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Modo: Corpus Pro

APORTACIONES DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LOS ARTÍCULOS 50-C, 50-E, 113, FRACCIÓN III Y 114 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR QUE LOS AFILIADOS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESAS ENTIDADES PUEDAN DISPONER DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO EN ESE RUBRO, NO VIOLAN EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL, EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA VIVIENDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. · Registro digital (IUS): 29146
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-11-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RE
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, Pág. 993.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2019. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS, INOSENCIO DEL PRADO MORALES, ARTURO CASTAÑEDA BONFIL, MANUEL JUÁREZ MOLINA, JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA Y MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ. PONENTE: INOSENCIO DEL PRADO MORALES. SECRETARIO: ALEJANDRO ANDRADE DEL CORRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 226, fracción III, y décimo primero transitorio de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el mencionado medio de comunicación oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis suscitada entre los criterios sostenidos por un Tribunal Colegiado perteneciente a este Quinto Circuito y un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar, en apoyo de las labores de otro Tribunal Colegiado de este Circuito.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas y en la página 1656, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción fue presentada por la licenciada **********, quien se ostentó como autorizada legal, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de los respectivos quejosos en los juicios de amparo de los que derivan los recursos de revisión en los que se emitieron las ejecutorias en contradicción, personalidad que le fue reconocida por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, según se advierte de las ejecutorias en contradicción, aunado a que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el considerando segundo de la ejecutoria que emitió, expresamente le reconoció el carácter con el que se ostenta el ahora denunciante (foja 18).

Lo cual se considera suficiente para concluir que a la licenciada **********, en los recursos de revisión de los que emanan los criterios en contradicción, sí le fue reconocida su personalidad como autorizada legal en los términos anotados.

Acotado lo anterior, toca analizar si la autorizada, en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, está facultada o no, para denunciar la contradicción de tesis.

Dicho numeral señala lo siguiente:

"Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.

"En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior."

Del precepto transcrito se obtiene que el autorizado conforme a dicho numeral, podrá, entre otras cuestiones, "realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante" lo que, en consideración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es suficiente para legitimarlo para formular la denuncia de una contradicción de tesis.

Ello, al margen de que, propiamente, la denuncia de contradicción de tesis no se refiera a un acto relativo a la sustanciación del juicio de amparo, incluidos sus recursos, dado que esa denuncia es un derecho tutelado a favor de las partes en general, según lo prevé el precepto 227, fracción III, de la ley de la materia, lo cual se ha hecho extensivo a los autorizados en los términos anotados.

Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro digital: 168488, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

No se soslaya que en la jurisprudencia invocada se interpretaron disposiciones (artículos 27 y 197-A) de la Ley de Amparo abrogada, cuando la presente contradicción de tesis se rige conforme los preceptos de la ley de la materia vigente; sin embargo, los preceptos anotados guardan correspondencia sustancial a los ordinales 12 y 227 de la última de tales legislaciones, lo que justifica su aplicación analógica acorde al artículo sexto transitorio de la propia ley.

Bajo esa línea es que se colige que la denunciante de la presente contradicción de tesis, al habérsele reconocido por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes como autorizada legal en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo, en relación a los juicios de amparo que motivaron los recursos de revisión en los que se emitieron los criterios contendientes, es inconcuso que está legitimada para formular la denuncia en cuestión, según lo señala la fracción III del numeral 227 de la ley de la materia.

Similar criterio asumió este Pleno de Circuito al resolver, en lo que aquí interesa, la contradicción de tesis 6/2016.

TERCERO.—Primer criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en apoyo de las labores del Primer Tribunal Colegiado de Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, resolvió el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el amparo en revisión 145/2018 (cuaderno auxiliar 817/2018), que, en la parte que interesa, sostiene lo siguiente:

"OCTAVO.—Agravios referentes al estudio de constitucionalidad de leyes.

"El agravio segundo que propone la recurrente se dirige a evidenciar que fue incorrecto que en la sentencia sujeta a revisión se haya determinado que los artículos 50-C, 50-E, 111-C, fracción II, 113, fracción III, y 114 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no contravienen el derecho humano de seguridad social, previsto en el apartado A, fracción XII, y apartado B, fracción XI, inciso f), del artículo 123 de la Carta Magna.

"Aduce que se efectuó una interpretación incorrecta del citado precepto de la Constitución Federal, ya que se dejó de tener en consideración que el derecho a una vivienda digna, también comprende la orden de establecer un fondo de la vivienda para que los patrones constituyan depósitos en favor de los trabajadores, para cumplir con la finalidad de ese artículo.

"Sostiene que el a quo consideró que la jurisprudencia 33/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INFONAVIT. LA REFORMA A ESA LEY POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, CONSTITUCIONAL.’, no es aplicable al caso; no obstante, se invocó con el ánimo de respaldar la aseveración relativa a que los depósitos efectuados en favor de los trabajadores, conforme lo dispuesto en el apartado A, fracción XII, y apartado B, fracción XI, inciso f), del artículo 123 de la Constitución Federal, forman parte del patrimonio de los trabajadores y, por tanto, pueden disponer de los fondos acumulados en ese rubro.

"Asimismo, alega que se dio un alcance indebido a la libertad configurativa prevista en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los preceptos reclamados no pueden redundar en quitar a los trabajadores la propiedad que tienen sobre los depósitos hechos a su favor en relación a los recursos acumulados en el fondo de vivienda.

"Aduce que los artículos que se controvierten deben ser interpretados a la luz del principio hermenéutico de jerarquía normativa, en atención al cual no puede válidamente una norma de menor rango nulificar el derecho constitucional que tienen los trabajadores de ser propietarios de fondos acumulados en tal rubro.

"Hasta aquí el agravio formulado por la parte recurrente.

"En el considerando octavo de la sentencia recurrida, se efectuó un estudio de los artículos 50-C, 50-E, 111-C, fracción II, 113, fracción III, y 114 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y al efecto se indicó que los recursos del fondo de vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, sólo pueden afectarse cuando se trate de hacer efectivos los créditos otorgados con cargo al fondo; y podrán invertirse en bienes muebles e inmuebles en lo estrictamente necesario para cumplir los fines de la prestación de vivienda.

"Asimismo, se consideró que forman parte del patrimonio de la institución y los trabajadores no adquieren derecho alguno ni individual ni colectivo sobre el patrimonio del instituto, pero sí del disfrute de los beneficios que la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora les concede.

"Por lo que el juzgador estimó que, contrario a lo que sostiene la quejosa, los recursos del fondo no constituyen un numerario propiedad exclusiva de los trabajadores, ni del instituto, ya que si bien tales aportaciones, de acuerdo con el artículo 113, fracción III, del ordenamiento combatido, son parte del patrimonio del organismo de seguridad social, debe entenderse en un aspecto meramente administrativo, única y exclusivamente para el manejo de los préstamos otorgados a los afiliados.

"Se indicó que no es aplicable al caso la jurisprudencia 33/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos anteriores, ya que el régimen bajo el cual la quejosa cotizó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, es diferente al establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

"El a quo consideró que no puede aplicarse tal criterio, ya que en el régimen para el cual cotizó la quejosa, se creó un fondo común o colectivo de vivienda, y no cuentas ni subcuentas individuales, por lo que tales recursos no pueden conformar parte (sic) su patrimonio, pues esas aportaciones que realizan las entidades públicas en su calidad de patrones son destinadas al citado fondo común para cumplir con las finalidades del mismo, esto es, adquisición, construcción o remodelación de vivienda, además de invertir en bienes muebles e inmuebles para cumplir con el mismo fin.

"Asimismo, estableció que en sesión de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 162/2016, sustentó similares razonamientos al tema que ahora se aborda.

"Al traer esos razonamientos al caso particular, el Juez de Distrito concluyó que no procedía la devolución de las aportaciones efectuadas en el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues constituyen un fondo común para cumplir con sus propias finalidades, esto es, adquisición, construcción o remodelación de vivienda, además de invertir en bienes muebles o inmuebles para el mismo propósito (atender las necesidades de vivienda de los servidores públicos).

"En este orden de ideas fue que el Juez de Distrito consideró que los artículos los artículos (sic) 50-C, 50-E, 111-C, fracción II, 113, fracción III, y 114 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no contravienen lo dispuesto en la fracción VI del artículo 116, así como el diverso apartado A, fracción XII, y apartado B, fracción XI, inciso f), del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Hasta aquí las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida.

"Se estima importante destacar que el ejercicio de control constitucional que plantea la recurrente para combatir los artículos 50-C, 50-E, 111-C, fracción II, 113, fracción III y, 114 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se encuentran dirigidos a confrontar esos preceptos con lo que dispone el apartado A, fracción XII, y apartado B, fracción XI, inciso f), del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Por ello, es conveniente establecer, como una acotación previa para emprender el análisis del agravio que formula la recurrente, la diferencia que existe entre el apartado A y el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, para ello, debemos traer a colación dicho precepto, en las partes que indica la inconforme: (se transcribe).

"La disposición reproducida, ubicada en el título sexto de la Constitución, denominado ‘Del trabajo y de la previsión social’, contiene los derechos de los trabajadores, las medidas de protección de esos derechos y las bases mínimas de la seguridad social. Para ese efecto consagra el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, debiendo el Estado promover la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a reglas y principios que se establecen en dos apartados: el A, que regula las relaciones de trabajo entre el capital y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todo contrato de trabajo; y el B, aplicable a los trabajadores al servicio de la Federación y del Distrito Federal.

"Entre los diversos derechos, principios y garantías que se contienen en la disposición que se estudia, importa al caso hacer alusión al derecho humano de seguridad social.

"La fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Carta Magna dispone que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas.

"Asimismo, se indica que esa obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

"De igual forma, se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores, y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.

"Por otro lado, el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal prevé que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, la seguridad social se organizará conforme a las bases mínimas que ahí se establecen.

"Para nuestro estudio destaca que se instruye al Estado para que proporcione a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento, o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

"Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social, regulándose en su ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

"Conforme lo anterior, es dable advertir, de manera patente, que el apartado A del numeral 123 de la Constitución Federal regula las relaciones de trabajo entre el capital y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todo contrato de trabajo; en cambio, el apartado B del numeral 123 citado, es aplicable a los trabajadores al servicio de la Federación.

"En efecto, de lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 de nuestro Máximo Ordenamiento, se infiere que fue intención del Constituyente establecer una diferencia clara entre el trabajo ordinario y el trabajo burocrático, considerando la naturaleza de la relación que existe en uno y otro, así como la posición de los sujetos que en ella intervienen, pues mientras que en el primero rige la libre voluntad de las partes, cuyo contenido puede ser determinado por éstas dentro de los límites protectores que fijan las normas de orden público, tendientes a salvaguardar el equilibrio entre los factores de la producción; en el segundo, la relación nace como consecuencia de un nombramiento, además de que el desempeño de la función no se encuentra sujeto a la libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del servidor, sino predeterminado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

"Sentado lo anterior, es dable indicar que el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal otorga libertad configurativa a las entidades federativas para regular las relaciones de trabajo entre éstas y sus servidores públicos, lo que incluye la seguridad social a que hace referencia el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en uso de esa libertad el Estado de Sonora expidió la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y mediante reforma publicada en el Boletín Oficial del Estado el tres de julio de mil novecientos ochenta y nueve, la modificó para crear el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con el propósito de establecer y operar un sistema de financiamiento que permitiera a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para satisfacer las necesidades básicas de vivienda, con lo cual dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En autos del juicio de amparo que se revisa, se observa que la ahora recurrente allegó, como pruebas de su parte, entre otras, la copia simple de la resolución de treinta de noviembre de dos mil diez, emitida por la directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en la que se le concedió la jubilación.

"Incluso, destaca que prestó sus servicios en el Servicio Civil del Estado de Sonora para el **********, siendo su último cargo el de **********, en la **********, lo que pone de manifiesto que la relación laboral nació como consecuencia de un nombramiento, además de que el desempeño de sus funciones se rigen por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

"En este orden de ideas, es claro para este órgano colegiado que, en el caso, no aplica para la parte quejosa la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se refiere a las relaciones de trabajo que surgen entre el capital y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todo contrato de trabajo.

"Por ello, el estudio del agravio que hace valer la recurrente y que será analizado en este apartado, se efectuará sólo a la luz del derecho humano de seguridad social previsto en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.

"Una vez que se ha precisado la diferencia que existe entre los trabajadores que rigen sus relaciones laborales conforme el apartado A y el apartado B del artículo 123 de la Carta Magna y, en el caso, la norma constitucional que regula el derecho humano de seguridad social aplicable para la recurrente, es dable emprender el estudio del agravio propuesto por la quejosa.

"Análisis del agravio en que se aduce que el artículo 111-C, fracción II, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, viola el derecho humano de seguridad social previsto en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.

"Como se indicó, la inconforme aduce, de manera esencial, que fue incorrecto que en la sentencia sujeta a revisión se haya determinado que el artículo 111-C, fracción II, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, entre otros, no contraviene el derecho humano de seguridad social, previsto en el apartado B, fracción XI, inciso f), del artículo 123 de la Carta Magna.

"Aduce que se efectuó una interpretación incorrecta del citado precepto de la Constitución Federal, ya que se dejó de tener en consideración que el derecho a una vivienda digna, también comprende la orden de establecer un fondo de vivienda para que los patrones constituyan depósitos en favor de los trabajadores, para cumplir con la finalidad de ese artículo.

"En párrafos precedentes se explicó que el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal prevé que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores la seguridad social se organizará conforme a las bases mínimas que ahí se establecen.

"En la materia que nos ocupa (seguridad social), la genealogía del precepto indicado, instruye al Estado para que proporcione a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados.

"Asimismo, se prevé que mediante las aportaciones que haga el Estado, se creará un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

"Bajo ese contexto, queda de manifiesto que en la Constitución Federal solamente se establecieron las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, al establecer un fondo nacional de la vivienda y se dejó al legislador ordinario para que, sin contravenir esas bases mínimas, realice en la ley secundaria las precisiones correspondientes.

"Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, respecto de la libertad configurativa a las entidades federativas para regular las relaciones de trabajo entre éstas y sus servidores públicos, el legislador ordinario del Estado de Sonora precisó su voluntad en la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al crear el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con el propósito de establecer y operar un sistema de financiamiento que permitiera a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para satisfacer las necesidades básicas de vivienda.

"El numeral 111-C, fracción II, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que tilda de inconstitucional la quejosa, en la parte que interesa, dispone: (se transcribe)

"El precepto transcrito prevé que la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, será la encargada de la operación del fondo de la vivienda, la cual tendrá, entre otras funciones, resolver sobre los movimientos financieros del fondo, excepto aquellas que por su importancia ameriten acuerdo expreso de la Junta Directiva, la que deberá resolver lo conducente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente.

"Como se observa, el precepto reclamado sólo prevé las funciones que debe llevar a cabo la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, entre las que destaca resolver las peticiones que se eleven en relación al fondo de vivienda que administra.

"Empero, de su contenido no se advierte que limite algún derecho de los trabajadores para acceder a los beneficios que otorga la ley que se controvierte, únicamente se prevén las atribuciones y funciones que corresponde desempeñar a ese órgano administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

"Por ello, se estima que el numeral 111-C, fracción II, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no contraviene la garantía de seguridad social contenida en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.

"Se insiste, el artículo de referencia cuya inconstitucionalidad se controvierte no l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29146-690594c3/aportaciones-de-vivienda-de-los-trabajadores-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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