CONVENIO O LIQUIDACIÓN LABORAL. AL EQUIPARARSE A UN LAUDO, PARA SU VALIDEZ, TODOS LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN SUSCRIBIR LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA.
AMPARO DIRECTO 765/2018 (CUADERNO AUXILIAR 26/2019) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, CON APOYO DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 31 DE ENERO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO. SECRETARIO: MARCO ANTONIO VÉLEZ ARREDONDO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio. Previo a su estudio, resulta conveniente narrar los antecedentes relevantes que derivan de las constancias que integran el procedimiento laboral del que emerge el acto reclamado, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, y de las que se obtiene lo siguiente:
1. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis (fojas 1 a 6 del asunto laboral), ********** y **********, en su carácter de apoderados legales especiales de **********, demandaron del **********, lo siguiente:
"Por el pago de la cantidad de $********** por concepto de diferencia en el pago de la prima de antigüedad de 326.5 de salario por 27 años, 5 quincenas y 12 días de nuestra representada al servicio del **********, en virtud de que omitió, indebida e ilegalmente, cubrirle la citada prestación contractual en base (sic) al salario integrado, en los términos de las cláusula (sic) 1 y 93 del Contrato Colectivo del Trabajo IMSS (sic), y los artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo, al jubilarla por años de servicios de acuerdo con la cláusula 59 Bis del referido contrato colectivo de trabajo (sic) y haber dejado de aplicar el salario integrado que percibió en el último año laborado, correspondiente al periodo del 1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015 en la liquidación finiquita laboral.
"En efecto, en virtud de que en el último año de servicios prestados al demandado, nuestra representada percibió la cantidad de $**********, por concepto de salarios y prestaciones laborales, menos la cantidad de $********** por los conceptos que no integran el salario, resultando el monto de $********** de salario integrado, el que dividido entre los 360 días del año resulta un salario diario integrado de $********** y en los términos de las cláusulas (sic) 1 y 93 del Contrato Colectivo de Trabajo IMSS-SNTSS y artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo, el citado salario debe aplicar a los 326.5 días de la prima de antigüedad de doce días de salario por cada año de servicios prestados y la parte proporcional correspondiente a la fracción del año, a que se refiere la cláusula 59 Bis, y aplicado este salario a los 326.5 días de prima de antigüedad en los siguientes términos $********** x 326.5 días arroja como resultado la cantidad de $**********, que debieron pagarse por este concepto en la liquidación finiquita laboral.
"En consecuencia, el demandado debió cubrirle a nuestra representada la cantidad de $**********, pero como sólo le pagó por la citada prestación contractual la cantidad de $**********, existe una diferencia a su favor de $********** que reclama por nuestro conducto, porque el demandado no aplicó lo dispuesto por los artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo y las cláusulas 1, 59 Bis y 93 del Contrato Colectivo de Trabajo IMSS, en la liquidación de su finiquito laboral.
"Ciertamente, porque durante el último año de servicios prestados nuestra poderdante obtuvo el pago salarial y de prestaciones laborales a razón de $**********, que dividido entre los 360 días del año, resulta un salario diario de $********** y el demandado le pagó los 326.5 días de la prima de antigüedad pero sobre la base de $**********, existiendo una diferencia diaria a su favor que no le cubrió a razón de $**********; cantidad ésta que multiplicada por los 326.5 días de salarios (sic), arroja una diferencia de $********** cuya cantidad reclamamos porque le corresponde conforme a derecho."
2. El doce de mayo de dos mil dieciséis (foja 8 del expediente laboral), la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tepic, Nayarit, radicó y admitió la demanda laboral, asignándole el número ********** y ordenó la citación de las partes para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.
3. Dicha audiencia tuvo verificativo el uno de julio de dos mil dieciséis (foja 37 del expediente laboral), en la que las partes manifestaron su imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio; asimismo, en la etapa de demanda y excepciones, la parte actora ratificó la demanda y la parte demandada dio contestación a la misma, además de que promovió reconvención en contra de la parte actora, por lo que se señaló nueva fecha para la continuación de la audiencia.
4. El nueve de agosto de dos mil dieciséis (foja 40 del expediente laboral), continuó la audiencia en la que se celebraron las etapas de conciliación, demanda y excepciones, en relación con la reconvención promovida por la parte demandada.
5. Posteriormente, el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 100 y 101 vuelta del expediente laboral), se llevó a cabo la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas en la que ambas partes ofrecieron pruebas y la Junta proveyó al respecto.
6. El veinte de octubre de dos mil dieciséis (foja 103 del expediente laboral), se desahogó la confesional ofrecida por la parte demandada y se certificó que no habían pruebas pendientes por desahogar, renunciando ambas partes a su derecho de formular alegatos, por lo que se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos a proyecto de laudo.
7. El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 120 a 122 vuelta del expediente laboral), se dictó laudo en el que se absolvió a la parte demandada, esencialmente, porque era improcedente demandar la nulidad de un convenio que ya había sido aprobado por una Junta laboral.
8. En contra del laudo anterior, la parte actora promovió el juicio de amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, Zacatecas, quien mediante sentencia de diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 129 a 138 vuelta del expediente laboral), concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para los siguientes efectos:
"(i). Deje insubsistente el laudo reclamado de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.
"(ii). Reponga el procedimiento en el juicio laboral de origen y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, provea lo conducente para que, en uso de la facultad que le confieren los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 121/99, en diligencia, con la asistencia de las partes, tenga a la vista el expediente resguardado en sus archivos, relativo al convenio, verificado el veinte de agosto de dos mil quince, entre **********, y constate si el convenio afecto, en realidad se encuentra sancionado por la autoridad laboral:
"(iii). Desahogado lo anterior, pronuncie nuevo laudo en el que, con libertad de jurisdicción determine lo procedente."
9. En cumplimiento al fallo protector, el veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 139 del expediente laboral), se dejó sin efectos el laudo de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, y se ordenó el cotejo del convenio **********, de veinte de agosto de dos mil quince, con su original, el cual tuvo verificativo el cinco de julio de dos mil dieciocho. (foja 142 del expediente laboral)
10. El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 171 a 184 vuelta del expediente laboral), se dictó laudo en el que de nueva cuenta se absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas, en razón de que era improcedente la nulidad del convenio por haber sido aprobado previamente por la Junta.
11. En auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 187 del expediente laboral), la presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, tuvo por cumplido el fallo protector dictado en el juicio de amparo directo **********.
Dicho laudo es el que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo que se precisa de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo.
Como se anticipó en los antecedentes del acto reclamado, el laudo se dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de amparo directo laboral ********** (cuaderno auxiliar **********), por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito.
Además, el instituto demandado, ahora tercero interesado, no promovió juicio de amparo principal o adhesivo; por tanto, el análisis en este juicio de amparo parte de la base de que las posibles infracciones procesales que existieran dentro del procedimiento y que no fueron advertidas en el amparo anterior, ya no pueden ser estudiadas, en términos del último párrafo del artículo 174 de la Ley de Amparo.(4)
También es oportuno señalar que a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, los motivos de inconformidad serán estudiados en orden distinto al que fueron propuestos, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo,(5) se puede realizar en esa forma, con la única condición de que se analicen todos los puntos materia de debate.
Lo anterior conforme a la jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo III, abril de 2016, página 2018 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas», cuyos título, subtítulo y texto se citan:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."
La parte quejosa aduce en sus conceptos de violación que el laudo reclamado es ilegal, infundado, inmotivado e improcedente, porque la autoridad responsable omitió el debido estudio de la litis, pues carece de exhaustividad y congruencia, además de pronunciarse apartándose de los razonamientos y consideraciones contenidas en la ejecutoria de amparo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por las consideraciones siguientes:
– Porque la actora no reclamó la nulidad del convenio de liquidación finiquita de veinte de agosto de dos mil quince, menos aún adujo renuncia de derechos.
– Porque el convenio en que la responsable sustenta el laudo absolutorio, que se combate vía constitucional, si bien se presentó ante la responsable para ser sancionado y aprobado por la Junta, éste no fue ratificado, ni firmado por las partes, pues si bien es cierto que al calce del convenio fue firmado por las partes, también lo es que ni al margen ni al calce del acta de la supuesta ratificación obra firma por parte del representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tampoco por la trabajadora.
– Además, no fue sancionado por el representante del gobierno en su carácter de presidente, ni de los representantes de los trabajadores y de los patrones; de ahí que dicha actuación no fue firmada por las partes ni por los citados representantes que integran colegiadamente la Junta responsable.
– De lo anterior es que se considera que la defensa del instituto demandado es errónea, equívoca y no controvierte correctamente lo reclamado en la demanda.
– Que el laudo es ilegal en su parte resolutiva, dado que estableció que la actora no probó su acción y la demandada justificó sus excepciones y defensas, lo cual es ilegal ya que el instituto se excepcionó y defendió en relación con las acciones de nulidad del convenio, pero no fue reclamado en el capítulo de acciones en la demanda y lo absolvió del pago de la diferencia de pago relativo a la prima de antigüedad, sin fundar, ni motivar su determinación.
– Porque en el laudo reclamado la autoridad responsable se refiere a un convenio verificado el once de junio de dos mil quince, celebrado por ********** y el **********, afirmando que se encuentra sancionado por la Junta; empero, dicho convenio no corresponde al de la litis; por tanto, no fue debida y legalmente cotejado.
– Que en el laudo se asentó que las partes fueron notificadas para la diligencia de cotejo del convenio original y no comparecieron, haciendo constar en el acta la actuaria que no sólo firmó el acuerdo de ratificación del convenio la secretaria de Acuerdos, sino el presidente de la Junta, cuando la verdad es que sólo fue firmado por la primera nombrada, para evidenciarlo, obran los dos ejemplares del citado convenio.
– Y, finalmente, cita unos criterios jurisprudenciales que refieren tienen íntima relación con la controversia de los rubros: "CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. PARA EFECTOS DE SU VALIDEZ, LAS PARTES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE COMPETENTE PARA RATIFICARLOS.", "LIQUIDACIONES Y CONVENIOS DE ANTIGÜEDAD SIGNADOS FUERA DEL JUICIO LABORAL. PARA SU VALIDEZ LAS PARTES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE COMPETENTE A RATIFICARLOS." y "CONVENIO O LIQUIDACIÓN CELEBRADO FUERA DE JUICIO ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES. PARA QUE SU RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN HECHAS POR LA JUNTA TENGAN PLENA EFICACIA LEGAL, ES NECESARIO QUE LOS ACUERDOS O ACTAS RESPECTIVAS ESTÉN FIRMADAS POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE LA INTEGRAN, ASÍ COMO POR EL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)."
Ahora bien, expuesto lo anterior, se consideran fundados los conceptos de violación aunque suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo,(6) por ser la quejosa, parte trabajadora.
Lo anterior, porque la autoridad responsable no analizó adecuadamente las pruebas que obran en el procedimiento laboral, en específico el convenio de liquidación finiquita que por auto de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 168 del expediente laboral), ordenó agregar al sumario para que fuera tomado en consideración en el laudo reclamado, lo que trajo como consecuencia que resolviera aspectos ajenos a la litis, lo que evidencia una infracción al principio de congruencia en las sentencias.
Efectivamente, el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal dispone que:
"Artículo 17. ...
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
"..."
Del precepto constitucional transcrito se desprende el derecho humano de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional, que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas.
Este derecho humano se vuelve tangible cuando el gobernado obtiene una sentencia que verdaderamente resuelve la controversia planteada ante la autoridad judicial y para que ello acontezca, el derecho procesal mexicano ha creado una serie de principios que deben observar las autoridades jurisdiccionales al emitir sus decisiones, entre ellos, el principio de congruencia en las sentencias.
El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna.
En otras palabras, la congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.
Por tanto, si un órgano jurisdiccional, al resolver un juicio, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a derecho.
En apoyo a lo expuesto, se citan tanto la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XI, mayo de 1958, Cuarta Parte, página 193, de las siguientes voces:
"SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.—El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó."
Como la jurisprudencia 71, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo VIII. Electoral Primera Parte–Vigentes, Tercera Época, página 88, que dice:
"CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.—El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a derecho."
Ahora bien, tratándose de laudos dictados en los procedimientos de naturaleza laboral, como es el caso, el principio de congruencia se encuentra previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone lo siguiente:
"Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente."
Del precepto aludido, se desprende que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna. Así, el laudo no debe distorsionar o alterar lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que debe ocuparse de las verdaderas pretensiones de las partes, sin introducir o restar cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni condenar o absolver a alguien que no fue parte en el procedimiento laboral.
En el caso, se sostiene la ilegalidad del laudo reclamado, porque la Junta responsable en el considerando quinto en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:
Ver contenido de la porción del considerando quinto
Del contenido de dicha porción del mencionado considerando quinto, se aprecia que la Junta responsable sostuvo que en términos de la ejecutoria de amparo ********** y teniendo a la vista el convenio fuera de juicio, en original con firmas autógrafas número ********** del índice de la Junta responsable, mismo que está glosado en los autos, al cual se le otorgó valor probatorio pleno derivado de que ambas partes en sus escrito de pruebas los ofrecieron en copias y coinciden en cuanto a su contenido y literalidad a mayoría de razón, fue perfeccionado mediante diligencia de cotejo celebrada el cinco de julio de dos mil dieciocho, del cual se aprecia que las copias y el original tienen el mismo contenido, sólo que este último tiene la firma autógrafa del presidente de la Junta; empero, no obstante ello, aun cuando no contenga las firmas de los representantes –patronal y obrero–, tiene validez, eficacia probatoria y demostrativa ya que se tiene consentimiento de los dos representantes.
Empero, contrario a lo que sostiene la Junta, el convenio en original que obra en autos es distinto a las copias que exhibieron las partes en sus escritos de pruebas, esto es, es ajeno a la litis, ya que el que deriva del procedimiento laboral es el ********** y el que obra físicamente en original es **********; el cual se digitaliza para mejor comprensión del asunto.
Ver digitalización del convenio 637/15
Lo anterior, corrobora lo incongruente del laudo reclamado, ya que se estableció que las copias que obran en el procedimiento laboral coinciden con el original que se agregó, pues las anteriores imágenes evidencian que se trata de un convenio ajeno a la litis, ya que las partes que lo suscriben no son las mismas, ni tampoco sus prestaciones.
En este orden, lo planteado por la Junta es incongruente con la litis, en razón de que el análisis que realiza es en función del convenio que obra en original **********, pero que no guarda relación con la litis; por ende, dicho medio de convicción se debe excluir del material probatorio que obra en autos al momento de emitir el laudo correspondiente.
Precisado lo anterior, se advierte que en el procedimiento de origen obran copias simples del convenio ********** celebrado el veinte de agosto de dos mil quince, entre la trabajadora y el Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que fueron exhibidas por ambas partes y el acta de cotejo en la cual se asentó que es coincidente con su original.
Lo anterior es así, porque de acuerdo con los efectos de la sentencia de amparo, en cuyo acatamiento se dictó el laudo reclamado, la autoridad responsable podía ejercer su facultad de mejor proveer, prevista en el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo;(7) por lo que, si lo consideraba necesario, debía traer a la vista el convenio original de liquidación finiquita **********, resguardado en su archivo; quedando obligada a determinar si se trataba de un convenio sancionado por la autoridad laboral y, con libertad de jurisdicción, determine lo procedente.
Es decir, los efectos de la sentencia protectora fueron parcialmente vinculantes; sin embargo, el pronunciamiento que la Junta hiciera sobre la calidad del convenio, esto es, como sancionado o no por la autoridad laboral no quedó sujeto a un lineamiento específico, sino que se dejó libertad de jurisdicción a la Junta para que lo determinara; de tal suerte que sí es factible analizar a través de este nuevo amparo las consideraciones que en relación con el tema haya emitido la responsable.
Así pues, en el laudo reclamado, la Junta responsable estimó que era procedente la defensa del instituto demandado, con base en la jurisprudencia intitulada: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010)." y, en consecuencia, improcedente el planteamiento del pago de la diferencia de la prima de antigüedad que reclamó en el escrito de demanda.
La Junta consideró que la acción intentada no era la nulidad de pleno derecho de las cláusulas que establecen condiciones de trabajo, sino que se relacionaba con las declaraciones y cláusulas que se refieren a hechos y prestaciones devengadas adeudadas que habían sido admitidas por las partes al ratificar el convenio, cuya legalidad se verificó por dicha Junta, al haberlo aprobado, en términos de la jurisprudencia citada.
Lo anterior, porque teniendo a la vista el convenio original celebrado fuera de juicio, que fue agregado a los autos del expediente laboral de origen y que cuenta con firmas autógrafas, la responsable determinó que éste tenía valor probatorio pleno, pues ambas partes lo ofrecieron como prueba y las copias que los contendientes exhibieron, coinciden en cuanto a contenido y literalidad. Además, dicha documental fue perfeccionada mediante diligencia de cotejo de cinco de julio de dos mil dieciocho, de la que se advierte que las copias y el original tienen el mismo contenido, solamente que en el original también se desprende la firma autógrafa del presidente de la Junta responsable.
En ese tenor, destacó que a pesar de que el convenio original carezca de las firmas de los representantes de la parte patronal y trabajadora y sólo al calce las firmas del presidente y el secretario de Acuerdos adscritos a la autoridad responsable, sí cuenta con validez y eficacia probatoria, ya que el consentimiento de aquéllos se entiende dado en términos del artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo.
La responsable apoyó su determinación en las tesis de rubros: "FIRMAS DE INTEGRANTES DE LAS JUNTAS. AUSENCIA DE. ACUERDOS DE TRÁMITE." y "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EL SECRETARIO DE ACUERDOS DA FE DE QUE LA JUNTA ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA, PERO EL ACTA RELATIVA A LA ADMISIÓN DE AQUÉLLAS NO ESTÁ FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE TRABAJADORES O PATRONES, SE ENTIENDE QUE ESTÁN CONFORMES CON ELLA."
Las consideraciones anteriores se apartan del marco legal, como lo alega la parte quejosa, toda vez que la Junta hizo una incorrecta ponderación de las pruebas desahogadas en el juicio natural y ello trajo como consecuencia que no se apreciaran los hechos en conciencia, tal como lo exigen los artículos 840, fracción IV y 841 de la Ley Federal del Trabajo.(8)
Ello es así, pues en el acta de cotejo se aprecia que se asentó que las copias exhibidas y agregadas al procedimiento laboral coinciden en todas y cada una de sus partes con las contenidas en el convenio original.
Por ello, se hace evidente que el convenio no es válido, dado que no fue firmado por los integrantes de la Junta, pues sólo obra firma del secretario de Acuerdos, no obstante que el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo,(9) prevé que todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él y será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores.
Así como en el numeral 987 del mismo cuerpo legal que dispone que:
"Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla.
"En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual.
"Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de laudo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28427-b38d2829/convenio-o-liquidacion-laboral-al-equipararse-a-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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