DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE DESECHARLA CUANDO ADVIERTA COMO MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, QUE EL ACTO RECLAMADO SE EMITIÓ EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA SIN LIBERTAD DE JURISDICCIÓN; ELLO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE LA MATERIA (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 83/2006).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 12/2018. 10 DE AGOSTO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ VEGA LUNA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Los agravios expuestos por el recurrente son ineficaces.
Lo anterior se sostiene así, ya que el laudo de seis de marzo de dos mil dieciocho y que se reclamó en el juicio de amparo directo ********** (génesis del presente recurso), se dictó con vinculación total en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida el ocho de febrero de dos mil dieciocho por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, dentro del diverso juicio de amparo directo **********, que promovió **********, contra el laudo de trece de octubre de dos mil dieciséis, dictado por la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente laboral **********.
En efecto, en el referido juicio de amparo ********** se concedió la protección constitucional sin que mediara algún punto de la litis natural por la cual la Junta responsable tuviera alguna jurisdicción, pues se le conminó a acatar los justos alcances que se precisaron por este tribunal, unos por reiteración y otros por lineamiento concreto, tal como se aprecia de la parte considerativa y efectos de la ejecutoria, a saber:
"...como bien lo aduce el instituto quejoso, con independencia de que la Junta responsable fue omisa en señalar cómo estimó acreditado el nexo causal entre las enfermedades diagnosticadas y las actividades desarrolladas por el operario o el medio ambiente laboral en el que las desempeñó, lo cierto es que en autos no existe probanza alguna con la que se acrediten las actividades que desempeñó el actor durante el tiempo que prestó sus servicios a las empresas para las que trabajó o el medio ambiente en que lo hizo, siendo que, en principio y sin desdoro de lo que más adelante se dirá al respecto, le correspondía la carga de demostrar tales extremos.
"Se arriba a la anterior conclusión, pues consta en el contradictorio natural que el actor únicamente ofreció como pruebas la pericial médica en cita, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, como se aprecia del escrito de demanda, que reiteró verbalmente en la audiencia respectiva de veinte de febrero de dos mil quince. (fojas 4 y 77 del expediente laboral)
"En esa medida, al no existir en autos del juicio laboral los elementos necesarios para demostrar la relación causa efecto entre las enfermedades calificadas como profesionales y las actividades ejercidas por el actor o el medio ambiente laboral bajo el que las desarrolló, es claro que la Junta responsable contravino los principios de verdad sabida y buena fe guardada en perjuicio de la institución quejosa, de modo que fue incorrecta la condena que se le impuso al reconocimiento de la incapacidad permanente parcial y, por ende, al pago de la pensión respectiva que le reclamó el actor.
"...
"En las relatadas consideraciones, ante lo sustancialmente fundado de los conceptos de violación, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión que se solicitan, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, dicte uno nuevo, en el que:
"1. Reitere lo que no fue materia de la concesión, esto es, la absolución decretada a favor del instituto quejoso, al otorgamiento y pago al actor de una pensión de invalidez, los correspondientes incrementos, así como de las asignaciones familiares.
"2. Hecho lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, y sin libertad de jurisdicción, establezca que ante la falta de prueba relativa al nexo causal entre las enfermedades diagnosticadas como profesionales por el perito tercero en discordia, y las actividades desarrolladas por el actor, o el medio ambiente laboral bajo el cual las llevó a cabo, debe absolverse al instituto demandado del reconocimiento de una incapacidad permanente parcial y, por ende, al pago de la pensión respectiva..."
Así, resulta palmario que este Tribunal Colegiado de Circuito ya decidió todos los temas de fondo del asunto en lo concerniente a la absolución a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, determinando que ante la falta de prueba relativa al nexo causal entre las enfermedades diagnosticadas como profesionales por el perito tercero en discordia, y las actividades desarrolladas por el actor, o el medio ambiente laboral bajo el cual las llevó a cabo; en consecuencia, lo que procedía era absolver al instituto demandado del reconocimiento de una incapacidad permanente parcial y, por ende, al pago de la pensión respectiva.
Por ello, es evidente que sobre la absolución a favor del **********, existe cosa juzgada, pues dados los efectos establecidos en la ejecutoria de amparo a que se ha hecho referencia, la Junta responsable estaba obligada a realizar determinadas y precisas acciones, entre ellos, la absolución a favor del precitado instituto, para cumplir con el fallo protector, de manera que no tuvo libertad de decisión en cuanto a las prestaciones reclamadas por el ahora recurrente.
En estas condiciones, el juicio de amparo que intentó dicho inconforme –actor en el proceso laboral– resulta, de entrada, notoriamente improcedente, tal como se determinó en el auto de presidencia recurrido, habida cuenta que el laudo reclamado se emitió para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por este tribunal, en la que, como ya se vio, la Junta del conocimiento estaba obligada a absolver al **********, pues ello se sigue necesariamente en atención a la concesión del amparo solicitado por el propio instituto demandado, de ahí que ese aspecto del laudo reclamado deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis de una ejecutoria anterior.
Atento a lo puntualizado hasta aquí, carece de sustento en derecho la pretensión del peticionario del amparo de promover un nuevo juicio de garantías, para poder controvertir las consideraciones del laudo pronunciado en los aspectos ya analizados en una ejecutoria de amparo precedente, en razón de que cualquier argumento por novedoso que resultara no sería de prosperar, dada la firmeza de la decisión, por lo que no puede ser objeto de controversia y estudio nuevamente.
Ello, tomando en consideración que en el juicio constitucional no está permitido jurídicamente estudiar conceptos de violación que tiendan a impugnar una parte de la sentencia que ya es irrevocable, pues de permitirse se estaría en el supuesto de amparo contra amparo, atentándose el principio de cosa juzgada que toda resolución debe tener.
En consecuencia, si el acto reclamado a la responsable es resultado de una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, en donde no se le dejó plenitud de jurisdicción, sino que se le constriñó a pronunciar un nuevo laudo dándole lineamientos para su emisión, es inconcuso que el amparo que intentó resulta, de entrada, notoriamente improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior y, por ello, con independencia de lo que pudiera argumentar el peticionario del amparo en sus conceptos de violación, ello ya no puede ser objeto de análisis por este órgano jurisdiccional, pues implicaría trastocar una decisión definitiva emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, que en virtud de la cosa juzgada, debe mantenerse inmutable.
Sostener lo contrario haría nugatoria la intención del legislador al señalar la improcedencia en esos supuestos, pues lo que se pretende es evitar que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, porque implicaría una cadena interminable de juicios constitucionales, que impediría la firmeza de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica; de ahí que la demanda constitucional sí resultó manifiesta e indudablemente improcedente, además, no se desechó por acto consentido sino por existir cosa juzgada; por tanto, se estima que el auto recurrido se dictó apegado a derecho al desecharse de plano dicha demanda de amparo y no como alega el recurrente en sus agravios aquí analizados, máxime que esos argumentos van encaminados a combatir el fondo del asunto y no las razones que se dieron para considerar que existía cosa juzgada respecto del nuevo laudo reclamado.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, a contrario sensu, la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 171753, visible en la página 539, Tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, del siguiente contenido:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.—La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente ‘contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas’ se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías."
Asimismo, se cita la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1391, Libro 40, Tomo II, marzo de 2017, registro digital: 2014019, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de marzo de 2017 a las 10:27 horas», que se lee:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo."
Y la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 240602, visible en la página 44, Volúmenes 151-156, julio a diciembre de 1981, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que expresa:
"AMPARO PARA EFECTOS, ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL, Y LA DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ACATAMIENTO DE LA PRIMERA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO.—Cuando existe estrecha vinculación entre la sentencia que concedió el amparo para efectos y la dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de aquélla, debe sobreseerse en el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 74, del mismo cuerpo de leyes, pues el acto reclamado de la Sala responsable se dictó en cumplimiento de una sentencia de amparo, mediante la cual se le señalaron los lineamientos a seguir, en cuanto a la acción ejercitada, es decir, sin devolverle plena jurisdicción al respecto, y por lo tanto, resulta improcedente la demanda de garantías."
Por otra parte, deviene inoperante lo que aduce el recurrente en el sentido de que nunca le fue notificado el laudo que reclamó en el juicio de amparo directo **********; lo anterior es así, en virtud de que en la presente reclamación no es materia de análisis el argumento dirigido a combatir la validez de la notificación del laudo que se combatió en ese amparo directo, siguiendo la idea jurídica contenida en la jurisprudencia 1a./J. 57/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 185920, visible en la página 246, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido:
"RECLAMACIÓN. NO SON MATERIA DE ESE RECURSO, LOS AGRAVIOS DIRIGIDOS A COMBATIR LA VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.—La doctrina procesal es uniforme en sostener que el objeto de los recursos consiste en la revisión de la legalidad de las consideraciones que sustenten la resolución recurrida, en tanto que el del incidente de nulidad de notificaciones, se traduce en revisar la legalidad de la notificación de aquélla, esto es, mientras el primer medio de impugnación señalado tiene como materia la revisión del contenido del acto procesal, el segundo tiene la revisión de la notificación del acto. En ese sentido, se concluye que los únicos argumentos que son materia y que deben ser analizados en el fondo en el recurso de reclamación, previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, son aquellos que se dirigen a combatir la legalidad de las consideraciones que sustenten la resolución impugnada, de manera que si la parte recurrente esgrime argumentos que cuestionan la validez de la notificación de la resolución que se reclama, tales alegaciones resultan inoperantes, en razón de que no guardan relación con la litis del citado recurso, ya que no se dirigen a combatir el contenido del acto procesal recurrido."
Finalmente, no pasa inadvertido para este Pleno, como tampoco lo fue para la presidencia al dictar el acuerdo recurrido, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 83/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 174943, visible en la página 210, Tomo XXIII, junio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AMPARO DIRECTO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA EFECTOS.—No constituye un motivo manifiesto de improcedencia que justifique desechar de plano una demanda de amparo directo que el acto reclamado haya sido dictado en cumplimiento de una ejecutoria emitida en un diverso juicio de garantías, en la cual se otorgó la protección constitucional solicitada para determinados efectos, pues en el caso resulta necesario no sólo recurrir al estudio de la demanda y sus anexos, sino también realizar un examen exhaustivo para precisar los siguientes elementos: a) Los efectos para los que se otorgó el amparo en la sentencia de garantías; b) La sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio, dictada en cumplimiento de la sentencia de amparo de mérito; y, c) Los conceptos de violación; en tanto que resulta procedente un nuevo juicio de amparo directo respecto de los puntos objeto de la litis del juicio natural que motivaron la concesión constitucional para que se resuelva con libertad de jurisdicción, esto es, por tratarse de actos nuevos de la autoridad responsable, por lo que, en su caso, debe realizarse el estudio de fondo sobre esos puntos litigiosos."
Criterio jurídico a partir del cual los órganos colegiados, como el que aquí resuelve, han justificado que la improcedencia de una demanda de amparo directo se determine en forma idónea por el Pleno del tribunal y no por su presidente, dado que el análisis que éste realiza, por regla general, es preliminar, superficial o genérico, y no exhaustivo, como ocurre cuando el asunto, una vez turnado a la ponencia, es examinado en el fondo; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de garantías y así es advertido en el auto de inicio del juicio de amparo directo por el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, conforme al artículo 179 de la Ley de Amparo, a pesar de no ser una carga que deba necesariamente agotarse desde ese momento procesal, si aun así se lleva a cabo en tales términos, no resulta contrario a derecho; incluso, ello se justifica hacerlo desde la entrada en presidencia, privilegiando la máxima del artículo 17 constitucional (justicia pronta y expedita), pues no tiene caso cursar a trámite una demanda de amparo que desde el principio se vislumbra y constata notoria y manifiestamente improcedente, para luego sobreseer en el amparo, retrasando la solución definitiva del asunto en un trámite innecesario, porque el resultado desde su radicación o al final en sesión plenaria, será el mismo y, ello, permite no sólo agilizar las labores de los tribunales en asuntos improcedentes, sino dedicar de manera más óptima todos los esfuerzos técnicos al estudio de fondo de los asuntos que en realidad lo ameriten.
Todo lo cual no contraviene la exégesis contenida en la jurisprudencia de mérito, pues ésta, más que contemplar una prohibición, interpreta y justifica la admisión de una demanda, no obstante su improcedencia, en la medida en que las resoluciones de esa naturaleza no vinculan al Pleno.
Luego, ante la ineficacia de los agravios propuestos, lo que procede es declarar infundado el presente recurso de reclamación.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Es infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere.
Notifíquese; por oficio al presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito, con testimonio de la presente resolución para acordar lo conducente en el amparo directo de trabajo **********; por lista a la parte quejosa-recurrente, al tercero interesado y Ministerio Público Federal de la adscripción; anótese en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge Toss Capistrán, Jorge Sebastián Martínez García y Juan Carlos Moreno Correa, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito; siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 66, 118, 120 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29105-5109ba4c/demanda-de-amparo-directo-el-presidente-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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