I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZONGOLICA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZONGOLICA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES PARA IMPUGNAR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO INICIA AL DÍA SIGUIENTE AL QUE ESTE ÚLTIMO TIENE CONOCIMIENTO DE DICHO PAGO (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZONGOLICA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZONGOLICA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZONGOLICA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA SI EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO LA REALIZÓ AL AYUNTAMIENTO DENTRO DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO PREVISTA EN EL CALENDARIO RESPECTIVO (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL RAMO 28 AL MUNICIPIO DE ZONGOLICA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE PARTICIPACIONES FEDERALES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PAGUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA POR CONCEPTO DE INTERESES (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZONGOLICA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 161/2016. MUNICIPIO DE ZONGOLICA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 6 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día seis de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la controversia constitucional. Por escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis,(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Máximo Chimalhua Sánchez, en su carácter de síndico único y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional, en cuya demanda señaló expresamente como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
Autoridad demandada:
• Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Actos impugnados:
• El retraso en la entrega de las participaciones federales Ramo 28, que contemplan el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, correspondientes al ejercicio fiscal 2016; respecto del mes de octubre de dicha anualidad.
• El pago de intereses a consecuencia de la omisión señalada.
2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso, que se narran en la demanda, son los siguientes:
a) El decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete de noviembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, en su anexo 1, apartado C, Ramo 28, estableció recursos de participaciones federales a entidades federativas y Municipios constituidos por los siguientes fondos: Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Fondo de Extracción de Hidrocarburos.
b) Los artículos 2o., 2o.-A, 6o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal prevén la metodología y fórmula en las que los recursos de participaciones federales del Ramo 28, que contemplan el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, serán distribuidos entre los Municipios de cada entidad.
c) El doce de febrero de dos mil dieciséis, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los Ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal de 2016; en el que se estableció que el total de recursos del Fondo General de Participaciones (Ramo 28) para el ejercicio fiscal de 2016 es el que arroje el cálculo mensual, considerando la recaudación federal participable obtenida en el mes inmediato anterior, en cumplimiento a lo indicado en el artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal.
d) No obstante lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no ministró las participaciones federales correspondientes al Ramo 28, a favor del Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciséis.
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor son, en síntesis, los siguientes:
a) Que se transgredió la autonomía del Municipio actor en su ámbito hacendario, en relación con los principios de integridad y ejercicio directo de los recursos municipales, ya que, por lo que respecta al mes de octubre de dos mil dieciséis, no tuvo la posibilidad de manejar ni aplicar los recursos financieros que legalmente le correspondían, para la prestación de los servicios públicos a su cargo, derivado de la falta de su entrega puntual por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
b) Que el poder demandado deberá pagar al Municipio actor los montos correspondientes a los recursos financieros precisados como actos impugnados, así como los intereses que se hayan generado y se sigan generando hasta la fecha en que se paguen.
4. CUARTO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. El Municipio actor considera violado el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis,(2) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 161/2016 y, por razón de turno, designó como instructora a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
6. SEXTO.—Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis,(3) la Ministra instructora admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado únicamente al Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave, ordenó emplazarlo para que formulara su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles, y ordenó formar cuaderno incidental respecto de la suspensión solicitada por el Municipio actor.
7. SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo. El gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al dar contestación a la demanda, señaló, esencialmente, lo siguiente:
• Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la falta de entrega de los recursos financieros reclamados, y al consecuente pago de intereses, toda vez que la actora no acreditaba que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que inició su administración el día uno de diciembre de dos mil dieciséis, no hubiera regularizado las entregas de las participaciones federales.
• Que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria antes citada, con relación al pago de intereses reclamados, derivado de que la parte actora no agotó la vía prevista en la ley para su solución, en términos del artículo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz.
8. OCTAVO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. A pesar de que se le dio vista del auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, que admitió a trámite la demanda, la Procuraduría General de la República no formuló manifestaciones con relación a la presente controversia.
9. NOVENO.—Audiencia para la presentación de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, con fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete,(4) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se puso el expediente en estado de resolución.
10. DÉCIMO.—Radicación en Sala. Previo dictamen, por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho,(5) el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la remisión del presente asunto a esta Primera Sala.
11. DÉCIMO PRIMERO.—Avocamiento. El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho(6) la Ministra presidenta de esta Primera Sala dictó el acuerdo de avocamiento, en el que ordenó la remisión de los autos del presente asunto a la ponencia a su cargo, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
12. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Zongolica, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Poder Ejecutivo de esa misma entidad federativa, en la que se combate la omisión en la entrega puntual de las participaciones federales que legalmente le correspondía recibir en el mes de octubre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
13. SEGUNDO.—Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) esta Primera Sala procede a fijar los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados.
14. Así, del estudio integral de la demanda, en relación con sus anexos, se desprenden como actos impugnados, en abstracción de los calificativos que sobre su constitucionalidad realiza la demandante, los siguientes:
• El retraso en la entrega de las participaciones federales correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciséis, por los conceptos correspondientes al Ramo 28, relativos al Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos.
• El pago de intereses, derivados del retraso en la entrega de las aportaciones federales correspondientes a los mencionados conceptos.
15. El gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave negó la existencia de los actos impugnados, pues manifestó que el Municipio actor no demuestra que la actual administración no haya efectuado ya los actos encaminados a regularizar las entregas de los recursos económicos correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores a su administración.
16. Esta Sala considera que el análisis de la existencia de los actos omisivos reclamados debe estudiarse en el fondo; pues, para determinar si los recursos fueron debidamente entregados debe atenderse al marco legal aplicable, además de que, de ser cierta la falta de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.
17. Finalmente, debe señalarse que el hecho de que el actual gobernador hubiera alegado que inició su encargo con posterioridad a que surgiera la obligación de entrega de las participaciones federales y que, en consecuencia, no existen los hechos que se le imputan, tal aseveración no lo libera –en principio– de una posible responsabilidad, pues la obligación corresponde al poder que encabeza de forma abstracta, y no, a él como persona física.
18. Por ende, con independencia de quién represente en determinado momento al Ejecutivo Estatal, existe un reclamo legítimo en su contra y, por ende, deberá atender las obligaciones que sean atribuidas al Poder Ejecutivo, al ser quien ejerce el cargo al momento de demandarse la supuesta omisión, de ser el caso.
19. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que, conforme a la tesis P./J. 43/2003,(8) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. A continuación, se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre actos positivos y omisiones.
20. En la controversia constitucional 5/2004,(9) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(10) la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
21. En la controversia constitucional 20/2005,(11) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04, de veintisiete de enero de dos mil cinco suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(12) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
22. En la controversia constitucional 98/2011(13) se analizó la oportunidad de una demanda, en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(14) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
23. En la controversia constitucional 37/2012,(15) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que, al acudir a recibirlos, le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(16) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
24. En la controversia constitucional 67/2014,(17) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor, por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta, desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que la ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(18)
25. En la controversia constitucional 78/2014,(19) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo local: 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales, correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente, con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales y el pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(20)
26. Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4), determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(21) Finalmente, por lo que hace al acto 5), debe tenerse en tiempo, toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.
27. En la controversia constitucional 73/2015,(22) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó del Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince; 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince; y, 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones, en virtud de que se impugnó la falta absoluta de pago de distintos conceptos.
28. En la controversia constitucional 118/2014,(23) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas por concepto de anticipos a cuenta, y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto tesorero municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales, participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1), la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(24) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2), la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(25)
29. De acuerdo con los anteriores precedentes, es posible advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido por actos positivos: a) los descuentos; b) los pagos parciales; c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales; y, d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se considera omisión la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera.
30. Respecto a los actos positivos, el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(26) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento, mientras subsistan.
31. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio de Zongolica, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, impugna el retraso en la entrega de las participaciones federales Ramo 28, correspondientes al mes de octubre del año dos mil dieciséis, lo cual se traduce en un acto positivo porque implica que, lo que conforme a ley debería hacerse en un momento determinado, se hizo en uno distinto.
32. Así entendido, el plazo para la presentación de la demanda se rige por lo establecido en el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria, por lo cual se contaba con el plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento el actor.
33. Bajo la premisa anterior, la demanda se encuentra presentada en tiempo porque, del informe rendido por el tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante oficio TES/609/2017, de quince de marzo de dos mil diecisiete,(27) se desprende que la entrega de participaciones federales por la parcialidad del mes de octubre de dos mil dieciséis se efectuó el dieciocho de noviembre del mismo año, el cual corresponde a aquel en que fue presentada la demanda.
34. En estos términos, si se reclama que el pago de los recursos se efectuó de manera contraria a la ley, por haberse realizado en una fecha distinta a la que correspondía, se trata de un acto positivo, y como la demanda se presentó el mismo día en que la actora tuvo conocimiento del acto, se considera oportuna.
35. CUARTO.—Legitimación activa. A continuación, se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.
36. Los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
37. De las disposiciones legales transcritas, se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
38. En el presente asunto, suscribe la demanda, en representación del Municipio de Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, Máximo Chimalhua Sánchez, en su carácter de síndico único de dicho Municipio, lo que acredita con las copias certificadas de la constancia de mayoría de la elección del Ayuntamiento, de nueve de julio de dos mil trece, expedida por el Instituto Electoral de Veracruzano.(28)
39. El artículo 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece lo siguiente:
"Artículo 37. Son atribuciones del síndico:
"...
II. Representar legalmente al Ayuntamiento."
40. Del contenido de esta disposición, se desprende que el síndico tiene la representación jurídica del Municipio, el cual es uno de los entes legitimados para promover una controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.
41. QUINTO.—Legitimación pasiva. Acto continuo, se analiza la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción.
42. Tiene el carácter de autoridad demandada, en esta controversia constitucional, el gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
43. El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, establece:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
44. En el presente asunto, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, compareció a juicio en representación dicha entidad federativa, acreditando su calidad de titular del Ejecutivo Local mediante la Constancia de Mayoría de fecha doce de junio de dos mil dieciséis, expedida por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, como se observa a foja 38 del expediente en que se actúa.
45. Ahora bien, el artículo 49, fracción XVIII, de la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece:
"Artículo 49. Son atribuciones del gobernador del Estado:
"...
"XVIII. Representar al Estado, para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal."
46. En este tenor, de acuerdo con la disposición legal antes transcrita, el titular del Poder Ejecutivo del Estado tiene la atribución de representar al Estado, para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal; es decir, específicamente tiene la atribución de intervenir en esta controversia, en representación de la entidad federativa en la que encabeza el Poder Ejecutivo.
47. Por tanto, se le reconoce legitimación pasiva al gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien comparece a juicio personalmente.
48. SEXTO.—Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de invalidez propuestos por el Municipio actor, por razón de orden público e interés social, procede analizar las causales de improcedencia hechas valer por el Poder Ejecutivo demandado.
49. El Poder Ejecutivo hizo valer la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 20, fracción III, del indicado ordenamiento, relativa a la inexistencia de los actos impugnados por el Municipio actor.
50. Dicha causal de improcedencia debe desestimarse porque, como se precisó en el apartado correspondiente, son ciertos los actos reclamados por el Municipio actor, relativos al retraso en la entrega de las aportaciones federales que reclama, así como al pago de los intereses generados por dicha omisión.
51. La misma autoridad demandada hace valer que el Municipio actor no agotó la vía legal prevista para la solución del conflicto, pues el pago de intereses que solicita se encuentra previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, no en la Constitución Política Federal, razón por la cual se surte lo establecido en el artículo 5o. de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, por lo que tenía que dirigir su inconformidad a la Legislatura del Estado de Veracruz.
52. La causal de improcedencia es infundada, porque el pago de intereses que solicita el Municipio actor se hace derivar de la omisión de pago de las participaciones federales, en términos de los artículos 73, fracción XXIX, último párrafo y 115, fracción IV, inciso b), ambos de la Constitución Política Federal, y en sus motivos de invalidez centra su impugnación en la violación al segundo de los numerales.
53. Ahora, aun cuando el pago de intereses se encuentra previsto en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, ello no quiere decir que la impugnación se haga en función de normas de carácter secundario, pues deriva directamente de la obligación de entregar oportunamente los recursos federales a los Municipios, específicamente del principio de integridad contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
54. SÉPTIMO.—Estudio de fondo. El Municipio actor indica que la autoridad demandada incurrió en el retraso en la entrega de las aportaciones federales, correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciséis, por los conceptos del Ramo 28, relativos al Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, así como el pago de intereses derivado del mismo; al transgredir en su perjuicio las prerrogativas inherentes su libertad hacendaria, en específico el principio de integridad y ejercicio directo de los recursos municipales.
55. En este context
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28728-21c11e34/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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