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ACTA DE ASAMBLEA DE CAMBIO DE RÉGIMEN COMUNAL A EJIDAL. SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA EXISTENCIA JURÍDICA DEL EJIDO, POR LO QUE PARA DILUCIDAR SI ÉSTE TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A UN JUICIO, DEBE TOMARSE EN CUENTA LA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. · Registro digital (IUS): 28750
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-06-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, Pág. 3667.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 27 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS EVARISTO CORIA MARTÍNEZ, MARIO PEDROZA CARBAJAL Y ARTURO CASTAÑEDA BONFIL, HABIENDO EJERCIDO EL MAGISTRADO PRESIDENTE EVARISTO CORIA MARTÍNEZ LA PRERROGATIVA DE EMITIR VOTO DE CALIDAD, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO. DISIDENTES: GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ Y FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS. PONENTE: MARIO PEDROZA CARBAJAL. SECRETARIA: CYNTHIA MARGARITA VALENCIA LEÓN.

II. Competencia

5. Este Pleno del Quinto Circuito, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en dicho medio oficial el treinta de mayo del referido año.

III. Legitimación

6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes en la contradicción de tesis que ahora se resuelve.

IV. Criterios contendientes

7. 1.- El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, mediante sesiones de diecisiete de agosto, veintinueve de septiembre y once de octubre, todas de dos mil diecisiete, resolvió los amparos en revisión administrativos 45/2017, 57/2017, 228/2017, 243/2017 y 246/2017, de su índice, en los siguientes términos:

"Amparo en revisión: 45/2017.

"VISTO para resolver, el amparo en revisión administrativa número 45/2017, relativo al juicio de amparo indirecto **********; y,

"‘RESULTANDO:

"‘I. Demanda de amparo indirecto y trámite ante el Juzgado de Distrito, hasta el dictado de la sentencia.

"‘1. Mediante escrito presentado el doce de julio del dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, y remitido el mismo día, por razón de turno, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, **********, ********** y **********, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Ejido denominado ‘**********’, del Municipio de **********, Sonora, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:

"‘«III. Autoridades Responsables.—Como AUTORIDAD ORDENADORA: El H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35, con domicilio en calle Cinco de Febrero 120 Sur entre Hidalgo y Guerrero, colonia Centro, de Ciudad Obregón, Sonora.—Como AUTORIDAD EJECUTORA: La Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado y/o Delegación Federal del Registro Agrario Nacional, con domicilio en calle Matamoros 102, entre Jalisco y Puebla, colonia Centro, de Hermosillo, Sonora.—IV. Actos Reclamados:—<1. El cual hago consistir en todo lo actuado en el juicio agrario **********, correlacionado con el **********, ambos del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 35, sobre la controversia relativa a la posesión de un solar ubicado en terrenos que son propiedad exclusiva del ejido denominado **********, Municipio de **********, Sonora, misma que venimos representando; además reclamamos fundamentalmente la sentencia dictada en dicho juicio por el citado tribunal con fecha 12 de noviembre de 12012 ,(sic) en cuyos puntos resolutivos del fallo en cuestión declara procedentes las pretensiones de la parte actora, sin que en ningún momento se haya llamado a juicio a la asamblea de ejidatarios del núcleo de población ejidal que representamos (sólo se llamó a la asamblea de comuneros), esto es, se nos privó de la posesión y de la propiedad de dicho solar, sin habernos seguido juicio, violando nuestra garantía de audiencia porque el ejido que representamos no fue oído y vencido en dicho juicio agrario, siendo completamente soslayado por las responsables que el bien objeto del mismo es propiedad del ejido **********, Municipio de **********, Sonora, de conformidad con lo previsto en los artículos 9o., 90 y 91 de la Ley Agraria, y de acuerdo con el acta de asamblea celebrada con fecha 09 de septiembre de 2012, referente al Cambio de Régimen de Comunidad a Ejido en una fracción de ********** hectáreas, en los que se incluyen ********** solares, ********** zonas y ********** manzanas, misma que ya obra debidamente inscrita en el Registro Agrario Nacional, tal y como se demuestra con la constancia respectiva que venimos exhibiendo para tal efecto; por lo que con fundamento en los citados numerales, y con los documentos referidos precedentemente estamos acreditando plenamente la propiedad legal de los terrenos materia del juicio; destacándose que conforme a la citada acta de asamblea celebrada el 09 de septiembre de 2012, adquirimos la posesión jurídica de dichos terrenos; por lo que es evidente que al no haber sido llamados a juicio, se vulneraron en nuestro perjuicio los derechos humanos y garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, así como de una adecuada y oportuna defensa previo al acto privativo, consagradas en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—2. Los actos de ejecución que, en su caso haya realizado o pretenda realizar la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado y/o Delegación Federal del Registro Agrario Nacional, de Hermosillo, Sonora, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 35, en los puntos resolutivos de la sentencia de fecha 12 de noviembre de 2012, emitida en los autos del juicio agrario ********** (sic), especialmente los puntos tercero y séptimo, en los que la responsable estableció:—[TERCERO. Con base en los hechos acreditados en la causa y la confesión ficta en que incurrió el comisariado de bienes comunales representativo de la asamblea demandada, a **********, se le ratifica como legítimo poseedor en carácter de dueño del solar urbano objeto del juicio, cuya superficie exacta, medidas, colindancias y demás datos de identificación se encuentran reflejados en el plano que obra a foja 31 del sumario; generándose a su favor el derecho de preferencia a efecto de que le sea asignado y titulado cuando ello se lleve a cabo oficialmente por cualquiera de las formas previstas en la ley; atento a lo razonado en el considerando IV de este fallo.—....—SÉPTIMO. Mediante atento oficio, y en un solo legajo, a la delegación Federal del Registro Agrario Nacional, en esta entidad federativa, envíesele copia certificada de este fallo, así como del plano individual referido (foja 31), a efecto de que realice la inscripción correspondiente; de conformidad con el artículo 152, fracción I de la Ley Agraria:]—Actos que, de haberse materializado deberán quedar sin efecto legal alguno, una vez que se emita la sentencia protectora en el presente asunto; en razón de que la sentencia que les dio origen se deberá declarar de igual manera insubsistente, al no haber sido oído y vencido en el juicio agrario el ejido que representamos, privándonos de la propiedad y posesión jurídica de dicho solar, misma que venimos acreditando con el acta ce asamblea celebrada de fecha 09 de septiembre de 2012, referente al Cambio de Régimen de Comunidad a Ejido en una fracción de ********** hectáreas, y de conformidad con lo previsto en los artículos 9o., 90 y 91 de la Ley Agraria; viéndose conculcadas nuestras garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, así como de una adecuada y oportuna defensa previo al acto privativo, en contravención a lo dispuesto por los artículos 1o., 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—3. De las autoridades señaladas como responsables en este amparo reclamamos de igual manera todas y cada una de las consecuencias que se deriven del acto que a cada una de ellas en lo particular les venimos reclamando por ser violatorios de los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, en virtud de que los terrenos objeto del juicio agrario ********** (sic), son de la exclusiva propiedad y posesión del ejido denominado **********, Municipio de **********, Sonora, que legalmente representamos>»’ (fojas 4-6 del expediente).

"‘La parte quejosa expuso los hechos y antecedentes de los actos reclamados y los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"‘2. Por auto de trece de julio de dos mil dieciséis, la Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número **********; solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, al que deberían acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que fueron necesarias para apoyar dicho informe; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le correspondía (fojas 212-216 del juicio de amparo indirecto).

"‘3. Seguido el juicio por sus demás trámites, el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la Juez de Distrito, celebró la audiencia constitucional, y con esa misma fecha, dictó sentencia, misma que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"‘«Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, ********** y **********, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del ejido **********, Municipio de **********, Sonora, en contra de los actos de las autoridades responsables:—1). Tribunal Unitario Agrario Distrito 35, con residencia en esta ciudad.—2). Delegado del Registro Agrario Nacional con residencia en Hermosillo, Sonora.—El amparo se concede para los efectos precisados en la última parte del considerando quinto de este fallo.—Segundo. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de este fallo.—Notifíquese» (fojas 377-387 del juicio de amparo).

"‘II. Trámite del recurso de revisión ante el Juez de Distrito.

"‘Inconforme con la sentencia anterior, el recurrente **********, por su propio derecho, interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el doce de diciembre del dos mil dieciséis, ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón.

"‘Por auto de trece siguiente, la Jueza de Distrito, tuvo por interpuesto dicho recurso (foja 492 del juicio de amparo); y lo remitió a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, con residencia en esta ciudad, donde se recibió el diecisiete de enero del dos mil diecisiete (foja 3 del toca).

"‘III. Trámite del recurso de revisión ante este Tribunal Colegiado.

"‘Por razón de turno, tocó conocer del citado recurso a este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, donde se recibió el dieciocho de enero del presente año (foja 3 del toca), y por auto de presidencia dictado el veinte siguiente, se admitió a trámite, registrándose con el número estadístico 45/2017.

"‘En el mismo auto, se comunicó a las partes que este Órgano Jurisdiccional está integrado por los Magistrados, presidente Mario Toraya, Juan Manuel García Figueroa y la secretaria de tribunal en funciones de Magistrada, licenciada Virginia Guadalupe Olaje Coronado, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; lo que fue informado por oficio CCJ/ST/2641/2016, suscrito por el secretario técnico de dicha Comisión.

"‘IV. Turno del expediente.

"‘1. Mediante acuerdo dictado el uno de febrero del dos mil diecisiete, se turnó el expediente al Magistrado Juan Manuel García Figueroa, para la formulación del proyecto de resolución respectivo (foja 13 del toca en revisión).

"‘2. En sesión de veintinueve de junio del dos mil diecisiete, se retiró este asunto, como consta en el acta de sesión número 52/2017, el cual se volvió a listar el once de agosto del citado año.

"‘CONSIDERANDO:

"‘PRIMERO. Competencia.

"‘Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, resulta legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, atento a lo dispuesto por los artículos 94, sexto párrafo y 107, fracción VIII, último párrafo, ambos de la Constitución General de la República, 81, fracción I, inciso e), 84 y 93, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente; 37, fracciones II y IV, y 144, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y a los Acuerdos Generales 41/2005 y 3/2013, que emitió el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobados, el primero en sesión extraordinaria de cinco de octubre de dos mil cinco, relativo a la fecha de inicio de especialización, nueva denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de los asuntos; y el segundo, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; lo anterior, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por una Juez de Distrito, con residencia en la jurisdicción de este órgano colegiado.

"‘SEGUNDO. Oportunidad del recurso.

"‘El presente recurso de revisión se interpuso dentro del término de diez días, que para tal efecto establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la notificación del fallo recurrido se realizó a la parte recurrente, el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, surtiendo sus efectos al día siguiente, esto es el veintiocho siguiente, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, el término para la interposición del recurso transcurrió del veintinueve de noviembre al doce de diciembre del citado año, descontándose los días veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez y once de diciembre, todos del dos mil dieciséis, por corresponder a sábados y domingos y ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"‘Por tanto, si el recurso de revisión se presentó el doce de diciembre del dos mil dieciséis, según se advierte del sello de recibido que obra a foja cuatro del presente toca en revisión, es evidente que su interposición fue oportuna.

"‘TERCERO. Resolución recurrida y agravios.

"‘Se considera innecesaria la transcripción de la resolución recurrida y de los agravios realizados en su contra por la parte inconforme en la presente revisión, toda vez que no existe precepto alguno que obligue a este tribunal llevar a cabo tal transcripción; aunado a que junto con el proyecto de sentencia, se entregó a los Magistrados, así como a la secretaria de tribunal en funciones de Magistrada, integrantes de este tribunal, copia de la resolución recurrida y de los agravios formulados por la recurrente, sin que esta circunstancia cause algún perjuicio a las partes, habida cuenta que respecto de los agravios, éstos obran agregados al presente expediente de revisión, y en cuanto a la resolución recurrida, se ordena agregar copia certificada de la misma, a fin de que sea glosada a los presentes autos.

"‘En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.—De los preceptos integrantes del capítulo X <De las sentencias>, del título primero <Reglas generales>, del libro primero <Del amparo en general>, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.»

"‘De igual forma, se comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en la tesis XVII.1o.C.T.30 K, que aparece publicada en la página 2115 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo de 2006, con el rubro y texto siguientes:

"‘«SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.—El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver.»

"‘CUARTO. Agravios respecto causal de improcedencia no analizada en la sentencia recurrida.

"‘Resulta necesario precisar que no obstante que el acto reclamado deriva de un tribunal agrario, el recurrente no se encuentra en alguna de las hipótesis a que se refieren las fracciones IV o VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que no opera la suplencia de los agravios en su favor.

"‘Puntualizado lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que en el escrito de agravios, se afirmó, que de la documentación que obra en el presente juicio, se señala que las personas que convocaron a la asamblea para formar el ejido hoy quejoso, fueron las mismas personas que quedaron electas como Comisariado Ejidal del nuevo núcleo agrario denominado Ejido **********, por lo que se condujeron ante el Juzgado con falsedad, pues como se advertía de los informe con justificación, en los cuales obraban los expedientes en que se dictó la sentencia combatida, fueron legalmente notificados de la misma, consintiéndola, al no impugnarla a través del juicio correspondiente, por lo que claramente se advertía que fue consentida de manera tácita.

"‘Además de la comparativa con el contenido del escrito del treinta de agosto de dos mil dieciséis (foja 299 del juicio de amparo), con lo narrado en el presente recurso, se deduce con meridiana claridad que la causal la hizo valer el tercero interesado ante el Juez de Distrito, precisando en dicho escrito que se debería de sobreseer en el juicio de amparo, en virtud de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción «14» (sic) de la Ley de Amparo (foja 299 del juicio de amparo); es decir, se trata de una causal de improcedencia invocada ante el Juez de Distrito, y se omitió hacer pronunciamiento al respecto.

"‘Por razón de método, y con fundamento en lo previsto por el numeral 93, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado, reasumiendo jurisdicción, al no existir reenvío, en principio, analizará la posible actualización de la causal de improcedencia invocada.

"‘El citado tercero interesado ahora recurrente adujo, que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo, debido a que desde su perspectiva, la quejosa consintió el acto reclamado.

"‘Señalado lo anterior, es oportuno traer a contexto los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente:

"‘«Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

"‘«I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o “el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

"‘«II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

"‘«III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

"‘«IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.»

"‘«Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.»

"‘«Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...

"‘«XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ...»

"‘De la exégesis de los preceptos de orden legal transcritos, en lo que aquí interesa, se advierte que se reputan consentidos los actos que no se reclaman dentro del plazo de siete años, aplicable al caso concreto, dado que opera una de las excepciones previstas en el precepto 17 de la Ley de Amparo, pues la quejosa es una comunidad Ejidal y en el juicio natural, la litis versa sobre la posesión de un bien que defiende.

"‘Ahora bien, para computar el plazo de siete años, existen tres momentos a partir de los cuales debe establecerse ese espacio temporal; esto es, a partir del día siguiente:

"‘a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al peticionario de amparo de la resolución o acuerdo que reclame;

"‘b) Al en que aquél haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y,

"‘c) Al en que el amparista se haya ostentado sabedor de ellos.(1)

"‘Pues bien, como se observa, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo –en la vía directa o indirecta–, comienza a correr a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis señaladas, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno.

"‘Ahora, en la especie, debe operar la temporalidad de siete años para la promoción de la acción constitucional, dada la naturaleza del acto reclamado y la calidad de Ejido de la parte quejosa.

"‘Del análisis de las constancias de autos, y las afirmaciones de la parte tercero interesada ahora recurrente, se aprecia alegado ante la Juez de Distrito, que el Ejido quejoso consintió la resolución dictada en el juicio agrario **********, la cual se emitió el día doce de noviembre de dos mil doce, pues fue notificado de la misma a través de su Comisariado Ejidal.

"‘Este Órgano Colegiado no advierte alguna constancia de notificación de esa resolución agraria al ejido aquí quejoso; aún de acreditarse la existencia de una notificación desde el momento de su emisión (doce de noviembre de dos mil doce), no podría considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista por los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, pues desde ese punto de partida, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (doce de julio de dos mil dieciséis), no habrían transcurrido los siete años que se requieren para su actualización.

"‘De ahí que se desestime la actualización de esa causal de improcedencia y se proceda al análisis del resto de los agravios; sin que lo anterior implique por el momento, modificación del fallo revisado.

"‘QUINTO. Agravios respecto al interés jurídico de la quejosa y fondo del asunto.

"‘En el resto de los agravios, el recurrente sostiene:

"‘- Que de forma inexacta la Juez de Distrito otorgó eficacia jurídica al Ejido **********, Municipio de **********, Sonora a partir de la asamblea de cambio de régimen de comunidad a ejido, de fecha nueve de septiembre del año dos mil doce, siendo que la resolución reclamada en el amparo se dictó con fecha doce de noviembre del mismo año; no obstante que en esa fecha, era inexistente jurídicamente, pues –a su consideración– es de explorado conocimiento jurídico, que solamente hasta la inscripción del Acta de Asamblea nace jurídicamente el nuevo núcleo poblacional.

"‘- Que ese requisito de inscripción, no constituye una mera formalidad, sino que también es indispensable para probar su existencia jurídica frente a terceros, por lo cual, a quien debió llamar, como lo hizo, era a la comunidad ********** y no al ejido del mismo nombre.

"‘- Que tal como se advierte de las constancias del juicio de amparo, dicha asamblea, se inscribió hasta el día once de abril del año dos mil trece, por lo que al momento de dictarse la resolución reclamada, el ejido no tenía vida jurídica erga omnes.

"‘Lo alegado, lo apoya en el texto de la jurisprudencia 2a./J. 143/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 537, registro digital: 171777, que se lee:

"‘«EJIDATARIOS. PARA ACREDITAR ESE CARÁCTER CON EL ACTA DE ASAMBLEA DE DELIMITACIÓN, DESTINO Y ASIGNACIÓN DE TIERRAS EJIDALES, ÉSTA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS DEL 24 AL 28 Y 31 DE LA LEY AGRARIA.—Conforme al artículo 16, en relación con el 150 del citado ordenamiento, el carácter de ejidatario se acredita con la sentencia o resolución respectiva del tribunal agrario, o bien, con los certificados de derechos agrarios, parcelarios o comunes, por ser éstos los documentos idóneos para demostrar plenamente que la asamblea del ejido reconoció u otorgó a su titular la propiedad de tierras de asentamiento humano, así como los derechos sobre las tierras de uso común o parceladas, en términos de los artículos 69, 74 y 78 de la Ley Agraria. Sin embargo, en caso de no contar con dichos certificados, porque no se hayan expedido o por cualquier otra circunstancia que impida a su titular presentarlos a una persona ajena al núcleo de población, el carácter de ejidatario también puede acreditarse con el acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, siempre y cuando se demuestre que ésta se realizó de acuerdo a las reglas especiales que establecen los artículos del 24 al 28 y 31 de la indicada Ley, en cuanto a: 1) La anticipación de la expedición de la convocatoria; 2) La asistencia de ejidatarios requerida para su celebración; 3) Los votos necesarios para la validez de las resoluciones tomadas; 4) La presencia del representante de la Procuraduría Agraria; 5) La concurrencia de un fedatario público ante quien debe pasarse el acta; y 6) La inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional; requisitos sin los cuales esa acta, por sí sola, resultará insuficiente para demostrar el carácter de ejidatario, p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28750-33443a70/acta-de-asamblea-de-cambio-de-regimen-comunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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