RECURSO DE QUEJA. REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 97 A 103 DE LA LEY DE AMPARO).
QUEJA 21/2014. MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN, ÉSTA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO. 30 DE ENERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÉDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: GUSTAVO VALDOVINOS PÉREZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Improcedencia del recurso. No se emprenderá el estudio y la solución de los agravios de la recurrente, pues el recurso de queja es improcedente.
En efecto, el auto combatido, de veintinueve de noviembre de dos mil trece, por el que se desecharon las pruebas de inspección y pericial ofrecidas por la ahora recurrente, es la reiteración de un acuerdo previamente dictado en ese mismo sentido, que ha quedado firme.
En principio, conviene recordar que los recursos son remedios procesales previstos en la ley para que la parte que se considera agraviada por alguna resolución del órgano jurisdiccional dictada dentro de un juicio, obtenga la modificación, revocación o, incluso, confirmación de tal determinación.(10)
Así lo ha estimado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial que a continuación se cita:(11)
"QUEJA, LEGITIMACIÓN PARA EL RECURSO DE.—Los recursos son el medio que otorga la ley procesal para corregir las resoluciones dictadas por la autoridad judicial, cuando las partes o litigantes en el procedimiento consideren que son contrarias a derecho; por consiguiente, de acuerdo con el texto de la fracción VIII del artículo 95 de la Ley de Amparo, es claro que el recurso de queja por este concepto sólo pueden utilizarlo los quejosos o agraviados que promuevan juicio de amparo, puesto que con toda precisión se dice que procede contra las autoridades responsables con relación a dichos juicios, de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en única instancia." (subrayado añadido)
Ahora, de la interpretación sistemática de los preceptos (artículos 97 a 103) que regulan el trámite del recurso de queja en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece se obtienen, al menos, los siguientes requisitos de admisibilidad del aludido recurso.
a) Supuesto de hecho. Para que el recurso sea admisible se requiere que la resolución impugnada sea recurrible en queja. Esto es, que la actuación o resolución que pretende refutarse sea subsumible en alguno de los casos que se mencionan en el artículo 97 de la Ley de Amparo. La fracción I de la norma aludida prevé los supuestos relativos al amparo indirecto, mientras que la fracción II, los relacionados con el amparo directo.(12) Así, si la resolución que intenta atacarse por el recurso de queja no es alguna de las contempladas en ese artículo, el recurso es improcedente.
La anterior consideración encuentra sustento en las siguientes tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"QUEJA IMPROCEDENTE.—La resolución que se pronuncie por la autoridad responsable ordenadora, en un juicio de amparo directo, declarando infundada la denuncia de hechos constitutivos de la desobediencia de la suspensión, por parte de la autoridad ejecutora, no es recurrible en vía de queja, por no estar comprendido el caso, en la fracción VIII, del artículo 95, de la Ley de Amparo." (subrayado añadido)(13)
"QUEJA IMPROCEDENTE.—La resolución definitiva que pronuncie la autoridad responsable, en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se contrae el artículo 129 de la Ley de Amparo, no es recurrible en queja, porque conforme al artículo 95, fracción VII, de la expresada ley, procede tal recurso, en contra de las resoluciones definitivas que dicten los Jueces de Distrito en el mencionado incidente, siempre que el importe de lo reclamado exceda de $300.00; pero la propia ley no establece el referido recurso en contra de las resoluciones que pronuncien las autoridades responsables en el citado incidente." (subrayado añadido)(14)
b) Legitimación. La legitimación del recurrente es un presupuesto procesal que debe observarse en la controversia impugnativa del mismo modo que en la principal; por lo que debe revisarse tanto la correspondiente a la parte formal (procesal) como la que atañe a la parte material (causa) y, de encontrarse que no se colma este presupuesto, ya sea porque quien promueve no es parte material en el juicio de amparo o porque su representante no acredite su personalidad, debe estimarse que el recurso es improcedente.
c) Gravamen o perjuicio. Al igual que todo recurso, la queja en el juicio de amparo supone la existencia de una diferencia injustificada y desfavorable entre lo debido y lo actualizado, que la parte que se estima agraviada atribuye al proceder del juzgador del conocimiento. Esta diferencia debe importar un perjuicio o daño real y no sólo aparente o supuesto, a los intereses o derechos del recurrente.(15) Por tanto, si la resolución o acto que se combate no significan agravio o afectación alguna para el recurrente, se debe considerar que el recurso de queja es improcedente.
Lo afirmado se apoya en la tesis 2a. III/2011 (10a.),(16) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:
"QUEJA POR DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL TERCERO PERJUDICADO AL CARECER DE LEGITIMACIÓN.—El defecto en la ejecución de una sentencia de amparo constituye la falta de realización, por parte de la autoridad responsable, del acto que implique el alcance o extensión del fallo, por lo que sólo puede alegarlo el quejoso, al ser quien debe ser restituido íntegramente en el goce de la garantía individual violada. Por tanto, el tercero perjudicado carece de legitimación para plantear defecto en la ejecución y el recurso que haga valer en ese sentido es improcedente, considerar lo contrario significaría estimar que también debe ser restituido en el goce de alguna garantía, desnaturalizando así la acción de amparo, confundiendo la figura del quejoso, en quien recae la titularidad de las garantías individuales vulneradas, con la del tercero perjudicado, cuyo interés consiste en que subsista el acto reclamado. No es óbice a lo anterior, que el artículo 96 de la Ley de Amparo disponga que el recurso de queja por defecto en la ejecución podrá interponerlo cualquiera de las partes en el juicio o quien justifique legalmente que le agravia el cumplimiento, toda vez que dicho numeral debe interpretarse en consonancia con los principios básicos del juicio constitucional, entre los que se encuentra el de agravio personal y directo, como condición indispensable tanto para la procedencia del juicio como de los recursos que la ley contempla dentro de éste, sin que baste, por consiguiente, la sola calidad de parte." (subrayado añadido)
d) Deducción oportuna. El recurso de queja debe presentarse dentro de los rangos de oportunidad que se encuentran previstos por la ley,(17) lo que conduce a dos supuestos.
d.1) Plazo. Para que el recurso sea admisible debe presentarse dentro del plazo que se encuentre determinado en la ley. En el caso de la queja tales plazos están especificados en el artículo 98 de la Ley de Amparo.(18) Así, si simplemente el recurso de queja es propuesto fuera del plazo previsto en la ley, el recurso es improcedente por extemporáneo.
d.2) Preclusión. La preclusión es la situación procesal en que se coloca alguna de las partes por no ejercer oportunamente o en la forma legal algún derecho procesal.(19)
Así lo ha reconocido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 21/2002,(20) cuyos rubro y texto se reproducen a continuación:
"PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.—La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio."
e) Formalidades de ley. Es menester que el recurso debe interponerse con las formalidades que la propia ley prevea para darle trámite, pues tales formalidades tienden a facilitar la debida integración de la controversia impugnativa, para lograr un pronunciamiento más expedito respecto de la materia del recurso. Así, que se exija su presentación por escrito, que se expresen agravios, que se exhiban las copias para el expediente y las otras partes, son elementos que ayudan a dar celeridad al trámite y resolución del recurso; por ello, cuando se omiten tales requerimientos, la ley sanciona su inobservancia con la consecuencia de tener el recurso por no interpuesto.(21)
Ahora, respecto de la determinación tomada por el juzgador del conocimiento ha operado el consentimiento tácito, pues no debe ponderarse de forma aislada el acuerdo recurrido (veintinueve de noviembre de dos mil trece), sino que ha de vincularse con los actos previamente emitidos que tengan relación con él, para determinar que tal acto es la reiteración de uno anterior que ha quedado consentido, específicamente del acuerdo de trece de noviembre de dos mil trece, en que se desecharon las pruebas de la quejosa.
El criterio anterior se sustenta en una extrapolación de los sustentados en las jurisprudencias 17(22) y 1a./J. 97/2004,(23) del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, respectivamente, dicen:
"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.—El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos."
"INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. LA ORDEN DE PONERLO EN POSESIÓN DE SU ENCARGO ES UN ACTO DERIVADO DE LA APROBACIÓN JUDICIAL DE SU DESIGNACIÓN, POR LO QUE SI ÉSTA SE CONSINTIÓ, CONTRA AQUEL ACTO NO PROCEDE EL AMPARO, SALVO QUE SE COMBATA POR VICIOS PROPIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).—Las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo prevén, respectivamente, la improcedencia de juicio de amparo contra actos consentidos expresa y tácitamente. Ahora bien, es evidente que el análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con él, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido, es decir, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. En ese tenor, si se tiene en cuenta que la orden de poner en posesión de su encargo a un interventor con cargo a la caja de una negociación, conforme a los artículos 527 y 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, es una consecuencia necesaria de su designación como tal y de la respectiva aprobación judicial, es indudable que existe una clara relación de causa y efecto entre la referida aprobación y el acto de poner al interventor en posesión de su encargo, por lo que si se consiente aquélla, este último es un acto derivado de uno ya consentido, respecto del cual opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley citada; salvo que la posesión del cargo se combata por vicios propios."
Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto dicen:(24)
"ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS.—La jurisprudencia que establece que debe sobreseerse cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, ha sido modificada en el sentido de que el sobreseimiento sólo debe decretarse, cuando se trata de repetición del mismo acto, o de actos que son consecuencia necesaria y legal del que debe considerarse como consentido, y cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último."
Así pues, el recurso de queja será improcedente, no sólo cuando el acuerdo recurrido haya sido directamente consentido, sino también cuando sea la derivación necesaria de un acto anterior consentido tácita o expresamente por el recurrente.
El consentimiento expreso no representa interés para el caso que se enfrenta, pero respecto del consentimiento tácito cabe hacer las siguientes precisiones.
El caso más claro de consentimiento tácito es aquel que se actualiza cuando el afectado no recurre la resolución o acto que le causa el agravio (supuesto que en el caso no se presenta). Otro caso sería cuando se interpone un recurso que no es idóneo. Uno más, es aquel que se materializa cuando el recurso interpuesto es idóneo pero extemporáneo. También existe el caso en que se interpone el recurso idóneo en tiempo pero se omite cumplir con las formalidades legales, lo que tiene como consecuencia que se tenga por no interpuesto.
Cada uno de los casos referidos implica la aceptación tácita de la resolución o acto impugnado inicialmente, puesto que cualquier acto de impugnación posterior es incompatible con los enumerados, ya que cada uno significa la preclusión del derecho de impugnación.(25)
Es posible demostrar ahora que en el caso que se enfrenta, la determinación recurrida se deriva de otra consentida tácitamente, en los términos indicados (reiteración de un acto o resolución anterior), pues concurren las siguientes circunstancias:
a) El gobernado formuló una solicitud ante el Juez de Distrito (ofreció pruebas);
b) El Juez de Distrito del conocimiento rechazó la solicitud formulada ante él (desechó las pruebas).
c) El afectado promovió el recurso procedente en contra de la negativa (queja);
d) Se tuvo al quejoso por no presentado el recurso (por no cumplir con las formalidades).
e) El juzgador de amparo rechazó nuevamente (de forma oficiosa) la solicitud del quejoso sin que se hubiesen modificado las circunstancias por las que se rechazó la primera vez; esto es, sin que existiera una nueva solicitud, repitió el acuerdo recurrido.
f) En contra de tal determinación, el quejoso replanteó el mismo recurso en contra del segundo acto negativo del juzgador de amparo (queja).
En tal caso, debe considerase que el acuerdo o resolución recurrida deriva de otra consentida tácitamente, es decir, de aquella que en primera ocasión rechazó la solicitud del inconforme. Esto, porque si el interesado sufrió el perjuicio desde el primer acto denegatorio, aun cuando lo haya combatido mediante el recurso procedente, si éste se le tuvo por no interpuesto, entonces debe concluirse que consintió tácitamente la afectación, pues para efectos del juicio de amparo indirecto, la resolución que rechazó su solicitud original quedó firme al haberse desechado su primer recurso.
Luego, el segundo recurso interpuesto en contra de la reiteración del acto denegatorio es improcedente, aunque se haya emitido en un segundo acuerdo, en tanto que la consecuencia de la primera resolución negativa ya ha quedado firme por virtud del desechamiento del primer recurso.
Efectivamente, de acuerdo con los principios de preclusión y firmeza que rigen en la función jurisdiccional, una vez que la primera negativa causa estado, el juzgador no puede, de propia iniciativa, revocarla o modificarla en actuaciones posteriores. Antes bien, en congruencia con aquella resolución firme, debe rechazar las subsiguientes reiteraciones de la solicitud inicial, si fuera el caso.
Expuesto en otro modo, si no han variado las circunstancias en las que se sustentó la primera negativa recaída a la petición del interesado, las repeticiones de esa negativa no pueden ser materia de recurso. Lo contrario implicaría desconocer la firmeza de la determinación original, adquirida a través del consentimiento tácito del afectado.
No es obstáculo a lo anterior que el segundo acto negativo se remita al primero, que reitere las razones de éste o que contenga alguna consideración distinta. Ello es irrelevante, porque el motivo que impide el examen del segundo acto no reside en su contenido considerativo, sino en la firmeza de la decisión sobre el tema.
Fijó lo anterior, a fin de evidenciar que el caso que se enfrenta actualiza la hipótesis planteada, es menester destacar los siguientes datos relevantes:
1. En la demanda de amparo, la quejosa ofreció las siguientes pruebas: (folio 37 del cuaderno de queja)
"17. La pericial en materia de topografía, a cargo del arquitecto **********, con cédula profesional número **********, quien en el momento en el que sea indicado, comparecerá ante ese H. Juzgado de Distrito a efecto de aceptar el cargo conferido, a fin de que dé contestación al cuestionario que en el momento oportuno se presentará.
"18. La inspección judicial para que se constituya personal adscrito a ese H. Juzgado de Distrito, en la superficie que corresponde a las 27 parcelas asignadas a los terceros perjudicados, en terrenos supuestamente pertenecientes al Nuevo Centro de Población Ejidal denominado ‘José María Pino Suárez’, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo; lo anterior, con la finalidad de constatar las colindancias de dichas parcelas, toda vez que los planos elaborados por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 dentro de los juicios agrarios **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, se advierte que se encuentran ubicadas dentro de los terrenos amparados con la declaratoria de terrenos nacionales de fecha 20 de julio de 1971 y fuera de la superficie concedida al ejido."
2. El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo admitió la demanda y al proveer sobre las pruebas pericial y de inspección determinó lo siguiente: (folio 14)
"...por lo hace a las pruebas consistentes en:
"I. Pericial en materia de topografía, a cargo del arquitecto **********;
"II. Inspección judicial para que se constituya personal adscrito a este Juzgado de Distrito, en la superficie que corresponde a la parcela asignada a los terceros interesados, en terrenos supuestamente pertenecientes al Nuevo Centro de Población Ejidal denominado José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo...
"Se tiene a la parte quejosa anunciando dichas probanzas, reservándose el acuerdo respectivo sobre la admisión, y de ser el caso, el perfeccionamiento de tales medios de prueba, hasta en tanto obren en autos las constancias de emplazamiento de los terceros perjudicados."
3. En acuerdo de trece de noviembre de dos mil trece, el Juez de Distrito desechó las referidas pruebas con base en los siguientes razonamientos: (folios 40 y 41)
3.1 Conforme con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el juzgador constitucional sólo debe admitir las pruebas cuando sean pertinentes e idóneas. Es decir, cuando tengan relación inmediata con los hechos controvertidos y sean adecuadas para acreditarlos.
3.2 En este contexto, debe desecharse la prueba pericial ofrecida por la quejosa, ya que no expuso cuál es el hecho que pretendía acreditar con ella.
3.3 Asimismo, debe desecharse la prueba de inspección, la cual fue ofrecida con el objeto de que se constataran las colindancias de veintisiete parcelas. Es así, porque "por sí sola es insuficiente para demostrar o ... desvirtuar hechos contenidos en algún medio probatorio acaecidos con anterioridad, y únicamente es apta para definir las características físicas del bien inmueble al realizarse la diligencia, y en su caso dar fe de los hechos o actividades que se puedan percibir en ese instante."
El referido acuerdo es del tenor siguiente:
"Chetumal, Quintana Roo, trece de noviembre de dos mil trece.
"Vista la certificación de cuenta, se advierte que aún no transcurre el término otorgado en proveído de ocho de noviembre del año en curso, a **********, ********** y **********, quienes se ostentan como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del N.C.P.E. José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, Quintana Roo, para que acrediten su personalidad mediante documento fehaciente, como se advierte de las constancias actuariales de once del propio mes y año.
"En ese contexto a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del veintiséis de diciembre de dos mil trece, para su celebración.
"Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que por proveído de doce de julio de dos mil trece, se tuvieron por anunciadas las pruebas consistentes en: 1) Pericial en materia de topografía, a cargo del arquitecto **********; e 2) Inspección judicial para que se constituya personal adscrito a este Juzgado de Distrito, en la superficie que corresponde a la parcela asignada a los terceros interesados, en terrenos supuestamente pertenecientes al nuevo centro de población ejidal denominado José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, hasta en tanto obraran los emplazamientos de los terceros interesados Comisariado Ejidal del N.C.P.E., denominado ‘José María Pino Suárez’ y **********.
"Ahora, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen (sic) son admisibles toda case (sic) de pruebas con excepción de la confesional por posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho, sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad.
"Por lo que, la pertinencia impone al juzgador verificar, previo a calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto; en tanto la idoneidad, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar.
"Con lo anterior se trata de recabar sólo las pruebas que cumplan con esas exigencias, para evitar una mayor dilación en el trámite del juicio, en perjuicio de las partes y de la pronta y expedita impartición de justicia.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.14 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página mil novecientos (sic) ochenta y ocho, que dice:
"‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS.’ (cita texto)
"Por tanto, en relación con la prueba pericial en materia de topografía, a cargo de **********, no se admite, en razón a que no se advierte el objeto para la cual fue ofrecida, es decir, el oferente no expuso el hecho que deseaba probar.
"Asimismo, por lo que hace a la diversa prueba de inspección judicial, de igual forma no se admite, toda vez que la misma fue ofrecida con el objeto de que personal de este juzgado constante (sic) las colindancias de veintisiete parcelas asignadas al nuevo centro de población ejidal denominado ‘José María Pino Suárez’, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo; sin embargo, por sí sola, es insuficiente para demostrar o en su defecto desvirtuar, hechos contenidos en algún medio probatorio acaecidos con anterioridad, y únicamente es apta para definir las características físicas del bien inmueble al realizarse la diligencia, y en su caso, de dar fe de los hechos o actividades que se puedan percibir en ese instante." (énfasis en el original, subrayado añadido)
4. Posteriormente, en acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil trece, el juzgador del conocimiento emitió el acuerdo recurrido, en el que repitió oficiosamente lo que había determinado en el acuerdo de trece anterior, esto es, que desechaba las referidas pruebas con base en los siguientes razonamientos: (folios 42 y 43)
4.1 Conforme al artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el juzgador constitucional sólo debe admitir las pruebas cuando sean pertinentes e idóneas. Es decir, cuando tengan relación inmediata con los hechos controvertidos y sean adecuadas para acreditarlos.
4.2 En este contexto, debe desecharse la prueba pericial ofrecida por la quejosa, ya que no expuso cuál es el hecho que pretendía acreditar con ella.
4.3 Asimismo, debe desecharse la prueba de inspección, la cual fue ofrecida con el objeto de que se constataran las colindancias de veintisiete parcelas. Es así, porque "por sí sola es insuficiente para demostrar o ... desvirtuar hechos contenidos en algún medio probatorio acaecidos con anterioridad, y únicamente es apta para definir las características físicas del bien inmueble al realizarse la diligencia, y en su caso dar fe de los hechos o actividades que se puedan percibir en ese instante."
El acuerdo aludido, que es el que se reclama en esta instancia, es del contenido siguiente:
"Chetumal, Quintana Roo, veintinueve de noviembre de dos mil trece.
"Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado por **********, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del tercero interesado Comisariado Ejidal N.C.P.E. José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, mediante el cual solicita una prórroga de veinte días hábiles a efecto de dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintidós de noviembre de dos mil trece (fojas 221 a 223), por el que se le requirió las documentales a que hizo referencia en su escrito de veintiuno del propio mes y año, las cuales fue omisa en anexar.
"En mérito de lo anterior, se le otorga la prórroga solicitada sólo por diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación del presente proveído, a fin de que pueda dar cumplimiento al citado requerimiento y, en su defecto, informe y justifique el estado del trámite respectivo; lo anterior con base en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo.
"Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que por proveído de doce de julio de dos mil trece (fojas 51 a 54), se tuvieron por anunciadas las pruebas consistentes en: 1) Pericial en materia de topografía, a cargo del arquitecto **********; e 2) Inspección judicial para que se constituya personal adscrito a este Juzgado de Distrito, en la superficie que corresponde a la parcela asignada a los terceros interesados, en terrenos supuestamente pertenecientes al nuevo centro de población ejidal denominado José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, hasta en tanto obraran los emplazamientos de los terceros interesados Comisariado Ejidal del N.C.P.E., denominado ‘José María Pino Suárez’ y **********.
"Ahora, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen (sic) son admisibles toda case (sic) de pruebas con excepción de la confesional por posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho, sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad.
"Ahora bien, la pertinencia impone al juzgador verificar, previo a calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto; en tanto la idoneidad, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar.
"Con lo anterior se trata de recabar sólo las pruebas que cumplan con esas exigencias, para evitar una mayor dilación en el trámite del juicio, en perjuicio de las partes y de la pronta y expedita impartición de justicia.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.14 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28599-2eed1c87/recurso-de-queja-requisitos-para-su-admision-interpretacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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