I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, AL SER AJENO AL ACTO IMPUGNADO [ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO]. III. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES [ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO]. V. APORTACIONES FEDERALES. LA CANTIDAD ESTABLECIDA POR ESE CONCEPTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ES MERAMENTE ESTIMATIVA, DADO QUE SUS COMPONENTES SON SUSCEPTIBLES DE MODIFICARSE UNA VEZ PUBLICADOS LOS INDICADORES RESPECTIVOS [ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO]. VI. APORTACIONES FEDERALES. EL ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO VULNERA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 70/2018. MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 13 DE FEBRERO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN VOTÓ CON EL SENTIDO DEL PROYECTO PERO CON SALVEDAD EN LAS CONSIDERACIONES, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de febrero de dos mil diecinueve por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 70/2018 promovida por el Municipio de Álamo Temapache del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de Alma Delia Pérez Rojas, quien se ostentó como síndica municipal, en la que demandó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como del director de la Gaceta de Gobierno y de la Secretaría de Desarrollo Social, la invalidez del "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (FISMDF), para el ejercicio fiscal 2018", publicado en el Periódico Oficial de la entidad de treinta de enero de dos mil dieciocho, en el número extraordinario "044".(1)
I. Antecedentes
1. Los antecedentes narrados en la demanda son los que a continuación se indican:
a) El Congreso del Estado aprobó mediante Decreto "385" el presupuesto de egresos del Gobierno Local para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, asignando al Municipio actor un presupuesto del Ramo 33 por la cantidad de $201'086,352.00 (doscientos un millones ochenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) la cantidad de $62'099,623.00 (sesenta y dos millones noventa y nueve mil seiscientos veintitrés pesos 00/100 moneda nacional) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) la cantidad de $138'986,729.00 (ciento treinta y ocho millones novecientos ochenta y seis mil setecientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional).
b) El veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Congreso Local aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Álamo Temapache, del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asignando al Municipio actor por aportaciones federales Ramo 33 la cantidad de $201'086,351.79 (doscientos un millones ochenta y seis mil trescientos cincuenta y un pesos 79/100 moneda nacional).
c) Mediante acuerdo tomado por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad publicado en la Gaceta Oficial Local número extraordinario "044", de treinta de enero de dos mil dieciocho, se acordó distribuir los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y se estableció en el calendario de pagos del año dos mil dieciocho, para el Municipio actor, la cantidad de $129'770,274.00 (ciento veintinueve millones setecientos setenta mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), lo que significa una disminución de $9'216,455.00 (nueve millones doscientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) al presupuesto aprobado por el Congreso Local en fechas veintidós y veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.
d) En el punto tercero de la publicación anterior, se señaló: "... Que en concordancia con el artículo 35 de la ley multicitada, la Secretaría de Desarrollo Social emitió en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, el ‘Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2018 ...", lo que es violatorio de la autonomía municipal, porque ya había sido aprobada con anterioridad la Ley de Ingresos, por tanto, existe una aplicación retroactiva de un acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Social que contraviene la disposición establecida por el Congreso Local, al aprobar la ley de ingresos del Municipio actor y el presupuesto de egresos del Estado de Veracruz.
2. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez el Municipio actor, señaló, en síntesis que:
3. Único concepto de invalidez. Violación del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
4. La reducción impugnada de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) no obedeció a ningún acto justificado, ni fue analizada y explicada por el Poder Legislativo del Estado. La ausencia de análisis por parte del Congreso Local para la reducción del presupuesto limita la autonomía del Municipio actor, afectando su función administrativa y las obligaciones contraídas con la ciudadanía.
5. El Poder Ejecutivo Local no está facultado para disminuir de propia cuenta los recursos asignados por el Gobierno Federal al Municipio actor.
6. Se viola la autonomía municipal, porque ya había sido aprobada con anterioridad la ley de ingresos, por tanto, existe una aplicación retroactiva de un acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Social que contraviene la disposición establecida por el Congreso Local, al aprobar la Ley de Ingresos del Municipio actor y el presupuesto de egresos del Estado de Veracruz.
7. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 39, 40 a 44, 115, fracción IV, 119 a 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Trámite de la controversia constitucional
8. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(2)
9. El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional,(3) tuvo por presentada a la síndica del Municipio actor; y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y no así al director de la Gaceta Oficial ni a la Secretaría de Desarrollo Social, ambos de la entidad, en virtud de que se tratan de órganos subordinados del indicado Poder Ejecutivo, emplazándolas para que formularan su contestación; no tuvo como tercero interesado a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, porque era un órgano subordinado al Poder Ejecutivo el cual comparecerá en su carácter de parte demandada; finalmente, dio vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(4)
10. Posteriormente, por acuerdo de cuatro de enero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte en sesión pública solemne de dos de enero del año en curso, y toda vez que el presente asunto se encontraba radicado en la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, se ordenó returnar el asunto que nos ocupa a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
11. Contestaciones a la demanda.
12. Contestación del Poder Legislativo Local. Este Poder en su contestación señaló que no le asiste el carácter de autoridad demandada, ya que no existe alguna conducta de hacer a su cargo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia en relación con el artículo 20, fracciones II y III de la citada ley, porque el Poder Legislativo Local no intervino en el acto materia de la controversia constitucional, ni se aprecia alguna afectación por parte de dicho Poder.
13. El Congreso Local no ha participado u ordenado retención alguna de los recursos federales del Municipio actor, siempre ha reconocido y respetado su autonomía y la forma de manejar su propio patrimonio. La Legislatura solamente puede aprobar la forma en que se designaran las participaciones federales pero nunca retenerlas.
14. Contestación del Poder Ejecutivo de la entidad. Por este Poder compareció el secretario de Gobierno de la entidad y en su contestación señaló, en síntesis, que:
a) El Gobierno del Estado de Veracruz no es quien determina las fórmulas, metodología ni variables por las cuales los fondos se distribuyen entre los Municipios y dichas disposiciones resultan ser de aplicación obligatoria ya que los supuestos en que se determinan en los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, la distribución del fondo impugnado, deriva del resultado del principio de libre administración pública hacendaria federal.
b) No se vulnera el artículo 115 de la Constitución Federal, porque se trata de disposiciones federales que son de carácter obligatorio para el Gobierno Local. El fondo impugnado se trata de aportaciones y no de participaciones las cuales sí están sujetas a la libre administración hacendaria municipal. Las aportaciones son de carácter federal y se distribuyen de acuerdo a lo que la Constitución Federal y la Ley de Coordinación Fiscal prevén, respetándose de esta manera el principio de libre administración pública hacendaria federal.
c) Lo establecido en el acuerdo por el que se determina lo que el Municipio actor percibirá de manera definitiva para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho no invade su competencia, puesto que obedece al sistema de coordinación fiscal y de la propia Constitución en donde la Federación cuenta con la atribución de ejercer de manera autónoma los fondos que serán distribuidos a las entidades federativas y sus Municipios.
d) La reducción impugnada no implica que se hayan reducido de manera arbitraria los recursos municipales.
e) En el acuerdo impugnado se contemplan diversos acuerdos y fundamentos jurídicos que sostienen su validez. Uno de ellos es el "Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la Aplicación de la Fórmula de Distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2018", publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, con los cuales se determina la forma en la que se basa la distribución de los recursos del FISMDF correspondientes al Municipio actor.
f) Los argumentos del Municipio actor son falsos, ya que no implica que se haya hecho una afectación directa de la hacienda municipal, porque de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y el acuerdo por el que se determina la distribución del FISMDF, se atienden supuestos en los que no se afecta el principio de libre administración de la hacienda municipal, porque además del análisis de la demanda no se sostiene ni se fundamenta una reducción significativa que afecte el desempeño o funcionamiento de las actividades que derivan de ese fondo federal o que se haya actuado de manera arbitraria por parte del Gobierno Local o la Federación.
g) El Municipio actor en el ejercicio dos mil diecisiete recibió por lo que hace al FISMDF la cantidad de $126'847,793.00 (ciento veintiséis millones ochocientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que es inferior a la que percibe en el ejercicio dos mil dieciocho de $129'770,274.00 (ciento veintinueve millones setecientos setenta mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional).
h) Los montos que en las leyes de ingresos y egresos de las entidades federativas se presentan pueden variar y en especial respecto a los recursos del FISMDF como resultado de las fórmulas, variables, estudios, metodología y disposiciones establecidas por la Constitución Federal, la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social y la Ley de Coordinación Fiscal por lo que corresponde a la distribución final del FISMDF a los Municipios, ya que las asignaciones de los recursos en las leyes citadas son "estimadas" y pueden variar.
i) Los Estados y Municipios no pueden oponerse en la asignación final de los recursos a las haciendas estatales o municipales respectivas, por cuanto hace a los fondos de aportaciones, de conformidad con los artículos 74, fracción IV, párrafo primero, 124 y 134, párrafos primero y quinto, así como de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 34, 35 y 49. Por lo que al tratarse de aportaciones federales no es aplicable el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
j) El fondo impugnado se trata de aportaciones federales por lo que debe determinarse si el acuerdo que emitió la Secretaría de Desarrollo Social en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho es apegado a derecho y el cual no fue impugnado, sino que el acuerdo impugnado en la controversia constitucional es el acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del FISMDF para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
15. Opinión de la Procuraduría General de la República. El servidor público que representa a la procuraduría no rindió opinión a pesar de estar debidamente notificado.
16. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se puso el expediente en estado de resolución.(5)
17. Radicación en la Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
III. Competencia
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Álamo Temapache y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad, en el que no existe planteamiento de inconstitucionalidad de norma general alguna, por lo que se surte la competencia de esta Primera Sala, para resolver el presente juicio constitucional.
IV. Precisión de actos
19. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(6) procede ahora determinar el acto impugnado respecto del que versa la impugnación en la presente controversia constitucional.
20. Conviene recordar que en el apartado de norma general o acto cuya invalidez se impugna, se señala de manera contundente que únicamente se impugna el "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (FISMDF), para el ejercicio fiscal 2018", publicado en el Periódico Oficial de la entidad de treinta de enero de dos mil dieciocho.
21. Asimismo, de la lectura integral de la demanda, se advierte que, impugna el acuerdo de distribución debido a la diferencia del FISMDF que existe entre el presupuesto aprobado por el Congreso Local y el acuerdo de distribución impugnado.
22. En este sentido, esta Primera Sala considera que debe tenerse como impugnado en la presente controversia constitucional el acuerdo de distribución del mencionado fondo, por lo que ahora procede realizar la oportunidad en la presentación de la demanda de controversia constitucional.
V. Oportunidad
23. Tal y como quedó precisado en el apartado anterior, el acto impugnado en la presente controversia constitucional es el acuerdo por el que se da a conocer la distribución del FISMDF entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de enero de dos mil dieciocho.
24. El artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) establece que el plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional, cuando se impugnen actos será de treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
25. Tomando en cuenta que el acuerdo impugnado se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de enero de dos mil dieciocho, el plazo para presentar la demanda de controversia constitucional transcurrió del treinta y uno de enero al catorce de marzo del mismo año y la demanda se presentó el último día del plazo, es de concluirse que la presentación de la demanda es oportuna.(8)
VI. Legitimación activa
26. El actor es el Municipio de Álamo Temapache del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en su representación promueve la demanda Alma Delia Pérez Rojas, quien se ostenta como síndica municipal. Dicho carácter lo acreditó con la constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento del Municipio actor, expedida por el organismo público local electoral y del acta del Ayuntamiento de treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, de las que se advierte que la citada servidora pública fue electa como síndica propietaria para la integración del Ayuntamiento del Municipio actor y que tomó protesta en dicho cargo.(9)
27. Ahora, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(10) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
28. En relación con la representación, el artículo 37, fracción I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz(11) dispone que los síndicos tendrán las atribuciones para procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad, y representar legalmente al Ayuntamiento.
29. De acuerdo con las disposiciones anteriores, la síndica municipal cuenta con la representación del Municipio y, por tanto, tiene legitimación procesal para promover la controversia constitucional, cuestión que ha sido reconocida por este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia de rubro:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO. —De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ‘síndico único’ es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales y de la representación jurídica de los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, sin que exista ninguna disposición que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio. Por tanto, el ‘síndico único’, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello."(12)
30. De lo anterior se desprende, que, conforme a la legislación local, la síndica del Municipio de Álamo Temapache posee la representación jurídica en todos los procesos judiciales, por lo que, como ya se ha establecido, sí procede reconocerle legitimación para interponer el presente juicio. Asimismo, si dicho Municipio es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, facultado para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitimación activa necesaria para promoverla.
VII. Legitimación pasiva
31. En el auto admisorio de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado y se le requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda.(13)
32. No obstante esta Primera Sala estima que únicamente debe tenerse como demandado al Poder Ejecutivo, en virtud de que el acto impugnado no puede atribuírsele al Poder Legislativo Local, porque como lo manifiesta en su escrito de contestación, no intervino en el acto impugnado, por lo que lo conducente es decretar el sobreseimiento de la controversia constitucional respecto a este Poder, en términos del artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.
33. El Poder Ejecutivo demandado fue representado por Rogelio Franco Castán, en su carácter de secretario de Gobierno de la entidad, en términos del artículo 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno Estatal,(14) quien además acreditó su personalidad con la copia certificada de su nombramiento expedido por el gobernador de la entidad el primero de diciembre de dos mil dieciséis.(15) Por tanto, cuenta con la legitimación pasiva para comparecer en la presente controversia constitucional.
VIII. Causas de improcedencia
34. En el presente caso, toda vez que ya se sobreseyó por lo que hace al Poder Legislativo Local, quien manifestó que no emitió el acto impugnado, y al no existir otra causa de improcedencia, ni advertida alguna de oficio por este Alto Tribunal, se procede al estudio del fondo del asunto.
IX. Consideraciones y fundamentos
35. De conformidad con lo precisado en el apartado relativo a la precisión del acto impugnado y oportunidad, lo que debe resolverse en esta controversia constitucional es si la autoridad demandada –Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave–, ha incurrido en la violación en la asignación de los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor por lo que hace al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
36. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes,(16) se ha pronunciado sobre la interpretación y el alcance de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al tema de la hacienda municipal.
37. Ha sostenido que la fracción IV de este precepto establece un conjunto de previsiones cuyo objetivo consiste en regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales. En dichas previsiones se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo cual resulta totalmente congruente con el propósito del Constituyente Permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve–, para el fortalecimiento de la autonomía municipal a nivel constitucional, por lo que, el cumplimiento de los contenidos de dicha fracción genera y garantiza el respeto a la autonomía municipal. Todo esto se advierte en la tesis aislada 1a. CXI/2010(17) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
38. En el aspecto que nos ocupa, se ha señalado esencialmente, lo siguiente:
a) Que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre.
b) Se consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, el cual es consustancial al régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución Federal a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.
39. Este principio de libre administración de la hacienda municipal rige únicamente sobre una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.(18)
40. Se ha dicho básicamente que, tanto las participaciones como las aportaciones federales forman parte de la hacienda municipal, pero sólo las primeras están comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria.
41. Así, las aportaciones federales son recursos pre etiquetados que no pueden ser destinados a otro tipo de gasto más que el indicado por los diversos fondos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal, aunque esto último no debe entenderse en el sentido de que los Municipios no tengan facultades de decisión en el ejercicio de las aportaciones federales, sino que se trata de una pre etiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus propias necesidades y dando cuenta de la utilización de los mismos, a posteriori, en la cuenta pública correspondiente.(19)
42. Derivado de la finalidad constitucional del principio de libertad hacendaria, se ha reconocido el principio de integridad de los recursos federales destinados a los Municipios(20) el cual consiste básicamente, en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de los citados recursos, por lo que la entrega extemporánea genera en su favor el pago de los intereses correspondientes.
43. El artículo 115, fracción IV, inciso b), constitucional, establece que las participaciones deben ser cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
44. Es importante advertir que no obstante que dicho precepto sólo se refiere a las participaciones federales, la obligación de pago de intereses derivada del mismo, resulta igualmente aplicable a las aportaciones federales, atendiendo a que éstos recursos también integran la hacienda municipal, por lo que igualmente el citado orden de gobierno tiene derecho a contar con ellos en tiempo a fin de poder llevar a cabo, de manera inmediata, los programas para los que fueron destinados.
45. En ese sentido, es claro que la demora en el pago le ocasiona daños y/o perjuicios al Municipio. De ahí el principio jurídico de que quien incurre en mora debitoria, está obligado a pagar intereses, máxime que conforme al principio de integridad de los recursos económicos municipales, el retraso en la entrega de los recursos correspondientes genera un daño al Municipio por lo que su reparación se traduce en deber de pagar una indemnización moratoria.(21)
46. En desarrollo de las citadas garantías constitucionales a favor de la hacienda pública municipal, la Ley de Coordinación Fiscal que tiene como finalidad, entre otras, coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establece respecto de las participaciones federales, en sus artículos 3o., párrafo primero, y 6o., párrafos primero y cuarto, lo siguiente.(22) (sic)
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, que recibirá cada entidad federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, para cada ejercicio fiscal a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate.
2. La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados.
3. Dicha e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29011-a27b73bb/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER (P./J. 24/99)
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