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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR JUBILACIÓN. CUANDO UNA SALA FISCAL DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EL EFECTO DE LA SENTENCIA DEBE SER PARA QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DICTE UNA NUEVA DETERMINACIÓN, EN LA QUE DETALLE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA OBTENER LA CUOTA DIARIA RELATIVA, EN TÉRMINOS DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 100/2009 Y 2a./J. 114/2010. PENSIÓN POR JUBILACIÓN. PARA QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DEBE DETALLAR EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA OBTENER LA CUOTA DIARIA RELATIVA, EN TÉRMINOS DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 100/2009 Y 2a./J. 114/2010.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 428/2011. · Registro digital (IUS): 23480
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: BEATRIZ CRUZ MEDINA.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Pág. 897.

AMPARO DIRECTO 428/2011. BEATRIZ CRUZ MEDINA. 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO LUNA VARGAS.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Previo al estudio de los conceptos de violación, es necesario hacer un relato de los antecedentes del caso con base en las constancias de autos, mismo que se hace en los términos siguientes:

1. Beatriz Cruz Medina, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio DEH/030/101/2010, de once de marzo de dos mil diez, recaída a su petición de incremento de cuota diaria de la pensión folio SP 0559371 (página 9 del juicio de origen); la cual fue dictada por el delegado estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que se determinó que fue correcto el cálculo de la cuota diaria pensionaria y que, consecuentemente, no era procedente estimar percepciones adicionales para modificar la cuota inicialmente otorgada; cabe señalar que la actora, básicamente estimó que el cálculo fue incorrecto, porque no fue considerado el total de las prestaciones salariales que recibió durante el último año de servicios; asimismo, solicitó que se le hiciera el pago de las diferencias que se pudieran derivar del incremento de su cuota diaria pensionaria, en forma retroactiva a la fecha en que se otorgó su pensión; asimismo, conviene anticipar que a la demanda se acompañó la concesión de pensión, la cual, como se observa, carece de motivación respecto de la determinación de la cuota diaria pensionaria (páginas 1 a 35 del juicio contencioso administrativo).

2. La Primera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la que por turno correspondió conocer del asunto, por auto de diecinueve de abril de dos mil diez, admitió la demanda, corrió traslado al delegado estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que diera contestación a la demanda; por auto de nueve de agosto siguiente, se tuvo al delegado estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, por conducto del titular de su unidad jurídica, dando contestación a la demanda (páginas 36 y 138 del juicio contencioso administrativo).

3. Es importante precisar que en la parte conducente del escrito de ampliación de demanda, así como en los alegatos formulados en el juicio contencioso, la quejosa realizó diversas exposiciones referentes a que la autoridad no consideró la totalidad de las percepciones que integran el sueldo básico y que están consideradas en el tabulador regional de sueldos de los trabajadores al servicio del estado, por consiguiente la pensión fijada a partir del dieciséis de septiembre de dos mil cinco no es real al no estimarse las percepciones reclamadas (páginas 141 y 177 a 180 del juicio contencioso administrativo).

4. En auto de tres de septiembre de dos mil diez, la Magistrada instructora tuvo por ampliada la demanda; en proveído de diecisiete de noviembre siguiente, se tuvo por hecha la contestación a la ampliación, en el mismo proveído se comunicó a las partes que contaban con el término de cinco días para formular alegatos por escrito, derecho que ejercieron ambas partes; en diverso auto de veintisiete de enero de dos mil once se declaró cerrada la instrucción; finalmente, al día siguiente se dictó sentencia que reconoció la validez de la resolución impugnada (páginas 145, 174 y 211 a 223 del juicio de nulidad), fallo que ahora se impugna en el presente juicio de amparo directo.

Descritos los hechos anteriores, se procede al estudio de los conceptos de violación.

OCTAVO. Los conceptos de violación son fundados en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que prevé la aplicación de la suplencia de la queja en materia de trabajo, así como de conformidad con la jurisprudencia P./J. 105/2008, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja."(4)

Asimismo, cabe señalar que la suplencia de queja, propia de la materia de trabajo, que debe aplicarse en este asunto administrativo se caracteriza por ser la de más amplios alcances, llegando incluso no sólo a la suplencia de la queja deficiente sino a la suplencia de la ausencia de conceptos de violación, en los mismos términos que opera la institución de referencia en la materia penal; a este respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 39/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 333, de rubro y contenido siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.’, establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones."

Sobre las bases anteriores, y en suplencia de la queja deficiente, debe concederse el amparo a la quejosa pues, como se demostrará, la sentencia reclamada es contraria a los derechos de exacta aplicación de la ley y debido proceso que se contienen en el artículo 14 de la Constitución Federal; particularmente, por existir contravención por parte de la Sala responsable a los artículos 41 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En su demanda, la quejosa expuso, en síntesis:

o La resolución impugnada es ilegal porque la autoridad administrativa, para calcular la cuota diaria de pensión, no tomó en cuenta la totalidad de percepciones que integran el sueldo básico en términos del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

o También mencionó que su cuota diaria de pensión no es real, porque no se consideró la jurisprudencia 2a./J. 126/2008, con el rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SUELDO, SOBRESUELDO Y COMPENSACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)."

o En el escrito de ampliación de demanda y alegatos, la actora reiteró que la autoridad demandada no consideró la totalidad de las percepciones contempladas en el tabulador regional de sueldos, por consiguiente la cuota determinada no es acorde.

Ahora bien, en la sentencia reclamada, la Sala Fiscal reconoció la validez de la resolución impugnada, porque en términos de la jurisprudencia 2a./J. 41/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general, el pensionado sólo podrá exigir el cálculo o incremento de la pensión respecto de los ingresos que cotizó ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Añadió la Sala que, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, cuando un pensionado pretende que en la cuota diaria se incluyan conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, entonces le corresponderá acreditar su pretensión, porque esas percepciones son los elementos que integran la cuota diaria de pensión, ello conforme a los artículos tercero y cuarto transitorios de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, el diverso 15 de la misma ley, así como el 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda para el propio instituto.

La responsable señaló, también, que con relación a los conceptos y claves: "42 Asignación neta personal de las ramas médicas, paramédica y afines" y "55 Ayuda para gastos de actualización", no procedía tomarlos en cuenta para el cálculo de la pensión, porque en el tabulador regional que se consideró aplicable, no se encontraban previstos; por tanto, no integran el salario base del trabajador.

Finalmente, la propia Sala responsable estableció que si la Sala actora pretendía la inclusión de los dos conceptos en la cuota diaria de pensión debió aportar prueba idónea para demostrar que los cotizó ante el citado instituto, lo cual no demostró; al no acreditar su acción, subsiste la legalidad de la resolución impugnada.

Como ya se anticipó, las anteriores consideraciones de la Sala son inconstitucionales.

En primer término, debe ponerse de relieve que consta en autos que la concesión de pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (visible en las páginas 9 y 88 del juicio de origen) no tiene detalles sobre el procedimiento seguido para obtener la cuota diaria pensionaria; esto es, no se especifica cuáles fueron las prestaciones que se tomaron en cuenta para el cálculo de la referida cuota diaria ni se mencionan datos que permitan establecer con certeza cuál fue el tabulador regional aplicado, ni el manual de percepciones vigente en el último año anterior a la fecha de su baja; tampoco se hizo mención acerca de las percepciones de quinquenios y prima de antigüedad que, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 114/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser incluidas en el cálculo de la cuota diaria pensionaria; de igual manera, nada se dijo de las prestaciones recibidas por el trabajador periódicamente o sobre las que se hubieran aplicado los descuentos correspondientes para ingresarlos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

En ese orden de ideas, es evidente que si la concesión de pensión fue dogmática, en cuanto a la explicación para la obtención de la cuota diaria de pensión, conforme a lo anterior, al solicitar su incremento por petición de la interesada, en principio, la resolución recaída a tal petición no debió ser igualmente poco explícita por parte del delegado estatal demandado, y ante esa carencia de fundamentación y motivación, en actos que la requieren de forma detallada por pertenecer al ámbito de la seguridad social, evidentemente la Sala Fiscal no podía reconocer su validez, máxime que en este tipo de asuntos existe la obligación jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de considerar tanto la concesión de pensión como la respuesta recaída a la negativa de su incremento, así como de hacer valer de oficio, por ser de orden público, los temas de ausencia de motivación de los actos y resoluciones de la administración pública, según la interpretación de los artículos 1o., segundo párrafo y 51, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En efecto, al revisar el contenido de la concesión de pensión se observa que su contenido se limita a precisar la fecha a partir de la cual se concede, los años cotizados por la quejosa, la fecha del término de la pensión, la cuota diaria de pensión, el lugar en el que se pagará la misma así como las citas de diversos artículos, respecto de los cuales la autoridad demandada es omisa en precisar el vínculo que tienen con la concesión de pensión que se estudia; a lo que debe añadirse que el tabulador regional (elemento principal para el cálculo relativo) no fue siquiera mencionado en la concesión de pensión, a pesar de constituir el más relevante aspecto de motivación de resolución que contiene la concesión de pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, según la jurisprudencia ya mencionada del Alto Tribunal.

Asimismo, cabe señalar que desde la demanda de juicio contencioso administrativo y en los alegatos que en su oportunidad fueron expuestos ante la Sala responsable, se manifestó -por la actora- que la concesión de la pensión tenía vicios de fundamentación y motivación, porque no se tomó en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 126/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es decir, no se indicó qué tabulador regional fue el aplicable al cálculo, esto es, la cuantificación de la cuota no se realizó en términos del artículo 17 de la ley de la materia.

Por consiguiente, la resolución impugnada en la cual se negó el incremento de concesión reclamada es incorrecta, pues no era posible concluir que se encontraba debidamente fundada y motivada la concesión de pensión otorgada a la quejosa, máxime que en el documento original no se mencionó el procedimiento que se siguió para determinar que la cuota diaria de pensión ascendía a la cantidad ahí señalada, como tampoco indica los hechos, elementos, cantidades o percepciones consideradas para tal efecto; además de que no señala las disposiciones legales, el tabulador regional y/o el manual de percepciones que resulten aplicables al caso en concreto; de ahí que, la afirmación que sostuvo en el sentido de que, la cuota diaria de pensión fue correctamente calculada, no es legal, por carecer de los elementos mínimos antes destacados que la autoridad, conforme a la ley y la jurisprudencia aplicables, debe tomar en cuenta para fijar de manera acorde la cuota diaria de pensión.

Es importante mencionar que la razón por la cual el cálculo de una cuota pensionaria debe ser tan detallado y considerando los elementos referidos, obedece a que sus operaciones de cuantificación y método se encuentran definidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que debe añadirse que toda resolución administrativa (género que comprende tanto a las concesiones de pensión como a las resoluciones administrativas, con motivo de una solicitud de su incremento) representan actos que necesariamente deben encontrarse fundados y motivados, de conformidad con los artículos 16 constitucional y 38 del Código Fiscal de la Federación.

La jurisprudencia de referencia, 2a./J. 100/2009, es la sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 177, de rubro y contenido siguientes:

"PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO SE INTEGRA ÚNICAMENTE POR LOS CONCEPTOS DE SUELDO, SOBRESUELDO Y COMPENSACIÓN ESTABLECIDOS EN EL TABULADOR REGIONAL (ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 126/2008). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 126/2008, de rubro: ‘PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SUELDO, SOBRESUELDO Y COMPENSACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).’, determinó que la base salarial con la que debe calcularse la pensión jubilatoria es el sueldo total pagado al trabajador a cambio de sus servicios, asignado en el tabulador de salarios respectivo; criterio reiterado en la jurisprudencia 2a./J. 12/2009, de rubro: ‘AYUDA DE DESPENSA. NO DEBE CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.’, señalando que la percepción de ayuda de despensa, aun cuando se otorgue regular y permanentemente, no debe considerarse para efectos de la cuantificación de la pensión jubilatoria correspondiente, por no ser parte del sueldo presupuestal, el sobresueldo o la compensación por servicios, sino que constituye una prestación convencional, cuyo fin es proporcionar al trabajador cierta cantidad en dinero para cubrir los gastos de despensa y, por ende, es una percepción que no forma parte del sueldo básico. En ese sentido, si el criterio de la Segunda Sala, contenido en los precedentes referidos, se dirige a sostener que el legislador pretendió integrar los conceptos de sueldo, sobresueldo y compensación para determinar la base salarial sobre la cual se cuantificarán las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como los beneficios económicos a que tienen derecho las personas sujetas al régimen del referido Instituto, es indudable que la base salarial para calcular el monto de la pensión por jubilación se integra únicamente por los conceptos de sueldo, sobresueldo y compensación, ya establecidos en el tabulador regional, de manera que todos aquellos conceptos no incluidos expresamente en el mismo no pueden considerarse para determinar el salario base."

Del criterio jurisprudencial transcrito se desprende que:

a) Para realizar el cálculo de la cuota diaria de pensión debe considerarse el salario tabular, quinquenios y prima de antigüedad, percibidos por el trabajador durante el último año de servicios.

b) Para los mismos efectos, en su caso, también deberán considerarse los ingresos que el trabajador percibió de forma periódica, regular y continua, durante el último año de servicios, siempre y cuando respecto de éstos, se hubiera cotizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Con base en lo anterior, es evidente que la concesión de pensión no se encuentra fundada ni motivada, al no estar pormenorizados los requisitos precisados para el cálculo de la cuota pensionaria en congruencia con la jurisprudencia referida; además, tampoco existen datos específicos sobre el tabulador regional y manual de percepciones que se utilizaron en el cálculo correspondiente, razón por la que la Sala Fiscal no podía reconocer su validez ni tampoco de la resolución que negó el incremento de la concesión de pensión.

De tal forma que, al reconocerse la validez de dicha resolución, se pasó por alto que la demandada en el juicio de origen no atendió a la ley de la materia ni a los criterios jurisprudenciales que fijan los lineamientos para establecer la cuota diaria de pensión por jubilación; por tal motivo, ante la ausencia de dichos elementos, la Sala Fiscal tendría que haber declarado su nulidad en congruencia con las jurisprudencias 2a./J 126/2008 y 2a./J. 41/2009, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SUELDO, SOBRESUELDO Y COMPENSACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)." y "PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA INTEGRA LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO, CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE LA CONSIDERÓ PARA CUBRIR EL MONTO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES EFECTUADAS AL ISSSTE (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)."; y precisar efectos para que, en cumplimiento, la autoridad administrativa demandada emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada que guarde congruencia con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tenga una pormenorización tal que permita ser objeto de revisión y escrutinio.

Por lo anterior, es claro que la Sala Fiscal no debió pronunciarse sobre el fondo del asunto, porque la concesión de la pensión no estaba debidamente fundada y motivada, es decir, que por su contenido no es posible establecer con absoluta certeza si los resultados eran correctos; entonces no era factible que se hubieran tomado decisiones de fondo, en el sentido de que no eran atendibles las prestaciones reclamadas como lo resolvió la Sala al afirmar que no era incluibles.

En tales condiciones, ello es violatorio del principio de congruencia previsto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la obligación de la Sala Fiscal que se contiene en el diverso artículo 51, antepenúltimo párrafo, de la misma ley, conforme al cual, la ausencia de motivación es de estudio oficioso; por tal motivo, debe concederse el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte una nueva, en la cual, en congruencia con la jurisprudencia aplicable del Alto Tribunal, conmine a la autoridad administrativa demandada, mediante una nulidad para efectos que anule tanto la concesión de pensión como la resolución que consideró correcto su cálculo y en su lugar proceda a emitir una nueva concesión de pensión que se encuentre fundada y motivada, de forma congruente al caso, lo que implicará que en la nueva resolución administrativa se pormenorice cómo se obtuvo por el instituto la cuota diaria pensionaria, especificando qué tabulador y manual de percepciones será utilizado para los cálculos correspondientes y detallando sus particularidades para su posterior revisión, los cuales deberán corresponder al último año de servicios del trabajador, de tal manera que se permita su identificación y se pueda comprobar si los conceptos por los cuales se pretende la modificación de la pensión, son aquellos que efectivamente integran el salario tabular, quinquenios o prima de antigüedad, así como cualquier prestación que se hubiera percibido periódicamente por el trabajador, siempre y cuando se hubiera cotizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; o bien si existen errores en la determinación que motive un ajuste; y en general, que dicha resolución administrativa que en cumplimiento se dicte, se funde y motive de forma tal que permita su posterior revisión y escrutinio.

En el entendido de que el cálculo de la pensión jubilatoria no deberá exceder del monto de diez veces el salario mínimo general que determine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de conformidad con el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 80 y 192 de la Ley de Amparo, y tercero transitorio del decreto de reformas constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Beatriz Cruz Medina contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos del expediente de nulidad a la Sala Fiscal de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Emmanuel G. Rosales Guerrero (presidente), Manuel de Jesús Rosales Suárez y Salvador González Baltierra, siendo ponente el primero de los nombrados.

_______________

4. Jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, Materia Constitucional, Laboral, página 63.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23480-5164e2a1/pension-por-jubilacion-cuando-una-sala-fiscal-declara · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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