DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. SI SE IMPUGNA LA DECLARACIÓN DEL JUEZ, DE NEGARSE A CONOCER DE UN ASUNTO EN ESTA MATERIA, POR CONSIDERARSE INCOMPETENTE, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
AMPARO EN REVISIÓN 399/2018 (CUADERNO AUXILIAR 36/2019) DEL ÍNDICE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS. 21 DE FEBRERO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE. PONENTE: GUILLERMO ALBERTO HERNÁNDEZ SEGURA. SECRETARIA: KAREN OVIEDO CASTAÑEDA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Los conceptos de violación son inoperantes e infundados.
En efecto, son inoperantes aquellos en los que la recurrente le atribuye al Juez de Distrito la violación de derechos fundamentales, específicamente los consagrados en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, pues afirma, en lo esencial, que la sentencia carece de una debida motivación y fundamentación, y coarta su derecho fundamental a una adecuada defensa; siendo que, como la actuación de los Jueces y tribunales de amparo se rige por la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 del Pacto Federal, en el recurso de revisión debe plantearse la transgresión a las disposiciones de ese ordenamiento y no a los derechos humanos que constituyen la materia de fondo del juicio de amparo, y no del aludido recurso; por lo que todo lo alegado como agravio en ese sentido resulta por demás inoperante.
Es aplicable, al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 2/97, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, página 5, registro digital: 199492, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.—Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Por otra parte, son infundados los restantes motivos de inconformidad en los que la quejosa sostiene, medularmente, que el juicio de amparo procede contra el auto en el que el Juez de Distrito se inhibe del conocimiento de una jurisdicción voluntaria, sin necesidad de agotar el recurso de apelación.
Así es, del análisis integral del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que el trámite de la jurisdicción voluntaria se rige por disposiciones específicas.
Las citadas disposiciones son los artículos del 530 al 537 de la legislación adjetiva mencionada,(8) pues prevén lo relativo a la sustanciación y culminación de los procedimientos no contenciosos de que se habla.
Empero, los numerales destacados no establecen qué órganos jurisdiccionales cuentan con atribución para conocer de tales negocios no conflictivos.
Ello, porque lo relativo a la competencia de los órganos jurisdiccionales para sustanciar y solventar todos y cada uno de los negocios civiles federales, incluidas las jurisdicciones voluntarias, se rige bajo las reglas especiales precisadas en los artículos 12 a 38 de la citada legislación adjetiva civil federal;(9) pues estos últimos regulan qué porción de jurisdicción corresponde a los juzgados cuando conozcan de asuntos civiles, no sólo tratándose de aquellos en los que exista controversia entre las partes, sino también respecto de aquellos que no sean litigiosos, como se confirma con lo preceptuado por el artículo 24, fracción VIII,(10) del código invocado, al instituir expresamente acerca de la competencia territorial de los tribunales para conocer de los actos de jurisdicción voluntaria.
Así las cosas, tratándose de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de asuntos civiles federales, la legislación adjetiva civil precisa reglas especiales que en ese aspecto particular han de observase en cualquier asunto; separadas de las normas que regirán para la sustanciación y culminación de cada procedimiento –ordinario, extraordinario, medios preparatorios, jurisdicción voluntaria, etcétera–.
Es decir, para la definición de qué órgano jurisdiccional cuenta con la condición necesaria para que pueda desarrollar un procedimiento o proceso judicial civil federal –tanto contencioso como voluntario–, la legislación adjetiva de la materia precisa reglas especiales que concretan el trámite específico a seguir, puntualizando cómo deben actuar –tanto las partes como las autoridades jurisdiccionales– para que el juzgador acepte o rechace el conocimiento de un asunto y para que, en su caso, pueda controvertirse esa decisión.
En tanto que, asumida ya la competencia por un órgano jurisdiccional, el trámite que éste dé al asunto será entonces conforme a las reglas procesales que indica el mismo código adjetivo federal para cada uno de los procedimientos.
Entonces, las cuestiones que se dicten en un asunto en relación con la competencia se rige por sus propias reglas particulares o especiales.
De modo que cuando el particular promueve ante un órgano jurisdiccional un asunto de jurisdicción voluntaria rigen, para concretar el tribunal competente, para sustanciar ese negocio, las pautas especiales a que constriñen los artículos 12 a 38 del código procesal civil federal.
Y, de tenerse definido qué autoridad jurisdiccional cuenta con facultad legal para actuar en ese negocio no contencioso propuesto por el particular, entonces dicho órgano se ocupará de la sustanciación y culminación de tal procedimiento voluntario, restringiéndose entonces a las reglas previstas en los artículos 530 a 537 de la legislación adjetiva mencionada.
Así, la resolución en la que un Juez se inhiba de conocer un asunto de jurisdicción voluntaria, desechando la demanda y poniéndola a disposición del actor con sus anexos sin enviarla a otro tribunal, no es propiamente una resolución de las que se refiere el artículo 535 de la legislación adjetiva invocada, pues no se están resolviendo cuestiones atinentes a la jurisdicción voluntaria sino que, únicamente, se está decidiendo una cuestión de competencia que, como ya se dijo, se rige por sus propias reglas específicas.
Entonces, la aparente antinomia del artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles con el diverso 14 en relación con el 23, fracción VIII, del mismo código, sobre la apelación de las resoluciones que se dicten en jurisdicción voluntaria, desaparece si se tiene en cuenta que uno y los otros dos preceptos regulan cuestiones distintas, pues el primero comprende todas las decisiones que se adopten en la resolución de la jurisdicción voluntaria, y los otros un presupuesto procesal de la jurisdicción como lo es la competencia de la autoridad judicial por razón de territorio.
Son las reglas legales específicas de la competencia las que priman para definirla y resolverla, y no las disposiciones legales que regulan el procedimiento de la jurisdicción voluntaria hasta su resolución y, por más que ésta aparezca como un procedimiento especial, tanto éste como los contenciosos, se deciden salvada la competencia para dirimirlos.
Razones por las que este tribunal no comparte la conclusión a la que arribó el diverso Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la tesis aislada I.3o.C.9 C, que fue invocada por la recurrente.(11)
Ante ello, si en el caso, el Juez Federal señalado como responsable se negó a conocer de la jurisdicción voluntaria propuesta por la ahora quejosa inconforme, por considerarse incompetente en razón del territorio, fundándose para ello en el artículo 24, fracción VIII, del código procesal federal invocado; y, ante ello, se negó a sustanciar el asunto no contencioso propuesto, poniendo el escrito inicial a disposición del actor con sus anexos sin enviarla a otro tribunal.
Efectivamente, debió atenderse el artículo 14(12) de ese mismo ordenamiento, el cual precisa claramente que el auto en que un Juez se niegue a conocer "del asunto" –sin distinguir entre contencioso y no contencioso–, por considerarse incompetente, es apelable.
Ahora bien, tampoco se debe olvidar que en la Ley de Amparo, de manera destacada, el legislador introdujo la posibilidad de combatir, en el juicio biinstancial, actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, como se ve de la literalidad de la fracción VIII del artículo 107 de la citada legislación.(13)
Disposición que ha sido materia de interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de lo que destaca la contradicción de tesis 239/2014 –de la que emanó la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.)–,(14) en que el citado Tribunal Supremo determinó, en lo que aquí interesa, que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos.
Es decir, que la sola decisión de un órgano jurisdiccional de declararse incompetente, o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no son determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto.
Sino que es indispensable que se consumen aquellas decisiones, ya sea: a) Porque otro órgano acepte la competencia declinada iniciando, ya con el trámite del asunto; o, b) Porque el órgano jurisdiccional haya cesado ya de actuar en el asunto respecto del cual decidió inhibirse.
Pues es en este último momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese contexto, si en el caso particular, el acto reclamado lo es el auto en el que el Juez señalado como responsable se inhibió del conocimiento de una jurisdicción voluntaria; entonces es de observar –para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo– si se está o no dentro del supuesto de procedencia mencionado en el artículo 107, fracción VIII, citado, atendiéndose, además, a los lineamientos marcados por el Pleno del Máximo Tribunal en la jurisprudencia citada, por resultar obligatoria conforme a lo ordenado por el diverso numeral 217 de la misma legislación.(15)
No así –como lo concibe la quejosa– si se está dentro del supuesto de procedencia previsto en la diversa fracción III, inciso b), del mencionado artículo 107 de la Ley de Amparo;(16) el cual fue materia de exégesis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 338/2012, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), –invocada por la recurrente en su pliego de agravios–, en donde la citada Sala del Máximo Tribunal se refirió a la procedencia e improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen resoluciones dictadas durante la sustanciación y a la culminación de una jurisdicción voluntaria.
Así las cosas, para definir cuándo el acto reclamado, consistente en el auto en el que el Juez señalado como responsable se inhibió del conocimiento de una jurisdicción voluntaria, es definitivo; es de atender a que de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(17) y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo,(18) a contrario sensu, se advierte que la definitividad mencionada se actualiza una vez agotados los medios de defensa que explicita y claramente conceda la legislación ordinaria, en virtud de los cuales pueda modificarse, revocarse o anularse esa decisión reclamada; pues, de confirmarse la resolución apelada, entonces podría consumarse la decisión del órgano jurisdiccional de inhibirse en el conocimiento de un asunto.
Por ello, es de observar que si, como ya se precisó en párrafos precedentes de la presente ejecutoria, la ley ordinaria civil concede un medio de defensa en virtud del cual puede ser modificada o revocada la decisión del Juez de inhibirse del conocimiento de una jurisdicción voluntaria, que lo es el recurso de apelación.
Entonces, es verdad que este recurso debe agotarse previo a la promoción del amparo para reclamar aquella determinación de abstención, porque sólo con la promoción de dicho medio de defensa ordinario se podría tornar definitiva esa decisión de incompetencia dado que, de confirmarse la citada resolución apelada, entonces podría consumarse la decisión del órgano jurisdiccional de inhibirse en el conocimiento de un asunto, archivándolo como concluido.
Empero, en el caso, la quejosa, ahora recurrente, inició el juicio de amparo indirecto de origen, señalando como reclamado el auto ya destacado, sin que haya promovido previamente el recurso de apelación que resultaba procedente en términos de lo ordenado por el artículo 14 del código procesal civil federal.
Como se observa claramente de las constancias que allegó la responsable a su informe con justificación, dado que dicha autoridad exhibió el auto en el que le hizo saber –a la ahora inconforme– que había concluido el término concedido por el artículo 241 del Código Federal de Procedimientos Civiles(19) para interponer el medio de defensa citado en contra de la decisión de inhibitoria, sin que ésta lo haya interpuesto, causando estado dicha decisión de abstención y, en consecuencia, ordenó el archivo del asunto. (foja 67 del juicio de amparo)
Resulta innegable que, en el caso, ciertamente la impetrante no respetó el principio de definitividad que resultaba exigible y ello es, precisamente, lo que actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
Por ende, el Juez de Distrito resolvió correctamente al estimar actualizada la causal invocada, sobreseyendo en el juicio, por así ordenarlo expresamente el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.(20)
Y, por todo lo anterior, es que se confirma el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en la sentencia que se recurre.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, consistente en el auto dictado el seis de agosto de dos mil dieciocho, dentro de la jurisdicción voluntaria ********** de su índice.
Notifíquese por conducto del órgano auxiliado como corresponda; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado auxiliado.
Así lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, por mayoría de votos de los Magistrados: Guillermo Alberto Hernández Segura y Óscar Mauricio Maycott Morales, en contra del voto del Magistrado Juan Gabriel Sánchez Iriarte.
En términos de lo previsto en los artículos 1, 3, 6, 8, 67, fracción II, 97, 98, 118, 119, 120 y 166 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La sentencia relativa a la contradicción de tesis 239/2014 y la parte conducente de la contradicción de tesis 338/2012 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo I, octubre de 2015, página 242 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 730, respectivamente.
La tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 744.
________________
8. "Artículo 530. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas."
"Artículo 531. Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, será citada conforme a derecho, advirtiéndole, en la citación, que quedan, por tres días, las actuaciones en la secretaría, para que se imponga de ellas, y se le señalará día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo, para la celebración de ella, la falta de asistencia de éste."
"Artículo 532. Se oirá precisamente al Ministerio Público Federal:
"I. Cuando la solicitud promovida afecte los intereses de la Federación;
"II. Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados;
"III. Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente; y
"IV. Cuando lo dispusieren las leyes."
"Artículo 533. Si, a la solicitud promovida, se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio.
"Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando su derecho al opositor."
"Artículo 534. El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidos respecto de la jurisdicción contenciosa.
"No se comprenden, en esa disposición, los autos que tengan fuerza de definitivos, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que determinaron la resolución."
"Artículo 535. Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no admiten recurso alguno."
"Artículo 536. Nunca se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria de que pueda resultar perjuicio a la Federación. Las que se practicaren en contravención de este precepto serán nulas de pleno derecho, y no producirán efecto legal alguno."
"Artículo 537. No procede la acumulación de un expediente de jurisdicción voluntaria y otro de jurisdicción contenciosa."
9. "Capítulo I
"Competencia.
"Artículo 12. ...".—"Artículo 13. ...".—"Artículo 14. ...".—"Artículo 15. ...".—"Artículo 16. ...".—"Artículo 17. ..."
"Sección primera
"Competencia por materia.
"Artículo 18. ...".—"Artículo 19. ..."—"Artículo 20. ...".—"Artículo 21. ...".—"Artículo 22. ..."
"Sección segunda
"Competencia territorial.
"Artículo 23. ...".—"Artículo 24. ...".—"Artículo 25. ...".—"Artículo 26. ...".—"Artículo 27. ..."
"Sección tercera
"De las competencias entre tribunales federales.
"Artículo 28. ...".—"Artículo 29. ..."
"Sección cuarta
"De las competencias entre los tribunales federales y los de los Estados.
"Artículo 30. ...".—"Artículo 31. ..."
"Sección quinta
"De las competencias entre los tribunales de dos o más Estados.
"Artículo 32. ...".—"Artículo 33. ..."
"Sección sexta
"Substanciación de las competencias.
"Artículo 34. ...".—"Artículo 35. ...".—"Artículo 36. ...".—"Artículo 37. ...".—"Artículo 38. ..."
10. "Artículo 24. Por razón de territorio es tribunal competente:
"...
"VIII. En los actos de jurisdicción voluntaria, salva (sic) disposición contraria de la ley, es Juez competente el del domicilio del que promueve; pero, si se trata de bienes raíces, lo es el del lugar en que estén ubicados, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III. ..."
11. "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA FEDERAL. LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS, HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN.—Cuando se impugna la declaración de incompetencia en un procedimiento de jurisdicción voluntaria tramitado en materia federal, no es necesario agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, previamente a la interposición del juicio de garantías, toda vez que aquéllas se regulan por disposiciones especiales que se encuentran contempladas en el libro tercero, título segundo, ‘jurisdicción voluntaria’, capítulo I, que abarca los artículos 530 a 537 de dicho ordenamiento federal, debiendo estarse para su conocimiento y tramitación a lo dispuesto en dichos preceptos, incluso en lo relativo a la irrecurribilidad de las resoluciones que se dicten en esa jurisdicción, disponiéndose en el artículo 535 que está comprendido dentro de dicho título y capítulo que: ‘Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no admiten recurso alguno’, por lo que es obvio que, ante la negativa del Juez para conocer y tramitar las referidas diligencias, no es posible interponer el recurso ordinario, lo que se confirma porque el artículo 14 del código aludido regula la competencia de los juzgados cuando existe controversia entre las partes, desprendiéndose así del artículo 12 de la ley procesal civil federal, que se encuentra dentro del capítulo referente a las competencias, y como es bien sabido las diligencias de jurisdicción voluntaria comprenden todos aquellos actos en que se requiere la intervención del Juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas (artículo 530)." (Tesis I.3o.C.9 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de 1995, página 146, registro digital: 205328).
12. "Artículo 14. Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente. El auto en que un Juez se negare a conocer, es apelable."
13. "Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y"
14. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, registro digital: 20097212 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2014 a las 10:05 horas»).
15. "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales."
16. "Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:
"...
"b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;"
17. "Artículo 107. ...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"...
"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y"
18. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
"Se exceptúa de lo anterior:
"a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;
"b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
"c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
"d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.
"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;"
19. "Artículo 241. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución, en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes de que cause estado, si se tratare de sentencia, o de tres, si fuere de auto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28458-1efc6f69/diligencias-de-jurisdiccion-voluntaria-si-se-impugna-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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