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SALARIO Y CATEGORÍA, OMISIÓN DE SEÑALARLOS. SE SUBSANA CONSIDERANDO EL FIJADO PARA LA MENOR CATEGORÍA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, TRATÁNDOSE DE EMPLEADOS PÚBLICOS ESTATALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 459/2001. · Registro digital (IUS): 2832
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALFONSO SOTOMAYOR GARCÍA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, , Pág. 1023.

AMPARO DIRECTO 459/2001. ALFONSO SOTOMAYOR GARCÍA.

CONSIDERANDO:

VI.-Los conceptos de violación hechos valer por el impetrante de garantías, se hacen consistir en que la responsable indebidamente:

1) Absolvió en cuanto a la prima de antigüedad a que tiene derecho el ahora quejoso como prestación extralegal establecida en el convenio de condiciones generales de trabajo.

2) Absolvió del pago del veinticinco por ciento de prima vacacional, que fue reclamada en el inciso c) del capítulo de prestaciones de la demanda.

3) Condenó al Ayuntamiento demandado al pago de los incrementos salariales, en base al salario mínimo general vigente en el lugar de prestación de servicios.

4) Absolvió al empleador del pago de tres meses de sueldo, más treinta y dos días por cada año de servicios prestados, supuestamente porque el actor no se encuentra dentro de los supuestos establecidos por la cláusula II.4 del convenio de condiciones generales de trabajo, celebrado entre el Ayuntamiento demandado y el Suteym.

5) Absolvió del importe de las horas extras que se reclamaron.

6) Absolvió del pago de los séptimos días, cuando quedó acreditado en el juicio principal que el actor laboró los días domingos.

El concepto de violación resumido bajo el numeral 1) es inoperante, toda vez que de las prestaciones reclamadas por el accionante no se desprende la relativa al pago de prima de antigüedad pactada en los convenios de condiciones generales de trabajo celebrados entre el Suteym y el Ayuntamiento demandado, luego entonces, el tribunal no estaba obligado a resolver sobre dicha reclamación.

A mayor abundamiento, cabe apuntar que del escrito inicial de demanda se desprende que el accionante reclamó, entre otras, las siguientes prestaciones:

"... e) El pago del importe de doce días de salario por cada año de la prestación de mis servicios, por concepto de prima de antigüedad, que me corresponde percibir por todo el tiempo de la prestación de mis servicios para la demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo octavo transitorio del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal ... s) El pago del importe de la prima de antigüedad que me corresponde percibir por todo el tiempo de la prestación de mis servicios para el demandado, tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria al presente juicio ..."

El tribunal condenó al pago de la prima de antigüedad reclamada bajo el inciso e) y, por otro lado, ciertamente, absolvió de la prestación reclamada en el diverso inciso s).

Lo anterior fue correcto, porque de lo contrario estaríamos en presencia de una doble condena en perjuicio del patrimonio del Ayuntamiento demandado, al tratarse ambas prestaciones de la misma; es decir, del pago a que tiene derecho el trabajador por concepto de la prima de antigüedad, en base al estatuto jurídico, máxime que el accionante al momento de su reclamo fue la ley que invocó para la procedencia de tal prestación y la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente.

Resulta infundado el concepto de violación resumido bajo el apartado 2), de acuerdo a lo siguiente:

Ciertamente la responsable absolvió del pago del veinticinco por ciento de prima vacacional que fue exigido por el accionante en el inciso c) del capítulo de prestaciones de la demanda, porque dicha prima debía pagarse conforme a los convenios generales de trabajo celebrados entre el Suteym y el Ayuntamiento demandado, 4.5 días de sueldo base presupuestal por cada cinco años de servicios cumplidos en cada periodo vacacional, lo cual como lo apunta la resolutora le es más benéfico, y pretender que se le cubrieran las dos implica un doble pago.

A mayor abundamiento, cabe agregar que los contratos colectivos de trabajo tienen por finalidad mejorar los derechos mínimos constitucionales y legales del trabajador, por tanto, si el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México y el Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero, Estado de México, pactaron en la respectiva cláusula II.3 del capítulo II "De primas": "II.3 El H. Ayuntamiento acuerda con el ‘sindicato’ en proporcionar 4.5 días de sueldo base presupuestal por cada 5 años de servicios cumplidos en cada periodo vacacional a los trabajadores sindicalizados.", fue en beneficio del servidor público, porque la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en su artículo 81, tercer párrafo, establece: "... Los servidores públicos que, conforme al artículo 66 de esta ley, tengan derecho a disfrutar de los periodos vacacionales, percibirán una prima de un 25% como mínimo, sobre el sueldo base presupuestal que les corresponda durante los mismos.".

El motivo de inconformidad reseñado bajo el numeral 3) es fundado, aunque suplido en su deficiencia tal y como lo permite el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Ciertamente la responsable al resolver respecto de la prestación reclamada por el actor bajo el inciso h), consistente en: "El pago de las cantidades que como diferencia resulten de la cantidad que como salario se me pagaba y la cantidad que como salario se me debía de pagar de acuerdo con los incrementos a los salarios establecidos en la cláusula primera de los convenios de trabajo celebrados entre el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México y la demandada, los cuales se celebran anualmente; dicha prestación se reclama por todo el tiempo de la prestación de mis servicios.", resolvió:

"... se condena al demandado a pagar los incrementos salariales que fueron otorgados desde la fecha de ingreso del accionante al Ayuntamiento demandado; esto es, desde el mes de enero de 1994 y que quedaron demostrados en autos con los convenios antes referidos, con la aclaración de que servirá de base para el pago de dicha prestación el salario mínimo general vigente en el lugar de prestación de servicios durante los años referidos, en atención a que el demandante no manifestó qué salario percibía en esos años, lo anterior tiene su apoyo en las tesis jurisprudenciales que a continuación se transcriben: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. OMISIÓN DE PRECISAR EN LA DEMANDA EL SALARIO.’ (Se transcribe). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Tomo V, enero de 1997. Pág. 569 y ‘SALARIO DIARIO, OMISIÓN DEL TRABAJADOR DE INDICARLO.’ (Se transcribe) (foja 65).

Lo así considerado por la autoridad fue incorrecto, toda vez que si bien es cierto el actor no señaló el salario percibido de los años mil novecientos noventa y cuatro a mil novecientos noventa y nueve, también lo es que la emisora no debió de haberse ajustado, para la cuantificación de la condena, con base en el salario mínimo percibido en esas épocas, ya que de conformidad con los artículos 72 y 79 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que establecen: "Artículo 72. A trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y condiciones de eficiencia, también iguales, corresponde sueldo igual, debiendo ser éste uniforme para cada uno de los puestos que ocupen los servidores públicos." y "Artículo 79. Por cada cinco años de servicios efectivos prestados, los servidores públicos tendrán derecho al pago mensual de una prima por permanencia en el servicio, cuya cantidad es la comprendida en el presupuesto de egresos correspondiente y será fijada por los titulares de las instituciones públicas, con participación del sindicato, cuando exista esta representación.", la responsable en todo caso debió cuantificar estas condenas, tomando como base el salario existente para la categoría menor consignada en el presupuesto de egresos, ante el desconocimiento de cuál era realmente su categoría en los mencionados años.

Lo anterior es así, porque a diferencia de lo que ocurre entre los trabajadores y patrones particulares cuando aquéllos no señalan salario alguno para cuantificar la condena, debe estarse al salario mínimo vigente; tal omisión, tratándose de empleados públicos, es intrascendente, pues la propia ley burocrática local expresamente establece que el salario debe ser uniforme para cada uno de los puestos que ocupen los servidores públicos lo cual determina que sea suficiente la especificación del puesto desempeñado para que se tenga como base el salario fijado para el mismo y, a falta de ello, el de menor categoría consignada en el presupuesto de egresos.

Confirma lo anterior, la tesis sustentada por este tribunal II.T.93 L, en la página 797 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, Novena Época, del tenor literal siguiente:

"-El hecho de que el actor no señale el salario percibido en los años anteriores al último de prestación de servicios, ni precise su categoría, no es razón suficiente para dejar de cuantificar la condena, pues al establecer el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados de Carácter Estatal, en su artículo 30, que el salario es uniforme para cada una de las categorías de los trabajadores de base fijadas en los respectivos presupuestos de egresos, permite considerar el salario fijado para la categoría más modesta consignada en los respectivos presupuestos de egresos de esos años, ya que no pudo haber percibido durante ese tiempo, un salario menor."

El concepto de violación resumido bajo el número 4) es igualmente fundado, por lo siguiente.

En efecto, el tribunal laboral absolvió al Ayuntamiento demandado del pago de tres meses de sueldo más treinta y dos días por cada año de servicios prestados, por considerar "... que el accionante no se encuentra dentro de los supuestos establecidos por la cláusula II.4 del convenio de condiciones generales de trabajo celebrado entre el Ayuntamiento demandado y el Suteym, toda vez que dicha cláusula establece que tal prestación se pagará a los servidores públicos que renuncien en forma voluntaria o involuntaria y en el presente caso, no existió renuncia alguna, sino una separación injustificada ...".

Lo anterior fue incorrecto, toda vez que el actor basó su reclamo por despido injustificado y la cláusula II.5 del convenio referido dice: "II.5 El H. Ayuntamiento acuerda con el ‘sindicato’ en otorgar a los trabajadores sindicalizados que por renuncia voluntaria o involuntaria se separen de su trabajo después de cinco años de servicio se les paguen tres meses de sueldo más treinta y dos días por cada año de servicio cumplido más prestaciones colaterales a las que tenga derecho en forma proporcional al momento del retiro; lo anterior será libre de gravamen por concepto de prima por antigüedad."; luego entonces, la separación del servidor público del cargo o empleo que desempeñaba, con independencia de cuál haya sido el motivo generador de esa separación, se equipara en realidad a una "renuncia involuntaria", porque su finalidad es dar por concluida la relación laboral.

El motivo de inconformidad esgrimido bajo el numeral 5) es fundado, por lo siguiente.

Ciertamente el accionante reclamó, entre otras prestaciones, el pago del importe de cuatro horas extras diarias, basándose en el hecho de que laboró para el Ayuntamiento demandado una jornada laboral comprendida de las siete a las diecinueve horas de lunes a domingo.

Dada la incomparecencia del Ayuntamiento demandado a la audiencia de ley, celebrada el seis de octubre de dos mil, se tuvo como presuntivamente cierto el horario de trabajo manifestado por el actor, al no probar lo contrario como era su obligación hacerlo de conformidad con lo establecido por el artículo 221, fracción VIII, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Sin embargo, a pesar de que el empleador no probó que su subordinado no hubiese laborado jornada extraordinaria, la responsable absolvió de dicha prestación, por considerar que no es humanamente creíble que una persona labore doce horas diarias de lunes a domingo, sin descansar un día a la semana durante más de siete años, fundando y motivando tales argumentos en la tesis jurisprudencial de rubro: "HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES."; manifestaciones que a juicio de este tribunal, no son suficientes para absolver, pues de acuerdo a la naturaleza del trabajo desempeñado por el servidor público (jefe de limpia y transporte), éste no requiere de un esfuerzo físico mental continuo por parte del trabajador, siendo creíble que haya laborado esa jornada laboral de doce horas diarias, máxime cuando puede tomar algún alimento dentro de la fuente de trabajo y cuenta con parte de las tardes y las noches, para reposar y reponer energías.

Cobra sustento a esta consideración, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, visible en la página 864 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de dos mil, de rubro: "HORAS EXTRAS, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA DEL TRABAJO PARA CONSIDERARLAS O NO INVEROSÍMILES.".

El motivo de inconformidad resumido bajo el inciso 6) es fundado, de acuerdo a los siguientes razonamientos.

En efecto, la responsable absolvió por lo que se refiere al pago de séptimos días, por considerar que si bien es cierto no quedó desvirtuado el horario de labores referido por el actor en su escrito de demanda, también lo es que el mismo no es humanamente creíble, en virtud de que ningún individuo sería capaz de cumplir con una jornada de doce horas diarias, sin descansar un día a la semana durante más de siete años.

Lo anterior fue incorrecto, toda vez que al existir la presunción de certeza, derivada de la confesión ficta del Ayuntamiento demandado de que el trabajador laboró de lunes a domingo de las 7:00 a las 19:00 horas y no encontrarse desvirtuada con ninguna prueba aportada al sumario, la Junta no debió hacer razonamientos equívocos en relación a la procedencia de la prestación al pago del séptimo día laborado porque, como ya se apuntó, en líneas precedentes, sí es humanamente creíble que el accionante haya laborado durante esa jornada laboral.

Luego, procede el pago del séptimo día laborado, de conformidad con lo establecido en el artículo 81, segundo párrafo, de la ley burocrática local, que dice:

"Artículo 81. ... Los servidores públicos que presten sus servicios durante el día domingo tendrán derecho al pago adicional de un 25% sobre el monto de su sueldo base presupuestal de los días ordinarios de trabajo."

Finalmente, este Tribunal Colegiado advierte la necesidad de suplir la deficiencia de los conceptos de violación, en relación con la cuantificación de la condena por vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y días de descanso obligatorio, porque de acuerdo a lo que ya se vio en párrafos anteriores, la autoridad laboral no debió basarse para la cuantificación en el salario general mínimo vigente en esas épocas, sino en el fijado para la categoría menor consignada en el presupuesto de egresos, y en relación al año dos mil debió de haber tomado en cuenta el salario manifestado por el actor en su libelo inicial, es decir, la cantidad de $345.35 diarios.

En esta tesitura, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado en lo necesario y dicte otro, en el que cuantifique las condenas relativas a los años de mil novecientos noventa y cuatro a mil novecientos noventa y nueve, tomando como base el salario fijado para la categoría menor consignada en el presupuesto de egresos, elimine las consideraciones que le sirvieron de base para absolver del pago de tres meses de sueldo, más treinta y dos días por cada año de servicios prestados, tiempo extraordinario y séptimos días reclamados y, hecho que sea, resuelva lo procedente.

Por lo expuesto y con apoyo además, en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución General de la República; 76, 77, 78 y 190 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se resuelve:

ÚNICO.-Para el efecto precisado en el considerando último que antecede, la Justicia de la Unión ampara y protege a Alfonso Sotomayor García, en contra de la autoridad y por el acto descritos en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que integran los Magistrados Fernando Narváez Barker, Salvador Bravo Gómez y Alejandro Sosa Ortiz, siendo relator el último de los nombrados.

Nota: La tesis de rubro: "HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia de Trabajo, página 201 tesis 251.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2832-922dd768/salario-y-categoria-omision-de-senalarlos-se-subsana · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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