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Modo: Corpus Pro

AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y 73 DE SU REGLAMENTO EMITIDO POR PERITO PERSONA MORAL. PARA SU VALIDEZ DEBE ACREDITARSE QUE ÉSTE CUENTA CON REGISTRO ANTE EL PADRÓN NACIONAL DE PERITOS VALUADORES DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES, Y QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR ENCARGADO DE SU ELABORACIÓN TAMBIÉN ESTÁ REGISTRADO EN ESE MOMENTO ANTE TAL INSTITUTO COMO PARTE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE DICHO ENTE JURÍDICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. · Registro digital (IUS): 27940
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-07-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Pág. 699.

AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y 73 DE SU REGLAMENTO EMITIDO POR PERITO PERSONA MORAL. PARA SU VALIDEZ DEBE ACREDITARSE QUE ÉSTE CUENTA CON REGISTRO ANTE EL PADRÓN NACIONAL DE PERITOS VALUADORES DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES, Y QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR ENCARGADO DE SU ELABORACIÓN TAMBIÉN ESTÁ REGISTRADO EN ESE MOMENTO ANTE TAL INSTITUTO COMO PARTE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE DICHO ENTE JURÍDICO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO, ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ, JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ Y JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA. DISIDENTES: JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA Y REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ. SECRETARIA: ADRIANA DEL CARMEN MARTÍNEZ LARA.

Chihuahua, Chihuahua. Acuerdo del Pleno del Decimoséptimo Circuito, correspondiente a la sesión de veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS los autos para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro.

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito recibido por la secretaria de Acuerdos del Pleno del Decimoséptimo Circuito, el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre la sustentada por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión civil 86/2017, en contraposición al criterio del Tercer Tribunal Colegiado en las propias Materias y Circuito, al fallar el amparo en revisión civil 51/2017, de su índice.

2. SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. En proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el entonces Magistrado presidente del Pleno del Decimoséptimo Circuito admitió a trámite la denuncia de mérito; solicitó al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo la remisión de la versión digitalizada de la ejecutoria respectiva; asimismo, que informara si el criterio sustentado se encontraba vigente o, en su caso, la causa por la cual se tuvo por superado o abandonado. Además, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en las propias Materias y Circuito cumpliendo con los requisitos en comento desde la presentación de la denuncia.

3. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil diecisiete, la presidencia del Pleno de Circuito recibió el oficio 7705/2017, suscrito por el Magistrado José Luis Vázquez Camacho, entonces presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, mediante el cual, dio cumplimiento con lo solicitado.

4. Mediante auto de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la Maestra Cielito Bolívar Galindo, coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anexó copia simple del oficio emitido por el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos de ese Alto Tribunal, a través del cual informó que ante dicha superioridad no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guardara relación con: "Si en términos del artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 del reglamento de dicha legislación, el perito debe o no acreditar ser profesionista con posgrado en valuación y que forma parte del padrón nacional de peritos valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales."

5. En el mismo proveído, se acordó reservar el turno del asunto, hasta en tanto quedara conformada la nueva integración del Pleno del Decimoséptimo Circuito.

6. Por auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se ordenó el turno del expediente al Magistrado José de Jesús González Ruiz, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo; y,

CONSIDERANDO:

7. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince, respectivamente; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y, por ende, corresponde exclusivamente a este órgano dilucidar y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

8. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, atento a que fue formulada por uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.

9. TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:

10. I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Décimo Séptimo Circuito, al conocer del amparo en revisión civil 86/2017.

11. En relación con dicho amparo en revisión, se señalan los siguientes antecedentes:

12. Juicio de amparo indirecto. El veinte de enero de dos mil diecisiete, **********, **********, por conducto de su apoderado legal **********, promovió diligencias de jurisdicción voluntaria para el efecto de que se validaran los contratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, celebrados el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, con **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

13. El Juez de Distrito del conocimiento admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria, bajo el expediente 2/2017-VI-I; asimismo, ordenó la publicación del extracto del acuerdo alcanzado entre las partes, conforme a lo establecido en el numeral 105, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos.

14. El veintiocho de febrero del año próximo pasado, el referido juzgador dictó la resolución correspondiente, donde determinó que si bien resultaba procedente la vía de jurisdicción voluntaria; no era factible validar los contratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, por no cumplir con las formalidades aplicables, en concreto, la no acreditación del requisito a que alude el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos, en el sentido de que la práctica del avalúo ahí referido se elaborara por un profesionista especializado en valuación, inscrito o con estatus de "activo" en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales "al momento de que se suscribieron los contratos que se pretenden validar".

15. Inconforme con dicha determinación, **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovió juicio de amparo indirecto, el cual, por razón de turno, correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, bajo el expediente 550/2017, quien el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia en el sentido de negar la protección constitucional solicitada, bajo la consideración toral de que la empresa que elaboró el avalúo a la fecha de celebración de los contratos de servidumbre que se pretendieron validar en el procedimiento natural, no contaba con el estatus de "activo" en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales para el año dos mil dieciséis, data en que se verificaron los contratos a validar, lo cual sustentó en la consulta que efectuó en la página electrónica del padrón de referencia, según se obtiene de la transcripción que, en lo conducente, efectuó el tribunal contendiente en los términos siguientes:

"Se llega a la anterior conclusión, ya que este juzgador federal, al revisar el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para el año dos mil dieciséis, el cual aparece publicado íntegramente en la página electrónica http://www.indaabin.gob.mx/Principal1/PADR%C3%93N%20NACIONAL%20DE%20PERITOS%20VALUADORES%202016%20(29%20FEBRERO%202016)%20.pdf, observa que la empresa ********** (**********) se ubica con la clave ********** en estado de suspensión, y que para dicha persona moral está registrado como perito valuador **********, siendo que esta persona moral no fue quien llevó a cabo el estudio pericial, pues lo realizó **********.

"Por tanto, tal y como lo señaló el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, toda vez que el contrato de servidumbre de paso celebrado entre la hoy quejosa y el tercero interesado fue suscrito el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis y las partes en aquel instante acordaron el monto de las contraprestaciones, es que en ese momento la persona moral encargada de la realización del peritaje debía tener el carácter de ‘activa’ en el listado en comento, lo que no sucede en el caso concreto, ya que tal y como se indicó, en la relación aparece como suspensa.

"Por tanto, en concordancia con lo señalado por el juzgador responsable, no se puede tener certidumbre de que, al expedir el documento en mención (aun cuando haya sido realizado en el año dos mil quince), la empresa estuviera activa en dicho padrón y, por ende, que el perito que la practicó estuviera autorizado en el padrón de referencia, ya que en la relación estudiada en la dirección digital de referencia no se precisa la fecha en que dejó de tener dicho carácter, lo que lleva al resolutor de amparo a considerar que el concepto de violación del quejoso es infundado."

16. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior decisión, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, bajo el expediente 86/2017, resuelto en sesión de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida, bajo las consideraciones que, en relación con la litis de la presente contradicción, consistieron en:

17. • Si bien asiste razón a la parte recurrente, en el sentido de que, acorde con los artículos 100 a 105 de la Ley de Hidrocarburos, la contraprestación, términos y condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de éstos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los asignatarios o contratistas, lo cual implica que se debe observar una serie de pasos, entre ellos, el negociar o alcanzar un acuerdo que, posteriormente, se presentará ante el Juez de Distrito o Tribunal Agrario, a efecto de que se verifique su legalidad, dependiendo de que se cumplan las exigencias respectivas.

18. • Así, acorde con la interpretación sistemática de los mencionados preceptos legales, se obtiene que si la práctica del avalúo busca obtener un valor que servirá de base en el pago de la contraprestación, esto es, atañe a las condiciones que se deben pactar o convenir, su desahogo forma parte del proceso previo al establecimiento (ya firme) de los términos y condiciones que deben constar en el contrato por escrito.

19. • Por tanto, el avalúo forzosamente se debe desarrollar o llevar a cabo antes de la formalización del acuerdo de voluntades, pues mediante éste se pueden fijar estándares iniciales sobre el valor promedio de la tierra, los cuales constituirían el punto de partida para establecer la contraprestación equitativa entre los interesados.

20. • Es decir, la finalidad de la regulación de la Ley de Hidrocarburos y su reglamento radica en que el propietario o poseedor del predio que se ubique frente a las pretensiones del asignatario o contratista, cuente con información suficiente que le permita la toma de una decisión reflexiva.

21. • A la postre, dicho agravio resulta inoperante para resolver el asunto a favor de la parte recurrente, pues no asiste razón a ésta, al afirmar que al momento de la emisión del avalúo, diez de septiembre de dos mil quince, el ingeniero ********** quien lo elaboró, se encontraba como activo en esa anualidad dentro del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, toda vez que en dicho año la persona moral ********** (**********), a cuyo favor prestaba servicios tal profesionista, se encontraba con el estatus de activo en el padrón mencionado con número de registro 0191-1, incluso, el mencionado **********, también formó parte de dicho padrón durante la anualidad citada, inscrito bajo el número 0191-1 con el estatus de activo, lo que se justificaba con las documentales obrantes en el sumario de origen.

22. • Lo anterior es así, pues en términos del artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos, las partes podrán acordar la práctica de avalúos por profesionistas con postgrado en valuación, siempre y cuando formen parte del padrón que conforme al reglamento se expida; en tanto que el numeral 73 de dicho reglamento prevé que las partes podrán solicitar al instituto los avalúos a que se refiere el dispositivo legal de previa cita, a través de los medios que establezca el mismo o, en su caso, a instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, los cuales deberán estar inscritos en la sección específica del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto, misma que será determinada en colaboración con la secretaría.

23. • Asimismo, de conformidad con el ordinal 3, fracción XXIII, del reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y las Reglas para el otorgamiento, revalidación, suspensión y revocación del registro de peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil catorce, se concluye que:

24. a. Las partes podrán acordar la práctica de avalúos por profesionistas con posgrado en valuación, siempre que formen parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

25. b. Tal instituto cuenta con la atribución de llevar a cabo el aludido padrón, a través de la Dirección General de Avalúos y Obras, lo integrará y mantendrá permanentemente actualizado.

26. c. El instituto determinará y autorizará, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto, y asignará el número de registro correspondiente (clave única), el cual será consecutivo, y los acreditará como miembros del padrón.

27. d. Se podrá otorgar el registro como perito valuador a personas físicas, personas físicas con actividad empresarial o morales.

28. e. El registro en las especialidades valuatorias que soliciten tendrá vigencia de un año a partir del cual podrán solicitar la revalidación anualmente.

29. f. El registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores tendrá una vigencia de un año, contado a partir de la fecha de su otorgamiento y estará sujeto a su revalidación anual, con base en el desempeño del perito, su capacitación y la mejora continua demostrada en los trabajos realizados.

30. g. En enero de cada año, la Dirección General Adjunta de Avalúos deberá presentar a la Dirección General de Avalúos y Obras, la propuesta de listado de peritos valuadores para llevar a cabo la revalidación del registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores.

31. En el caso, **********, **********, con el propósito de justificar que el ingeniero **********, en el dos mil quince formó parte del multicitado padrón, exhibió, entre otras probanzas:

32. • Copia certificada de la credencial del mencionado profesionista expedida por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la cual se reproduce a continuación:

...

33. • Copia certificada de la carta de **********, representante legal de **********, **********, cuyo contenido es el siguiente:

...

34. • Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2015, del que se advierte, en lo que interesa:

Ver parte conducente del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2015 1

35. • En cuanto a la probanza consistente en la credencial del ingeniero **********, cobra especial relevancia que las autorizaciones del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de acuerdo con las disposiciones que lo regulan, tiene la vigencia de un año y se encuentran sujetas a revalidación, siempre que los peritos cumplan con los requisitos que la propia legislación contempla.

36. • Por tanto, aun cuando en dicha credencial se refieran las anualidades de dos mil catorce a dos mil diecisiete en el rubro de vigencia, lo cierto es que ello es insuficiente para acreditar fehacientemente que año con año de los ahí plasmados se hubiere cumplido con la normatividad respectiva, puesto que de ella no se advierte ningún signo de refrendo o confirmación en cada uno de los recuadros relativos a las anualidades referidas.

37. • Corrobora la anterior conclusión, la circunstancia de que en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2016 y 2017, consultables en las direcciones electrónicas https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67678/Padr_n_Nacional_de_Peritos_Valuadores_2016__9_MARZO_2016_.pdf y https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256833/PADRON_NACIONAL_DE_PERITOS_VALUADORES_DE_INDAABIN_2017__SEPTIEMBRE_.pdf,(1) la empresa ********** (**********) –a la que aquí se aduce, el ingeniero **********, es perito a su servicio– se encontraba en "estatus 2016" de "suspensión", y en dos mil diecisiete, no se encuentra dentro del referido listado; de ahí que no se tenga la certeza de que, efectivamente, el mencionado profesionista contara con la calidad que la recurrente afirma que tenía.

38. En relación con el documento relativo a la carta emitida por la moral referida, resulta importante destacar que de su contenido se advierte que no se trata de un instrumento expedido por alguna autoridad oficial, sino de una comunicación formulada por un particular, la cual, incluso, está dirigida "a quien corresponda"; lo que permite colegir que sólo se trata de manifestaciones unilaterales de quien la emite.

39. • Además, que se encuentra fechada el "05 de marzo 2016", data posterior al diez de septiembre de dos mil quince, en que se elaboró el avalúo por parte del perito **********; por tanto, las expresiones en el sentido de que "el Ing. ********** es perito valuador de ********** y está registrado ante INDAABIN, con registro No. **********", no pueden tener el alcance de vincular lo ahí referido con una situación que ocurrió con anterioridad, pues ello cronológicamente sería imposible; lo más que pudiera evidenciar, en el mejor de los supuestos, es que se afirmó que en dos mil dieciséis era perito valuador, atendiendo al tiempo verbal en que está plasmado (presente).

40. • Por último, tocante al Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2015, exhibido por la recurrente, se hace notar que en él, en lo que interesa, se asentó:

Ver parte conducente del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2015 2

41. No así el nombre de **********.

42. • Luego, si en los términos descritos, quienes se encuentran autorizados para llevar a cabo los avalúos deben aparecer en el listado de trato y, en el particular, ello no ocurre, es inconcuso que tal probanza es insuficiente para crear convicción respecto de que el citado profesionista cumpla con dicha exigencia.

43. • Máxime que del avalúo en comento se observan los datos siguientes:

Ver datos

44. • De lo reproducido se desprende que el experto, como datos de identificación, hizo referencia a su especialidad y posgrado en valuación, así como un sello de **********, perteneciente a la persona moral **********, Sociedad Anónima.

45. • Circunstancia que revela que el profesionista jamás se vinculó con **********, ********** (**********), menos aún con la clave única del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) **********, en la medida en que tal información se advierte en la credencial antes mencionada, pero no en el contenido del avalúo. Dicho en otras palabras, incluso, pudiera desprenderse que el ingeniero **********, se relacionó con la diversa persona moral **********, no así con la que ahora se pretende.

46. • Ante el anotado panorama, es dable establecer que, contra lo expuesto vía agravios, con la totalidad de los medios de convicción examinados no se demuestra, sin lugar a dudas, que el citado profesionista se encontrara registrado en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores en dos mil quince, lo cual implica que se incumplió con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos, en el sentido de que la permisión para la práctica de avalúos se encuentra supeditada a esta última cuestión.

47. II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 51/2017.

48. En relación con el mencionado amparo en revisión, se señalan los antecedentes siguientes:

49. Juicio de amparo indirecto. El doce de agosto de dos mil dieciséis, ********** promovió diligencias de jurisdicción voluntaria; a efecto de que se validara el contrato de constitución de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, celebrado el quince de julio de dos mil dieciséis, con **********.

50. El Juez de Distrito del conocimiento admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria bajo el expediente 43/2016; asimismo, ordenó la publicación del extracto del acuerdo alcanzado entre las partes, conforme a lo establecido en el numeral 105, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos.

51. El siete de diciembre de dos mil dieciséis, el referido juzgador dictó la resolución correspondiente, donde determinó que no se validaba el contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, por no cumplir con las formalidades exigidas en la Ley de Hidrocarburos y su reglamento.

52. Contra dicha determinación, **********, **********, promovió juicio de amparo indirecto, el cual, por razón de turno, correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien lo radicó bajo el expediente 204/2017, donde el quince de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia en el sentido de negar la protección constitucional solicitada, bajo la consideración toral de que el avalúo pericial aportado al procedimiento del que deriva el acto reclamado se elaboró el diez de septiembre de dos mil quince, mientras que el contrato que se pretendió validar fue celebrado hasta el quince de julio de dos mil dieciséis, por lo que, a partir de esta data, surgió la posibilidad de las partes para realizar el peritaje que serviría para fijar el monto de la contraprestación por el gravamen constituido.

53. Agregó que, tal como lo consideró el Juez responsable, al momento de la suscripción del contrato de servidumbre de paso, la persona moral encargada de la realización del peritaje debía tener el carácter de activa en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, lo que no acontecía en la especie, pues en dos mil dieciséis aparecía como suspensa; lo que generaba incertidumbre de que, al expedir el avalúo, la empresa estuviera activa en dicho padrón y, por ende, que el perito que lo practicó estuviera autorizado en tal padrón, ya que en la relación visible en la dirección digital que se consultó, no se precisaba la fecha en que dejó de tener ese carácter. Por lo que no se cumplía con lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la Ley de Hidrocarburos, pues era menester que los profesionistas con postgrado en valuación, al momento de la celebración del contrato, estuvieren inscritos en el multirreferido padrón.

54. Recurso de revisión. En desacuerdo con esa sentencia denegatoria de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento asumió el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito, bajo el expediente 51/2017, resuelto en sesión de trece de julio de dos mil diecisiete, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional instada, para el efecto de que el Juez responsable que tramitó las diligencias de jurisdicción voluntaria tuviere por acreditado que el avalúo exhibido satisface el requisito exigido en los artículos 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 de su reglamento, y con libertad de jurisdicción determinara si el contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente, verificado el quince de julio de dos mil dieciséis, entre la quejosa recurrente ********** y **********, satisface el resto de las formalidades exigidas en la ley mencionada y su reglamento.

55. Tal postura la sostuvo el mencionado órgano colegiado en las consideraciones siguientes:

56. • Asiste razón a la quejosa recurrente, pues del análisis de los artículos 100, 103, 104 y 105 de la Ley de Hidrocarburos, así como 73 de su reglamento, se desprende que, a fin de establecer la contraprestación, para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los asignatarios o contratistas, tratándose de propiedad privada, podrán acordar la práctica de avalúos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, siempre que formen parte del padrón que se establezca en los términos del reglamento de esta ley.

57. • Asimismo, para el inicio de las negociaciones que lleven a cabo las partes contratantes a fin de establecer la contraprestación señalada en el párrafo anterior, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, elaborará y mantendrá actualizados los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, para uso, ocupación o adquisición, según sus características, así como demás tabuladores y mecanismos de referencia que determine.

58. • También, al momento de fijar la contraprestación que debe cubrirse y ante la inexistencia de los tabuladores que la autoridad competente debe emitir, las partes podrán acordar la práctica de avalúos los cuales serán realizados por instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, los cuales, de conformidad con el numeral 73 de la norma reglamentaria, tienen la obligación de estar inscritos en el Padrón Nacional de Peritos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

59. • Por último, el asignatario o el contratista deberán presentar ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario el acuerdo que las partes alcanzaron con el fin de que se verifique si se cumplieron las formalidades exigidas en dicho cuerpo normativo y, de ser así, emitirá una resolución que tendrá el carácter de cosa juzgada.

60. • En tal virtud, se estima desacertada la determinación del Juez de amparo, puesto que del análisis integral del cuerpo normativo antes referido, se advierte, en lo que interesa, que para establecer la contraprestación para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, la ley de la materia, en los artículos 103 y 104, distingue dos hipótesis:

61. a) La existencia y actualización de tabuladores y mecanismos de los valores promedio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, para uso, ocupación o adquisición, sus características, los cuales solamente servirán de base para el inicio de las negociaciones respecto de las contraprestaciones.

62. b) Ante la inexistencia de los tabuladores y mecanismos de referencia indicados y a fin de acordar el monto de la contraprestación, las partes podrán convenir la práctica de avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con posgrado en valuación, lo anterior, con la condición de que formen parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del mencionado órgano.

63. • Ahora, del análisis integral de las constancias de autos, se desprende que la persona moral ********** y **********, el quince de julio de dos mil dieciséis, suscribieron el contrato de servidumbre voluntaria respecto de una fracción del predio rústico denominado **********, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, en el que se ind

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27940-d368e3b0/avaluo-previsto-en-los-articulos-104-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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