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Modo: Corpus Pro

I. SEGURIDAD SOCIAL. MARCO CONSTITUCIONAL QUE DEBEN ATENDER LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EJERCER SU LIBERTAD CONFIGURATIVA EN TORNO A ESTE DERECHO (ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN XVIII, 53, 61 Y 65 DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). II. SEGURIDAD SOCIAL. LA SUSPENSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE ESTABLECE LA LEY, POR EL HECHO DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS TRABAJADORES ADEUDEN LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES, VIOLA LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, YA QUE LAS RESPECTIVAS CUOTAS Y APORTACIONES SON RETENIDAS Y ENTERADAS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS PATRONES, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO NO ES ATRIBUIBLE AL SERVIDOR PÚBLICO TRABAJADOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN XVIII, 53, 61 Y 65 DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). III. SEGURIDAD SOCIAL. LAS PENSIONES QUE LA LEY OTORGA EN FAVOR DE LOS AFILIADOS, PENSIONADOS O SUS BENEFICIARIOS SON INEMBARGABLES, SALVO LOS CASOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS A SU CARGO Y DE ADEUDOS CON EL INSTITUTO RESPECTIVO, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE EL MONTO DEL SALARIO MÍNIMO APLICABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 237 DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IV. SEGURIDAD SOCIAL. EL INSTITUTO RESPECTIVO PUEDE RETENER LAS PRESTACIONES EN DINERO ESTRICTAMENTE SUFICIENTES PARA PAGAR LOS ADEUDOS QUE EL AFILIADO, PENSIONADO O BENEFICIARIO TENGAN CON AQUÉL, CUYO MONTO NO PODRÁ EXCEDER DEL CUARENTA POR CIENTO DE LA PENSIÓN, LO CUAL NO IMPIDE SU IMPUGNABILIDAD NI IMPLICA UNA SUSPENSIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTA NATURALEZA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 238, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). V. SEGURIDAD SOCIAL. EL FONDO DE AHORRO SÓLO PUEDE SER AFECTADO SI EL SERVIDOR PÚBLICO TRABAJADOR TIENE ADEUDOS CON EL INSTITUTO RESPECTIVO, PARA CUBRIR AQUELLOS QUE DERIVEN DE LAS RESPONSABILIDADES CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS PATRONALES DE SU ADSCRIPCIÓN (ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VI. SEGURIDAD SOCIAL. OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS DE APORTAR AL SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS, EN IGUALES CONDICIONES Y MONTOS QUE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES]. VII. SEGURIDAD SOCIAL. EXCLUSIÓN DE LA PROTECCIÓN DE ESTOS SERVICIOS A QUIENES TENGAN UN VÍNCULO MATRIMONIAL O CONCUBINATO CON OTRA PERSONA DEL MISMO SEXO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN I, PÁRRAFOS SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL SERVIDOR PÚBLICO O EL PENSIONADO", Y TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE LA SERVIDORA PÚBLICA O PENSIONADA", DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VIII. SEGURIDAD SOCIAL. LA LIMITACIÓN DE UNA EDAD MENOR A DIECISÉIS AÑOS PARA LA PROTECCIÓN DE ESTOS SERVICIOS A LOS HIJOS DEL SERVIDOR PÚBLICO O PENSIONADO DESCONOCE LA PRESUNCIÓN DE PROTECCIÓN A FAVOR DE LOS MENORES DE EDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE DIECISÉIS AÑOS", DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IX. SEGURIDAD SOCIAL. LA PROTECCIÓN DE ESTOS SERVICIOS A LOS HIJOS MENORES DE VEINTICINCO AÑOS DEL SERVIDOR PÚBLICO O PENSIONADO SI ACREDITAN ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO O SUPERIOR IMPLICA UNA CARGA ADICIONAL A LO PREVISTO EN EL CONVENIO SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA ACORDE A SU EDAD", DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). X. SEGURIDAD SOCIAL. LA PROTECCIÓN DE ESTOS SERVICIOS A LOS HIJOS MENORES DE VEINTICINCO AÑOS DEL SERVIDOR PÚBLICO O PENSIONADO, CUANDO NO PUEDAN MANTENERSE POR SÍ MISMOS, DEBIDO A UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, DEFECTO FÍSICO O PSÍQUICO, DEBE ENTENDERSE RESPECTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUN CUANDO SUPEREN ESA EDAD (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DEBIDO A UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, DEFECTO FÍSICO O PSÍQUICO", DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INTERPRETACIÓN CONFORME, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE OTRAS DISPOSICIONES QUE ALUDAN A UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, DEFECTO FÍSICO O ENFERMEDAD PSÍQUICA, EN EL SENTIDO DE QUE SE REFIEREN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 92, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DEBIDO A UNA ENFERMEDAD DURADERA, DEFECTOS FÍSIC

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2018. · Registro digital (IUS): 29073
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-10-11
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Pág. 636.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE ABRIL DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dos de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como norma general impugnada y órganos emisores los siguientes:

Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

A. Congreso del Estado de Aguascalientes

B. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

Norma general cuya invalidez se reclama:

Los artículos 10, fracción XVIII; 53, 61, 65, 70, fracción I, inciso b), en relación con el 54, fracción V; 73, fracciones I, II y III, en la porción normativa "siempre y cuando esto sea acorde a su edad"; 192; 237 en la porción normativa "y cuando se trate de adeudos con el instituto" y 238, párrafos segundo y tercero, todos de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, expedida en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, mediante Decreto 232, de fecha 26 de febrero de 2018.

SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer la accionante son, en síntesis, los siguientes:

I. Los artículos 10, fracción XVIII, 53, 61, 65, 192, 237 en la porción normativa "y cuando se trate de adeudos con el instituto", así como el 238, párrafos segundo y tercero, de la ley impugnada, posibilitan la restricción y afectación de las prestaciones de los afiliados, en caso de que éstos tengan adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), por lo que se vulneran los derechos a la seguridad social, seguridad jurídica y a la salud, al condicionar de forma injustificada las prestaciones sociales.

Resulta contrario al derecho a la seguridad social que el instituto afecte las prestaciones de los afiliados, pensionados y sus beneficiarios por adeudos que no son imputables a ellos.

En este primer concepto de invalidez se plantean dos temas: la inconstitucionalidad de las normas que condicionan la prestación de los servicios de salud cuando las entidades patronales no estén al corriente en el pago de cuotas, aportaciones y retenciones, y la invalidez de las disposiciones que permiten la afectación por parte del instituto al fondo de ahorro y a las pensiones de los trabajadores pensionados y familiares beneficiarios cuando existan adeudos a ese instituto.

Respecto al primer tema, se impugna lo establecido en los artículos 10, fracción XVIII, 53, 61 y 65 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. Del análisis conjunto de esos preceptos se observa que los servicios que brinde el instituto en relación con la seguridad social, quedarán supeditados a las aportaciones que las entidades patronales hagan.

La obligación de enterar las cuotas de las aportaciones de seguridad social legalmente no corresponde al trabajador, sino a las entidades públicas patronales, de acuerdo con el artículo 10, fracción XVIII, en relación con el diverso 4o., fracción XVIII, de la ley citada.

Por otro lado, se subraya que el artículo 244 establece que las entidades patronales están obligadas a cumplir con las obligaciones a que se refiere la ley, entre las cuales, está la de enterar las cuotas de aportaciones de seguridad social de sus trabajadores.

En consecuencia, las disposiciones impugnadas contravienen el derecho a la protección a la salud, así como la garantía de seguridad social que establecen los artículos 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal.

Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 188/2008, de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 25, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL PERMITIR LA SUSPENSIÓN DE LOS SEGUROS OBLIGATORIOS, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)."(1)

Aunado a ello, las disposiciones impugnadas violan la garantía de audiencia, porque el legislador no estableció un procedimiento en el que se dé a los trabajadores o pensionados la oportunidad de defensa previo a suspenderse los beneficios de seguridad social.

En relación con el segundo tema, se impugnan los artículos 192, 237 y 238 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, los cuales afectan prestaciones económicas por adeudos con el instituto.

El artículo 192 establece que el fondo para el ahorro podrá verse afectado si el servidor público tuviera algún adeudo con el instituto, o si hubiera otorgado garantía solidaria con otros servidores públicos o por responsabilidades con las entidades públicas patronales de su adscripción.

Los artículos 237 y 238 prevén que las pensiones podrán embargarse por adeudos que el afiliado, pensionado o beneficiario tenga por cualquier concepto con el instituto.

Estas disposiciones son inconstitucionales, en virtud de que permiten que prestaciones que son inembargables puedan ser afectadas por adeudos que no son imputables al servidor público afiliado, pensionado o a sus familiares, lo que se traduce en una violación al derecho a la seguridad social.

Además, el fondo de ahorro se encuentra dirigido a garantizar un retiro digno, de manera que si tales recursos fueran embargables se trastocaría el fin social para el que fueron creados.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que el fondo de ahorro es parte integrante del salario del trabajador, en la jurisprudencia 2a./J. 13/2011, de rubro: "SALARIO. EL FONDO DE AHORRO ES PARTE INTEGRANTE DE AQUÉL."

En cambio, los diversos recursos depositados en las cuentas complementarias de retiro integran el ahorro voluntario del trabajador. Por tanto, si estos recursos son necesarios para cumplir las obligaciones que el trabajador adquirió con terceros, está perfectamente justificado que se encuentren a disposición para afrontar diversas obligaciones legales como las que dispone la norma que se combate, máxime que esos recursos tienen una disponibilidad diferente a las que integran las pensiones y fondos de ahorro.

En virtud de que son las entidades patronales las que deben cumplir con el deber de enterar al instituto las cuotas, aportaciones y descuentos, y no los trabajadores.

Por lo anterior, las normas generales impugnadas transgreden los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 39 y 42 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.

II. El artículo 70, fracción I, inciso b), en relación con el diverso 54, fracción V, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, establece la obligación de los pensionados de aportar para el seguro de gastos funerarios, de conformidad con los porcentajes señalados mediante acuerdos de la Junta Directiva en la Tabla de Aportaciones para el Fondo de Prestaciones Económicas, orientados por la última valuación actuarial que se publique en el Periódico Oficial del Estado.

Sin embargo, esa medida resulta contraria a los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, por exigir el pago de una cuota a una persona que ha dejado de tener un vínculo directo con el Estado con el carácter de trabajador o, incluso, a un beneficiario, y que por ello ya no recibirá un sueldo o salario respecto al cual deba cotizar.

A mayor abundamiento, de acuerdo con el artículo 70, fracción I, inciso a), del ordenamiento impugnado, los servidores públicos en activo aportarán para el financiamiento de las prestaciones de seguridad social a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 54 de esa ley, entre ellas, las del seguro de gastos funerarios.

La cuota impuesta al trabajador en activo se justifica, porque percibe un salario; en cambio, el pensionado sólo puede ver incrementado, en su caso, el monto de su pensión en proporción al porcentaje en que aumente la unidad de medida y actualización.

La norma impugnada obliga a los pensionados a resentir en sus ingresos por pensión o jubilación el descuento para contribuir a las prestaciones previstas en la ley, en igual medida que a los trabajadores en activo, sin tomar en cuenta que se encuentran en condiciones desiguales. Por ello, la disposición combatida viola el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 1o. constitucional.

Como apoyo de sus argumentos, cita lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 101/2014, así como la tesis aislada 1a. XLIII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. CONTENIDO Y ALCANCES DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO."

Aclara que el artículo 4, fracciones XXXVIII y XLIII, de la ley impugnada hace una distinción entre pensionados y servidores públicos o trabajadores.

También señala que el artículo 128, fracción I, incisos a) y b), en relación con el 74 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes abrogada por disposición transitoria del propio ordenamiento impugnado, disponía que sólo los servidores públicos y las entidades públicas patronales aportarán para el financiamiento de la prestación del seguro por gastos funerarios.

Por ello, la norma combatida transgrede los principios de progresividad y no regresividad, pues en ella se impone a los pensionados una carga económica a la que no estaban previamente obligados en relación con una prestación que ya se encontraba reconocida.

Invoca la tesis 1a./J. 85/2017 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS."

Si bien es cierto que el artículo tercero transitorio de la ley cuestionada estipula que los servidores públicos y trabajadores que hayan ingresado a laborar en alguna de las entidades públicas patronales, previamente a la entrada en vigor de la ley de 2001, que se abroga, podrán optar al momento de actualizarse los supuestos legales para el disfrute de cualquiera de las prestaciones contenidas en dicha ley, también lo es que para los demás trabajadores sí constituye una medida regresiva.

Por lo anterior, el artículo 70, fracción I, inciso b), de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes transgrede los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, constitucionales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 42 y 71 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, vulnerando el derecho a la igualdad en materia de seguridad social y los principios de progresividad y no regresividad.

III. El artículo 73, fracción I, dispone que gozarán de la prestación de atención a la salud, la esposa o la mujer con quien ha vivido el servidor público o pensionado, así como el esposo o el concubino de la servidora pública o pensionada, excluyendo a las personas cuyo cónyuge sea del mismo sexo, lo que se traduce en una discriminación por razón de preferencias sexuales prohibida por el último párrafo del artículo 1o. constitucional.

Con relación a los alcances del derecho a la salud, la promovente cita la jurisprudencia P./J. 136/2008, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL."

También cita la Observación General Número 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativa al derecho a la seguridad social.

Asimismo, invoca los principios de Yogyakarta que plantean la obligación a cargo de los Estados de adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias "para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí", y para que "existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona –incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros documentos– reflejen la identidad de género profunda que la persona define por y para sí".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que conforme al principio número 13 de los de Yogyakarta todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (Opinión Consultiva 24/17 de 24 de noviembre de 2017).

Entre las formas de creación de una familia están las uniones jurídicas, como el matrimonio, y las de hecho, como el concubinato, las cuales producen beneficios económicos y no económicos, y en ambos casos se trata de las fuentes del derecho a la seguridad social, con apoyo en la tesis aislada 2a. IX/2017 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XII, INCISO A), 39, 40, 41, FRACCIÓN I, 131 Y 135, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY RELATIVA, VIOLAN LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, A LA FAMILIA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PAREJAS INTEGRADAS POR PERSONAS DEL MISMO SEXO."

El artículo 73, fracción I, de la ley impugnada entiende que sólo existe una forma de conformar el matrimonio –un hombre con una mujer– y, por tanto, los beneficios de seguridad social, que derivan del matrimonio, en el caso particular, el consistente en la prestación de atención a la salud sólo se otorga a las uniones matrimoniales heterosexuales.

Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta lo dispuesto por el artículo 143 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que dispone que el matrimonio es la unión legal de un solo hombre y una sola mujer, para procurarse ayuda mutua, guardarse fidelidad y perpetuar la especie.

Sobre ese punto específico, recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las normas civiles que definen el matrimonio como el celebrado entre "un solo hombre y una sola mujer" y/o que establecen entre sus objetivos que "se unen para perpetuar la especie", prevén una distinción implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas homosexuales, que excluye a éstas del acceso al matrimonio.

Al determinarse la inconstitucionalidad del artículo 73, fracción I, del ordenamiento impugnado, por resultar discriminatorio, el promovente solicita que se decrete la invalidez, por extensión, del artículo 143 de la legislación civil de Aguascalientes, de conformidad con las jurisprudencias 1a./J. 84/2015 (10a.) y P./J. 32/2006.

La Comisión Nacional aclara que el artículo 4, fracciones IV y XXVI, de la ley impugnada definen, respectivamente, a los beneficiarios y los familiares beneficiarios, indicando, en lo conducente, que serán beneficiarios el y la cónyuge del afiliado o pensionado y, a falta de éste, la concubina o el concubinario que cumpla con las condiciones establecidas en la ley.

No obstante, esas definiciones son inoperantes, en atención a lo previsto en los artículos 143 y 313 Bis del Código Civil del Estado de Aguascalientes, relativos al matrimonio y al concubinato.

Asimismo, cita lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Duque Vs. Colombia, en lo referente al derecho a las prestaciones sociales respecto a las parejas del mismo sexo.

Por esas razones, solicita la invalidez del artículo 73, fracción I, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, y por extensión de los artículos 143 y 313 Bis del Código Civil del Estado de Aguascalientes, a fin de que las parejas no heterosexuales gocen en plenitud de los derechos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales.

De manera enunciativa, menciona como preceptos constitucionales y convencionales violados, los artículos 1o., párrafos primero, tercero y quinto, y 4o. constitucionales; 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 del Protocolo de San Salvador.

IV. El artículo 73, fracción III, en la porción normativa "siempre y cuando esto sea acorde a su edad" restringe de manera injustificada el derecho de los hijos de los servidores públicos o pensionados a las prestaciones de salud proporcionados por el instituto, resultando violatorio de los artículos 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 39 y 42 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, por vulnerar el derecho a la seguridad social; aunado a que las normas utilizan términos peyorativos que atentan contra la dignidad humana.

El derecho a la seguridad social reconocido a los trabajadores al servicio del Estado, como derecho humano y garantía social, también abarca a sus familiares y, por lo tanto, tampoco resulta posible una reducción o restricción injustificada a las prestaciones sociales que le corresponden a los familiares como beneficiarios. Cita la tesis aislada 2a. XXIX/2007, de rubro: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), Y PÁRRAFOS ANTEPENÚLTIMO Y ÚLTIMO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL."

La condición establecida en la norma impugnada restringe de manera injustificada el derecho de acceso a la salud y a las prestaciones de seguridad social, de los descendientes de los servidores públicos, cuyas edades se encuentren entre los 16 y los 25 años, tomando como base un criterio que no tiene relación con la dependencia económica que puedan tener con los padres, por encontrarse estudiando.

Aun cuando los hijos tengan una dependencia económica con sus progenitores, estarán imposibilitados para disfrutarlas por el simple hecho de que la autoridad considere que no se encuentran cursando estudios que resulten acordes con su edad.

Si los descendientes de un servidor público dependen económicamente de él, y se encuentran estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, deben tener derecho a las prestaciones de salud otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Aguascalientes, sin ponderar si su edad corresponde al nivel educativo cursado.

Aclara que no está en contra del límite máximo de edad establecido en la norma impugnada, sino de la condición "siempre y cuando esto sea acorde a su edad".

Incluso, a los hijos cuyo rango de edad va de los 16, a menos de 18, se les está condicionando el acceso a las prestaciones de seguridad social bajo el mismo criterio injustificado de que sus estudios no sean acordes con su edad, aun cuando esta discordancia se deba a causas ajenas al propio beneficiario, incluso, cuando es una persona que depende en todos los sentidos de sus padres.

Invoca la tesis P./J. 9/2016 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL."

También cita la jurisprudencia 1a./J. 49/2016 (10a.), de título y subtítulo: "IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."

El artículo 73, fracción III, en la porción normativa "siempre y cuando esto sea acorde a su edad" restringe de manera injustificada el derecho de los hijos de los servidores públicos o pensionados a las prestaciones del servicio de salud proporcionado por el instituto, en virtud de que no es una distinción razonable, para tratar diferente a personas que se encuentran en igualdad de circunstancias, por lo que se vulnera el derecho humano a la seguridad social y el principio de igualdad y no discriminación.

En adición, alega que la norma impugnada hace uso de un lenguaje peyorativo, al usar la expresión "defecto físico" para referirse a una discapacidad física.

El lenguaje influye en la percepción que tienen las personas de la realidad, provocando que los prejuicios sociales se arraiguen en la sociedad mediante expresiones que marginan a ciertas personas.

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece como una obligación del Estado Mexicano promover acciones positivas y con conciencia social de respeto a las personas con discapacidad, buscando erradicar estereotipos, prejuicios y estigmas hacia otras personas, por lo que se pretende cambiar la cultura y la mentalidad de una sociedad que a lo largo de la historia ha transitado de la exclusión al proteccionismo, pasando por modelos que abordaban a la discapacidad sin un reconocimiento de la dignidad, autonomía y derechos humanos de las personas.

Al respecto, cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche Vs. Chile), en la que determinó que las condiciones discriminatorias basadas en estereotipos socialmente dominantes y socialmente persistentes, se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y lenguaje de las autoridades, como en el presente caso.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha señalado su preocupación de que la legislación mexicana contenga expresiones peyorativas para referirse a las personas con discapacidad, instando al Estado a armonizar las leyes con la convención, a fin de que todas las entidades federativas eliminen esa terminología (observaciones finales al informe inicial de México de 27 de octubre de 2014).

Los artículos 73, 92 y 116 de la norma impugnada hacen alusión a las personas con discapacidad en términos discriminatorios, al utilizar un lenguaje estigmatizante, al referirse a ellas como personas con "defectos físicos", expresión peyorativa u ofensiva y, por ende, contraria a la dignidad humana, por lo que debe ser expulsada del ordenamiento jurídico y reemplazarse por el término de "personas con discapacidad".

Dichos términos conllevan a la conformación de un discurso dominante, mediante el cual, las demás personas se identifican con un calificativo de "normalidad", mientras que las personas con discapacidad son caracterizadas por la referencia a ellas como "defectuosas".

Las disposiciones que se refieren a la discapacidad deben guiarse por los principios y directrices que rigen a la materia, entre los que se encuentra la medida negativa consistente en la veda a la posibilidad de discriminar a una persona con discapacidad por la presencia de una diversidad funcional, a través del uso de un lenguaje peyorativo. Cita la tesis aislada 1a. VIII/2013 (10a.), de rubro: "DISCAPACIDAD. VALORES INSTRUMENTALES Y FINALES QUE DEBEN SER APLICADOS EN ESTA MATERIA."

Expresa que el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la salud cobran importancia, pues su reconocimiento garantiza el respeto a otros derechos humanos. Por consiguiente, la presente acción de inconstitucionalidad no sólo persigue consolidar la validez constitucional formal de normas, sino también alcanzar los objetivos de la agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable adoptada por los Estados miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

TERCERO.—Preceptos que se consideran vulnerados. Artículos 1o., 4o., párrafo cuarto, y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 39 y 42 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.

CUARTO.—Admisión. Mediante proveído de tres de abril de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 40/2018 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.(2)

Por auto de cuatro de abril siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo. Al rendir su informe, sostuvo la constitucionalidad de las normas impugnadas, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación:

Las normas impugnadas corresponden al Decreto Número 232 que contiene la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicado el 26 de febrero de 2018. En cuanto a la promulgación y publicación del decreto, que son atribuibles al gobernador, se realizaron en acatamiento a los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. En todo caso, corresponde al Poder Legislativo Local defender la validez de las normas generales impugnadas.

SEXTO.—Informe del Poder Legislativo. Al rendir su informe, el Congreso del Estado de Aguascalientes defendió la validez de las normas generales impugnadas.

Alegó que la reforma impugnada tuvo por objeto actualizar el marco jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. Tuvo como finalidad tutelar las necesidades y requerimientos del instituto, de los servidores públicos, de los pensionados y de los beneficiarios.

Al analizar la iniciativa se consideró lo siguiente:

a) Incorporar y adecuar la terminología empleada, a efecto de actualizar y ampliar los conceptos y definiciones, entre los cuales destaca el relativo a la desindexación del salario mínimo.

b) Se abarcaron temas relativos a las cualidades y características que deberá tener quien ocupe el cargo de director general del instituto, determinando también la responsabilidad para elaborar los programas concernientes a las tareas asignadas, además de permitirle y obligarle a formular una estructura administrativa que permita alcanzar las metas y objetivos propuestos.

c) Se precisan las obligaciones y derechos de las autoridades, con lo que se da certeza jurídica a los patrones y trabajadores. Se especifican los lapsos que tienen las entidades públicas para dar de alta a los trabajadores y cubrir las cuotas correspondientes, por lo que se prevén las sanciones para que en el caso de incumplimiento se corrija esa tendencia.

d) Considerando que en la actualidad existen entidades que reportan de un 10% a 40% de sueldo base de cotización, acarreando una minusvalía en la percepción de los trabajadores al momento de jubilarse o pensionarse, se contempla la determinación del sueldo base de cotización que será del 60% para trabajadores de confianza y del 70% para los trabajadores de base.

e) Se dota de sustento legal a aquellas prestaciones que no tenían fundamento de ley, determinándose la sustanciación necesaria para su obtención, los términos para la recuperación de los créditos, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento, conformándose un marco legal que ampare a los sujetos que se encuentren en el supuesto para el goce de la prestación.

Se implementa el Fondo Asistencial para Pensionados, para mejorar el nivel de vida de ese sector.

f) Se comprenden los derechos adquiridos o futuros de los asegurados y, a efecto de robustecer el contenido normativo, se realizaron precisiones sobre el tema de los derechos de paternidad con la finalidad de que los servicios de salud comprendan la posibilidad de que los padres varones puedan convivir con su familia cuando tengan un hijo.

SÉPTIMO.—Pedimento de la Procuraduría General de la República. Por oficio presentado el cuatro de junio de dos mil dieciocho, el titular de la Procuraduría General de la República formuló pedimento, en el que expuso alegaciones en cuanto al fondo de la acción de inconstitucionalidad.

Estima fundado el primer concepto de invalidez relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 10, fracción XVIII, 53, 61, 65, 192, 237, en la porción normativa "y cuando se trate de adeudos con el instituto", así como el 238, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, dado que posibilitan la restricción y afectación de las prestaciones de los afiliados, en caso de que tengan adeudos con el instituto. Al respecto, cita como precedente lo establecido en la acción de inconstitucionalidad 19/2015.

También considera fundado el concepto de invalidez respecto al artículo 70, fracción I, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. Al existir una clara diferencia entre trabajadores en activo y pensionados, no existe justificación alguna para que los pensionados aporten al seguro de gastos funerarios al igual que los trabajadores en activo.

Agrega que debe declararse

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29073-51b14ecc/i-seguridad-social-marco-constitucional-que-deben-atender · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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