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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA PREVISTA EN UNA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE HA SIDO REFORMADA, CUANDO REGULA ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES ACUSADOS DE HABER INFRINGIDO NORMAS PENALES. III. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. NATURALEZA Y ALCANCES EN EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL. IV. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UNA EXPRESIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PERSONAL Y GUARDA UNA RELACIÓN IMPORTANTE CON EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. V. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. IMPONE EL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS INCLUSO CUANDO SEAN CONTRARIOS A LA VOLUNTAD DE AQUÉL. VI. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN CRITERIO ORIENTADOR DE TODA PRODUCCIÓN NORMATIVA, QUE NO SÓLO INCLUYE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO, SINO TAMBIÉN POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. VII. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL FUNCIONA COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA ACTIVIDAD INTERPRETATIVA RELACIONADA CON CUALQUIER NORMA APLICADA A UN MENOR EN UN CASO CONCRETO O QUE PUEDA AFECTAR SUS INTERESES. VIII. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LAS NORMAS GENERALES QUE NO DAN PRIORIDAD A SU PROTECCIÓN O NO BUSCAN EL MAYOR BENEFICIO PARA EL INFANTE RESULTAN CONTRARIAS, PRIMA FACIE, A ESE PRINCIPIO. IX. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. SU NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS. X. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NATURALEZA Y ALCANCES. XI. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA NORMA QUE ESTABLECE, PREVIO EL CONSENTIMIENTO LEGALMENTE PREVISTO, LA POSIBILIDAD DE EXHIBIR A UN MENOR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PRESUNTO AUTOR DE UN HECHO DELICTIVO RESULTA CONTRARIA A ESE PRINCIPIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN XIV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SIN QUE MEDIE EL CONSENTIMIENTO QUE ESTABLEZCA LA LEY CORRESPONDIENTE", DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XII. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LA NORMA QUE ESTABLECE, PREVIO EL CONSENTIMIENTO LEGALMENTE PREVISTO, LA POSIBILIDAD DE EXHIBIR A UN MENOR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PRESUNTO AUTOR DE UN HECHO DELICTIVO, RESULTA CONTRARIA A ESE PRINCIPIO EN SU VERTIENTE COMO REGLA DE TRATO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN XIV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SIN QUE MEDIE EL CONSENTIMIENTO QUE ESTABLEZCA LA LEY CORRESPONDIENTE", DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIII. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. SU FINALIDAD DE REINSERCIÓN SOCIAL SE MENOSCABA MEDIANTE LA EXHIBICIÓN ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD INVOLUCRADOS EN LA COMISIÓN DE UN DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN XIV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SIN QUE MEDIE EL CONSENTIMIENTO QUE ESTABLEZCA LA LEY CORRESPONDIENTE", DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN XIV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SIN QUE MEDIE EL CONSENTIMIENTO QUE ESTABLEZCA LA LEY CORRESPONDIENTE", DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN XIV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SIN QUE MEDIE EL CONSENTIMIENTO QUE ESTABLEZCA LA LEY CORRESPONDIENTE", DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2015. · Registro digital (IUS): 28667
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-05-24
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo I, Pág. 222.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 7 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día siete de junio de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

Sentencia:

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 39/2015 promovida por la procuradora general de la República en contra del artículo 86, fracción XIV, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, en la porción normativa que dispone: "sin que medie el consentimiento que establezca la ley correspondiente", contenido en el Decreto Ciento Noventa y Tres, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el tres de junio de dos mil quince.

I. Trámite

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, procuradora general de la República,(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 86, fracción XIV, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, en la porción normativa que dispone: "sin que medie el consentimiento que establezca la ley correspondiente", contenido en el Decreto Ciento Noventa y Tres, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad, el tres de junio de dos mil quince (fojas 1 a 42 de este toca).

2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Poder Legislativo y se promulgó por el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes.

3. Conceptos de invalidez. La promovente en sus conceptos de invalidez, manifestó en síntesis, que:

1. El texto normativo del propio artículo impugnado establece que la regulación en materia de justicia para adolescentes deberá garantizar (i) los derechos fundamentales que la Constitución establece a todo individuo, así como (ii) aquéllos que se han reconocido a los menores de edad por su condición de personas en desarrollo, entre los que destaca el interés superior del menor. En ese sentido, la porción normativa que se estima inconstitucional e inconvencional no respeta ninguno de esos dos elementos, porque otorga la posibilidad de que un adolescente involucrado en un proceso en el que se dilucidan sus derechos por la comisión de una conducta punible, sea expuesto ante los medios de comunicación.

1.1. Dentro del sistema especializado en materia de justicia para adolescentes no debe, ni siquiera con el consentimiento, someterse a un menor al escrutinio público, pues tal permisión criminaliza y estigmatiza a dichos menores.

1.2. La sola admisión de la posibilidad de exposición viola el interés superior del menor como regla de tratamiento o enfoque que toda medida estatal, incluso una de corte legislativo, debe respetar.

1.3. En el artículo 18 constitucional se materializó el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano frente al movimiento mundial en favor de la niñez, mediante la incorporación en el orden jurídico nacional de todo un aparato especializado, encargado de procurar, administrar y ejecutar justicia para adolescentes, el cual se caracteriza por ser un modelo garantista y de protección integral, en el que se reconoce a los menores como sujetos de derechos, con la especial consideración del interés superior de la infancia como principio rector frente al poder coactivo del Estado. En ese sentido, la mera posibilidad de que un menor acusado por la comisión de un hecho señalado como delito pueda ser expuesto ante los medios de comunicación es incompatible con las finalidades que rigen el sistema de justicia para adolescentes, pues entre otros, viola el principio de presunción de inocencia, al permitir la criminalización y estigmatización del adolescente.

1.4. Si las consecuencias jurídicas del Sistema de Justicia para Adolescentes son distintas al sistema para adultos, no se explica por qué en tratándose de menores se permite la exposición en medios de comunicación, y en el caso de adultos no, si el Sistema de Justicia para Menores debe contener una protección más amplia en atención al interés superior de la infancia.

1.5. La porción normativa que se cuestiona viola los artículos 4o. constitucional, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque al permitir la exhibición de los menores en medios de comunicación, atenta contra el régimen especial de protección integral que caracteriza al sistema de justicia para adolescentes, el cual, entre otras, consagra derechos como el de presunción de inocencia, y el de no ser expuesto en medios de comunicación.

1.6. Así, toda vez que la norma permite la exhibición de menores en medios de comunicación cuando exista el consentimiento a que se refiere la ley –sin establecer qué ley o quién puede otorgarlo–, implica exponer su imagen, voz, datos personales y todo tipo de información sobre su persona, lo que transgrede el derecho a la intimidad de los menores.

1.7. La porción normativa que se combate impide que el Estado mexicano cumpla con el mandato contenido en el artículo 79 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga a garantizar la protección de la identidad e intimidad de los menores que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito.

1.8. La porción normativa impugnada también vulnera los artículos 20, apartado B, fracción I, y apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 40.2.b.i) de la Convención de los Derechos del Niño que contienen el derecho de presunción de inocencia y el de protección de los datos personales de los menores que tengan la calidad de víctima o de ofendido.

1.9. Lo anterior, porque tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos(2) como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(3) se han pronunciado en el sentido de que la exhibición en medios de comunicación de un individuo como supuesto autor de un delito sin que previamente se haya dictado una sentencia que lo declare penalmente responsable, es violatoria del derecho humano a que se le considere inocente, en tanto constituye una condena informal que puede generar en la sociedad una opinión pública errónea sobre la responsabilidad penal de la persona.

1.10. De esa forma, si la exhibición de una persona mayor de edad ha sido vedada tanto por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la jurisprudencia –nacional e internacional–, por mayoría de razón, la posibilidad de exhibir a un menor o adolescente involucrado en la comisión de un ilícito penal, ante los medios de comunicación, viola el principio de presunción de inocencia que todo inculpado tiene en su favor, en especial cuando se trata del sistema de justicia para menores por las características de quienes son acusados.

1.11. No es posible considerar que por el hecho de que la exhibición del menor ante los medios esté condicionada al otorgamiento de un consentimiento, se traslade a otros la obligación de protegerlos, porque eso llevaría al absurdo de negar la función estatal, que se erige como un mandato categórico: "impedir que su exhibición en los medios de comunicación acarree su criminalización o estigmatización en detrimento del principio de presunción de inocencia", lo que resultaría incompatible con el orden constitucional.

2. El artículo 86, fracción XIV, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, en la porción normativa que dispone: "sin que medie el consentimiento que establezca la ley correspondiente" viola el artículo 133, en relación con el 73, fracción XXIX-P, ambos de la Constitución Federal, puesto que contraviene lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que al ser una ley integrante de la "Ley Suprema de la Unión", es jerárquicamente superior, por lo que debe prevalecer esta última y tomarse en cuenta por los órdenes federal, local y municipal como un parámetro de control constitucional de los actos de autoridad que se relacionen con derechos de niñas, niños y adolescentes.

2.1. Esto es, la ley estatal impugnada genera un esquema que hace posible la exhibición de menores ante los medios de comunicación, cuando la ley general ordena evitar todo acto que haga posible la identificación de menores relacionados con la comisión de un hecho que la ley señale como delito y que tenga como efecto su criminalización o estigmatización.

2.2. No pasa desapercibido que en materias concurrentes, como es la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Alto Tribunal ha determinado que la ley local no debe reproducir las disposiciones de la ley general, por el contrario debe otorgar mayor beneficio; sin embargo, en el caso, lejos de incrementar la protección de los derechos de los menores, los diluye.

3. Finalmente, la porción normativa impugnada viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, al otorgar la posibilidad de exhibir a menores de edad, ante los medios de comunicación, cuando medie un consentimiento establecido en una ley indeterminada.

4. Artículos señalados como violados. La promovente señaló como violados los artículos 1o., 4o., 14, 16, 18, 20, 73, fracción XXIX-P, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8.2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 3.1 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

5. Registro y turno. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 39/2015, y el asunto se turnó a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas para que fungiera como instructora (ibidem, foja 62).

6. Admisión. La Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del citado auto (ibidem, fojas 63 a 65).

7. Informe del Poder Ejecutivo. El secretario de Gobierno, en su calidad de representante legal del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, rindió informe mediante oficio recibido, el veintisiete de julio de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (ibidem, fojas 89 a 93), en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) Es cierto que el gobernador del Estado de Aguascalientes ordenó la publicación del decreto impugnado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

b) Sin embargo, esa actuación obedece a una facultad –en realidad es una obligación– prevista en los artículos 32, 35 y 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, de promulgar –entiéndase publicar– una ley que el Congreso del Estado emite y la sola orden de publicación no violan los preceptos constitucionales indicados por la accionante.

c) Entonces dado que el acto impugnado es material y formalmente legislativo, al ser producto de un debate del Congreso del Estado que culmina con la emisión de disposiciones normativas, es a ese Poder a quien corresponde defender su validez.

8. Informe del Poder Legislativo. El diputado presidente de la mesa directiva y representante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, rindió informe mediante oficio recibido, el treinta de julio de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (ibidem, fojas 139 a 146) en el que manifestó, esencialmente, lo siguiente:

a) El precepto objetado no contraviene las disposiciones constitucionales y convencionales señaladas por la actora, en virtud de que la aprobación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes buscó armonizar el marco normativo local en el tema de derechos de los menores con la ley general en la materia.

b) El Congreso del Estado de Aguascalientes es consciente de la especial importancia que representan los derechos de los menores, por lo que el dictamen en que se creó la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes observó los estándares internacionales de protección de la infancia, asimismo, tuvo como parámetro la ley general de la materia y se reforzó con propuestas de los diputados, cuya finalidad siempre fue la de fortalecer el manto protector que la ley contempla en favor de los menores.

9. Suplencia por ausencia. El catorce de agosto de dos mil quince se determinó enviar este asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dada la ausencia de la Ministra instructora, por estar gozando de un periodo vacacional y hasta en tanto se reincorporara a sus actividades (ibidem, foja 433).

10. Alegatos. Mediante escrito presentado, el trece de agosto de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Alberto Rodríguez Calderón, en su carácter de delegado de la procuradora general de la República, realizó manifestaciones en vía de alegatos, en las que básicamente señaló que las consideraciones rendidas por las autoridades emisora y promulgadora en sus informes, no desvirtuaban los motivos de invalidez hechos valer en la demanda (ibidem, fojas 434 a 447).

11. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil quince se cerró la instrucción a efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente (ibidem, foja 448).

12. Causa de improcedencia. En escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil quince, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diputado presidente de la mesa directiva y representante legal de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes solicitó el sobreseimiento de esta acción de inconstitucionalidad dado que se actualizaba la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, pues el veintitrés de noviembre de ese año se publicó en el Periódico Oficial de la entidad un decreto que reformó la norma impugnada. Dicha modificación consistió en eliminar de la norma general la porción señalada por la parte actora como contraria a la Constitución Federal (ibidem, fojas 458 y 459).

13. Returno. El cinco de enero de dos mil dieciséis se ordenó returnar este asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora (ibidem, foja 457).

14. Decisión de Sala. Este asunto se listó para discutirse por la Primera Sala en sesión ordinaria de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en la que los Ministros que la integran determinaron retirarlo para remitirlo al Tribunal Pleno (ibidem, foja 478).

15. Radicación en Pleno. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis se determinó el envío de este asunto al Pleno de este Alto Tribunal (ibidem, foja 481).

II. Consideraciones

16. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) toda vez que se plantea la posible contradicción entre un precepto de una ley local y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

17. Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(5) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

18. El Decreto Ciento Noventa y Tres mediante el que se aprobó la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes se publicó en el Periódico Oficial de la entidad, el tres de junio de dos mil quince (ibidem, foja 107), por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo, transcurrió del cuatro de junio al tres de julio de dos mil quince.

19. De tal suerte, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el último día de dicho plazo, debe estimarse oportuno.

20. Legitimación. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo, por parte del Presidente de la República (ibidem, foja 44).

21. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad, respecto de leyes estatales que contraríen el orden constitucional; luego, en el caso, dicha funcionaria promovió la acción en contra del artículo 86, fracción XIV, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, particularmente en la porción normativa que dispone: "sin que medie el consentimiento que establezca la ley correspondiente", y si ese precepto está inmerso en una ley de naturaleza estatal, es evidente que la actora tiene legitimación para impugnarlo.

22. Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 98/2001, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(7)

23. Procedencia. El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes (foja 458) solicitó el sobreseimiento de la presente acción por cesación de efectos, porque la norma impugnada, la fracción XIV del artículo 86 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, fue reformada mediante el decreto 240, publicado el veintitrés de noviembre de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, y se suprimió la porción normativa impugnada que establecía: "sin que medie el consentimiento que establezca la ley correspondiente".

24. Si bien esa solicitud se presentó con posterioridad al cierre de instrucción, considerando que la procedencia de este medio de control de constitucionalidad es de orden público y debe analizarse de oficio, este Tribunal Pleno se pronunciará, al respecto con fundamento en los artículos 59,(8) en relación con el 19, último párrafo,(9) ambos de la ley reglamentaria y la jurisprudencia P./J. 31/96:(10)

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL.—Las disposiciones que establecen las causales de improcedencia, que a su vez generan la consecuencia jurídica del sobreseimiento del juicio, tanto en las controversias constitucionales como en las acciones de inconstitucionalidad, son de orden público en el seno de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de México, pues por revestir tal carácter es que la parte final del artículo 19 de dicha ley previene que: ‘En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.’. Síguese de allí que su invocación, por parte interesada, puede válidamente hacerse en cualquier etapa del procedimiento porque, se reitera, son de orden público. Por esta razón el legislador no ha establecido algún límite temporal para que sean invocadas; y no podría ser de otra manera, dado que, como ya se ha visto, se hagan valer o no, el juzgador tiene el deber de analizarlas aun oficiosamente. Por eso, si no se alegan al tiempo de contestar la demanda, no es correcto afirmar que ha operado la preclusión del derecho procesal para invocarlas. Además, el precepto que encierra el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dice: ‘Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: ... Tres días para cualquier otro caso’, no es de aplicación supletoria por ser ajena al tema que se analiza, pues la institución de la improcedencia de la acción se encuentra regulada de manera especial por la ley reglamentaria que señorea este proceso."

25. Al respecto, se considera que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) por los motivos que se expondrán a continuación.

26. Para justificar el motivo por el que no se actualiza la improcedencia por cesación de efecto referida, es necesario tener en claro el texto del artículo impugnado y el contenido en el "Decreto 240", los cuales son del tenor siguiente:

Ver texto del artículo impugnado

27. El Tribunal Pleno ha sostenido, en reiteradas ocasiones, el criterio consiste en que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada, bien porque ésta fue reformada, ya porque fue sustituida por otra.(12)

28. Sin embargo, en el caso no puede estimarse actualizada esa causa de improcedencia, pues de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(13) y, con el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia,(14) este Alto Tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias que declaren la invalidez de normas generales de naturaleza penal, los cuales privarán de eficacia a la norma declarada inconstitucional desde su entrada en vigor y hasta el momento que estuvo vigente, bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar (y nunca a perjudicar) a los individuos afectados en los procesos penales respectivos.

29. Así lo sostuvo el Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 104/2008 de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN MATERIA PENAL."(15)

30. En relación con este tema, en diversos precedentes(16) el Tribunal Pleno ha sostenido, esencialmente, que:

a) Si bien la regla general es que la declaratoria de invalidez que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación no libera al destinatario de la norma de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia durante su vigencia, en materia penal el efecto derogatorio de dicha declaración de invalidez puede retrotraerse al pasado, prevaleciendo los principios generales y disposiciones legales de esa materia.

b) Uno de los principios que rigen en la materia penal obliga a la aplicación de la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada puede estar reformada o haya sido sustituida por otra, lo cierto es que sigue surtiendo efectos respecto de aquellos casos en los que el delito se cometió bajo su vigencia.

c) Como la norma reformada, derogada o abrogada aún puede producir efectos jurídicos concretos, no se actualiza el supuesto de improcedencia por cesación de efectos, ya que los efectos benéficos de una eventual declaratoria de inconstitucionalidad deben aplicarse retroactivamente en materia penal, por lo que la Suprema Corte debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas, a fin de hacer prevalecer la supremacía constitucional y los principios generales y disposiciones legales que rigen en la materia penal.

31. Lo anterior, tiene aplicación en este caso, porque se trata de una disposición de naturaleza penal, ya que si bien forma parte de una ley estatal que versa en general sobre derechos de menores, lo cierto es que la disposición impugnada regula aspectos de los menores sometidos a un procedimiento en materia de justicia para adolescentes, esto es, aspectos del procedimiento que debe seguirse a los menores acusados de haber infringido normas penales. Y si bien, se trata de normas que operan en el marco de un procedimiento, lo cierto es que esa disposición, a primera vista, afecta directamente a derechos humanos como la privacidad, la autonomía y al derecho a no ser juzgado a partir de pruebas ilícitas(17) como componente del debido proceso, entre otros.

32. Consecuentemente, dado que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 65 de la ley reglamentaria de la materia, y tomando en consideración que no se hicieron valer otras causas de improcedencia ni este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que, se actualice una diversa, lo procedente es analizar la regularidad constitucional de la norma impugnada.

III. Estudio

33. Para dar respuesta a los conceptos de invalidez planteados, por cuestión metodológica es pertinente exponer previamente el desarrollo del principio de interés superior del menor como justificación de la existencia de un sistema de justicia integral para menores, las notas distintivas de éste, el régimen especial de protección en que se sustenta y el alcance del principio de presunción de inocencia, en este tipo de trámites.

Interés superior del menor

34. El interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional previsto en el artículo 4o., párrafos nueve, diez y once, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(18)

35. El interés superior de la niñez es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del menor. No sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas.

36. Por ejemplo, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño. Los artículos 9, 18, 20, 21, 37 y 40 también mencionan expresamente este principio.(19)

37. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en adelante), ha sostenido que el interés superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades",(20) y ha dicho también que se trata de un criterio al que "han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos".(21)

38. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que: "[e]l principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño".(22)

39. En el ámbito interno, el legislador ordinario ha desarrollado ese principio expresamente en la legislación derivada del artículo 4o. constitucional.

40. En vista de todo este material jurídico, esta Suprema Corte ha reconocido en varios precedentes que el principio de interés superior del niño implica entre, otras cosas, tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el Texto Constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño.(23)

41. De acuerdo con todo lo anterior, el interés superior del niño es un principio que desempeña un papel muy relevante en el derecho internacional, está reconocido expresamente por el artículo 4o. constitucional, ha sido desarrollado en varios precedentes de esta Suprema Corte, y es recogido expresamente en las disposiciones reglamentarias de ese precepto constitucional como un principio rector de los derechos del niño.

42. Es preciso abundar en el desarrollo de este principio normativo. A juicio de este Tribunal Pleno, el interés superior del niño es una expresión del principio de autonomía personal y tiene una conexión importante con el libre desarrollo de la personalidad.

43. En efecto, el principio de autonomía personal es un principio cardinal en cualquier sistema jurídico que reconozca los derechos humanos, como el nuestro.

44. De acuerdo con este principio, al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida e ideales de excelencia humana, el Estado tiene prohibido interferir indebidamente con la elección y materialización de éstos, debiendo limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28667-393f28cc/i-accion-de-inconstitucionalidad-no-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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