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Modo: Corpus Pro

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 938/2018. · Registro digital (IUS): 28366
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-02-22
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 2462.

AMPARO DIRECTO 938/2018. 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL BONILLA LÓPEZ. SECRETARIA: MA. PERLA LETICIA PULIDO TELLO.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—El estudio de los conceptos de violación conduce a establecer lo siguiente:

Es inoperante la afirmación de la quejosa en el sentido de que se debe condenar de igual forma al pago de horas extras.

Lo anterior se considera de la manera apuntada, porque ese tema ya fue materia de análisis por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito en la ejecutoria del amparo dictada en el expediente **********, en sesión del dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el que se desestimó el argumento hecho valer por la también hoy quejosa, en los siguientes términos:

"...Procede analizar el concepto de violación en el que la quejosa sostiene que se debe condenar al pago de horas extras, por tratarse de una prestación independiente a la cuestión por la cual se concede el amparo a fin de que la responsable reponga el procedimiento; argumento que se estima infundado.

"Ello, porque independientemente de la razón dada por la responsable de absolver a la empresa ********** del pago del tiempo extra, al considerar que la procedencia de dicha prestación deberá ser materia de análisis, condena o absolución de diverso juicio seguido ante la Junta Diecinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje en el expediente 7/2014. (folio 191 vuelta)

"Lo cierto es que finalmente esa determinación es correcta, porque atendiendo a la controversia planteada en el juicio laboral **********, del cual deriva el acto aquí reclamado, en el que la actora refirió que fue reinstalada en su empleo a las diez horas del 19 de noviembre de 2014, siendo despedida nuevamente el 20 de ese mes y año, a las nueve horas, es evidente que no generó el tiempo extra demandado en el inciso e) del escrito inicial de demanda en relación con el hecho uno, inciso c) (folios cinco y seis), en la cantidad de 3 horas extras diarias, por todo el tiempo de prestación del servicio, puesto que se entiende que trabajó sólo el día de la reinstalación, en el que ingresó después de la hora en que apoyó su demanda de tiempo extraordinario (de las ocho a las diecinueve horas); por tanto, en el caso, es inexistente el parámetro presupuesto de la acción para determinar que laboró las tres horas de más en la que apoyó su reclamo de tiempo excedente y, por ello, se imponía la absolución de esta prestación..."

Por otro lado, alega la quejosa que la responsable hace un estudio deficiente de la inspección, pues no le otorgó valor probatorio, no obstante que en su desahogo (7 de diciembre de 2015) la demandada no exhibió la documentación base, como lo hizo constar el actuario, por lo que se deben tener por presuntivamente ciertos los extremos que pretende acreditar la hoy quejosa, entre ellos, la fecha de ingreso, salario diario base, proporción diaria percibida por prima vacacional, aguinaldo, especial (sic) y bonificación, así como el salario diario integrado y el horario de labores, conforme a lo hecho valer en el escrito inicial de demanda; aunado a que no se ofreció prueba idónea para desvirtuar el salario, la fecha de ingreso y el horario. De ahí que se deba calificar de mala fe el ofrecimiento de trabajo y se condene a la demandada conforme al salario hecho valer en la demanda.

Es infundado el motivo de disenso antes referido.

Lo anterior se estima de la manera apuntada porque, contrariamente a lo que sostiene la quejosa, la Junta responsable estuvo en lo correcto al desestimar el alcance presuntivo derivado de las pruebas de inspección ofrecidas por la parte actora –que no pudieron ser desahogadas, según la razón actuarial del siete de diciembre de dos mil quince (foja 149), por la incomparecencia de las partes a la diligencia correspondiente–; en virtud de que su resultado se encuentra desvirtuado con las actuaciones del juicio laboral **********, del índice de la Junta Especial Número Diecinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ofrecido como instrumental de actuaciones por la empresa demandada y que la responsable tuvo a la vista al resolver el diverso juicio laboral **********, del que deriva el acto reclamado y se desprende que la actora fue reinstalada el diecinueve de diciembre de dos mil catorce con el salario y horario propuestos al realizar la oferta de trabajo, esto es, salario base quincenal de $********** y horario de labores que iniciaba de las 8:30 a las 16:30 horas de lunes a sábado, con una hora diaria para tomar alimentos y/o descansar fuera del centro de trabajo a la hora de su predilección.

Salario que, incluso, quedó demostrado con los recibos de pago ofrecidos por el patrón (fojas 57 a 60) del expediente **********, que fueron objetados en autenticidad de contenido y firma (foja 75), sin que probara la causa de su objeción, porque le fue decretada la deserción de la prueba pericial caligráfica y de las objeciones realizadas respecto de los documentos ofrecidos por la demandada. (fojas 108 vuelta y 110)

Aunado a que en la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el expediente **********, en sesión del veinte de agosto de dos mil quince, agregada de fojas 304 a 323 del juicio laboral ofrecido como prueba, se concedió el amparo a la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, para determinar que la antigüedad de la actora data del primero de febrero de dos mil catorce y que el salario diario asciende a la cantidad de $********** pesos. (folio 321 vuelta y 322)

Así, la presunción derivada de las pruebas de inspección por falta de exhibición de documentos quedó desvirtuada con la instrumental de actuaciones consistente en el expediente **********, y por ello, la fecha de ingreso, salario quincenal y horario de labores quedó probado en los términos materia de excepción, lo que condujo a la Junta a tener como de buena fe el ofrecimiento de trabajo hecho de nueva cuenta al trabajador en el juicio laboral **********, bajo los parámetros que quedaron probados en el expediente tramitado con motivo del primer despido alegado, como se pondrá de manifiesto enseguida.

Sostiene la quejosa que la Junta, bajo un estudio deficiente de las pruebas, calificó de buena fe el ofrecimiento de trabajo realizado por la demandada **********, sin analizar la conducta del patrón, porque no obstante que la accionante fue reinstalada, la demandada volvió a despedirla en forma injustificada con posterioridad a la reinstalación efectuada, lo que se hizo valer mediante la prueba superveniente presentada ante la responsable a la que se adjuntaron el acuse de recibo original de la oficialía de partes de 14 de julio de 2015, que contiene la demanda del día anterior y el auto de radicación, emitido por la Junta Diecinueve de la Local, con número de expediente **********, que se tuvieron a la vista al dictar el laudo reclamado y con lo que se evidencia que la demandada nunca tuvo la intención de reincorporar a la parte actora a sus labores, por lo que la responsable debió calificar dicha oferta de trabajo de mala fe y, en consecuencia, condenar a la demandada al pago y cumplimiento de las prestaciones que se reclaman.

Que la demandada no pretendía continuar la relación de trabajo, por el contrario, sólo buscaba burlar la norma que le impone la carga de probar la justificación del despido, la cual no existe, toda vez que el mismo fue injustificado; hecho que debió ser analizado por la Junta responsable, ya que no hay intención de reincorporar a la accionante y lo único que pretendía era revertir la carga de la prueba.

Agrega la quejosa que de acuerdo a lo imperativamente dispuesto por el artículo 803 de la Ley Federal del Trabajo, solicitó que se anexara al juicio laboral donde se emitió el laudo que se combate, copias certificadas del expediente número **********, radicado ante la Junta Especial Número Diecinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, promovido por la hoy quejosa en contra de la moral ********** y otros, las cuales debieron ser valoradas integralmente como prueba superveniente con todas las actuaciones, al momento de calificar la oferta de trabajo realizada por la demandada.

Por lo que, al no haberse tomado en consideración tales constancias, se deja en estado de indefensión a la quejosa, toda vez que de ellas se desprende que la demandada jamás tuvo la intención de reinstalar a la actora, porque en la audiencia de 10 de junio de 2015 manifestó que se le daría vista al Ministerio Público, revelando su actitud hostigadora hacia la hoy actora; de ahí que dicha manifestación revela que su ofrecimiento es de mala fe.

Es inoperante el anterior motivo de disenso.

De los autos del juicio laboral ********** del que deriva el acto reclamado, se desprende que en reposición del procedimiento ordenado a la responsable, mediante ejecutoria del dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente ********** del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito, la Junta, previa vista dada a la demandada, determinó que las pruebas que ofreció la actora mediante escrito de diez de agosto de dos mil quince reúnen el carácter de supervenientes, como se precisa en los artículos 778 y 881 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que las mismas serían valoradas al momento de dictarse la resolución correspondiente. (foja 278 del expediente laboral)

En el escrito de diez de agosto de dos mil quince, el apoderado de la parte actora ofreció como prueba superveniente el acuse de recibo de la oficialía de partes común de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 14 de julio de 2015, que contiene la demanda laboral del 13 anterior, y auto de radicación de la Junta Especial Diecinueve, con número de expediente **********, presentada por virtud del tercer despido injustificado, con lo que refirió la quejosa se acredita la mala fe del ofrecimiento de trabajo realizado por la demandada; solicitando, en términos del artículo 803 de la Ley Federal del Trabajo, se anexara al juicio copia certificada del expediente ********** antes citado, para ser valorado íntegramente como prueba superveniente con todas las actuaciones al momento de calificar la oferta de trabajo. (fojas 91 a 108)

Luego, si la responsable admitió todas las pruebas ofrecidas como supervenientes, indudable resulta que entre ellas se encuentran las actuaciones del expediente **********, radicado y tramitado en la Junta Especial Número Diecinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con la que se pretendió acreditar por parte de la quejosa la conducta ímproba del patrón, en relación con el ofrecimiento de trabajo, por lo que debió ser valorada en el laudo que ahora se reclama.

Sin embargo, del acto combatido se desprende que la Junta responsable únicamente analizó como parte de las pruebas supervenientes las relativas al acuse de recibo original, la demanda laboral del 13 de julio de 2015 y el auto de radicación del día siguiente, determinando que con ellas no se acredita que se ofreció el trabajo con el único objeto de revertir la carga de la prueba; lo anterior, conforme a la consideración que enseguida se transcribe:

"...Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el juicio de amparo ********** se valoran las documentales ofrecidas por la parte actora en el escrito de fecha diez de agosto del año dos mil quince (f. 91 a 93) consistentes en el acuse de recibo original de la oficialía de partes común de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal ‘Unidad Jurídica de Oficialía de Partes’ de fecha 14 de julio de 2015, que contiene la demanda inicial de fecha 13 de julio de 2015 y el auto de radicación de fecha 14 de julio de 2015, emitido por la H. Junta Especial Número Diecinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, con número de expediente ********** que fue emitido con motivo de la tercera demanda promovida por el accionante, en virtud del tercer despido injustificado del que fue objeto; documentos con los cuales la parte actora intenta acreditar que la oferta de trabajo es de mala fe, ya que nunca ha sido su intención reincorporar a la trabajadora a su empleo. Ahora bien, analizando los documentos presentados por la parte actora y aceptados para su debida valoración al momento de emitir la presente determinación, se advierte que no se desprende beneficio alguno para la parte actora, ya que del escrito inicial de la demanda visible a fojas 95 a 107, se desprenden únicamente manifestaciones unilaterales realizadas por la apoderada legal de la hoy actora **********, sin que dicha documental se acredite plenamente, lo que ahí argumenta la representante legal de la actora; y, del auto de radicación, si bien es cierto es un documento público que merece plena validez, en cuanto el valor y alcance jurídico, esta Junta especial determina que en nada le beneficia a la parte oferente y que dicho documento fue emitido por la Junta Especial Número Diecinueve de esta Local en la Ciudad de México, para radicar la demanda interpuesta para su trámite, sin que sea un documento idóneo para acreditar lo que intenta la parte actora; por lo que, respecto de los antecedentes del caso o la conducta asumida por el patrón, no se advierte conducta negativa o contraria a derecho atribuible a la parte demandada que ponga de manifiesto que ofreció el trabajo con el único objeto de revertir la carga probatoria. Por todo lo anterior, se califica de buena fe el ofrecimiento de trabajo, correspondiendo al actor la carga de la prueba, es decir, acreditar la existencia del despido..." (folio 293 del expediente laboral)

Consideración con la que dejó de analizar el contenido de todas las actuaciones existentes en el juicio laboral **********, que también fue ofrecido como parte de la prueba superveniente, y que tuvo por admitido (foja 278), a fin de justificar la mala fe del ulterior ofrecimiento de trabajo, puesto que si la calificación de la oferta propuesta se determina analizando los antecedentes del caso, la conducta de las partes y las circunstancias especiales del asunto particular, es evidente que la buena o mala fe del ofrecimiento de trabajo debe atender a todas las actitudes de las partes que puedan influir en esa calificación; siendo en el caso necesario analizar por parte de la responsable las actuaciones del juicio laboral ofrecido como prueba, para que en el laudo que se emita se determine, junto con otros factores inherentes al caso, si dicho ofrecimiento de trabajo fue de buena o mala fe. Consecuentemente, si en el acto reclamado la responsable dejó de atender y analizar una de las pruebas, oportunamente ofrecidas y admitidas, es claro que emitió un laudo ilegal, con infracción al contenido del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo.

Empero, la omisión en la valoración de la totalidad de la prueba superveniente ofrecida por la parte actora, a efecto de demostrar la mala fe con la que se le hizo la oferta de trabajo, no tiene el alcance, en la especie, para conceder el amparo a fin de que la autoridad responsable valore de nueva cuenta, con apego a derecho, dicha probanza; pues este Tribunal Colegiado de Circuito advierte, una vez que la Junta remitió el expediente laboral ********** –que tuvo a la vista al emitir el laudo– y el diverso **********, previo requerimiento de ambos, que la única conclusión a la que podría llegar es la de tener como de buena fe el ofrecimiento de trabajo.

Ello, porque si bien en principio es la autoridad responsable a la que corresponde efectuar la valoración de las pruebas por sí misma, y el tribunal de amparo no tiene por qué sustituirse a ella en esa tarea, esto último no puede entenderse sino como una regla general que admite excepciones.

Conviene invocar en este apartado la tesis 1a. I/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 377, con número de registro digital: 2013369, que dice:

"AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por regla general, ante la constatación de una omisión de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquélla para determinar por sí el sentido de la eventual decisión, ya que los principios federal, de división de poderes y de defensa de las partes exigen que sean los tribunales ordinarios los que resuelvan primeramente las preguntas jurídicas y exploren distintos métodos interpretativos; por tanto, ante la omisión lo que procede es el reenvío y no la sustitución. No obstante, el presupuesto del reenvío es la probabilidad razonable de que al emitirse una nueva resolución, pueda cambiar el sentido de la decisión. Así, cuando no exista la posibilidad de un efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar retardar la administración de justicia y, por economía procesal, negar el amparo, lo que debe realizar desarrollando las razones objetivas de su decisión. El tribunal de amparo debe considerar que a medida que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opciones interpretativas, existe una presunción a favor del reenvío del asunto, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta firme y objetiva, entonces, esa presunción será más débil, al no existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas normativas. Por tanto, los Jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes.

"Amparo directo 23/2014. Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. 17 de junio de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.—Esta tesis se publicó el viernes 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación."

Así, la prevención a favor de la autoridad responsable para que por sí sea la que efectúe la valoración probatoria obedece a la necesidad de salvaguardar los derechos procesales del actor y del demandado, con miras a que éstos sean quienes puedan controvertir lo razonado por la Junta si afectase su interés, al poder de valoración que se deposita en ésta, dada su condición de resolutora del litigio, y a que el tribunal de amparo tiene como materia de estudio la infracción de derechos fundamentales.

Pero, en casos como el presente, en el que, como se demostrará, si la Junta hubiese hecho uso de un adecuado raciocinio y examen a conciencia en su totalidad de las documentales ofrecidas como supervenientes por la parte actora, entiéndase las actuaciones del juicio laboral **********, no se podría llegar a una conclusión diversa respecto a la buena fe con la que se propuso el regreso a las labores, por lo que a ningún fin práctico conduciría que la infracción del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo lleve a la concesión del amparo y, antes bien, ésta ocasionaría retardo en la solución de la cuestión de fondo controvertida en detrimento de la expeditez de la justicia.

El párrafo tercero del artículo 17 constitucional prevé que:

"Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales".

El precepto anterior constituye una directriz, esto es, una norma de mandato que ordena la consecución de un fin valioso, a saber: la tutela judicial efectiva, es decir, dar solución cabal al conflicto, que significa "privilegiar la decisión de la controversia sobre los formalismos procedimentales".

La obligación consistente en privilegiar la solución del conflicto, se cimenta en que la tutela judicial efectiva es un fin valioso en sí y por sí.

Es pertinente invocar en este apartado, la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 536, con número de registro digital: 2007064, que dice:

"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados.

"Amparo directo en revisión 1080/2014. Héctor Javier Liñan García. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.—Esta tesis se publicó el viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación."

También cabe invocar aquí, por su idea jurídica, lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 211):

"...los Jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad. De este modo, si las autoridades permiten y toleran el uso de esa manera de los recursos judiciales, los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial. Esto conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido. A que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones."

Ahora bien, este deber que la Constitución impone a un tribunal tiene límites, y éstos son los derechos que asisten a las partes durante el proceso, según reza el propio precepto; es decir, al resolver el fondo de la cuestión por sobre los formalismos procesales, el tribunal no ha de trastocar derechos adjetivos en perjuicio de cualquiera de los contendientes.

El primero de ellos es el de igualdad procesal, esto es, el trato que merecen las partes durante el proceso: mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus respectivos alegatos.

El segundo es el de debido proceso, es decir, el derecho de los individuos a ser escuchados en el proceso en que se juzga su conducta, con oportunidades razonables para la exposición y prueba de sus derechos. Puede traducirse como el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", esto es, las que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la oportunidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Finalmente, otros derechos "procesales" que asisten a quienes litigan, y que no pueden ser sino los que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera.

Similares consideraciones respecto a la interpretación del artículo 17 constitucional, se sostuvieron en los expedientes de amparo **********, **********, ********** y **********, resueltos por este Tribunal Colegiado de Circuito, en su orden, en sesiones de dieciocho, veinticinco y treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.

Así, pueden superarse los formalismos procesales para resolver la cuestión efectivamente planteada y es con base en esta directriz de máximo rango, por estar contenida en la Constitución –artículo 17–, que este Tribunal está habilitado para examinar las documentales integrantes del expediente laboral **********, que omitió tener a la vista la Junta, con miras a dejar en definitiva zanjada la cuestión de su correcta valoración, evitar el retardo en la administración de justicia, y sin que se advierta que resulte afectado derecho procesal alguno que asista a las partes litigantes ni, desde luego, en especial, a la parte quejosa.

Los argumentos de la quejosa respecto a que se calificó incorrectamente la oferta de trabajo hecha en el expediente **********, son infundados, porque en cuanto a la categoría, las partes coinciden en que la última desempeñada por la actora era de empleada élite.

Respecto al horario materia de propuesta por la empresa demandada de las 8:30 a las 16:30 horas de lunes a sábado de cada semana, con descanso los domingos con una hora diaria para tomar alimentos fuera del centro de trabajo y a la hora de su predilección (foja 48), aparte de haber sido probado con las actuaciones del juicio laboral ********** ofrecido como prueba, puesto que con esas condiciones la actora aceptó ser reinstalada, resulta que la propuesta, por sí misma, resulta legalmente válida para efectos de calificar la oferta de empleo como de buena fe, al estar dentro de los márgenes que establece la Ley Federal del Trabajo, siendo innecesario exigir que la demandada acreditara la duración de la jornada con la que se excepcionó, pues al haber ofrecido el trabajo con una duración menor, pero dentro de los límites legales, no alteró dolosamente las condiciones de trabajo, lo que permite concluir, de manera racional, que en este punto la oferta de trabajo es de buena fe; de ahí que todo lo que en este punto se aduce resulta infundado.

Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 4a./J. 43/93, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 71, noviembre de 1993, página 22, con número de registro digital: 207748, de rubro y texto:

"OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. EL CONTROVERTIRSE LA DURACIÓN DE LA JORNADA, EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO IMPLICA MALA FE EN EL.—El hecho de que la parte demandada niegue el despido y a la vez controvierta algún hecho de la demanda, como lo es la duración de la jornada laboral, sosteniendo que el trabajador desempeñaba una menor a la aducida, o sea, la jornada legal y, en esos términos, ofrezca el trabajo, no implica mala fe, pues una oferta acorde a las condiciones legales, esto es, dentro de los máximos que la Ley Federal del Trabajo establece, es legalmente válida, y dado que la propuesta de ofrecimiento del trabajo no se califica atendiendo a fórmulas rígidas o abstractas, sino de acuerdo a los antecedentes del caso, a la conducta de las partes y a todas las circunstancias que permitan concluir de manera prudente y racional, si la oferta revela, efectivamente, la intención del patrón de continuar la relación laboral, resulta innecesario exigir, para estimar que el ofrecimiento es de buena fe, que la demandada acredite la duración de la jornada que desempeñaba el actor, pues al ofrecer el trabajo con una jornada de duración menor, pero dentro de los límites legales, no altera dolosamente las condiciones de trabajo, independientemente de que, si durante la secuela del proceso queda establecido que el trabajador laboró una jornada mayor de la legal, el tiempo en exceso se pague como si se tratara de tiempo extraordinario.

"Contradicción de tesis 44/92. Entre el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 4 de oct

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28366-423aeda0/tutela-judicial-efectiva-su-relacion-con-los-formalismos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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