APORTACIONES DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SONORA. LOS ARTÍCULOS 50-C, 50-E, 113, FRACCIÓN III Y 114 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS O SUS BENEFICIARIOS QUE EN SU VIDA LABORAL NO ADQUIRIERON UN CRÉDITO PARA VIVIENDA, DISPONER DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO EN ESE RUBRO, TRANSGREDEN EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
AMPARO EN REVISIÓN 145/2018 (CUADERNO AUXILIAR 817/2018) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS MIGUEL GARCÍA TREVIÑO. SECRETARIA: MARISOL PADILLA FLORES.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—Agravios referentes al estudio de constitucionalidad de leyes.
El agravio segundo que propone la recurrente se dirige a evidenciar que fue incorrecto que en la sentencia sujeta a revisión se haya determinado que los artículos 50-C, 50-E, 111-C, fracción II, 113, fracción III y 114 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora no contravienen el derecho humano de seguridad social previsto en el apartado A, fracción XII, y apartado B, fracción XI, inciso f), del artículo 123 de la Carta Magna.
Aduce que se efectuó una interpretación incorrecta del citado precepto de la Constitución Federal, ya que se dejó de tener en consideración que el derecho a una vivienda digna también comprende la orden de establecer un fondo de vivienda para que los patrones constituyan depósitos en favor de los trabajadores, para cumplir con la finalidad de ese artículo.
Sostiene que el a quo consideró que la jurisprudencia P./J. 33/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFONAVIT. LA REFORMA A ESA LEY POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, CONSTITUCIONAL.", no es aplicable al caso; no obstante, se invocó con el ánimo de respaldar la aseveración relativa a que los depósitos efectuados en favor de los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el apartado A, fracción XII, y apartado B, fracción XI, inciso f), del artículo 123 de la Constitución Federal, forman parte del patrimonio de los trabajadores y, por tanto, pueden disponer de los fondos acumulados en ese rubro.
Asimismo, alega que se dio un alcance indebido a la libertad configurativa prevista en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los preceptos reclamados no pueden redundar en quitar a los trabajadores la propiedad que tienen sobre los depósitos hechos a su favor en relación con los recursos acumulados en el fondo de vivienda.
Aduce que los artículos que se controvierten deben ser interpretados a la luz del principio hermenéutico de jerarquía normativa, en atención al cual no puede válidamente una norma de menor rango nulificar el derecho constitucional que tienen los trabajadores de ser propietarios de fondos acumulados en tal rubro.
Hasta aquí el agravio formulado por la parte recurrente.
En el considerando octavo de la sentencia recurrida se efectuó un estudio de los artículos 50-C, 50-E, 111-C, fracción II, 113, fracción III y 114 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y, al efecto, se indicó que los recursos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora sólo pueden afectarse cuando se traten de hacer efectivos los créditos otorgados con cargo al fondo; y podrán invertirse en bienes muebles e inmuebles en lo estrictamente necesario para cumplir los fines de la prestación de vivienda.
Asimismo, se consideró que forman parte del patrimonio de la institución, y los trabajadores no adquieren derecho alguno ni individual ni colectivo sobre el patrimonio del instituto, pero sí del disfrute de los beneficios que la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora les concede.
Por lo que el juzgador estimó que, contrario a lo que sostiene la quejosa, los recursos del fondo no constituyen un numerario propiedad exclusiva de los trabajadores, ni del instituto, ya que si bien tales aportaciones, de acuerdo con el artículo 113, fracción III, del ordenamiento combatido, son parte del patrimonio del organismo de seguridad social, debe entenderse en un aspecto meramente administrativo, única y exclusivamente para el manejo de los préstamos otorgados a los afiliados.
Se indicó que no es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 33/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos anteriores, ya que el régimen bajo el cual la quejosa cotizó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora es diferente al establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El a quo consideró que no puede aplicarse tal criterio, ya que en el régimen para el cual cotizó la quejosa, se creó un fondo común o colectivo de vivienda y no cuentas ni subcuentas individuales, por lo que tales recursos no pueden conformar parte de su patrimonio, pues esas aportaciones que realizan las entidades públicas en su calidad de patrones son destinadas al citado fondo común para cumplir con las finalidades del mismo, esto es, adquisición, construcción o remodelación de vivienda, además de invertir en bienes muebles e inmuebles para cumplir con el mismo fin.
Asimismo, estableció que en sesión de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 162/2016, sustentó similares razonamientos al tema que ahora se aborda.
Al traer esos razonamientos al caso particular, el Juez de Distrito concluyó que no procedía la devolución de las aportaciones efectuadas en el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues constituyen un fondo común para cumplir con sus propias finalidades, esto es, adquisición, construcción o remodelación de vivienda, además de invertir en bienes muebles o inmuebles para el mismo propósito (atender las necesidades de vivienda de los servidores públicos).
En este orden de ideas, fue que el Juez de Distrito consideró que los artículos 50-C, 50-E, 111-C, fracción II, 113, fracción III y 114 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora no contravienen lo dispuesto en la fracción VI del artículo 116, así como el diverso apartado A, fracción XII, y apartado B, fracción XI, inciso f), del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hasta aquí las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida.
Se estima importante destacar que el ejercicio de control constitucional que plantea la recurrente para combatir los artículos 50-C, 50-E, 111-C, fracción II, 113, fracción III y 114 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se encuentra dirigido a confrontar esos preceptos con lo que dispone el apartado A, fracción XII, y apartado B, fracción XI, inciso f), del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello, es conveniente establecer, como una acotación previa para emprender el análisis del agravio que formula la recurrente, la diferencia que existe entre los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Federal, para ello, debemos traer a colación dicho precepto, en las partes que indica la inconforme:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
"...
"XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
"Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
"...
"XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
"...
"f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
"Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.
"..."
La disposición reproducida, ubicada en el título sexto de la Constitución, denominado "Del trabajo y de la previsión social", contiene los derechos de los trabajadores, las medidas de protección de esos derechos y las bases mínimas de la seguridad social. Para ese efecto consagra el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, debiendo el Estado promover la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a reglas y principios que se establecen en dos apartados: el A, que regula las relaciones de trabajo entre el capital y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todo contrato de trabajo; y el B, aplicable a los trabajadores al servicio de la Federación y del Distrito Federal.
Entre los diversos derechos, principios y garantías que se contienen en la disposición que se estudia, importa al caso hacer alusión al derecho humano de seguridad social.
La fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Carta Magna dispone que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas.
Asimismo, se indica que esa obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
De igual forma, se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones que administre los recursos del fondo nacional de vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.
Por otro lado, el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal prevé que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores la seguridad social se organizará conforme a las bases mínimas que ahí se establecen.
Para nuestro estudio destaca que se instruye al Estado para que proporcione a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien, para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.
Conforme a lo anterior, es dable advertir de manera patente, que el apartado A del numeral 123 de la Constitución Federal regula las relaciones de trabajo entre el capital y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todo contrato de trabajo; en cambio, el apartado B del numeral 123 citado, es aplicable a los trabajadores al servicio de la Federación.
En efecto, de lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 de nuestro Máximo Ordenamiento, se infiere que fue intención del Constituyente establecer una diferencia clara entre el trabajo ordinario y el burocrático, considerando la naturaleza de la relación que existe en uno y otro, así como la posición de los sujetos que en ella intervienen, pues mientras que en el primero rige la libre voluntad de las partes, cuyo contenido puede ser determinado por éstas dentro de los límites protectores que fijan las normas de orden público, tendientes a salvaguardar el equilibrio entre los factores de la producción; en el segundo, la relación nace como consecuencia de un nombramiento, además de que el desempeño de la función no se encuentra sujeto a la libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del servidor, sino predeterminado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Sentado lo anterior, es dable indicar que el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal otorga libertad configurativa a las entidades federativas para regular las relaciones de trabajo entre éstas y sus servidores públicos, lo que incluye la seguridad social a que hace referencia el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en uso de esa libertad el Estado de Sonora expidió la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y, mediante reforma publicada en el Boletín Oficial del Estado el tres de julio de mil novecientos ochenta y nueve, la modificó para crear el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con el propósito de establecer y operar un sistema de financiamiento que permitiera a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para satisfacer las necesidades básicas de vivienda, con lo cual dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En autos del juicio de amparo que se revisa, se observa que la ahora recurrente allegó como pruebas de su parte, entre otras, la copia simple de la resolución de treinta de noviembre de dos mil diez, emitida por la directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en la que se le concedió la jubilación.
Incluso, destaca que prestó sus servicios en el Servicio Civil del Estado de Sonora para el Magisterio, siendo su último cargo el de subdirectora en la Escuela Secundaria Número ********** del poblado **********, lo que pone de manifiesto que la relación laboral nació como consecuencia de un nombramiento, además de que el desempeño de sus funciones se rige por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
En este orden de ideas, es claro para este órgano colegiado que, en el caso, no aplica para la parte quejosa la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se refiere a las relaciones de trabajo que surgen entre el capital y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todo contrato de trabajo.
Por ello, el estudio del agravio que hace valer la recurrente y que será analizado en este apartado, se efectuará sólo a la luz del derecho humano a la seguridad social, previsto en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.
Una vez que se ha precisado la diferencia que existe entre los trabajadores que rigen sus relaciones laborales conforme los apartados A y B del artículo 123 de la Carta Magna y, en el caso, la norma constitucional que regula el derecho humano de seguridad social aplicable para la recurrente, es dable emprender el estudio del agravio propuesto por la quejosa.
Análisis del agravio en que se aduce que el artículo 111-C, fracción II, de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora viola el derecho humano a la seguridad social, previsto en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.
Como se indicó, la inconforme aduce, de manera esencial, que fue incorrecto que en la sentencia sujeta a revisión se haya determinado que el artículo 111-C, fracción II, de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, entre otros, no contraviene el derecho humano de seguridad social, previsto en el apartado B, fracción XI, inciso f), del artículo 123 de la Carta Magna.
Aduce que se efectuó una interpretación incorrecta del citado precepto de la Constitución Federal, ya que se dejó de tener en consideración que el derecho a una vivienda digna, también comprende la orden de establecer un fondo de vivienda para que los patrones constituyan depósitos en favor de los trabajadores, para cumplir con la finalidad de ese artículo.
En párrafos precedentes se explicó que el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, prevé que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, la seguridad social se organizará conforme a las bases mínimas que ahí se establecen.
En la materia que nos ocupa (seguridad social), la genealogía del precepto indicado, instruye al Estado para que proporcione a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados.
Asimismo, se prevé que mediante las aportaciones que haga el Estado, se creará un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien, para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Bajo ese contexto, queda de manifiesto que en la Constitución Federal solamente se establecieron las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, al establecer un fondo nacional de la vivienda y se dejó al legislador ordinario para que, sin contravenir esas bases mínimas, realice en la ley secundaria las precisiones correspondientes.
Es así que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, respecto de la libertad configurativa a las entidades federativas para regular las relaciones de trabajo entre éstas y sus servidores públicos, el legislador ordinario del Estado de Sonora precisó su voluntad en la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al crear el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con el propósito de establecer y operar un sistema de financiamiento que permitiera a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para satisfacer las necesidades básicas de vivienda.
El numeral 111-C, fracción II, de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que tilda de inconstitucional la quejosa, en la parte que interesa, dispone:
"Artículo 111-C. El órgano del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para la operación del Fondo de la Vivienda, será la Comisión Ejecutiva, la cual tendrá las atribuciones y funciones siguientes:
"...
"II. Resolver sobre las operaciones del fondo, excepto aquellas que por su importancia ameriten acuerdo expreso de la junta directiva, la que deberá resolver lo conducente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente."
El precepto transcrito prevé que la Comisión Ejecutiva del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora será la encargada de la operación del fondo de la vivienda, la cual tendrá, entre otras funciones, resolver sobre los movimientos financieros del fondo, excepto aquellas que por su importancia ameriten acuerdo expreso de la junta directiva, la que deberá resolver lo conducente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente.
Como se observa, el precepto reclamado sólo prevé las funciones que debe llevar a cabo la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, entre las que destaca resolver las peticiones que se eleven en relación con el fondo de vivienda que administra.
Empero, de su contenido no se advierte que limite algún derecho de los trabajadores para acceder a los beneficios que otorga la ley que se controvierte, únicamente se prevén las atribuciones y funciones que corresponde desempeñar a ese órgano administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Por ello se estima que el numeral 111-C, fracción II, de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no contraviene la garantía (sic) de seguridad social contenida en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.
Se insiste, el artículo de referencia cuya constitucionalidad se controvierte no limita cuestión alguna referente al destino de los recursos; se refiere a las facultades del organismo público para dar respuesta a las solicitudes, por ello es que no existe contravención alguna al orden constitucional previsto en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna.
En este orden de ideas, se considera infundado el agravio analizado y, por tanto, lo procedente es negar a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto del artículo 111-C, fracción II, de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Análisis del agravio respecto de los artículos 50-C, 50-E, 113, fracción III, y 114 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cuyo contenido se estima contraviene el derecho humano a la seguridad social, previsto en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.
Al respecto, este órgano colegiado estima que los argumentos que propone la recurrente son fundados, toda vez que se estiman incorrectas las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida para negar el amparo a la quejosa respecto de los preceptos indicados en párrafos anteriores, por lo siguiente:
Como referente, se tiene en cuenta que el once de enero de mil novecientos ochenta y dos, se creó el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a iniciativa del titular del Ejecutivo de ese momento, quien en su exposición de motivos estableció lo siguiente:
"...La magnitud de los rezagos en vivienda y los altos costos que implica su cobertura, determinan para la política respectiva un enfoque de aproximación por etapas. Así, la política habitacional se orienta inicialmente a proporcionar seguridad en la tenencia, servicios básicos y un espacio suficiente que permita desarrollar las actividades fundamentales de las familias.
"El programa nacional establece las bases y mecanismos para la participación organizada de la población en las acciones gubernamentales, así como de los sectores social y privado, sin detrimento de las libertades de tránsito y asentamiento, garantizadas por nuestras leyes. Se contempla el impulso de una tecnología que incida en la solución de las carencias habitacionales del país, la reducción de costos y la creación de empleos productivos.
"La atención a la problemática habitacional involucra el ordenamiento territorial, el uso del suelo urbano, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.
"De igual forma, las acciones de vivienda se coordinan con programas operativos del plan nacional de desarrollo urbano, tales como el programa de desconcentración territorial de la administración pública federal, el programa de estímulos para la desconcentración territorial de la actividad industrial y el programa de dotación de servicios rurales concentrados, entre otros, a fin de lograr un uso más racional de los recursos, infraestructura, servicios y equipamiento instalados.
"Que el ámbito nacional se han estructurado mecanismos financieros y creado instituciones responsables de implementar soluciones, considerando que la actividad en materia de vivienda, concebida como un esfuerzo permanente de los gobiernos para atender a grandes sectores de la población, cumplen una función de trascendencia y coadyuva al fortalecimiento del propio desarrollo económico, dado su innegable efecto multiplicador.
"Así es conveniente que en 1963 el gobierno federal crea, a través de la secretaría de hacienda y crédito público, el programa financiero de México, respaldado en la constitución de los fideicomisos denominados fondo de operación y descuento bancario de la vivienda (Fovi) y el fondo de garantía y apoyo a los créditos para la vivienda (Foga).
"Es de mencionar igualmente, la decisiva opción que en materia habitacional ha realizado el sector público, a partir de la década de los setentas, a través de Banobras, Indeco y en escala a un mayor Infonavit y Fovissste, que representa una considerable inversión conjunta del sector público y privado.
"Que el Estado de Sonora, parte integrante de la Federación, no escapa de la problemática de la vivienda en razón de la cual, el Ejecutivo a mi cargo, estima inaplazable la adopción de medidas económicas e institucionales, tendientes a abatir el déficit de vivienda, no solamente en el área urbana, sino que primordialmente en el campo, como una alternativa para arraigar a la población rural, evitando su emigración a los centros urbanos en donde se agrega desordenadamente incrementando el problema de vivienda en las ciudades, con esta finalidad, se han aprobado en esa H. Cámara, iniciativas de ley para establecer el Instituto de Desarrollo Urbano y Rural, cuyo objetivo básico es la regulación del territorio del Estado con fines habitacionales, el fomento y la construcción de viviendas, principalmente en el sector de no asalariados.
"Así mismo, se aprobó por ustedes la iniciativa de decreto, solicitando la autorización del Estado contrate (sic) un crédito destinado a financiar la construcción de vivienda en los ejidos colectivos de los valles del yaqui y mayo.
"Formando parte integral de esta política estatal en materia de vivienda, someto a consideración de esa H. Cámara iniciativas de ley para crear el Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado de Sonora, como una dependencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y que será conocido por sus siglas Fovisssteson.
"Este fondo ha sido integrado con una aportación de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), con recursos del gobierno del Estado y el propio instituto, los cuales actualmente están destinados a la construcción de conjuntos habitacionales en los fraccionamientos Eusebio Kino y Sahuaro en esta ciudad.
"En lo sucesivo, el gobierno del Estado aportará para la integración del fondo el 2% de los sueldos que cubran a sus trabajadores.
"Congruentes con el propósito de evitar la proliferación de nuevos organismos y la duplicidad de sus funciones, la creación del fondo se instrumenta mediante las reformas y adición a la Ley Número 38 de ese H. Congreso, expedida y promulgada el día treinta y uno de diciembre de 1962, que creó el instituto de seguridad ya mencionado..."
Como puede verse, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Fovisssteson) se creó con el fin de atender la necesidad fundamental colectiva de vivienda, y construir un fondo de reserva común para que los trabajadores hicieran uso de ese derecho, por lo que fue impulsado, de inicio, con una cantidad integrada con recursos del gobierno del Estado y el propio instituto, que fueron destinados a la construcción de viviendas en dos zonas de esa ciudad (la construcción de conjuntos habitacionales en los fraccionamientos Eusebio Kino y Sahuaro), como inicio y, en lo sucesivo, se conformaría con la aportación del dos por ciento sobre el sueldo de los trabajadores, que correría a cargo del gobierno; p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28348-cbe0abad/aportaciones-de-vivienda-de-los-trabajadores-al-servicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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