerte, de ahí que sea inexacto que la aludida responsable al valorar dichos medios de prueba haya infringido la jurisprudencia que invoca con el rubro: "TESTIGOS. VALOR PREPONDERANTE DE SUS PRIMERAS DECLARACIONES.".
Al caso cobran aplicación las jurisprudencias números doscientos setenta y cinco y doscientos setenta y seis, publicadas en las páginas doscientos y doscientos uno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete al dos mil, Tomo II, Materia Penal, que textualmente señalan: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA.-La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.", y "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL.-En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, qué parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión.".
La conclusión precedente es sin perjuicio de lo alegado en el inciso a), pues el indicio incriminatorio que el Ministerio Público hizo valer en contra del quejoso y que la Sala tuvo como fundado, es precisamente que no se solicitó oportunamente el auxilio correspondiente, lo cual hizo consistir en que lejos de procurar el auxilio médico, ante la notoria urgencia que presentaba el ahora occiso, debido a la lesión que sufrió en el tórax, por disparo de arma de fuego, primero se bañó, según para acompañar al lesionado al médico, y aunque afirma el quejoso que Tania Calderón Dávila y María Guadalupe Magaña Chávez, manifestaron que solicitaron auxilio primero al doctor con el que trabajaba la primera de las citadas y después dos veces a la Cruz Roja, sin embargo, ello tampoco acredita que hayan actuado oportunamente, pues si vieron por primera vez lesionado al ahora occiso, después de las cinco cincuenta o seis de la mañana, y la ambulancia llegó hasta las ocho horas con treinta minutos, este hecho expresa necesariamente que no se pidió oportunamente la ayuda médica, circunstancia que se robustece mayormente con lo depuesto por los policías remitentes Pablo Muñoz García y Arturo Hidalgo Rodríguez, al señalar que la testigo Guadalupe Magaña Chávez les manifestó que como tres horas antes de que llegara la ambulancia habían sucedido los hechos.
Tampoco es óbice lo aseverado en el inciso b), en el sentido de que los policías remitentes Pablo Muñoz García y Arturo Hidalgo Rodríguez, señalaron que fueron agredidos e insultados por Tania Calderón Dávila y María Guadalupe Magaña Chávez, y que por ello en venganza declararon en contra del quejoso, al señalar que les dijo que el lesionado así había llegado al lugar, y que no sabía quién lo había lesionado ni con qué, y que al requerirle la entrega del arma, contestó que no tenía nada, pues tal argumento no tiene fuerza convictiva, si se considera que es común que las personas involucradas en un delito, ante el temor de perder su libertad, utilicen cualquier medio que esté a su alcance para evitar sean sometidas por la autoridad, por lo que es una consecuencia natural y lógica que al detener a este tipo de personas, los policías estén expuestos a recibir agresiones físicas o verbales o amenazas de ser dañados en su persona, trabajo, o reputación, pero sin que estas circunstancias sean motivo para considerar que sus testimonios son emitidos con ánimo de venganza; estimar lo contrario, sería tanto como sostener que bajo esas circunstancias los policías no son dignos de credibilidad.
En cuanto a lo alegado en el inciso c), debe decirse que al haberse encontrado en poder del quejoso el arma con la cual fue lesionado el occiso, con independencia de quién era propiedad o cuál era su procedencia, sí es un dato idóneo para acreditar su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio, el cual cobra relevancia jurídica al encontrarse vinculado de manera armónica y fundamental con los demás indicios de pruebas que hizo valer el Ministerio Público, en los cuales se apoyó la Sala responsable para emitir el acto reclamado, y que analizados en conjunto acreditan que el aquí quejoso fue quien disparó en contra de Jorge Rivas Casillas, hecho que no se desvirtúa con lo alegado en el sentido de que Jorge Rivas Leyva, padre del ahora occiso, manifestó que el arma afecta era de su propiedad, la cual tenía en un cajón, de donde la tomó este último con el ánimo de suicidarse, pues conforme a lo antes expresado, dicha hipótesis no está acreditada en autos, en virtud de que de acuerdo a los dictámenes recabados en la indagatoria fue una persona distinta al ahora occiso la que le disparó, por lo que en obvio de repeticiones nos remitimos a las razones expresadas al tratar este tema.
Además, contrariamente a lo que se aduce en el inciso e), se estima que en el caso particular jurídicamente sí es relevante la circunstancia de que el quejoso se bañó y se puso ropa diversa a la que vestía al momento de los hechos, ya que como bien lo apreció la Sala responsable, haciendo suyo el agravio del Ministerio Público, desde un punto de vista lógico y sentido común, tal proceder no encuentra ninguna justificación, lo que efectivamente es correcto, pues si en su domicilio estaba una persona gravemente herida por disparo de arma de fuego y tenía la capacidad de comprender el alcance de tal hecho, entonces no era lógico que decidiera primero bañarse para llevar al lesionado al médico, o bien, para que se retirara a trabajar, según lo adujo, si era de sentido común pedir ayuda médica de inmediato y dar parte a la Policía, máxime que al ser cuestionado sobre el porqué de su actitud, manifestó que no lo sabía.
En tales condiciones, no resulta aplicable al caso la jurisprudencia que invoca el quejoso con el rubro: "PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE.", pues los indicios incriminatorios que hizo valer en sus agravios el Ministerio Público, en los cuales se fundamentó la autoridad responsable para emitir su sentencia, legalmente son aptos y bastantes, y su apreciación en conjunto lleva a la certeza de su responsabilidad; e igualmente es inaplicable la jurisprudencia que cita con el rubro: "DUDA ABSOLUTORIA.", pues no se aprecia que exista por parte de la autoridad responsable indeterminación del ánimo entre dos juicios contradictorios por falta de mayores razones para decidirse sobre alguno de ellos, que es en lo que consiste la duda, sino que se advierte que dicha autoridad con firmeza consideró fundados los agravios formulados por el Ministerio Público, para acreditar la responsabilidad penal del ahora quejoso en la comisión del delito de homicidio que se le atribuye.
No le asiste razón en lo que aduce el quejoso en el sexto de sus conceptos de violación, toda vez que su argumento en el sentido de que existe una alta probabilidad de que los residuos obtenidos de plomo y/o bario, sean los que se obtuvieron de la región palmar y dorsal del hoy occiso, no encuentra ninguna justificación lógica en los motivos que adujo, los cuales se consideran inadecuados para probar esa circunstancia; sin embargo, contrariamente a lo que se alega en el décimo de los conceptos de violación, la Sala responsable, al apreciar las declaraciones de María Guadalupe y Tania Calderón Dávila, en las que refirieron que este último se encontraba en su habitación cuando sobrevino la lesión a Jorge Rivas Casillas, con acierto las desestimó, al considerar que con ello pretendían probar que se suicidó, lo cual no lograron, debido a que las pruebas previamente valoradas acreditan que él no se disparó, y que su autor fue el quejoso, reiterando las razones asentadas en párrafos precedentes relacionadas con el tema de suicidio, las que no se señalan para evitar repeticiones, con base en las cuales insistió en que el ahora occiso no se disparó, sino que de acuerdo a los indicios que hizo valer el Ministerio Público, acreditan que lo hizo el quejoso; no obstante lo acertado de esa apreciación, a efecto de no dejar de responder el cuestionamiento del quejoso, debe decirse que no está confirmada su versión de que el día de los hechos se metió a su recámara a dormir, pues contrariamente a lo que aduce en el décimo de sus conceptos de violación, de los atestos de Tania Calderón, María Guadalupe Magaña Chávez, David Alberto Sacal Castillo y Esteban Soto Zermeño, lo único que se desprende con certeza es que se retiró a su recámara, ya que lógicamente no les consta lo que realmente hizo adentro, ni tampoco quedó acreditado en forma plena que al suscitarse los hechos estuviera dormido en su recámara, y que sólo despertó ante la solicitud de ayuda que le hizo María Guadalupe Magaña Chávez, ya que esta última, en esencia, expresó que cuando le habló para pedirle ayuda ... estaba acostado en su cama, mientras que Tania Calderón Dávila sobre este punto señaló que le llamó al doctor García, quien era su jefe, para pedirle ayuda, y éste les recomendó que hablaran a la Cruz Roja, y que al regresar a la recámara, ya estaba ahí ... y aun cuando Tania Calderón Dávila mencionó que Guadalupe le dijo que movió a ... para despertarlo, esta última no refirió expresamente tal circunstancia, de ahí que esas probanzas no sean útiles para corroborar su versión, y por lo mismo no puede contradecir la conclusión incriminatoria a la que arribó la responsable.
Es igualmente infundado el séptimo de los conceptos de violación, pues la Sala responsable en ninguna parte de su resolución afirmó que estaba acreditado con "alto grado de probabilidad que cometió el delito"; por el contrario, de manera contundente sostuvo que las pruebas que había hecho valer el Ministerio Público acreditaban que el peticionario de amparo fue el que disparó en contra del pasivo, y sin que la sentencia le cause agravio alguno por haberse apoyado en el dictamen tercero en discordia en materia de criminalística, en el que se determinó "con alto grado de probabilidad que éste haya realizado el disparo de arma de fuego" y que trajera como consecuencia la lesión en donde "perdiera la vida Jorge Rivas Casillas", al no haberse hecho valer por el Ministerio Público en sus agravios, ya que se observa que el perito, desde el punto de vista de su materia, emitió su opinión con base en lo expresado en el peritaje en química forense (prueba de rodizonato), y tal consideración no fue determinante para resolver en el sentido en que lo hizo, sino que la adminiculó con los indicios incriminatorios antes destacados, para confirmar la responsabilidad penal del quejoso, no siendo aplicable la tesis de jurisprudencia que cita sobre el cambio de la clasificación del delito en la sentencia, ni el criterio aislado respecto a las autoridades.
Es inexacto lo que se aduce en el octavo de los conceptos de violación, pues en la sentencia reclamada no hizo consideración alguna acerca de que las testigos María Guadalupe Magaña Chávez y Tania Calderón Dávila, tuvieron tiempo para aleccionarse para rendir sus declaraciones.
En relación al noveno de los conceptos de violación debe decirse que es infundado, toda vez que la Sala responsable en su sentencia no hizo señalamiento alguno en el sentido de que el día de los hechos se realizaron tres disparos con el arma de fuego afecta, más bien lo que aseveró en las fojas setenta y dos a setenta y cuatro, fue que respecto a los daños por disparo de arma de fuego que presentó el vehículo Chevrolet, tipo Chevy, Swing, color blanco, con placas de circulación 13-HSG, encontrado afuera del domicilio en el que ocurrieron los hechos, así como a los trozos de esquirlas hallados en su interior, no existe prueba pericial alguna en la que se haya determinado que dichos daños fueron ocasionados el día en que ocurrieron los hechos, menos aún con el arma de fuego afecta, ni que los trozos de esquirla correspondieran a la misma, ya que no fueron útiles para estudio; y que obran análisis periciales en materia de balística en relación al arma de fuego relacionada a los hechos encontrada en poder del quejoso, así como a la ojiva de bala encontrada en el cuarto de Tania Calderón Dávila, y la bala extraída del cuerpo del ahora occiso Jorge Rivas Casillas, en los que se concluyó el buen funcionamiento del arma y que con la misma se dispararon las dos balas mencionadas, opinión a la que vinculó el resultado de la prueba de Harrison, la que fue positiva en ambas manos del disconforme y negativa a Tania Calderón Dávila y María Guadalupe Magaña Chávez, y que al momento en que Jorge Rivas Casillas sufrió alteraciones en su salud por disparo de arma de fuego se encontraban presentes únicamente las personas aludidas; datos que le permitieron sostener que el aquí quejoso fue quien realizó los disparos en cuestión, es decir, razonadamente debe entenderse que en esa consideración afirmó que uno de los disparos que realizó el peticionario de amparo fue el que lesionó a Jorge Rivas Casillas, de ahí que en este aspecto no haya imprecisión por parte de la responsable.
Respecto a lo alegado en el décimo de los conceptos de violación en el sentido de que las declaraciones de los cuatro testigos corroboran la negativa del peticionario de amparo, cabe señalar además de lo ya expresado en líneas precedentes sobre esos testimonios, que la responsable de manera acertada desestimó sus declaraciones, pues como bien lo argumentó, su afirmación de que él no disparó el arma de fuego, se desvirtúa con el dictamen en química forense (prueba de Harrison) en el que aparece que se encontró en sus manos la presencia de elementos químicos de plomo y/o bario, en las regiones palmar y dorsal, con lo que se demostraba que sí disparó el arma de fuego afecta, con una gran proximidad a los hechos, debido a que la muestra le fue tomada a las trece horas del día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve.
En cuanto a que el arma de fuego afecta la recogió del sillón, donde estaba el lesionado, la cual guardó en la bolsa de su saco, con lo que pretendió acreditar que se contaminó las manos y que por eso le salió positiva la prueba de Harrison, la responsable con acierto expresó que esa versión no estaba acreditada en el sumario, primeramente porque de los atestos de Tania Calderón Dávila y Guadalupe Magaña Chávez, quienes fueron las primeras que se acercaron al lesionado Jorge Rivas Casillas, adviritió que no hicieron referencia a la existencia del arma mencionada en el sillón, más aún, que la segunda de las testigos ante la autoridad investigadora fue contundente en señalar que el arma no la vio en las manos de Jorge ni en el sillón, que en todo caso al momento que lo levantaron se hubiera caído, situación que sostuvo en diligencia de careos al ahora quejoso, sin pasar inadvertido para los que aquí resuelven que la primera de las testigos también aseguró que no vio en qué momento el quejoso recogió el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2828-00708c61/reparacion-del-dano-en-el-delito-de-homicidio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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