HIDROCARBUROS. EL ASIGNATARIO O CONTRATISTA DEBE EXHIBIR AL PROPIETARIO O TITULAR DEL PREDIO LOS TABULADORES SOBRE LOS VALORES PROMEDIO DE LA TIERRA AL INICIO DE LA NEGOCIACIÓN O EL ACUERDO SOBRE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AQUÉLLOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 7 DE MAYO DE 2019. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA, RAFAEL RIVERA DURÓN, HÉCTOR GUZMÁN CASTILLO, JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA, MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES, IGNACIO CUENCA ZAMORA Y GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES. PONENTE: MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoséptimo Circuito tiene competencia para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
TERCERO.—Criterios contendientes.
Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con Residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión de quince de febrero de dos mil dieciocho, el indicado Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el amparo en revisión civil 5/2017, determinando confirmar la sentencia recurrida, que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, en contra del acto que reclamó del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, consistente en la resolución emitida el diez de octubre de dos mil dieciséis, en el expediente de jurisdicción voluntaria 19/2016 de su índice.
Las consideraciones esenciales en que se apoyó el sentido del fallo fueron las siguientes:
Se declararon infundados los agravios planteados.
Se precisó que el acto reclamado del Juez Sexto de Distrito en el Estado, fue la resolución emitida dentro de la jurisdicción voluntaria con número de expediente 19/2016-II, que denegó admitirla a trámite.
Como antecedentes del caso se relató que el veintitrés de septiembre de dos mil quince, la parte quejosa contrató con la Comisión Federal de Electricidad el servicio de transporte de gas, para la construcción, puesta en marcha y operación del proyecto **********, consistente en un gasoducto de treinta y seis pulgadas que transportaría gas natural desde el punto de interconexión en Samalayuca, Chihuahua, hasta el punto de entrega en Sásabe, Sonora, con longitud aproximada de seiscientos dieciséis kilómetros.
Que una vez que se determinó la viabilidad técnica y jurídica del proyecto, se notificó su interés de construir una servidumbre de paso en un terreno propiedad de ********** y otros, por lo que el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, los propietarios del terreno y la compañía gasera celebraron un contrato de constitución de servidumbre de paso, continua y aparente.
El diez de octubre de dos mil dieciséis, se promovió diligencia de jurisdicción voluntaria, a fin de que fuera validado el contrato y se elevara a la categoría de cosa juzgada, en términos del artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos; sin embargo, el Juez de Distrito la tuvo por no presentada, al considerar que no se cumplía con lo establecido en los artículos 104, 105 y 109 de la Ley de Hidrocarburos; 530 y 536 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
La resolución anterior se impugnó en amparo indirecto y el Juez del conocimiento en su sentencia estimó:
Que de conformidad con el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, el Juez de Distrito debía verificar si se habían cumplido las directrices exigidas en dicho ordenamiento respecto a los actos, acuerdos y contratos relacionados con el uso, goce y afectación de terrenos, bienes o derechos, para actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
Que entre esos lineamientos figuraban los tabuladores de valores promedios de la tierra y accesorios, en los que debían basarse las negociaciones realizadas respecto a los actos mencionados, en términos del artículo 103 de la invocada ley, porque era un elemento de suma importancia para la celebración de los pactos y acuerdos vinculados con el uso, goce y afectación de terrenos, bienes y derechos para actividades de explotación y extracción de hidrocarburos.
Que, en ese caso, los tabuladores no se habían elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, como la propia promovente del amparo lo había admitido.
Por tanto, era evidente la improcedencia de la jurisdicción voluntaria, pues ante la inexistencia de los tabuladores, estaba legalmente ausente uno de los elementos necesarios para llevar a cabo los actos relativos a pactos, acuerdos o contratos vinculados con el uso de terrenos para la explotación y extracción de hidrocarburos.
En el recurso de revisión el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, analizó los agravios y resolvió:
El veinte de diciembre de dos mil trece, fueron reformados los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, lo que tuvo como consecuencia la creación de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Mediante dicha reforma, Petróleos Mexicanos se constituyó como una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, se incorporó la participación de terceros en el sector de hidrocarburos a través de distintos tipos de contratos y un nuevo régimen fiscal; asimismo, se reestructuró el sector energético con nuevas entidades, definición de roles y el fortalecimiento de entidades reguladoras.
De igual manera se precisó que la reforma provocó la emisión de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de agosto de dos mil catorce, y su reglamento, publicado en el mismo medio de difusión el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, que son de especial importancia, pues como resultado operó una apertura en el sector, que implicó la posibilidad de que diversos entes, entre ellos, los particulares, pudieran participar en los sectores energéticos del país.
Que con dichas reformas se realizó un cambio de estrategia en el aprovechamiento de los recursos naturales del país, para permitir la participación de entes privados en el sector energético, por lo cual se establecieron reglas y procedimientos para la salvaguarda de los derechos de los propietarios y poseedores de las tierras involucradas en tales actividades, lo que a su vez conllevaría generar seguridad jurídica respecto a los acuerdos de voluntades celebrados con motivo de las mismas.
Que de los artículos 100, 101 y 103 a 105 de la Ley de Hidrocarburos, se desprende el procedimiento que debe seguirse para realizar la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.
En cuanto al agravio, resolvió que contrario a lo considerado, el artículo 103 de la Ley de Hidrocarburos es claro al disponer: "El asignatario o contratista deberá acompañar al escrito a que se refiere la fracción I del artículo 101, los tabuladores señalados en el párrafo anterior, según corresponda a su propuesta."; es decir, el precepto legal no deja opción al contratista o asignatario para que elija entre presentarle al propietario del predio los tabuladores o un avalúo, sino que le obliga a exhibir los tabuladores, ya que, como el propio numeral dispone: "Dichos tabuladores servirán de base para el inicio de las negociaciones que se realicen".
Por ello, se consideró correcta la decisión del Juez de Amparo al señalar que no se cumplieron las formalidades legales, al no haber presentado la empresa, en su escrito de interés, los tabuladores emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
La conclusión anterior se apoyó además, en que si bien el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos refiere que las partes podrán acordar la práctica de avalúos; sin embargo, dicho precepto no tiene el alcance que la recurrente pretende darle, en el sentido de que puede elegir entre los tabuladores o un avalúo, pues la presentación de los tabuladores anexos al escrito en que se manifiesta el interés de afectar un predio, es obligación del contratista o asignatario, en tanto que el practicar avalúos por peritos, es una elección de las partes, es decir, del contratista o asignatario y el propietario del predio, pues el numeral en cuestión así lo establece al decir: "Las partes podrán acordar la práctica de avalúos ...".
Que tampoco del décimo sexto de los lineamientos y modelos de contratos para el uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición de los terrenos, bienes o derechos para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y de transporte por medio de ductos, se desprende que la exhibición de los tabuladores sea optativa para el contratista o asignatario, como señaló la inconforme.
En efecto, detalló que dicho lineamiento, en lo que interesa, dispone:
"Décimo sexto. Contraprestación. Para fijar la contraprestación servirá de base el tabulador a que se refiere el artículo 103 de la Ley de Hidrocarburos, elaborado por el INDAABIN y, en su caso, el avalúo en términos del artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos. Para la aplicación de los tabuladores de valores promedio de la tierra, se deberá considerar lo siguiente: ..."
De la transcripción anterior se observó que no se da a elegir entre los tabuladores y el avalúo, pues el lineamiento señala que para fijar la contraprestación servirán de base los tabuladores "y, en su caso", el avalúo a que se refiere el artículo 104; es decir, pueden servir de base sólo los tabuladores y, en caso de haberse practicado, también los avalúos.
Lo anterior se estimó así, porque el líneamiento en cuestión no señala que servirán de base los tabuladores "o" los avalúos, no da opción a escoger entre unos u otros, sino que la "y" significa que serán los tabuladores y además, en su caso, los avalúos.
De ahí se consideró que no asistía razón a la recurrente al señalar que los avalúos dan certeza al propietario del predio, al no contar con los tabuladores, porque de la lectura de la transcripción que refirió la inconforme, relativa a la exposición de motivos de la Ley de Hidrocarburos, no se apreciaba tal circunstancia, sino por el contrario, se advertía que los valores mínimos de referencia establecen una negociación, serían únicamente los establecidos por el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales exclusivamente, pues se podía leer lo siguiente:
"... No obstante, con el propósito de tener ciertos parámetros que sirvan como base para las negociaciones y eventuales acuerdos que se logren, se prevé la participación del Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales, a efecto de que se establezcan los valores mínimos de referencia a partir de los cuales se podrá iniciar la negociación ..."
De ahí que no podría considerarse que el avalúo a que se refiere el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos supliría a los tabuladores a que se refiere el 103 de dicho ordenamiento legal, porque el avalúo en cuestión, podía ser elaborado no sólo por el instituto, sino por cualquier institución crediticia o corredor público o profesionista en valuación, en tanto que los parámetros que deben servir de base a las negociaciones serán exclusivamente los tabuladores emitidos por el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Que si bien la fracción V del precepto 104 de la Ley de Hidrocarburos refiere que el avalúo que puedan acordar las partes considerará, entre otros factores, las molestias o afectaciones que puedan sufrir los titulares de terrenos, bienes o derechos que sean materia de otorgamiento del uso o goce, o el perjuicio por el tiempo que la propiedad sea afectada, calculado en función de su actividad habitual; sin embargo, ello no significaba que se pudiera elegir entre los tabuladores oficiales a que se refiere el artículo 103 de la ley en comento y el avalúo mencionado en el precepto 104.
En efecto, se resolvió que el uso, goce y afectación de terrenos, bienes o derechos, que resulten necesarios para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, posee una naturaleza especial y, por ello, la Ley de Hidrocarburos señala que los acuerdos entre las partes, se llevarán a cabo a través de un procedimiento especial de negociación (artículo 101), con tabuladores oficiales (artículo 103), y con lineamientos específicos para la elaboración de avalúos (artículo 104).
Lo anterior, dada la importancia que se le está dando al sector energético, que se encuentra estrechamente vinculado a los temas regulados en cuestión de seguridad y medio ambiente; de ahí que debía seguirse estrictamente la regulación contenida en la Ley de Hidrocarburos, específicamente, la presentación de los tabuladores oficiales.
Respecto a la especial naturaleza del uso, goce y afectación de terrenos, bienes y derechos, así como la importancia de su regulación, se citó la jurisprudencia 2a./J. 85/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el título y subtítulo: "HIDROCARBUROS. EL ACUERDO DE USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL PARA SU EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN, PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PUEDA DOTARLO DEL CARÁCTER DE COSA JUZGADA." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2014807, Libro 45, Tomo II, agosto de 2017, página 920)
Por tanto, se consideró que la conclusión del Juez de Amparo en cuanto a que, al no haberse cumplido con las formalidades legales se tuviera por no presentada la jurisdicción voluntaria, fue correcta, ya que al iniciar la negociación, no se exhibieron los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra emitidos por el Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales.
En esa tesitura, al resultar infundado el agravio planteado, se confirmó la sentencia recurrida.
B. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.
Como antecedentes se citaron algunos datos derivados del expediente de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 43/2016, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad.
Se precisó, que ********** promovió dicho trámite a efecto de validar el contrato de constitución de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso celebrado el quince de julio de dos mil dieciséis, entre dicha persona moral y ********** seguido el trámite, el siete de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la cual determinó: "RESUELVE: ÚNICO.—No se valida el Contrato de Servidumbre Voluntaria Continua y Aparente de Paso, celebrado el quince de julio de dos mil dieciséis, entre la moral **********, aquí quejosa y ********** en su carácter de propietario del predio motivo del contrato, en virtud que no cumple con las formalidades exigidas en la Ley de Hidrocarburos y su reglamento."
Del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la determinación anterior, correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien lo radicó bajo el número de expediente 1204/2017 y el quince de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
En la revisión tramitada ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, se resolvió que los agravios resultaron fundados:
Al respecto, se detalló el marco regulatorio del uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos –incluidos derechos reales, ejidales o comunales– necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, que establece la ley que regula esa materia.
Expuesto ese contexto fáctico y legal, se reprodujo el contenido de los artículos 100, 103, 104 y 105 de la Ley de Hidrocarburos, así como 73 del reglamento de la indicada ley.
De los que se advirtió que a fin de establecer la contraprestación, para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los asignatarios o contratistas, tratándose de propiedad privada, podrían acordar la práctica de avalúos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, siempre que formaran parte del padrón establecido conforme el reglamento de la ley.
Asimismo, que para el inicio de las negociaciones que llevaran a cabo las partes contratantes a fin de establecer la contraprestación señalada en el párrafo anterior, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, elaboraría y mantendría actualizados los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, para uso, ocupación o adquisición, según sus características, así como demás tabuladores y mecanismos de referencia que determine.
También, que al momento de fijar la contraprestación que debía cubrirse y ante la inexistencia de los tabuladores que la autoridad competente debería emitir, las partes podrían acordar la práctica de avalúos, los cuales serían realizados por instituciones de crédito del país que se encontraran autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, los cuales de conformidad con el numeral 73, de la norma reglamentaria tenían la obligación de estar inscritos en el Padrón Nacional de Peritos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en el entendido de que la anterior consideración fue sustentada por el Juez natural, así como por el Juez de Distrito.
Por último, que el asignatario o contratista deberían presentar ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario, el acuerdo que las partes alcanzaron con el fin de que se verificara si se cumplieron las formalidades exigidas en dicho cuerpo normativo y, de ser así, emitiría una resolución que tendría el carácter de cosa juzgada.
Posteriormente, se resumieron las consideraciones torales en que se apoyó el Juez de Amparo.
Enseguida, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que del análisis integral del cuerpo normativo, se advertía que para establecer la contraprestación para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, la ley de la materia en los artículos 103 y 104 distingue dos hipótesis:
a) La existencia y actualización de tabuladores y mecanismos de los valores promedio de la tierra y en su caso de sus accesorios, para uso, ocupación o adquisición, sus características, los cuales solamente servirían de base para el inicio de las negociaciones respecto de las contraprestaciones.
b) Ante la inexistencia de los tabuladores y mecanismos de referencia indicados y a fin de acordar el monto de la contraprestación, las partes podrían convenir la práctica de avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, lo anterior, con la condición de que formaran parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del mencionado órgano.
Que del análisis integral de las constancias se desprendía que la persona moral ********** y **********, el quince de julio de dos mil dieciséis, suscribieron el contrato servidumbre voluntaria respecto de una fracción del predio rústico denominado **********, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, en el que se indicó que el "INDAABIN" no había emitido los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra y en ese momento pactaron una contraprestación económica derivada de un avalúo comercial que fue realizado por un "valuador autorizado", el cual se elaboró el diez de septiembre de dos mil quince, mientras que el contrato por el cual las partes manifestaron su voluntad de constituir una servidumbre de paso fue celebrado hasta el quince de julio de dos mil dieciséis.
En ese orden de ideas, se destacó que como lo prevén los artículos 103 y 104 de la Ley de Hidrocarburos, para establecer la contraprestación para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se requería la existencia y actualización de tabuladores y mecanismos de los valores promedio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, los cuales servirían de base para el inicio de las negociaciones respecto de las contraprestaciones y ante la inexistencia de los tabuladores y mecanismos de referencia indicados y a fin de acordar el monto de la contraprestación, las partes podrían convenir la práctica de avalúos en los términos ya mencionados; de ahí que resultara inconcuso que dicho peritaje al momento de su emisión cumplía con el requisito de encontrarse bajo el estatus de activo a que refiere el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos, de conformidad con el numeral 73, de la norma reglamentaria, puesto que fue emitido el diez de septiembre de dos mil quince, por el perito valuador ********** quien contaba con posgrado en valuación, según se desprendía de la cédula que en copia certificada obraba agregada al sumario.
Asimismo, dicho profesionista prestaba sus servicios para la empresa **********, la cual formaba parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el número 0191-1 y con el estatus de activo, pues así se desprendía del padrón publicado en la página web del "INDAABIN" para el año dos mil quince; de ahí que el avalúo, al momento de su emisión, se ajustaba a lo que establece el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos, de conformidad con el artículo 73 del reglamento de dicha legislación.
Se consideró así, porque la obligación de cumplir con el requisito de que se encuentre bajo el estatus de activo, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, surge al inicio de las negociaciones de la contraprestación y no al formalizar el contrato de servidumbre legal.
En efecto, se consideró que dicho avalúo era indispensable para pactar la contraprestación por el uso, goce o afectación del predio rústico denominado **********, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, puesto que el "INDAABIN", no había emitido los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra; de ahí que el avalúo había sido elaborado el diez de septiembre de dos mil quince, y en ese momento el perito cumplía con los requisitos a que se refiere el numeral 73 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
Por tanto, resultó incuestionable que el avalúo había sido emitido por un perito que se encontraba en activo, por lo que resultó válido para iniciar las negociaciones del contrato de servidumbre voluntaria continua y aparente de paso que se pretendía validar.
Así, los agravios de la parte recurrente fueron fundados y suficientes para demostrar que el avalúo, al momento de su emisión, cumplía con el requisito de encontrarse bajo el estatus de activo a que refiere el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos, de conformidad con el numeral 73 de la norma reglamentaria; consecuentemente, se revocó la negativa de amparo decretada y el Tribunal Colegiado de Circuito reasumió jurisdicción, para abordar el análisis de los conceptos de violación planteados por la empresa quejosa.
Los conceptos de violación fueron considerados fundados, en virtud de que contrario a la consideración del Juez Federal, del análisis de los artículos 103 y 104 de la Ley de Hidrocarburos, se desprendía que para establecer la contraprestación para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se requería de la existencia y actualización de tabuladores y mecanismos de los valores promedio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, los cuales servirían de base para el inicio de las negociaciones respecto de las contraprestaciones y ante la inexistencia de los tabuladores y mecanismos de referencia indicados y a fin de acordar el monto de la contraprestación, las partes podrían convenir la práctica de avalúos.
Consecuentemente, resaltó que el peritaje emitido el diez de septiembre de dos mil quince, por el perito valuador **********, quien contaba con posgrado en valuación y prestaba sus servicios para la empresa **********, la cual formaba parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el número ********** y con el estatus de activo (padrón del INDAABIN para el año dos mil quince), era suficiente para estimar que al momento de su emisión cumplía con el requisito de encontrarse bajo el estatus de activo a que refiere el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos, de conformidad con el numeral 73 de la norma reglamentaria, puesto que la obligación de cumplir con el requisito de que se encontrara bajo el estatus de activo, según lo establecido en el reglamento de la Ley de Hidrocarburos, surgía al inicio de las negociaciones de la contraprestación y no al formalizarse el contrato de servidumbre legal.
Que dicho avalúo era indispensable para pactar la contraprestación por el uso, goce o afectación del predio rústico denominado **********, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, puesto que el "INDAABIN" no había emitido los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra; de ahí que se estimara que si el avalúo fue elaborado el diez de septiembre de dos mil quince, y en ese momento el perito cumplía con los requisitos a que se refiere el numeral 73 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, resultaba innegable que la contraprestación se perfeccionó al momento de pactarla y se formalizó al suscribir dicho contrato de servidumbre es decir, el quince de julio de dos mil dieciséis.
En las relatadas condiciones, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, tuviera por acreditado que el avalúo satisfizo plenamente el requisito exigido en los artículos 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 de su reglamento, y con libertad de jurisdicción procediera a determinar si el contrato de servidumbre voluntaria continua y aparente de paso celebrado el quince de julio de dos mil dieciséis, entre la moral ********** y ********** en su carácter de propietario del predio motivo del contrato, cumplía con el resto de las formalidades exigidas en la Ley de Hidrocarburos y su reglamento.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
Precisados los criterios objeto de la denuncia, debe establecerse si en el caso se actualiza la contradicción de tesis.
En principio, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
Lo anterior quedó plasmado de la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 164120, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, visible en la página 7, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28786-32dbae79/hidrocarburos-el-asignatario-o-contratista-debe-exhibir-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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