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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 298/2013. · Registro digital (IUS): 24652
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Pág. 1685.

REVISIÓN FISCAL 298/2013. SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 7 DE AGOSTO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO. SECRETARIO: GUILLERMO MIGUEL TORRES SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Resulta innecesario transcribir los agravios formulados por la autoridad recurrente, atento a que el presente medio de impugnación extraordinario es improcedente, al tenor de las consideraciones que se exponen enseguida:

De las constancias que obran en el juicio contencioso administrativo **********, del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que el fallo recurrido en esta instancia extraordinaria se emitió en cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal Colegiado el treinta y uno de octubre de dos mil doce, en el juicio de amparo directo **********, relacionado con el recurso de revisión fiscal **********, en el que no se otorgó libertad de jurisdicción a la juzgadora, como se observa de la reproducción siguiente:

"... Por tanto, si la percepción del concepto: ayuda para gastos de actualización, se encuentra consignado en el tabulador, resulta irrefutable que la carga de la prueba de su cotización no le corresponde a la actora, como indebidamente lo consideró la Sala del conocimiento, sino, en todo caso a la demandada. En efecto, cuando en el juicio de nulidad un pensionado pretende la inclusión en su cuota diaria de pensión de conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, le corresponde acreditar su pretensión, no sólo porque existe disposición expresa que le impone esa carga, sino porque esos son los únicos elementos integrantes de la cuota diaria pensionaria; empero, en el caso, los conceptos que la parte actora solicita se incluyan en su cuota pensionaria sí se encuentran previstos en el sueldo tabular, por lo que la carga de la prueba de su cotización le corresponde a la autoridad demandada. Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis jurisprudencial: ‘ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).’ (se transcribe). En esas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala responsable deje sin efectos la sentencia reclamada, y en su lugar, emita otra en la que considere que la prestación consistente en ayuda para gastos de actualización sí se encuentra consignada en el tabulador correspondiente y, por ende, estime que la carga de la prueba en cuanto a su cotización le corresponde a la demandada."

Es importante hacer notar que en lo que concierne al recurso de revisión fiscal relacionado con el amparo directo anterior, este órgano colegiado básicamente determinó:

"... Ahora bien, no asiste razón a la autoridad inconforme cuando alega que se debió tener a la vista el tabulador, a efecto de dilucidar si los conceptos que se pretendan integrar a la cuota pensionaria forman o no parte del sueldo tabular, ya que como se puso en evidencia, la Sala sí tuvo a la vista el tabulador y, con base en éste, resolvió la litis. En ese sentido, tampoco asiste razón a la recurrente en el sentido de que no se estableció cuál era el tabulador regional de la plaza que le correspondía a la pensionada, puesto que de la resolución impugnada se advierte que la juzgadora refirió que para acatar las directrices de la ejecutoria que se cumplimentaba, se consideraba el contenido del tabulador salarial que correspondía al puesto desempeñado por la enjuiciante de jefe de laboratorio clínico, con número de clave presupuestal **********, el cual, señaló era consultable en la página web de la red informática denominada Internet, bajo la dirección electrónica http://es.scribd.com/doc/75249079/Tabulador-Rama-Med-Paramed-Gpo-Afin-311210, lo que invocó como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Cabe mencionar que la recurrente es omisa en controvertir si el tabulador que utilizó la juzgadora para resolver el asunto era o no el aplicable, por lo que ante tal omisión debe partirse de la premisa que si es éste con base en el cual se determinó la cuota pensionaria de la actora, pues en todo caso la inconforme debió mencionar cuál era el tabulador que correspondía a la categoría, cargo y entidad en la que se desempeñó la pensionada. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando en el juicio de nulidad un pensionado pretende la inclusión en la cuota diaria pensionaria de conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, le corresponde acreditar su pretensión, no sólo porque existe disposición expresa que le impone esa carga, sino porque esos son los únicos elementos integrantes de la cuota diaria pensionaria, conforme a los artículos tercero y cuarto transitorios de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con los artículos 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del propio instituto. Esto es, que el asegurado puede reclamar y, por ende, demostrar la procedencia de la inclusión únicamente de esos conceptos en su cotización y, de encontrarse en alguno de los supuestos de excepción (Poderes Legislativo y Judicial, así como entes autónomos), debe aportar los elementos de convicción respectivos. Tiene aplicación a lo anterior la siguiente jurisprudencial: ‘ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).’ (se transcribe). En ese tenor, es correcta la determinación de la Sala, en el sentido de que se tomen en consideración las percepciones consistentes en asignación bruta y prima quinquenal, ya que atendiendo a la tesis previamente transcrita, dichos conceptos son parte integrante de la cuota diaria pensionaria, y la carga de la prueba en cuanto a su cotización le correspondía a la demandada. En efecto, las prestaciones referidas no son distintas al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, por lo que, atendiendo a la tesis 2a./J. 114/2010, es a la demandada a quien le correspondía acreditar que respecto de dichas percepciones se cotizó, y no a la accionante como indebidamente lo manifiesta la recurrente. Por último, la inconforme argumenta, dentro de su cuarto motivo de disenso, que la sentencia recurrida le causa agravio dado que la Sala del conocimiento indebidamente declaró la nulidad de la resolución impugnada, sin aclarar que para calcular el monto de la pensión jubilatoria de los trabajadores al servicio del Estado, la cuota diaria máxima no podrá exceder del equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tope máximo para el cálculo de las pensiones. Es infundado el relatado motivo de disenso toda vez que contrario a lo manifestado por la recurrente, la Sala, una vez declarada la nulidad del oficio de concesión de pensión, sí aclaró tal circunstancia, pues al efecto manifestó: ‘... Lo anterior, sin perjuicio de que al dar cumplimiento al presente fallo, la autoridad demandada tome en consideración lo ordenado por el artículo 15, penúltimo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precepto que establece un monto máximo sobre el sueldo base para efectos de cotización al instituto, es decir, las cotizaciones se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase de 10 veces el salario mínimo general.’. De lo reproducido se advierte que la juzgadora sí aclaró lo relativo al tope máximo de la pensión; no obstante ello, aun cuando en una sentencia donde se haya establecido el derecho de un trabajador a recibir la pensión jubilatoria se ordene su cuantificación sin remitir expresamente al artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, éste debe aplicarse por la ejecutora, pues aquella omisión no autoriza la actuación arbitraria de ésta. ... "

La Sala, en acatamiento a lo ordenado por este órgano federal, resolvió lo siguiente:

"... Por otra parte y conforme a las directrices anteriores, esta Sala estima fundados los agravios por lo que hace a que los conceptos asignación bruta y prima quinquenal deben ser considerados para el cálculo de la cuota pensionaria, en razón de que no son conceptos que sean diversos al sueldo tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios. En efecto, como quedó precisado en párrafos anteriores, el concepto de asignación bruta es constitutivo del salario tabular, motivo suficiente para estimar que no se requiere probar en juicio que fue objeto de cotización o aportación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, por tanto, la omisión para el cálculo de la pensión constituye un error en el cálculo del salario tabular. En el mismo sentido se tiene que el concepto de prima quinquenal debe ser considerado para el cálculo de la cuota pensionaria, dado que la autoridad no se ajustó a derecho, al no tomar en consideración las cantidades a las que se refiere el actor en su escrito de demanda, pues al ser uno de los tres conceptos de excepción a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sic). Ahora bien, en estricto acatamiento a la ejecutoria materia de cumplimiento, el concepto ayuda para gastos de actualización sí forma parte del sueldo tabular, toda vez que de los recibos de pago que exhibió la actora se advierte que ésta ocupó, antes de jubilarse, el puesto de jefe de laboratorio clínico, con número de clave presupuestal CF41018, y que entre otras prestaciones recibió el concepto 55 AG relativo a la ayuda para gastos de actualización. Por su parte, del tabulador rama médica, paramédica y grupo afín, reproducido a foja 8 del presente fallo, se desprende que para el código CF41018, puesto CF Confianza jefe de laboratorio clínico, entre otras prestaciones, se asignó como parte del sueldo tabular la relativa a ‘A.G.A. bruta mensual.’. En ese contexto, si bien en el tabulador no se desprende de manera literal la percepción ayuda para gastos de actualización, lo cierto es que las siglas de la prestación ‘A.G.A.’, contenida en el sueldo tabular, hacen referencia a dicho concepto, puesto que la primera ‘A’ corresponde a ‘ayuda’, la ‘G’ a ‘gastos’ y la última ‘A’ corresponde a ‘actualización’; de ahí que se estime que la percepción que reclamó la parte actora sí forma parte del sueldo tabular. Lo anterior se confirma de los recibos de pago exhibidos por la actora, de donde se refleja que el concepto ‘ayuda para gastos de actualización se le identifica con el código MG’: siglas que son coincidentes con las del tabulador referido. Además, de los mismos recibos de pago se advierte que a la percepción en comento se le asignó el concepto ‘55’, que de otros tabuladores de la misma rama médica, paramédica y grupo afín, como lo es el relativo al año dos mil seis, dicho concepto ‘55’ equivale a la ayuda para gastos de actualización, tal como se aprecia en la reproducción que se visualiza a foja 48 de la ejecutoria materia de cumplimiento. Por tanto, si la percepción del concepto ayuda para gastos de actualización se encuentra consignada en el tabulador, resulta irrefutable que la carga de la prueba de su cotización no le corresponde a la actora, sino en todo caso a la demandada. En ese tenor, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada, siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, tome en cuenta para efectos de integración, cálculo y promedio del sueldo básico de la pensión, los conceptos asignación bruta, prima quinquenal y ayuda para gastos de actualización, sin menoscabo de los ya considerados en la hoja única de servicios, toda vez que la demandante acreditó su pretensión respecto de éstos, y en consecuencia, se le paguen las diferencias que resulten, sin perjuicio de que no le corresponde a esta Sala determinar el monto de lo adeudado, pues ello incumbe al instituto demandado; asimismo, deberá fundar y motivar el acto a través del cual dé a conocer al demandante el ajuste que realice a la cuota pensionaria actual y las diferencias. Lo anterior, sin perjuicio de que al dar cumplimiento al presente fallo, la autoridad demandada tome en consideración lo ordenado por el artículo 15, penúltimo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precepto que establece un monto máximo sobre el sueldo base para efectos de cotización al instituto, es decir, las cotizaciones se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase 10 veces el salario mínimo general. ..."

De la reproducción que precede se obtiene que la sentencia sujeta a revisión fue dictada por la Sala en estricto cumplimiento a las ejecutorias emitidas por este órgano jurisdiccional; por tanto, válidamente puede concluirse que resulta improcedente el recurso de revisión fiscal, pues aun cuando el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé como hipótesis de improcedencia que el recurso se interponga contra sentencias dictadas en cumplimiento de una ejecutoria de garantías, como también en el caso de un recurso de revisión fiscal, atendiendo a las circunstancias relatadas, la Sala no contaba con libertad de jurisdicción, sino que su actuación sólo se limitó a acatar lo ordenado en tales resoluciones, de modo que el análisis de los planteamientos hechos valer por la recurrente llevaría a estudiar cuestiones que ya fueron resueltas y constituyen cosa juzgada.

Funda lo expuesto la tesis I.7o.A.120 A, emitida por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 1216, intitulada:

"RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 248 del Código Fiscal de la Federación no prevé como hipótesis de improcedencia del recurso de revisión fiscal, cuando su objeto sea la resolución de la Sala pronunciada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la que se agotó la jurisdicción en relación con la cuestión controvertida; sin embargo, no existe obstáculo jurídico para establecer que cuando eso suceda, opera la figura jurídica de que se trata, en razón de que no es posible analizar nuevamente un tema que ha sido juzgado."

También se invoca, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el medio de difusión apuntado con antelación, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 539, que dispone:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente ‘contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas’ se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías."

Del contexto anterior se reitera que la nueva resolución no puede ser objeto de análisis a través del recurso de revisión que se plantea, porque sólo da cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas por este tribunal, en las que resolvió en definitiva el fondo del asunto, siendo éstas inatacables, dado el efecto que tiene de cosa juzgada, pues hacerlo equivaldría a reexaminar a la luz de los agravios las consideraciones en ella consignadas.

No impide concluir de la manera descrita, el hecho de que el recurso haya sido admitido a trámite por auto de presidencia, en virtud de que esa decisión no causa estado, en términos de la tesis 2a./J. 222/2007, aplicada por analogía, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 216, que establece lo siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. La admisión del recurso de revisión por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de una de sus Salas es una determinación que por su naturaleza no causa estado, al ser producto de un examen preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano colegiado el estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharlo."

En las relatadas condiciones, lo que procede es desechar el presente recurso.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el diverso 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión fiscal interpuesto por el subdirector de lo contencioso en suplencia por ausencia del titular de la dirección jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de las autoridades demandadas de ese instituto, en contra de la sentencia de veintidós de febrero de dos mil trece, dictada por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio contencioso administrativo **********.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese el toca; regístrese la ejecutoria en términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados Francisco García Sandoval, Adela Domínguez Salazar y F. Javier Mijangos Navarro. Fue ponente el último de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 4, 8, 13, 14, 18 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24652-886b8a5e/revision-fiscal-es-improcedente-dicho-recurso-contra-resoluciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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