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Modo: Corpus Pro

EMBARGO EN MATERIA LABORAL. EL ACTOR ESTÁ EN APTITUD DE SOLICITAR SU AMPLIACIÓN EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO NO PRESCRIBA LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DEL LAUDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2001-SS. · Registro digital (IUS): 2842
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, , Pág. 648.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: JOSÉ MANUEL QUINTERO MONTES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de septiembre del año dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante oficio número CGCST-A-92-05-2001, de fecha tres de mayo de dos mil uno, recibido ese mismo día en la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, el coordinador general de Compilación y Sistematización de Tesis remitió el oficio 200/01, signado por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en el que denuncian la posible contradicción de tesis entre la sustentada por el Primer Tribunal de ese mismo circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Dicho oficio es del tenor siguiente:

"En cumplimiento al acuerdo tomado por los suscritos integrantes de este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en sesión celebrada el cinco de enero del presente año, informamos a esa coordinación general la posible contradicción de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado de este circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.-En efecto, el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver el amparo en revisión 121/98-1, formado con motivo del recurso interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 289/97-1 por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, sostuvo el criterio en el sentido de que el derecho de los actores para solicitar la ampliación del embargo precluye una vez que tuvieron conocimiento del avalúo de los bienes, dado que es precisamente en ese momento cuando pudieron percatarse si los mismos eran suficientes para garantizar la condena, y no cuando se le adjudicaron por solicitud propia.-Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito emitió la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página trescientos veintinueve, Tomo X, octubre 1992, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: ‘EMBARGO, AMPLIACIÓN DEL. EL ACTOR PUEDE SOLICITARLA MIENTRAS NO SE LOGRE EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO O CONVENIO.-La fracción I del artículo 965 de la Ley Federal del Trabajo establece que el actor está en aptitud de pedir dicha ampliación cuando los bienes embargados sean insuficientes para cubrir las cantidades por las que se despache ejecución, después de rendido el avalúo que de ellos se haga; y el examen acucioso de esa disposición revela que el derecho del ejecutante para solicitar se amplíe el embargo, no precluyen con el remate de los bienes asegurados, sino que subsiste hasta en tanto no se cumpla cabalmente con el laudo o convenio respectivo. De esta manera, es obvio que si el trabajador pide la ampliación del embargo con posterioridad a la adjudicación de las cosas originalmente aseguradas, por no ser bastantes para satisfacer el importe de la condena impuesta a la patronal, su solicitud debe considerarse formulada en tiempo.’.-Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se nos tenga informando a esa coordinación sobre la posible contradicción de criterios existentes en los citados Tribunales Colegiados."

SEGUNDO.-Mediante proveído de nueve de mayo del dos mil uno, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procedió a denunciar a dicha Sala la posible contradicción de tesis antes referida, ordenó formar y registrar el expediente relativo, y con fundamento en los artículos 197- A de la Ley de Amparo y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, requirió a los presidentes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito para que en el término de tres días se sirvieran enviar copias certificadas de las sentencias dictadas en el expediente de su respectivo índice o, en su caso, informaran el impedimento legal para ello.

En proveído de diecinueve de junio del mismo año, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del asunto y ordenó que se diera a conocer dicho acuerdo al procurador general de la República para que expusiera su parecer.

El diez de julio del presente año, el secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días concedido al procurador general de la República transcurría del nueve de julio al cuatro de septiembre del año dos mil uno.

El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no formuló pedimento alguno.

En proveído de once de julio de dos mil uno, se turnaron los autos al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que formulara el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y con apoyo en el punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete; lo anterior, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados que se pronunciaron sobre aspectos relativos a la materia de trabajo, de competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO.-La presente denuncia de contradicción de tesis es procedente, de conformidad con lo siguiente:

El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establece en la parte conducente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.-La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.-La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

El precepto antes reproducido establece los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, para lo cual dispone que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los anteriormente señalados.

En el presente caso, la contradicción de tesis es denunciada por el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consecuentemente, está facultado por la Ley de Amparo para hacerlo.

TERCERO.-Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al fallar el diez de agosto de mil novecientos noventa y dos el amparo en revisión 221/92, promovido por Adrián Pérez Morales, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente:

"TERCERO.-Son fundados los agravios transcritos.-En síntesis, aduce el recurrente que el Juez de Distrito hizo una incorrecta interpretación del artículo 965 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dice: ‘El actor puede pedir la ampliación del embargo: I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y ...’, pues no tomó en cuenta que él pidió la ampliación después de que se valuaron los bienes embargados y acreditó que éstos no son suficientes para cubrir el crédito que existe en su favor, lo que implica que se apegó a lo ordenado por dicho numeral, el que, por cierto, no le impone la obligación de solicitar que se amplíe el embargo antes de que se efectúe el remate.-Los argumentos expuestos son fundados.-El Juez de Distrito hizo una incorrecta interpretación de lo que dispone el artículo 965 de la Ley Federal del Trabajo, al considerar que el quejoso debió formular su petición de ampliación de embargo una vez que se le dio vista con el avalúo practicado a los bienes secuestrados y antes de que se remataran los mismos, toda vez que el examen acucioso del precepto invocado pone de relieve que el derecho del ejecutante para solicitar que se amplíe el embargo practicado en un juicio laboral, no precluye con el remate de los bienes asegurados, sino que subsiste hasta en tanto se logre el cumplimiento del laudo o convenio respectivo, máxime que es hasta que se celebra la almoneda cuando se conoce si el importe de aquéllos alcanza a cubrir o no el monto de la condena; por tanto, si en el particular asunto, la presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante proveído del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, despachó ejecución en contra de la empresa tercera perjudicada hasta por la cantidad de cuatro millones de pesos, más la pena convencional estipulada, equivalente a un salario mínimo por cada día que transcurriera en caso de incumplimiento, y una vez que se hizo el embargo y se valuaron los bienes asegurados, se llevó a cabo la audiencia de remate, en la que se adjudicaron dichos bienes en la cantidad de dos millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos, después de lo cual el ejecutante solicitó la ampliación del embargo practicado en autos, no hay duda de que su petición se hizo en tiempo y que la autoridad responsable infringió lo dispuesto por el artículo 965 de la Ley Federal del Trabajo, al negarse a acceder a lo solicitado.-Así las cosas, el acuerdo que se reclama viola en perjuicio del quejoso las garantías individuales que tutelan los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, y ello conduce a otorgar a Adrián Pérez Morales el amparo solicitado, para el efecto de que la presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje deje insubsistente el acuerdo combatido y dicte otro en el que provea de nuevo a la solicitud de ampliación de embargo que le presentó el actor, como en derecho corresponda."

Las anteriores consideraciones, sustentadas por unanimidad, originaron que el indicado Tribunal Colegiado de Circuito emitiera la tesis publicada en la página 329, Tomo X, octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"EMBARGO, AMPLIACIÓN DEL. EL ACTOR PUEDE SOLICITARLA MIENTRAS NO SE LOGRE EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO O CONVENIO.-La fracción I del artículo 965 de la Ley Federal del Trabajo establece que el actor está en aptitud de pedir dicha ampliación cuando los bienes embargados sean insuficientes para cubrir las cantidades por las que se despache ejecución, después de rendido el avalúo que de ellos se haga; y el examen acucioso de esa disposición revela que el derecho del ejecutante para solicitar se amplíe el embargo, no precluyen con el remate de los bienes asegurados, sino que subsiste hasta en tanto no se cumpla cabalmente con el laudo o convenio respectivo. De esta manera, es obvio que si el trabajador pide la ampliación del embargo con posterioridad a la adjudicación de las cosas originalmente aseguradas, por no ser bastantes para satisfacer el importe de la condena impuesta a la patronal, su solicitud debe considerarse formulada en tiempo."

CUARTO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, el amparo en revisión 121/98, promovido por Heriberto Mendoza y otros, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO.-Es fundado en lo esencial el primer agravio que hace valer la persona moral recurrente, como lo es también el segundo de los inconformes, Renato Tenorio Reyes, mismos que se estudian al unísono por su estrecha vinculación, en la medida de que en ambos se alega una inexacta e incorrecta aplicación del artículo 965, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.-Previo a establecer los motivos por los que se arribó a la anterior conclusión, y para una mejor comprensión del problema jurídico planteado ante esta potestad revisora y de la conclusión a la que finalmente habrá de arribarse, es menester destacar que en el caso justiciable los quejosos solicitaron a la responsable que dictara auto de requerimiento de pago y embargo contra los aquí recurrentes, en su carácter de patrones sustitutos, hasta por la cantidad de $708,371.00 (setecientos ocho mil trescientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), en atención a la condena decretada dentro del expediente laboral 10/8/91. Seguidos los trámites procesales, se efectuó el embargo de diversos bienes propiedad de los recurrentes que, según avalúo pericial rendido por el perito valuador dependiente de la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, alcanzaban un valor de $880,000.00 (ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), posteriormente se llevó a efecto el procedimiento de remate de los citados bienes y, en la séptima almoneda, el apoderado legal de los obreros solicitó su adjudicación por la cantidad de $153,791.14 (ciento cincuenta y tres mil setecientos noventa y un pesos 14/100 M.N.), lo que se acordó de conformidad, requiriendo en ese mismo momento la ampliación del embargo por la cantidad de $716,713.51 (setecientos dieciséis mil setecientos trece pesos 51/100 M.N.), lo que finalmente fue denegado por el tribunal obrero, inconformándose los citados obreros con dicha determinación, concluyendo la responsable en los mismos términos, resolución esta última que constituye la materia del acto reclamado. Contra dicha interlocutoria se promovió juicio de garantías, el cual concluyó con el otorgamiento de la tutela constitucional a favor de los obreros, estableciendo el Juez Federal que fue ilegal que la Junta responsable no admitiera la ampliación de embargo, estimando que dicha resolución no se ajustaba a lo establecido en el artículo 965 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que no resultaba correcto tener por cumplido un laudo por una cantidad de dinero, cuyo monto es inferior al que corresponde al de las prestaciones a las que fue condenada la demandada.-Sentado lo anterior, debe decirse que asiste razón a los recurrentes cuando alegan que el Juez Federal incurrió en una inexacta e incorrecta aplicación del artículo 965 de la Ley Federal del Trabajo pues, efectivamente, si bien es cierto que el citado numeral permite la ampliación del embargo cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, lo cierto es que ello sólo puede acontecer después de que se rinda el avalúo de los mismos, pues es en ese preciso momento cuando el actor está en posibilidad de percatarse si los mismos cubren o no el importe de la condena decretada y no esperar a que se efectúe el remate de los mismos y, en la séptima almoneda, adjudicárselos a un precio muy por debajo del avalúo, como correctamente lo alegan los recurrentes, pues ciertamente de autos se desprende que los bienes embargados, según avalúo pericial, fueron valuados en $880,000.00 (ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y el requerimiento de pago fue por la suma de $708,371.00 (setecientos ocho mil trescientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), lo que demuestra, como bien lo alegan los inconformes, que los bienes embargados eran suficientes para cubrir la condena, por lo que al no apreciarlo así el Juez Federal, es obvio que viola, por su inobservancia, los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, causando el consiguiente agravio que aquí se repara revocando la sentencia impugnada, con apoyo en el artículo 91 ibídem y, en su lugar, se niega la protección Federal a los quejosos.-Sólo a mayor abundamiento, debe decirse que esta magistratura no comparte el criterio sustentado por el similar del Décimo Primer Circuito y que cita el Juez Federal, en atención a que se estima que el derecho para el actor de solicitar la ampliación del embargo, precluye una vez que conoce el avalúo de los bienes, pues es en ese preciso momento en que se percata si son suficientes para garantizar la condena y no cuando se le adjudicaron por solicitud propia; por ello, es entendible que el legislador haya establecido que el actor puede pedir la ampliación del embargo cuando: a) No basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos, y b) Cuando se promueva una tercería; de ahí que no quede duda que si el avalúo de los bienes arrojó como resultado que el valor de los mismos era de $880,000.00 (ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), habrá de convenirse que excedió en $171,629.00 (ciento setenta y un mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) al monto de las prestaciones reclamadas y, por ello, no procede la ampliación del embargo posterior al remate de los mismos, pues de sostener el criterio de la tesis en comento, implicaría que el valor de los bienes embargados aumente o disminuya al capricho de las partes, lo que no es factible aceptar dentro de un procedimiento donde imperan los principios de verdad sabida y buena fe guardada, menos aún si se considera que los quejosos, por conducto de su apoderado, tuvieron conocimiento oportunamente del avalúo de los bienes embargados (foja 186) y no se opusieron al mismo, lo que es entendible, si se considera que el valor de los citados bienes rebasa en exceso la condena decretada en contra de los aquí recurrentes en su carácter de patrones sustitutos; de ahí que, se insiste, no era procedente la ampliación de embargo solicitada por los obreros una vez rematados y adjudicados los citados bienes."

Las anteriores consideraciones originaron que el indicado Tribunal Colegiado de Circuito sustentara la tesis número XIX.1o.27 L, publicada en la página 945 del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente:

"EMBARGO, AMPLIACIÓN DEL. PRECLUYE EL DERECHO DEL ACTOR A SOLICITARLA, UNA VEZ QUE SE HA EFECTUADO LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS.-Una recta interpretación del artículo 965, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, permite establecer que el actor está en aptitud de solicitar la ampliación del embargo cuando los bienes asegurados no basten para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, siempre y cuando dicha solicitud la haga una vez que conozca el resultado del avalúo, pues de lo contrario precluye su derecho; de tal suerte que si al valuarse los bienes, superan el importe de la condena y, ante la ausencia de postores en el remate, el actor solicita y obtiene que se le adjudiquen en base a una postura menor al valor pericial, es inconcuso que con posterioridad a dicha adjudicación, ya no puede solicitar la ampliación aludida."

QUINTO.-El primer problema de la presente denuncia consiste en determinar si al resolver el amparo en revisión 121/98, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito sostuvo o no un criterio contrario al adoptado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 221/92, respecto de una cuestión jurídica esencialmente igual.

Para estar en posibilidad de decidir la situación especificada, es necesario tener presente que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, publicada en la página setenta y seis del Tomo XIII, correspondiente a abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo el siguiente criterio:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, para que se considere que hay disparidad de criterios, entre otros requisitos, es necesario que los órganos jurisdiccionales que los virtieron hayan analizado los mismos elementos jurídicos, lo que implica también que deben partir del análisis de los mismos supuestos, porque, de no ser así, no podría hablarse de discrepancia.

Ahora bien, en el caso, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en el considerando tercero de la sentencia que pronunció al resolver el amparo en revisión 221/92, sostuvo que el Juez de Distrito efectuó una incorrecta interpretación de lo que dispone el artículo 965 de la Ley Federal del Trabajo, al estimar que la petición de ampliación de embargo, el quejoso debió formularla después que se le dio vista con el avalúo practicado a los bienes secuestrados y antes de que éstos fueran rematados, ya que, sostuvo el referido tribunal, del examen acucioso de dicho precepto se desprende que el derecho del actor para solicitar la ampliación del embargo en un juicio laboral no precluye con el remate de los bienes asegurados, sino que subsiste hasta en tanto se logre el cumplimiento del laudo o convenio; máxime que es hasta la celebración de la almoneda cuando se puede conocer si el importe de dichos bienes es suficiente o no para cubrir el monto de la condena.

Esto es, en esencia consideró que el derecho del actor en un juicio laboral para solicitar que se amplíe el embargo, no precluye con el remate y adjudicación de los bienes embargados, sino que subsiste hasta en tanto no se cumpla cabalmente con el laudo o convenio respectivo.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al fallar el amparo en revisión 121/98, estimó que el Juez Federal incurrió en una inexacta e incorrecta aplicación del artículo 965 de la Ley Federal del Trabajo, ya que si bien es cierto que dicho precepto permite la ampliación del embargo cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, también es cierto que ello sólo puede acontecer después de que se rinda el avalúo de esos bienes, en razón de que es en ese preciso momento cuando el actor está en posibilidad de percatarse si cubren o no el importe de la condena decretada y no esperar a que se efectúe el remate de los mismos y, en la séptima almoneda, adjudicárselos a un precio muy por debajo del avalúo; que, como en la especie, los bienes embargados fueron valuados en $880,000.00 (ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y el requerimiento de pago fue por la suma de $708,371.00 (setecientos ocho mil trescientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), aquéllos eran suficientes para cubrir la condena; que el derecho del actor para solicitar la ampliación del embargo precluye una vez que conoce el avalúo de los bienes, ya que es en ese preciso momento cuando se percata si son suficientes para garantizar la condena y no cuando se le adjudicaron por solicitud propia; que si el avalúo de los bienes excedió en $171,629.00 (ciento setenta y un mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) al monto de las prestaciones reclamadas, por ello no procede la ampliación del embargo posterior al remate de los mismos, pues en caso contrario, implicaría que el valor de los bienes embargados aumentara o disminuyera al capricho de las partes, lo que no es factible dentro de un procedimiento donde imperan los principios de verdad sabida y buena fe guardada, menos si se considera que los quejosos tuvieron conocimiento oportunamente del avalúo de los bienes embargados y no manifestaron su oposición, lo que es entendible, si se considera que el valor de los bienes rebasaba en exceso la condena decretada, por lo que no era procedente la ampliación del embargo solicitada por los obreros una vez rematados y adjudicados los bienes.

Como se advierte, dicho Tribunal Colegiado, en síntesis, sostiene que no es procedente la ampliación del embargo una vez que se ha efectuado el remate y la adjudicación de los bienes embargados, por haber precluido el derecho del actor a solicitarla.

Lo anterior pone de manifiesto que frente a los mismos supuestos los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron en sentido contrario sobre la oportunidad de ejercer el derecho que tiene el actor en el juicio laboral para solicitar la ampliación del embargo, pues mientras uno sostuvo que el actor está en aptitud de solicitar dicha ampliación, mientras no se logre el cumplimiento del laudo o convenio, el otro consideró que el derecho a solicitarla precluye una vez que se ha efectuado el remate y la adjudicación de los bienes embargados.

Consecuentemente, si en la especie se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron criterios jurídicos discrepantes, se da la primera de las hipótesis precisadas en la jurisprudencia P./J. 26/2001.

Igualmente se da el segundo de los supuestos, ya que esos razonamientos e interpretaciones divergentes fueron los que dieron sustento a la parte considerativa de las sentencias en comento.

Finalmente, el último de los requisitos precisados en la jurisprudencia de mérito también se actualiza, puesto que las referidas sentencias se refieren al derecho que tiene el actor en el juicio laboral para solicitar la ampliación del embargo de bienes, cuando los embargados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto de la condena.

En tal orden de ideas, toda vez que en la especie concurren las tres hipótesis que contempla la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, se hace menester analizar los criterios contradictorios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, y determinar, finalmente, cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia obligatoria.

SEXTO.-Como quedó precisado en el considerando anterior, es un punto discrepante el que se sustentó en las sentencias de amparo en revisión, concerniente a la vigencia del derecho para solicitar la ampliación del embargo en un juicio laboral, independientemente de que ya se hubiese llevado a cabo o no la adjudicación de los bienes embargados.

A fin de resolver cuál criterio debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, esta Segunda Sala procede al estudio de la materia de la contradicción, con base en lo siguiente:

En primer lugar, debe atenderse a lo que respecto a la figura de la ampliación del embargo se ha establecido en la Ley Federal del Trabajo, desde que se creó hasta la actualidad.

Así, el artículo 646 de la Ley Federal del Trabajo abrogada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y uno, disponía:

"Artículo 646. El acreedor puede pedir la ampliación del embargo:

"I. Cuando a juicio de la Junta no basten los bienes embargados para cubrir el adeudo y los gastos;

"II. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor y después aparecen o se adquieren, y

"III. En los casos de tercería."

En reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, fue reformada la fracción I de dicho artículo, en los siguientes términos:

"Artículo 646. El acreedor puede pedir la ampliación del embargo:

"I. Cuando a juicio del presidente de la Junta no basten los bienes embargados para cubrir el adeudo y los gastos."

La Ley Federal del Trabajo vigente a partir del primero de mayo de mil novecientos setenta, en su artículo 862 reguló la ampliación del embargo, en los términos siguientes:

"Artículo 862. El acreedor puede pedir la ampliación del embargo:

"I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución;

"II. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor y después aparezcan o los adquiera, y

"III. Cuando se promueva una tercería.

"El presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2842-97d46d9c/embargo-en-materia-laboral-el-actor-esta-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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