NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 439/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y DÉCIMO SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE MARZO DE 2019. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CON RESERVA DE CRITERIO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.
III. Competencia
12. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo prescrito en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como el 21, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados pertenecientes a distintos Circuitos; aunado a que para su resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno.(20)
IV. Legitimación
13. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el entonces procurador general de la República, quien en términos de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está legitimado para denunciar la posible contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos.
14. Además, dicha autoridad formuló la denuncia respectiva, a través de la directora general de Asuntos Jurídicos de la anterior Procuraduría General de la República; ello conforme a lo previsto en los artículos 32 de la abrogada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;(21) 3, inciso H), fracción II y 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.(22)
V. Existencia de la contradicción
15. El Pleno de este tribunal ha establecido que para actualizar la contradicción de tesis, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. En ese sentido es ilustrativa la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(23)
16. Del criterio precisado se obtiene que la existencia de la contradicción de criterios no depende de la identidad o semejanza de las cuestiones fácticas, pues es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que la variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
17. Es decir, si las cuestiones fácticas fueran parecidas e influyeran en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
18. Así, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron su potestad de arbitrio judicial, mediante la intelección (interpretación) de una norma para adoptar algún canon o método interpretativo, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos realizados por los órganos judiciales existe –al menos– un problema jurídico analizado, ya sea mediante la adopción de algún criterio o la fijación de un principio o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior, pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
19. A efecto de constatar si, en el caso, los criterios materia de la denuncia de contradicción abordan un mismo punto jurídico y se contraponen entre sí o no, resulta conveniente precisar cuál fue el análisis efectuado en cada una de las ejecutorias correspondientes, atento a lo siguiente:
A. Criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez (en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito)
20. En la demanda de amparo indirecto,(24) la parte quejosa expresó lo siguiente:
"...señalo como principal domicilio el electrónico, para oír y recibir todo tipo de citas y notificaciones por vía electrónica pues ya cuento con FIREL firma electrónica en el Poder judicial de la Federación, así como los estrados de este tribunal..."
21.Previa prevención y desahogo, el Juez dictó acuerdo admisorio(25) y, en lo que interesa, ordenó que las notificaciones a la parte quejosa se realizaran a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación.
22. Seguidas las actuaciones del caso, después de celebrar la audiencia constitucional se dictó sentencia(26) en la que se sobreseyó y, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito ordenó notificar personalmente la sentencia a la parte quejosa.(27)
23. El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el actuario adscrito al juzgado de distrito levantó razón en la cual expresó lo siguiente:
"...el quejoso señaló la vía electrónica para oír y recibir notificaciones, por lo que, el proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, en el que se recibe la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, le fue notificado por esa vía el día veintidós de septiembre de dos mil diecisiete; sin embargo, dicho proveído no ha sido consultado por la parte quejosa, tal y como lo dispone el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, con lo que doy cuenta para los efectos legales correspondientes..."
24. El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez dictó acuerdo en el cual, ante lo expuesto en la razón precisada, tuvo por hecha la notificación electrónica del diverso auto de veintiuno de ese mes y año, para lo cual citó el artículo 30, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
25. El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, donde posteriormente se remitió al Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que en apoyo de aquél dictara la resolución procedente.
26. El Tribunal Colegiado dictó resolución en la cual desechó por extemporáneo el recuso al estimar, en esencia, lo siguiente:
• Quienes cuentan con firma electrónica, están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días.
• Las notificaciones realizadas vía electrónica surten efectos cuando se genere la constancia de la consulta relativa.
• El plazo para obtener la constancia de consulta no puede exceder de dos días a partir de que el órgano de amparo ingresó en el sistema la determinación a comunicar.
• Si la parte de que se trata no cumple con la obligación de generar la constancia de notificación electrónica, dentro del plazo de dos días, es en el segundo día que tal notificación surte efectos, sin que sea necesaria la emisión de algún pronunciamiento al respecto.
• Dado que en el caso, la sentencia de amparo se ingresó al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación el 22 de septiembre de 2017, entonces la parte quejosa tenía los días 25 y 26 siguientes para acceder al sistema y generar la constancia correspondiente pero al no hacerlo, entonces la notificación respectiva se entiende realizada al vencimiento de ese lapso, por lo que la notificación de la sentencia surtió efectos el 26 de septiembre de 2017 (último día del periodo de dos días que tenía el quejoso para acceder al sistema electrónico referido) y, por ende, el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2017, en tanto que el recurso se presentó el 16 de ese último mes.
27. Como puede apreciarse, el referido Tribunal Colegiado estimó que cuando el justiciable no consulta dentro del plazo de dos días a que se refiere el artículo 3o., fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la notificación respectiva se entiende realizada al vencimiento de ese plazo, momento en el que igualmente surte efectos la notificación correspondiente. Dicho de otra manera, si el interesado no consultó y accedió al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación a más tardar en el día dos del plazo previsto en el citado precepto legal, la notificación respectiva se entiende hecha en el último segundo de ese día y, simultáneamente surte efectos, para así iniciar el plazo de impugnación respectivo (si así procede) el día hábil siguiente al vencimiento de esos dos días.
B. Criterio sostenido por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
28. En el desarrollo del juicio de amparo indirecto, la parte quejosa presentó promoción(28) en la cual expuso lo siguiente:
"En atención al contenido de los artículos 3o. y 26, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se solicita a ese Juzgado Federal que las notificaciones personales que se tengan que realizar al suscrito en el presente asunto, sean a través del expediente electrónico que se apertura en el presente índice".
29. El Juez de Distrito dictó acuerdo(29) en el cual ordenó que las subsecuentes notificaciones de carácter personal a la parte quejosa, le fueran realizadas por ese medio.
30. Seguido el juicio, se celebró la audiencia constitucional y, posteriormente se dictó sentencia en la que se sobreseyó. En ese fallo se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa; sin embargo, al advertir el contenido de las actuaciones realizadas previamente, el Juez dictó nuevo acuerdo a través del cual ordenó notificar la sentencia vía electrónica al quejoso.(30)
31. El dos de julio de dos mil dieciocho, el actuario adscrito al juzgado de distrito levantó razón en la cual asentó, en lo que interesa, lo siguiente:
"Hago constar que con fundamento en el articulo 30, fracción II, de la ley de Amparo y del artículo 43 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónico y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica con nombre de los usuarios ... respectivamente, de los usuarios: ..., a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto por el artículo 3o. de la Ley de Amparo, toda vez que en los días veintiocho y veintinueve de junio del año en curso no se generó la constancia de que se haya impuesto del proveído respectivo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el acuerdo de veintiséis de junio y la sentencia de veinte de junio anterior, ambos del año en curso..."
32. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la parte quejosa presentó escrito a través del cual interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo. El recurso fue turnado al Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo presidente lo admitió;(31) sin embargo, tal determinación fue recurrida por la autoridad responsable a través del recurso de reclamación.(32)
33. El recurso de reclamación precisado fue resuelto en el sentido de declararlo procedente pero infundado,(33) para lo cual el Tribunal Colegiado estimó, en lo que interesa, lo siguiente:
• La sentencia de amparo se ordenó notificar en forma personal pero, al advertir que previamente se había ordenado notificar al quejoso por vía electrónica, el Juez dictó acuerdo el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, a efecto de subsanar tal irregularidad.
• El dos de julio de dos mil dieciocho, el actuario del juzgado de distrito certificó que la parte quejosa contó los días veintiocho y veintinueve de junio de ese año para acceder al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y notificarse la sentencia de amparo.
• El último día que tenía el quejoso para acceder al sistema precisado era el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, contando hasta las 23:59 (veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos) para así hacerlo.
• Dado que el quejoso no accedió al sistema indicado en el plazo de dos días en que tenía el deber de notificarse, esa notificación debe entenderse hecha el día siguiente (dos de julio de tal anualidad) y no el propio veintinueve de junio de ese año; ello conforme a lo previsto en el artículo 30, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; luego, la referida notificación surtió efectos en esa misma fecha, atento a lo establecido en el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo.
• Con base en lo anterior, el término para interponer el recurso de revisión transcurrió del tres al dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por lo que si el recurso se interpuso el catorce de ese mes, es clara su oportunidad; de ahí lo infundado de los agravios vertidos por la autoridad recurrente.
34. A partir de lo sintetizado puede afirmarse que, en criterio del tribunal indicado, cuando en el amparo, el justiciable solicita le sean notificadas por vía electrónica las actuaciones correspondientes, éste cuenta con el plazo de hasta dos días (conforme al artículo 30, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo) para acceder al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y generar la constancia relativa pero, si dentro de ese plazo no lo hace, la notificación se entiende realizada al día siguiente al vencimiento de ese plazo, momento en el que también surte efectos y, por tanto, el plazo para impugnar la actuación notificada por ese medio, inicia al día hábil siguiente a aquel en que se tuvo por hecha la comunicación y surtió sus efectos.
35. De la síntesis realizada se sigue que a pesar de las circunstancias particulares de cada uno de los expedientes materia de la presente contradicción, en los fallos reseñados se analizó lo relativo al momento en el cual debe considerarse realizada una notificación electrónica en el juicio de amparo cuando la parte a quien debe comunicarse la actuación no accedió al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro del plazo de dos días a que se refiere el artículo 30, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y, por tanto, no se generó la constancia correspondiente.
36. Al respecto, en criterio del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez (en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito), en tal supuesto debe estimarse hecha la notificación el último día del plazo de dos días a que se refiere la citada porción normativa; mientras que para el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la notificación correspondiente se entiende hecha el día hábil siguiente al vencimiento del plazo de dos días indicado.
37. En este orden, es claro que existen posturas contrarias sobre un mismo aspecto jurídico, pues ambos tribunales dotaron de un contenido específico a los artículos 30, fracción II, segundo párrafo, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y a partir de los respectivos ejercicios interpretativos, llegaron a conclusiones distintas sobre el momento en el cual debe entenderse realizada una notificación hecha por medios electrónicos; por ende, la materia de la presente contradicción de criterios se constriñe a dar respuesta al siguiente planteamiento:
¿En qué momento debe entenderse realizada la notificación electrónica cuando el quejoso o tercero interesado no acceden al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y, a causa de esa omisión no se genera la constancia de notificación correspondiente?
38. No escapa a esta Sala el hecho de que uno de los criterios contendientes fue emitido por un Tribunal Colegiado de Circuito en auxilio de otro Tribunal Colegiado; sin embargo, ello no es motivo para estimar la inexistencia de la presente contradicción pues como se ha evidenciado, existen posturas discrepantes entre los criterios en contradicción, a lo que se suma el hecho de que ha sido criterio reiterado del Tribunal Pleno el que los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana, pero su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilian, por lo que el criterio emitido por un órgano auxiliar debe estimarse atribuido al tribunal auxiliado.(34)
VI. Estudio
39. A efecto de establecer el criterio que habrá que regir en el tema a resolver en la presente contradicción de criterios, conviene indicar que las notificaciones judiciales son los actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el Juez con motivo del juicio substanciado ante éste, cuya finalidad es hacer del conocimiento del destinatario el contenido de esa determinación a efecto de que pueda ejercer en forma debida y oportuna el derecho de audiencia y, de ser el caso, ejercer la defensa pertinente.
40. Las notificaciones pueden ser de diversos tipos (personales, por correo, por estrados, por edictos, por instructivo, etcétera); sin embargo, para el caso interesan las que se ordenan en forma personal pues a través de ellas se busca que directamente, interesado en el juicio tenga pleno conocimiento de lo determinado por la autoridad judicial y evitar, quede inaudito, con las implicaciones que ello entraña en cuanto al derecho de defensa.
41. Respecto de las notificaciones, es de particular importancia lo relativo a los diversos momentos que con motivo de éstas pueden presentarse. Así se pueden distinguir entre los siguientes momentos:
a. Aquel en el cual se ordenan.
b. El momento en que se practican.
c. Cuando surten efectos.
42. Para el caso que nos ocupa, resulta fundamental analizar el momento en el cual se tiene hecha una notificación (por corresponder al punto de contradicción); sin embargo, para abordar ese aspecto es conveniente ocuparnos de los diversos momentos atinentes a las notificaciones en el amparo.
43. En ese juicio, las notificaciones personales son particularmente importantes ya que al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual el gobernado puede demostrar que un acto de autoridad determinado es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales suscritos por México en materia de Derechos Humanos, la debida realización de las notificaciones permite evitar la comisión de irregularidades adicionales a las cuestionadas en el juicio; de ahí que resulte fundamental la existencia de reglas claras y precisas en cuanto a la manera de realizarse, así como a los tiempos procesales que, a partir de la realización de esos actos, regirán dentro del juicio ya que con ello se salvaguardan los derechos de seguridad jurídica, audiencia,(35) debido proceso(36) y defensa.
44. Por años, la forma común de realizar notificaciones judiciales fue la escrita por ser un medio a través del cual se genera seguridad jurídica en cuanto a la realización del acto tanto para las partes como para el propio órgano. Al respecto, el artículo 3o. de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece(37) obligaba a que todas las promociones en ese juicio se realizaran por escrito (salvo las hechas en audiencias, notificaciones y ciertas comparecencias). En contraparte, atento a lo establecido en el artículo 16 constitucional, las actuaciones judiciales debían obrar por escrito; de ahí que las notificaciones en el amparo tuvieran esa forma.
45. Conforme a la interpretación hecha por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Ley de Amparo abrogada, el momento para ordenar la forma específica en que se notificaría una determinación judicial era aquel en que se emitió el auto, acuerdo, resolución o sentencia a comunicar, pues si no se cumplía ello y la actuación respectiva se notificaba por algún otro medio, se consideraba legal la realizada en un primer momento.(38)
46. A su vez, el artículo 30 de esa norma(39) disponía las reglas formales para la realización de las notificaciones personales en el juicio de amparo; por su parte, en los artículos 24, 27 y 34 de esa ley se establecían otras reglas de las notificaciones en el juicio de amparo, entre las que destacan:
• Las resoluciones debían ser notificadas a más tardar al día siguiente a aquel en que se hubiesen pronunciado.(40)
• Las notificaciones personales y por lista surtían sus efectos el día siguiente a aquel en que se realizaran y las hechas a la autoridad por oficio, desde la hora de su realización.
• Los plazos procesales comenzaban a correr el día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación.
47. En el caso de las notificaciones personales, éstas se entendían hechas en el momento mismo de su práctica, por lo que surtían efectos al día hábil siguiente y, por tanto, los plazos surgidos a consecuencia de la notificación (útiles para la impugnación correspondiente, o bien, para atender a lo solicitado por el órgano de amparo), iniciaban al día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación.
48. Así es posible establecer que conforme a ese ordenamiento, las notificaciones personales en el amparo debían realizarse al día siguiente a aquel en que fueron ordenadas (a menos que no fuera posible localizar al destinatario) y que éstas se entendían hechas en el momento en el cual se practicó la diligencia de notificación con el destinatario o sus autorizados (mediante el levantamiento del acta correspondiente) o con quien se encontrara en el domicilio (tras haberse dejado el citatorio respectivo), surtiendo efectos esa notificación al día siguiente y, comenzando el plazo correspondiente (para atender a lo solicitado o para impugnar la determinación) el día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación hecha.
49. Debido a las reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos realizadas en dos mil once,(41) el tres de abril de dos mil trece entró en vigor una nueva Ley de Amparo que reconoció los avances tecnológicos del momento, para lo cual en su artículo 3o. estableció la posibilidad de utilizar la firma electrónica como un mecanismo para realizar promociones en el juicio de amparo. Respecto de las notificaciones, en los artículos 24 a 32 se establecieron diversas reglas, entre las cuales conviene destacar las siguientes:
• Las notificaciones deberán realizarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente al día en que se dictó la determinación a comunicar (artículo 24, primer párrafo).(42)
• Las notificaciones personales se harán en los casos previstos en el artículo 26, fracción I.
• En las fracciones II y III del artículo 26 se reconocen las notificaciones por oficio y por estrados.
• En el artículo 26, fracción III, se reconoció la posibilidad de realizar notificaciones por medios electrónicos, a condición de que se tenga la firma electrónica.
50. Al respecto, en la exposición de motivos de ese ordenamiento se expresó, en lo que interesa, lo siguiente:
"... uno de los ejemplos de las nuevas exigencias en torno a la impartición de justicia es el caso del alto número de demandas recibidas con motivos de la expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de las recibidas en contra del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU).
"Por lo que respecta a la Ley del ISSSTE, durante 2007 se recibieron aproximadamente 169,000 demandas de amparo, mientras que en contra de la aplicación del IETU fue un aproximado de 30,172.
"La presentación, seguimiento y desahogo de acciones presentadas, ha determinado la necesidad de inclusión de nuevos mecanismos para la atención de éstas, siendo indispensable el uso de tecnologías de la información para garantizar la justicia expedita a la que nos hemos referido. Estas circunstancias originaron que el Consejo de la Judicatura Federal, tomara medidas inmediatas para hacer frente a esa extraordinaria carga de trabajo.
"Lo anteriormente señalado es muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Toda vez que existen experiencias de aplicación muy exitosas desde el ámbito del Poder Ejecutivo Federal en el ámbito de la firma electrónica y una plena conciencia y permanente labor del Poder Judicial de la Federación en actualizar sus formas de impartición de justicia, es que hemos incluido como un punto fundamental de la presente iniciativa, la modernización en el trámite de los juicios de amparo a través de la firma electrónica.
"Además, con esta propuesta de reformas y adiciones, se otorgará mayor certidumbre jurídica a los usuarios del sistema de impartición de justicia respecto del procedimiento en el que intervienen ante los órganos jurisdiccionales ya que incorpora al texto de la nueva Ley de Amparo, la regulación del mecanismo de firma electrónica, así como otros temas que coadyuvan en la agilidad del procedimiento y a la participación de las autoridades responsables de promulgación y publicación, en tratándose de amparo contra normas generales.
"Descripción del contenido de la reforma.
"La presente iniciativa propone establecer que en los juicios de amparo todas las promociones puedan hacerse por escrito, o bien, que la parte que así lo solicite expresamente pueda hacerlo vía electrónica a través del uso de la firma electrónica, entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
"Con motivo de la utilización de este mecanismo, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deberán integrar un expediente físico y paralelamente un expediente electrónico. Para el cumplimiento de esta disposición, los titulares de los órganos jurisdiccionales serán responsables respecto de la digitalización de las promociones y los documentos que presenten las partes.
"A través de la firma electrónica podrán presentarse promociones electrónicas hasta veinticuatro horas previas al día de su vencimiento. Así mismo, se establece que la presentación de las demandas o promociones de término podrán hacerse también ante la oficina de correspondencia común respectiva.
"Se señala que las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente al en que se hubiesen pronunciado y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución. Sin embargo, se adiciona que las notificaciones podrán realizarse por vía electrónica a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la firma electrónica.
"En cuanto a las notificaciones por lista se establece que se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución en lugar visible y de fácil acceso, así como en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Debe destacarse que, en caso de que alguna de las partes del juicio, no se presentaren a oír la notificación personal, o no hubiesen generado la constancia electrónica de la consulta de los expedientes respectivos, en tratándose de que las partes cuenten con la firma electrónica, se tendrá por hecha.
"Además, se prevén las notificaciones electrónicas, siempre que las partes así lo hayan solicitado expresamente.
"Las partes que cuenten con firma electrónica les será generada una constancia de la consulta realizada, misma que acreditará que el usuario se hizo sabedor de una determinación judicial, la que, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por la otra, hará una impresión que agr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28720-e96e7a93/notificaciones-realizadas-por-via-electronica-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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