I. CONSULTA INDÍGENA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (INVALIDEZ DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA, APROBADA MEDIANTE DECRETO 624, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL 19 DE AGOSTO DE 2016). II. CONSULTA INDÍGENA. EL DERECHO HUMANO A SER CONSULTADOS, DEBE SER EJERCIDO MEDIANTE PROCEDIMIENTOS CULTURALMENTE ADECUADOS, INFORMADOS Y DE BUENA FE CON LA FINALIDAD DE LLEGAR A UN ACUERDO CON SUS REPRESENTANTES, CUANDO SE PREVEAN MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE LES AFECTEN DIRECTAMENTE (INVALIDEZ DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA, APROBADA MEDIANTE DECRETO 624, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL, EL 19 DE AGOSTO DE 2016). III. CONSULTA INDÍGENA. LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES E INTERAMERICANOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A SUS DERECHOS, CONSIDERAN QUE, CUANDO LA ACTIVIDAD DEL ESTADO TENGA RELACIÓN CON LOS INTERESES Y DERECHOS DE AQUELLOS GRUPOS INVOLUCRADOS, LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS DEBEN LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INDÍGENA (INVALIDEZ DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA, APROBADA MEDIANTE DECRETO 624, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL 19 DE AGOSTO DE 2016). IV. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL. SUS FINES EN MATERIA EDUCATIVA COMPRENDEN PRIMORDIALMENTE LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS NATIVOS DEL PAÍS DE MANERA GRATUITA Y PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOGRAR LA IDENTIDAD Y PERMANENCIA DE LAS TRADICIONES ÉTNICAS EN LA SOCIEDAD MEXICANA, ASÍ COMO PARA INCORPORAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS A UN DESARROLLO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO JUSTO, EQUITATIVO Y SUSTENTABLE (INVALIDEZ DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA, APROBADA MEDIANTE DECRETO 624, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL 19 DE AGOSTO DE 2016). V. LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA. DURANTE EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA SU CREACIÓN NO SE CONSULTÓ A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (INVALIDEZ DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA, APROBADA MEDIANTE DECRETO 624, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL 19 DE AGOSTO DE 2016). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE INVALIDEZ QUE SE POSTERGAN POR DOCE MESES A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA, APROBADA MEDIANTE DECRETO 624, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EL 19 DE AGOSTO DE 2016).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 84/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de junio de dos mil dieciocho, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad 84/2016 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, publicada el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, mediante Decreto Número 624.
I. TRÁMITE.
1. Presentación de la demanda, autoridades (emisora y promulgadora) y norma impugnada. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se señala.
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna.
a) Congreso del Estado de Sinaloa.
b) Gobernador del Estado de Sinaloa.
3. Norma general cuya invalidez se reclama. Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, expedida mediante Decreto Número 624, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, por la ausencia de consulta previa a comunidades indígenas, y de manera particular los artículos 2, fracción III, 13 y 23, así como el artículo segundo transitorio.
4. Conceptos de invalidez. La promovente en sus conceptos de invalidez, manifestó en síntesis lo siguiente:
5. Primer concepto de invalidez. La expedición de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa viola el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, contemplado en el artículo 2o., apartado B, fracción II, de la Constitución Federal y en los artículos 6 y 7 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
6. La fracción IX del apartado B, artículo 2o. de la Constitución, establece la estricta participación de los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional y que en el parámetro internacional, los indígenas tienen el derecho a la consulta previa mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados, de buena fe y a través de sus representantes.
7. Por tanto, los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones sobre las cuestiones que afecten sus intereses, como en el presente caso sobre un ordenamiento de regulación del funcionamiento de la Universidad Autónoma especializada en impartir educación media superior y superior a grupos étnicos; que al soslayarse su consulta, se genera una violación de orden constitucional y convencional que impacta de manera directa en derechos humanos de los pueblos indígenas.
8. Sustenta la falta de consulta en diversos elementos, como la exposición de motivos que dio origen a la ley impugnada, ya que la razones que motivan la reforma son de carácter medular en toda la composición de la ley, sin que se respete el derecho a la educación indígena, ni su conciencia e identidad; que la nueva norma tiene un gran impacto en los intereses educativos de las personas originarias de grupos técnicos que tenían determinados derechos reconocidos en materia educativa y que estaban amparados en la ley orgánica ahora abrogada, por tanto, en esta materia resultaba obligatoria la consulta.
9. Considera que el validar que el Congreso Local haya realizado las medidas necesarias para consumar esta consulta, hace nugatorio el derecho de los indígenas con los estándares constitucionales y convencionales y genera prácticas que pretenden eludir la obligación de las autoridades.
10. Al respecto, resulta coincidente la realización de un foro como vehículo de consulta, sin que en el caso de la ley impugnada se verifique si tuvo como objetivo preponderante consultar a los miembros de comunidades y pueblos indígenas, para su expedición o, en su caso, se consultó la abrogación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México.
11. Que las directrices que sirven de base para la determinación de los alcances del derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, están marcadas en la acción de inconstitucionalidad 83/2015 y sus acumuladas 86/2015, 91/2015 y 98/2015, y la controversia constitucional 32/2012 resueltas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la obligación de consultar,(1) no sólo como cumplimiento constitucional o convencional, sino como una garantía efectiva de participación de los pueblos y comunidades indígenas.
12. Por lo que destaca que la consulta no se trataba de un mero foro o mesa de discusión, sino que debía ser una consulta que cumpliera con los estándares internacionales en la materia. También adiciona que son de particular relevancia los informes del relator especial de Naciones Unidas, sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.(2)
13. Por lo que en síntesis, señala que el decreto impugnado, incumple con la obligación del Estado de consultar a pueblos y comunidades indígenas de manera previa, informada, de buena fe y con las medidas temporales y geográficas adecuadas, sobre una modificación legislativa que trasciende directamente en los intereses de tales comunidades.
14. Segundo concepto de invalidez. A. El establecimiento de un fin general, fuera la especificidad prevista en la Constitución Federal. De una interpretación sistemática del artículo 2 de la ley impugnada, se advierte la pretensión de regular todos los aspectos relevantes relacionados con la educación, no obstante, en su fracción III, pierde especificidad, al establecer como un fin apoyar en materia educativa a "estudiantes" en forma general y no de forma específica a los "estudiantes indígenas", por ende, la norma se ve trastocada en cuanto a sus fines de apoyo.
15. Menciona que con la nueva ley, se abrogó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México, reforma con la que no sólo se omitió consultar a los pueblos y comunidades indígenas, sino que se convalidaron normas que atentan contra el principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, el cual exige a todas las autoridades incrementar la tutela de los derechos humanos y que como puede advertirse en el caso, las normas impugnadas no incrementan el grado de protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
16. B. Exclusión de los pueblos y comunidades indígenas de los órganos y autoridades universitarias, en los artículos 13 y 23. El artículo 13 impugnado, comprende la organización de la máxima autoridad universitaria, la Junta Ejecutiva, la cual se rige como un órgano colegiado integrado por ocho miembros, del cual, no se observa que se incluya a integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, transgrediendo con ello el primer párrafo del apartado B del artículo 2o. constitucional.
17. Lo anterior limita la expresión de la voluntad de los indígenas en términos de sus sistemas normativos, así como a los principios y derechos contenidos en la Constitución Federal y estatal, toda vez que las atribuciones de la Junta Ejecutiva son de gran trascendencia, ya que representan la toma de determinaciones que no sólo incluyen la designación de cargos administrativos, sino la aprobación del presupuesto anual de la universidad, así como las transferencias de partidas que se requieran.
18. Que además de violar el derecho de consulta previa la expedición de la nueva ley, también la vigencia de la ley impugnada modifica disposiciones que suprimen derechos previamente adquiridos en la ley anterior, pues en aquélla establecía que la Junta Ejecutiva en su composición incluiría a un representante de origen indígena a nivel licenciatura como mínimo.
19. Bajo estas mismas consideraciones, el artículo 23 de la ley impugnada suprime como requisito para ser rector de la universidad pertenecer a una expresión étnica indígena, ser de origen indígena o poseer un título universitario en una profesión relacionada estrechamente con la sociedad y los patrimonios culturales indígenas.
20. Artículos constitucionales e internacionales que la promovente señala como violados. Los preceptos que se estiman infringidos son el 1o., 2o., apartado B, fracción II, de la Constitución Federal; 6 y 7 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y 1 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
21. Registro de expediente y turno. Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 84/2016 y turnar el mismo al Ministro Eduardo Medina Mora I., para que instruyera el procedimiento correspondiente.
22. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo. Asimismo, ordenó dar vista a la procuradora general de la República para la formulación de su pedimento respectivo.
23. Informe del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. Combate los argumentos que hace valer la actora en el primer concepto de invalidez y señala que ni la expedición de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, ni su contenido vulneran derechos fundamentales de los indígenas, ni mucho menos vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, ni el derecho a la educación, ni a la identidad como pretende la demandante.
24. Que los aspectos cruciales que motivaron la expedición de la ley impugnada, constituyen avances y una significativa mejora en el derecho a la educación de los indígenas, razón por la que la emisión de dicha ley no es de aquéllas medidas que resultan susceptibles de afectación de derechos de los indígenas, sino por el contrario, dichas medidas son para garantizar de manera más consolidada el derecho a la educación de los indígenas.
25. Que en atención a las necesidades del cambio, la institución de educación superior, convocó a un foro de análisis y discusión de la ley ahora impugnada, el cual se realizó los días 1, 2 y 3 de febrero del año en curso, en el cual participaron el Consejo Educativo, el Consejo de Desarrollo Institucional, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, entre otras autoridades. Además de que se buscó incorporar en el contenido de la ley, las propuestas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
26. En cuanto al segundo concepto de invalidez, sostiene la constitucionalidad de los artículos 2, fracción III, 13, 23 y segundo transitorio de la ley impugnada, toda vez que confecciona una participación y lenguaje incluyente, en el que se aspira a que los indígenas alcancen su propio proyecto de vida.
27. En ese sentido, el artículo 2, fracción III, impugnado es congruente con el principio de igualdad, pues sólo advierte que uno de los fines de la universidad es el de apoyar a sus estudiantes, siendo éstos indígenas, por lo que debe confirmarse su validez.
28. Con relación a los artículos 13, 23 y segundo transitorio impugnados, se busca que la institución de educación superior, satisfaga las necesidades de las comunidades indígenas en materia educativa e incorporar propuestas acerca de la modernización de la educación superior en el país, a través de la consolidación de cuerpos académicos, del modelo educativo, y el fomento de la vinculación, la gestión, la planeación y evaluación institucional.
29. En la conformación de la estructura de la nueva universidad, deberá realizarse una interpretación sistemática de dicha ley, en la cual se atienda a sus fines y objetivos que son la educación e inclusión de las comunidades indígenas, conjuntamente con el artículo 2o. de la Constitución Federal, ya que, ninguno de los preceptos impugnados prohíbe que las personas que ocupen los cargos directivos, pertenezcan a comunidades étnicas, sino que por el contrario, en la designación de los cargos deberá atenderse a los fines de la ley mediante una interpretación conforme.
30. Finalmente, señala que el Decreto Número 624 impugnado, fue emitido en estricto apego y cumplimiento de la Constitución Federal, en ejercicio de la potestad conferida por su artículo 43, fracción II; por tanto que la ley que se impugna en esta acción de inconstitucionalidad es plenamente constitucional y convencional.
31. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. Señala que son ciertos los hechos en lo que respecta como acto impugnado a la orden de promulgación y publicación del Decreto Número 624.
32. No obstante, recalca que se encuentra en disposición de salvaguardar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y de acatar cualquier resolución del Máximo Tribunal del País.
33. Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
34. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA.
35. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, de manera particular en sus artículos 2, fracción III, 13, 23 y segundo transitorio y diversos derechos humanos consagrados en la Constitución General.
III. OPORTUNIDAD.
36. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(3) dispone que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente al en que se hubiese publicado la norma impugnada, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
37. En el caso, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, fue publicada mediante Decreto Número 624, el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad, inició el sábado veinte de agosto de dos mil dieciséis y venció el domingo dieciocho de septiembre del mismo año; sin embargo, al ser el último día de plazo inhábil, podría presentarse el día hábil siguiente, siendo éste, el lunes diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.
38. El escrito que promueve la presente acción de inconstitucionalidad se presentó el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis(4) ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que fue presentada de manera oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.
IV. LEGITIMACIÓN.
39. De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) se estableció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está legitimada para promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal por posibles violaciones a derechos humanos, tal y como acontece en el presente caso.
40. Asimismo, en términos del artículo 59, en relación con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(6) las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que de conformidad con las normas que los rigen estén facultados para representarlos.
41. La acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calidad que acredita con el Acuerdo del Senado de la República de trece de noviembre de dos mil catorce, por el que se le designa como presidente de la mencionada comisión para el periodo dos mil catorce-dos mil diecinueve.(7)
42. En términos de lo dispuesto en los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) y 18 de su reglamento interno,(9) corresponde a su presidente la representación legal de ese organismo, por lo que Luis Raúl González Pérez, está legitimado para promover esta acción de inconstitucionalidad.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.
43. Al no haberse hecho valer por las partes alguna causal de improcedencia, ni advertirse de oficio por este Alto Tribunal, se procede a examinar los conceptos de invalidez planteados por la promovente en el que solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, por la ausencia de consulta previa a comunidades indígenas y de manera particular los artículos 2, fracción III, 13 y 23, así como el artículo segundo transitorio.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
44. En su primer concepto de invalidez, la comisión accionante señaló que la creación de la ley impugnada viola el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, contemplado en el artículo 2o., apartado B, fracción II, de la Constitución Federal y en los artículos 6 y 7 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
45. Es fundado el argumento de invalidez planteado.
46. Este Tribunal Pleno al resolver la controversia constitucional 32/2012, así como la acción de inconstitucionalidad 83/2015 y sus acumuladas, determinó que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas se desprende del texto del artículo 2o. constitucional,(10) a partir de los postulados que contiene en cuanto se reconoce su derecho a la autodeterminación, a la preservación de su cultura e identidad, al acceso a la justicia y a la igualdad y no discriminación. Específicamente, en cuanto en el primer párrafo del apartado B, impone la obligación a la Federación, a los Estados y a los Municipios, de eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecer las instituciones y las políticas necesarias a fin de garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
47. Asimismo, este Pleno determinó en los precedentes referidos que los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes(11) establecen el derecho a la consulta a los pueblos indígenas en todos los temas que les afecten.(12)
48. La consulta directa es el medio idóneo de garantía y protección del derecho a la libre determinación y participación de los pueblos y comunidades indígenas en asuntos públicos
49. Así, los pueblos indígenas tienen el derecho humano a ser consultados, mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo a través de sus representantes, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, conforme a lo siguiente:
• La consulta debe ser previa. Debe realizarse durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad.
• La consulta debe ser culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta, sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. Lo anterior, exige que la representación de los pueblos sea definida de conformidad con sus propias tradiciones.
• La consulta informada. Los procesos de otorgamiento exigen la provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto a las comunidades consultadas, antes de y durante la consulta. Debe buscarse que tengan conocimiento de los posibles riesgos incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto, de forma voluntaria.
• La consulta debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se debe garantizar, a través de procedimientos claros de consulta, que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto en área indígena o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios.
50. Debe precisarse que si bien la decisión constitucional de incorporar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, ha sido materializada en distintas leyes secundarias, como la Ley de Planeación, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas o la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; lo cierto es que, el ejercicio del derecho de consulta no debe estar limitado a esos ordenamientos, pues las comunidades indígenas deben contar con tal prerrogativa, también cuando se trate de procedimientos legislativos, cuyo contenido tenga relación con los intereses o los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
51. Bajo esa tesitura, es posible concluir que tanto nuestra legislación, como los estándares universales e interamericanos en materia de protección a los derechos indígenas, son uniformes al considerar que el parámetro objetivo para determinar los casos en que las autoridades legislativas deben llevar a cabo procedimientos de consulta indígena, debe atender a que la actividad del Estado tenga relación con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados.
52. Así, las Legislaturas Locales tienen el deber de prever una fase para consultar a los representantes de ese sector de la población, cuando se trate de medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.
53. Una vez expuesto lo anterior y por lo que respecta al caso concreto, la ley impugnada si constituye una medida legislativa que tiene relación con los intereses y derechos de los grupos indígenas del Estado de Sinaloa.
54. La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa crea una universidad estatal de carácter especializado, cuyo objeto es atender directamente las necesidades de educación superior de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Sinaloa.
55. De conformidad al artículo 2 de la ley en estudio,(13) la universidad intercultural tiene como fines, entre otros, atender en materia educativa primordialmente a los demandantes procedentes de los grupos étnicos nativos del país de manera gratuita, y proporcionar servicios educativos pertinentes para lograr la identidad y permanencia de las tradiciones étnicas en la sociedad mexicana, así como para incorporar a los pueblos indígenas a un desarrollo social, político y económico justo, equitativo y sustentable.
56. Para efecto de cumplir con sus fines, de conformidad al artículo 3 de la referida norma legal,(14) la universidad tiene diversas atribuciones para ofrecer servicios educativos en los diversos niveles académicos para las comunidades indígenas y la sociedad en general; así como todas aquellas necesarias para planear, diseñar, programar, desarrollar, administrar, evaluar, acreditar y certificar las actividades propias del proceso educativo superior.
57. Se advierte entonces, que la ley impugnada puede afectar a los pueblos indígenas del Estado de Sinaloa por crear y regular una institución estatal destinada a la atención gratuita de las necesidades de educación superior de los pueblos y comunidades indígenas dentro del territorio estatal y, por ende, el Congreso Local, tenía la obligación de consultarles directamente a los mismos, previo a la emisión de la norma impugnada.
58. Ahora, del análisis del procedimiento legislativo que dio origen a la emisión de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, que en copias certificadas fue remitido por el propio órgano legislativo y que obran en el expediente principal, se advierte que no se llevó a cabo consulta alguna a dichos pueblos y comunidades, previo a la emisión de la misma y, por ende, se advierte una violación al derecho de consulta ya referido.
59. Por tanto, este Tribunal Pleno determina que con la emisión de la ley impugnada, existió una violación directa al artículo 2o. de la Constitución General y de los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en consecuencia, se declara la invalidez total de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.
VII. EFECTOS
60. De conformidad con los artículos 41, fracción IV y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(15) las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad deberán establecer sus alcances y efectos, fijando con precisión, las normas o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda.
61. Así, de acuerdo con la parte considerativa de este fallo, se declara la invalidez de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, aprobada mediante Decreto 624, publicada en la edición del Periódico Oficial del referido Estado, el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis; determinación que surtirá efectos a los doce meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en los términos que a continuación se precisan:
62. El efecto lógico de una falta de consulta indígena sobre una norma que regula debe ser la invalidez total de la ley; de lo contrario, solamente se estaría convirtiendo a la consulta indígena en una convalidación posterior a una ley publicada.
63. No obstante, en el caso estamos frente a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, que crea un órgano estatal descentralizado, que se encuentra en operación desde hace mucho tiempo y que cuenta con alumnos, profesores, trabajadores, recursos e inmuebles.
64. Al último trimestre del año dos mil diecisiete, la universidad tenía doscientos veintidós profesores en su planta académica, cinco mil trescientos sesenta y un alumnos que integran la matrícula evaluable, más de doscientos trabajadores de base y de confianza, participaciones federales y estatales para la consecución de sus fines por más de ochenta millones de pesos, cuatro unidades distintas en el Estado de Sinaloa; imparte más de quince licenciaturas y cinco maestrías y doctorados.
65. Entre las licenciaturas que imparte hay muchas que tienen una orientación destinada a las necesidades de estos pueblos y comunidades indígenas: ingeniería forestal comunitaria, psicología social comunitaria, sociología rural con énfasis en educación intercultural o estudios interculturales, educación intercultural; maestría en estudios para la paz y la interculturalidad y democracia, maestría en ciencias de desarrollo sustentable de recursos humanos.
66. Conforme a las facultades que nuestra Constitución General y las atribuciones que tiene este Tribunal Pleno para modular los efectos de sus sentencias de acción de inconstitucionalidad; se debe atender al texto constitucional y al de los tratados internacionales, pero también la historia, los precedentes, el propósito que se busca con la norma que se ha invalidado y las consecuencias o impactos que genera nuestro fallo.
67. Se trata de generar una circunstancia mejor de la que había antes de la sentencia de acción de inconstitucionalidad, y no una peor, ya que la finalidad de este sistema de control constitucional es proteger y garantizar los derechos y, en este caso los de las comunidades indígenas.
68. Desde ese parámetro, es claro que si la ley fuera declarada inválida sin más, desaparecería la institución universitaria y todas sus competencias legales. Así, no tendría personalidad jurídica ni patrimonio, y no podría realizar ningún acto jurídico. Los estudiantes, los trabajadores, su presupuesto, los bienes muebles e inmuebles, así como con todas las obligaciones que hayan contraído quedan en un limbo.
69. También existiría una afectación profunda a los estudiantes de la universidad y a la certidumbre de llevar a cabo sus planes de vida, los cuales serán cortados de tajo al no concretarse sus estudios. También existirá una afectación laboral a los profesores y trabajadores de la universidad.
70. Sobre esta base, este Pleno determina que los efectos de invalidez total del decreto, que contiene la ley orgánica de esta universidad, se surtan después de transcurridos doce meses contados a partir del día siguiente de la publicación de esta sentencia en el Diario Ofici
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28280-4e787fd3/i-consulta-indigena-cuando-se-trate-de-medidas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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