AUTO QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y LA RESERVA DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO ACOMPAÑE LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE TUVO POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA EN SU CONTRA. SUSPENSIÓN DE PLANO. PROCEDE CONCEDERLA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA EL ACTO DE CONFISCACIÓN DE BIENES, CON BASE EN LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO CONTENIDAS EN SU DEMANDA, SIN QUE SEA NECESARIA LA EXIGENCIA DE INDICIOS QUE DEMUESTREN SU EJECUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ÁNGEL MÁTTAR OLIVA, LAURA GRANADOS GUERRERO Y SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ. PONENTE: LAURA GRANADOS GUERRERO. SECRETARIO: RAMÓN GONZÁLEZ MONTALVO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, es competente para conocer de la denuncia de posible contradicción de tesis, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre los tres Tribunales Colegiados del Circuito citado.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de posible contradicción de tesis, proviene de parte legítima, al haberse formulado por el entonces Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios contendientes. Los antecedentes de los asuntos y las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por el Primer, el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados de este Vigésimo Séptimo Circuito, que dieron origen a la denuncia de la posible contradicción de criterios, por orden de su emisión, son los siguientes:
I. Recurso de queja 291/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, resuelto en sesión de ocho de noviembre de dos mil diecisiete:
a) **********, promovió juicio de amparo indirecto contra:
"1. El aseguramiento de la caja de seguridad **********, que se encuentra bajo resguardo de la empresa denominada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que exista orden en tal sentido; y,
"2. La confiscación de la citada caja de seguridad."
b) Solicitó la suspensión de plano:
"Para que las autoridades responsables, de manera inmediata, se abstengan de confiscar la caja de seguridad antes señalada y la regresen a la bóveda de la empresa encargada de su resguardo; o, en su defecto, se le permita el acceso inmediato a su caja de seguridad para poder retirar sus documentos y posesiones personales."
c) El Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de Cancún, que por razón de turno conoció del asunto, radicado con el expediente número 1516/2017, negó la suspensión de plano solicitada, al considerar:
"En tratándose del acto identificado como ‘confiscación’ puede solicitarse la suspensión de plano, por tratarse de uno prohibido, previsto en el artículo 22 de la Constitución Federal.
"Del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que el acto reclamado se ubique en la porción normativa constitucional señalada o en lo que establece el numeral 15 de la Ley de Amparo, en cuanto a que exista apropiación violenta por parte de la autoridad de la totalidad o una parte significativa de los bienes de una persona, sin título legítimo y sin contraprestación.
"En el propio ocurso inicial, el quejoso señaló como acto reclamado el aseguramiento de la caja de seguridad respectiva y refirió haber advertido la existencia de un sello con la leyenda **********.
"Por tanto, concluyó el Juez de Distrito, resulta ‘improcedente’ conceder la suspensión de plano con base sólo en la afirmación del quejoso de que existe una confiscación."
d) Inconforme con esa determinación, el peticionario de amparo interpuso recurso de queja, que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de este Vigésimo Séptimo Circuito, con el toca 291/2017, en el que resolvió:
"ÚNICO.—Se declara infundado el recurso de queja."
e) Las consideraciones en las que se sustentó para ello, son en su parte conducente, las siguientes:
"Para controvertir lo así resuelto, el recurrente hace valer los siguientes agravios:
"1. Contrario a lo que resolvió el Juez de Distrito, además de la afirmación hecha en la demanda, en relación a la existencia de confiscación por parte de las autoridades responsables, anexó como pruebas para demostrarlo, las siguientes:
"a) Documental pública, consistente en impresión de la publicación hecha en el **********, el veintisiete de octubre de dos mil siete a las **********, en la que se narra, dice, la confiscación de mil quinientas cajas de seguridad, que se encontraban en la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre las cuales está la suya.
"b) Invocó como hechos notorios que en páginas web y electrónicas de diversos diarios, se hizo alusión a la confiscación ya señalada, de lo cual, además, la población de esta ciudad está enterada por estar bloqueada una avenida y ser resguardado el sitio donde se encuentra la citada empresa por elementos de la Secretaría de Marina.
"2. Las tesis aisladas que invocó el Juez de Distrito, en las que se establece que la confiscación debe probarse por cualquier medio y no se debe conceder en caso de no estar demostrada su existencia, no resultan aplicables porque, por un lado, el quejoso sí ofreció medios probatorios en tal sentido, antes señalados; además, debió prevalecer la diversa tesis con el rubro: ‘SUSPENSIÓN, ES INADMISIBLE LA PRUEBA TESTIMONIAL EN EL INCIDENTE DE, TRATÁNDOSE DE CONFISCACIÓN DE BIENES.’, que fue emitida en la Novena Época, conforme a la cual es innecesario ofrecer prueba alguna para acreditar la existencia de la confiscación para que, en consecuencia, proceda la suspensión de plano.
"Con base en el principio pro persona, sostiene, se debe aplicar la tesis antes señalada, que es más reciente respecto a las que invocó el Juez de Distrito en el auto recurrido.
"3. El acto reclamado sí consiste en confiscación, al no haber sido decretado por autoridad judicial y no ser la aplicación de sus bienes para el pago de multa o impuestos, responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito ni por orden judicial en caso de enriquecimiento ilícito.
"El estudio de esas alegaciones será realizado en un orden diverso al expuesto por el recurrente.
"En atención a los problemas jurídicos que deben ser resueltos en esta ejecutoria, se precisa lo siguiente:
"La suspensión es considerada como una medida o providencia cautelar, cuya finalidad es conservar la materia del amparo, impidiendo que el acto de autoridad impugnado en la vía constitucional se ejecute o produzca sus efectos, característica que proporciona la nota distintiva entre dicha medida y la sentencia concesoria del amparo, pues a través de esta última se reparan los daños ya sufridos, invalidando los actos que los originaron y restituyendo al quejoso en el goce de la garantía violada.
"Así, la suspensión se estructura en torno a la idea de conservar la materia del proceso para evitar que éste resulte inútil por falta de contenido, constituye por su objeto, una medida para superar el peligro en el retardo para anular el acto inconstitucional.
"El artículo 126 de la Ley de Amparo(1) prevé la suspensión de oficio o de plano, la cual se decreta sin sustanciación alguna y procede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.
"Dicha suspensión, dispone el precepto antes señalado, debe decretarse en el mismo auto en que el Juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo incluso uso de cualquier medio que así lo permita.
"La suspensión de plano, al decidirse sin sustanciar incidente y sin exigir requisito alguno para que surta efectos, tiende a la protección de los derechos personales del agraviado, es de naturaleza irrevocable, por lo que tiene fuerza definitiva y perdura todo el tiempo que sea necesario para resolver ejecutoriamente el juicio de amparo de que se trate.
"Tal medida cautelar, como se advierte de su normatividad, está prevista para casos excepcionales, tiene como razón de ser la protección de una situación de hecho que atenta contra derechos que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social.
"En ese orden de ideas, los fundamentos de la suspensión de oficio se vinculan con el interés de la sociedad en dicha medida, los Jueces deben concederla aunque el interesado no la solicite, en aras del riesgo de un daño extremo e irreparable.
"Por otro lado, el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo,(2) en concordancia con lo que dispone el numeral 22, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) establecen que la confiscación es uno de los actos prohibidos, respecto de los cuales, como se señala en el diverso numeral 126 de la ley de la materia, procede la suspensión de plano.
"Ahora, el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis P. LXXIV/96,(4) ha definido la confiscación como ‘la apropiación violenta por parte de la autoridad, de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contraprestación, pena que se encuentra prohibida por el artículo 22 constitucional’.
"El mismo Alto Tribunal del País, en la diversa tesis P. XIII/93,(5) reiteró la conceptualización de la confiscación como un acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal.
"En el caso concreto, se tiene que el a quo analizó de manera integral la demanda de amparo y consideró que no existe indicio alguno para advertir la ejecución de un acto de confiscación aludido por el promovente del amparo, dadas sus propias manifestaciones.
"En ese sentido, contrario a lo expresado por el inconforme en el apartado tres de sus agravios y como lo consideró el Juez de Distrito, no se advierte la presencia de ejecución de un acto de confiscación en los términos de la premisa expuesta.
"En efecto, del análisis que se hace a la demanda de amparo, así como de sus anexos, se desprende que, para efectos de la suspensión solicitada, no existen indicios que demuestren los términos de una confiscación en las formas definidas por el Máximo Tribunal de la Nación.
"Esto, porque el propio quejoso en diversos apartados de su ocurso inicial, alude a la existencia de un aseguramiento, por parte de la autoridad ministerial federal, por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud Delegación en esta entidad federativa, ambas de la Procuraduría General de la República; incluso, señala que advirtió la existencia de un sello con la leyenda **********.
"Lo anterior, lleva a concluir que los indicios derivados de las propias manifestaciones hechas por el quejoso en la demanda de amparo, no evidencian, hasta este momento procesal, los términos de la ejecución de una confiscación de una caja de seguridad. Cabe señalar que los hechos afirmados en dicho ocurso se consideran como confesión expresa, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(6) de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con pleno valor probatorio, como dispone el diverso numeral 200, del primero de los ordenamientos legales citados.(7)
"Ahora bien, como lo expone el recurrente en el concepto de agravio primero, es cierto que el a quo no se pronunció ni valoró los documentos anexos a la demanda de amparo. Sin embargo, esa deficiencia formal no hace fundada la presente queja, dado que los instrumentos que exhibió junto con su ocurso inicial no prueban la ejecución de una confiscación en los términos antes definidos.
"En efecto, por un lado, el a quo acertadamente analizó la demanda de manera integral a efecto de desentrañar cuál es la pretensión del quejoso, así como la naturaleza de los actos reclamados.
"No obstante, dicho estudio debió comprender, además, los documentos anexos a dicho ocurso, según lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 183/2005,(8) que es del rubro y texto siguientes:
"‘DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA.—Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento.’
"Bajo esa premisa, se considera que al proveer sobre la demanda de amparo, el Juez de Distrito si bien analizó integralmente la demanda, omitió tomar en consideración las documentales que anexó el quejoso a su ocurso inicial, consistentes en:
"1. Contrato de arrendamiento al carbón con firma original (según se hizo constar así en la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común), celebrado entre el aquí quejosos como el arrendatario y la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable respecto a la caja de seguridad número ********** (foja 13 del toca de queja).
"2. Factura ********** de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, expedida a favor de ********** por concepto de renovación anual de la caja de seguridad 648 (foja 14).
"3. Impresión de lo que, dice el oferente, corresponde a la publicación del **********, del viernes ********** de ********** de dos mil diecisiete, a las **********, de la nota titulada ********** (fojas 15 a 17).
"Dichos medios de prueba se valoran como indicios, en términos de lo dispuesto por los artículos 203 y 133, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles,(9) de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos privados, consistentes en un contrato de arrendamiento, una factura y la impresión de lo que, aduce el oferente, es una publicación de un diario.
"En efecto, esos documentos privados sólo demuestran indiciariamente lo que en ellos se contiene, esto es, la celebración de un contrato de arrendamiento de una caja de seguridad, el pago por dicho, servicio por un periodo determinado y que se llevó a cabo la publicación de una nota periodística.
"Sin embargo, tales medios probatorios no acreditan la ejecución de la confiscación pretendida, pues ésta se entiende, como se ha establecido, como la apropiación violenta por parte de la autoridad, de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contraprestación.
"Ahora, respecto a los hechos notorios a los que alude el quejoso en su primer agravio, relativos a diversas publicaciones hechas en internet por diarios de esta localidad, en principio, no fueron ofrecidos como prueba en el escrito de demanda, razón por la cual el Juez de Distrito no estaba obligado a pronunciarse en tal sentido.
"Lo anterior, con independencia de que la sola existencia de una publicación (en cualquier medio) hecha por un periódico o medio de comunicación, no constituye prueba de lo que ahí se afirme, pues aun cuando sea un hecho notorio la existencia de la nota periodística como tal, su contenido está sujeto a demostración.
"Sirve como orientadora en tal sentido, la tesis aislada no vinculatoria, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 673, Tomo XIV, julio de 1994, segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, que dice:
"‘NOTAS PERIODÍSTICAS COMO PRUEBAS EN EL AMPARO.—La prueba consistente en una nota periodística con que se pretende demostrar que la denuncia respectiva, en la que se apoya la orden de aprehensión, no fue formulada por persona digna de fe, carece de eficacia si no está corroborada con algún elemento de convicción.’
"En el mismo orden de ideas, el hecho de que una vialidad permanezca cerrada, aun cuando pueda considerarse como un hecho notorio, no es indicativo, de modo alguno, de que existe la ejecución de la confiscación reclamada.
"Cabe señalar que el propio quejoso pone en duda la existencia de la ejecución de la confiscación, por lo que es incorrecto pretender que con la sola presentación de la demanda, la medida cautelar resulte procedente, por lo que, como lo determinó el a quo, es necesario que existan indicios suficientes para considerar que es factible la ejecución de la confiscación, cuestión que no se prueba con el solo señalamiento de un acto reclamado.
"En ese sentido, en la nota periodística que anexó el quejoso a su demanda, en principio, no se hace afirmación alguna en relación a que exista la confiscación de objeto alguno, pues expresamente se señala que se trató de un aseguramiento; con independencia de lo anterior, como se sostuvo en esta misma ejecutoria, la publicación como tal no constituye prueba respecto a lo ahí manifestado, por no tener manera de comprobar su veracidad.
"Respecto a las demás pruebas, consistentes en el contrato de arrendamiento de una caja de seguridad, así como la factura expedida por dicho concepto, no se advierte dato ni indicio alguno relacionado con la ejecución de una confiscación.
"De ese modo, si del análisis integral de la demanda de amparo, así como de sus anexos, no se desprenden indicios suficientes que permitan suponer la existencia de la ejecución de un acto confiscatorio; entonces, es correcta la conclusión del a quo de negar implícitamente la concesión de la suspensión de plano.
"El segundo agravio resulta infundado. Esto, porque como se ha establecido en esta ejecutoria, si bien asiste razón al inconforme en cuanto a que, como se ha establecido, no es necesario que esté plenamente probada la existencia del acto de confiscación, al momento de presentar la demanda de amparo; sin embargo, sí es necesario que existan indicios de la ejecución en tal sentido, conforme a lo antes expuesto.
"Bajo esa perspectiva, aun cuando el Juez de Distrito invocó dos criterios para sustentar su resolución,(10) y el inconforme alude a que debe prevalecer un tercero,(11) por ser éste más reciente, ello deviene infundado por lo siguiente:
"Tanto los invocados por el a quo como el que refiere el recurrente, se tratan de criterios aislados emitidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de los cuales no se aplican las reglas de jerarquización que se prevén en el artículo 217 de la Ley de Amparo,(12) pues, como se ha señalado, fueron emitidos por órganos de la misma jerarquía que, además, no son de observancia obligatoria.
"En el mismo orden de ideas, es improcedente la aplicación del principio pro homine para la elección de alguna de las tesis antes señaladas, pues ello no deriva necesariamente en que los argumentos planteados por el inconforme deban considerarse procedentes, ni si quiera con la justificación de que se establezca una interpretación más amplia o extensiva, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos que son alegados.
"Lo anterior, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.),(13) que dice:
"‘PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: «PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.», reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de «derechos» alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.’
"En consecuencia, al no actualizarse los supuestos que se prevén en el artículo 15 de la Ley de Amparo, relacionado con el 22 constitucional, resulta correcta la determinación de negar la suspensión de plano prevista en el numeral 126 del primer ordenamiento citado.
"Esto, sin que se soslaye que el a quo no se pronunció expresamente negando la suspensión de plano en relación con los efectos para los cuales, de manera específica, solicitó el quejoso, porque, con independencia de que el recurrente no formula agravio expreso en tal sentido, atendiendo al hecho de que ello está vinculado y depende de la procedencia de la medida suspensional solicitada, según se explicó, al no ocurrir esto último, como consecuencia lógica tampoco es procedente concederla en los términos solicitados específicamente por el peticionario de amparo.
"En las condiciones anotadas, ante lo fundado, pero inoperante de uno e infundado de los demás agravios, lo que corresponde es declarar infundado el presente recurso."
II. Recurso de queja 265/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, resuelto en sesión de nueve de noviembre de dos mil diecisiete:
a) **********, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes:
"III. Autoridades responsables:
"1) La Procuraduría General de la República, con domicilio ...
"2) Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República, con domicilio ...
"3) La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Delegación de la Procuraduría General en el Estado de Puebla, en dicho Estado de Puebla encargada de la diligencia de aseguramiento ejecutado con motivo de la carpeta de investigación **********. Con domicilio en ...
"4) C. Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla, con domicilio ...
"5) La Secretaría de Marina (Marina Armada de México), con domicilio ...
"6) C. Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia de Chetumal, Quintana Roo, con domicilio ...
"IV. Actos reclamados:
"A) El ilegal aseguramiento de la caja de seguridad número **********, que tengo bajo el resguardo de la empresa de seguridad denominada ‘********** (sic) de México’ S.A. de C.V., en su bóveda construida en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, en local **********, **********, supermanzana **********; situación que afecta directa e inmediatamente mis derechos fundamentales protegidos (sic) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la imposibilidad de poder tener acceso a mis pertenencias que se encuentran ahí guardadas, sin que sea sujeta a alguna carpeta de investigación por parte de las autoridades responsables, es decir, la suscrita soy totalmente ajena a los hechos que originaron dicho aseguramiento en la empresa antes señalada que, a la postre, me ocasiona una grave violación a mis derechos humanos, pues no existe ninguna orden de aseguramiento en mi contra por ninguna autoridad federal ni estatal, ni soy sujeta a ningún tipo de investigación penal que tenga como efecto el aseguramiento de mis bienes y propiedades.
"El día de hoy, cuando acudí a la citada empresa, me enteré que dicho acto de aseguramiento se deriva de la carpeta de investigación **********, que está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud del Estado de Puebla, en la que al parecer se aseguraron dos cajas conteniendo documentos y dinero en efectivo como resultado de un cateo que podría estar relacionado con la captura de ********** (a) **********, al parecer la líder del Narcotráfico en esta ciudad, quien fue capturada en el mes de agosto pasado en el Estado de Puebla.
"Asimismo, también ha salido en diversos medios de prensa que el aseguramiento se debe a la carpeta de investigación o a la orden de un Juez de control, con motivo de los hechos delictivos que se investigan en contra del ex gobernador de este Estado ********** y sus prestanombres, por lo tanto, existe demasiada incertidumbre y falta de información fidedigna en la cual esté notificada o enterada de cuál de las autoridades responsables y por qué motivo se realizó dicho aseguramiento arbitrario e ilegal que me afecta mi caja antes señalada.
"B) La ilegal confiscación de la caja de seguridad número **********, que tenía bajo el resguardo de la empresa de seguridad denominada ‘********** (sic) de México’, S.A. de C.V. en su bóveda construida en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, en Local **********, **********, supermanzana **********; confiscación llevada a cabo por la Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, con domicilio ..."
b) La quejosa solicitó la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la confiscación de bienes.
c) El Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de Cancún, que por razón de turno conoció del asunto, radicado con el expediente número 1527/2017, negó la suspensión de plano solicitada.
d) En desacuerdo con esa determinación, la agraviada interpuso recurso de queja, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Séptimo Circuito, con el Toca 265/2017, en el que resolvió:
"PRIMERO.—Es fundado el recurso de queja, interpuesto contra el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio de amparo indirecto 1527/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo."
e) Para arribar a esa decisión, se sustentó en las consideraciones medulares siguientes:
"Al respecto, la parte inconforme expresa como agravios, que no es correcta la decisión contenida en el auto recurrido, pues no se debió requerir prueba para otorgar la suspensión de plano solicitada, y de ser el caso que ello fuera viable, tal cuestión quedó satisfecha con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se expresaron en el apartado de los hechos, donde se hizo alusión a las diversas notas periodísticas e informativas consultables a través de internet, donde se refiere a la confiscación de las cajas de seguridad que se encontraban en resguardo de la referida persona moral, razón por la cual, debió concedérsele la suspensión de plano que pidió.
"Los agravios expresados por la parte inconforme son esencialmente fundados.
"Para esclarecer la decisión emitida, es preciso acudir en primer orden al contenido del artículo 126 de la Ley de Amparo, que es del siguiente texto:
"‘Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
"‘En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.
"‘La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o pue
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28820-108cd91d/auto-que-niega-la-suspension-de-plano-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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