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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INVOCAN AGRAVIOS QUE YA FUERON EXAMINADOS EN DIVERSA REVISIÓN FISCAL O EN AMPARO DIRECTO, POR CONSTITUIR ESOS ASPECTOS COSA JUZGADA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 85/2016. · Registro digital (IUS): 26705
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-10-07
Promovente: TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA Y ENCARGADO DE LA DEFENSA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACIÓN TLAXCALA.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Pág. 2685.

REVISIÓN FISCAL 85/2016. TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA Y ENCARGADO DE LA DEFENSA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DELEGACIÓN TLAXCALA. 16 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MANUEL ROJAS FONSECA. SECRETARIO: JUAN CARLOS CARRILLO QUINTERO.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-No se analizarán la sentencia recurrida, ni los agravios que en su contra se formulan, que se transcribieron para mejor conocimiento del asunto, porque el recurso resulta improcedente, por las consideraciones que a continuación se exponen.

Para demostrar lo anterior, es necesario señalar los antecedentes que derivan del asunto, y que importan para su resolución:

1. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil catorce, ********** demandó la nulidad del oficio **********, de **********, por el cual la delegada y subdelegado de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, determinaron improcedente la solicitud de pago de diferencias en los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, derivado de los oficios-circulares 307-A-4064, 307-A-3796 y 307-A-2468, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (fojas 2 a 19 del juicio de nulidad)

2. Del juicio de nulidad correspondió conocer a la entonces Sala Regional de Oriente, actualmente Primera Sala Regional de Oriente, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con el número **********, quien, en sentencia dictada el tres de julio de dos mil quince, declaró la validez de la resolución impugnada. (foja 113 del juicio de origen)

3. Inconforme con la resolución anterior, la parte actora promovió juicio de amparo del que, por razón de turno, conoció este Tribunal Colegiado con el número **********, en el cual, en ejecutoria dictada el siete de enero de dos mil dieciséis, determinó conceder el amparo, para los siguientes efectos:

"En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo reclamado y dicte otro en el cual, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, considere que sí es procedente el aumento de las prestaciones económicas de bono de despensa y previsión social múltiple, cuyas diferencias reclama la quejosa, al actualizarse los supuestos contenidos en el último párrafo del artículo 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, por ende, resuelva lo que legalmente corresponda.

"Lo anterior, en el entendido de que la Sala Fiscal responsable debe ordenar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala que, a efecto de determinar la cantidad a devolver a la solicitante por dichos conceptos, debe atender tanto a la vigencia de las circulares emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en que sustentó su pretensión, como la fecha en que ésta haya adquirido la calidad de pensionada."

En relación con este segundo punto, debe precisarse que las consideraciones que sustentaron la concesión del amparo, consistieron, esencialmente, en las siguientes:

• Que los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de trato, coincidían en señalar que los pensionados tenían derecho, en su proporción, a los aumentos en las prestaciones en dinero que se otorgaran a los trabajadores en activo, siempre y cuando tales aumentos se concedieran de manera general a los trabajadores en activo y resultaran compatibles con los pensionados.

• Que, en el caso, se cumplían ambas condicionantes, porque dentro de esas prestaciones en dinero sí estaban incluidos los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, ya que el pago de dichas prestaciones estaba contemplado en el artículo 94 del Manual de Operación de Pensiones Directas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que si bien fue sustituido por el diverso de procedimientos para las delegaciones del instituto, de él se desprendían, como prestaciones económicas adicionales a la pensión, las de bono de despensa y previsión social múltiple, que en forma obligatoria el instituto debía cubrir a los pensionados.

• Que los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple también eran otorgados a los trabajadores en activo, como parte de su remuneración, lo que así se obtenía de las circulares expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del artículo 127 de la Constitución Federal.

• Que la condición de generalidad se actualizaba, en tanto que los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil doce y dos mil trece, consideraban que tales conceptos eran aplicables a todo el personal operativo.

• Que el nivel de personal operativo de la quejosa se evidenciaba porque, cuando estaba laboralmente activa, se le cubrían esos montos, lo que se apreciaba del recibo de pago que obraba en autos, y como pensionada se le seguían pagando, como así lo estableció la Sala responsable.

• Que si el instituto le reconoció a la quejosa tales conceptos, era inconcuso que la impetrante pertenecía a ese nivel de personal operativo, pues los percibía; de ahí que, de conformidad con el último párrafo del artículo 57 de la ley del instituto y el numeral 43 del reglamento aplicable al régimen por el que optó, tenía derecho a su aumento; aunado a que la generalidad no debía entenderse a que los indicados aumentos en las prestaciones de dinero, a que aludía el comentado 57 de la abrogada ley del instituto y 43 del reglamento aplicable, se destinaran a los tres niveles de trabajadores contemplados, sino únicamente a la generalidad dentro del nivel de trabajador operativo.

• Que en cuanto a la compatibilidad de los conceptos con la pensionista, debido a que las prestaciones de trato no eran devengadas ni otorgadas con motivo de la prestación del servicio, sino que procuraban el bienestar integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en activo, sí resultaban compatibles con los pensionados.

4. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el diez de febrero de dos mil dieciséis, dictó una nueva sentencia en el juicio de nulidad.

5. Posteriormente, en auto dictado el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, el Pleno de este Tribunal Colegiado declaró cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo **********, sobre las consideraciones siguientes:

"Del análisis efectuado a la nueva sentencia fiscal, se observa que la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

"a) Dejó insubsistente la sentencia reclamada, a saber, la de **********, pronunciada en el juicio de nulidad **********, según se advierte del acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciséis (foja 119);

"b) Emitió una nueva resolución en la que, en el considerando octavo, calificó fundados los conceptos de impugnación planteados en la demanda de nulidad y determinó, en esencia, que los pensionados tienen derecho a que se les incrementen, en su proporción, las prestaciones en dinero que reciben, cuando les son incrementadas a los trabajadores en activo, siempre que reúnan los requisitos de generalidad y compatibilidad; condicionantes que reunía la parte actora respecto de los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, en relación con la generalidad, porque así se preveía en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, aplicable al caso; y, respecto de la compatibilidad, porque las prestaciones de trato no se otorgaban con motivo de la prestación del servicio (fojas 142 a 150); y,

"c) En ese sentido, declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que las autoridades demandadas emitieran una nueva determinación en la que, en relación con la solicitud de la actora, le reconocieran el derecho a que los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple le fueran actualizados, aumentados o incrementados conforme a los montos fijados a los trabajadores en activo, como personal operativo, en los oficios-circulares 307-A-4064, 307-A-3796 y 307-A-2468, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el dieciocho de agosto de dos mil once, uno de agosto de dos mil doce y veinticuatro de julio de dos mil trece, respectivamente, y le fueran cubiertas las diferencias por esos conceptos, para lo que debían atender tanto a la vigencia de las circulares, como a la fecha en que la demandante adquirió la calidad de pensionada. (fojas 150 vuelta y 151)

"Por consiguiente, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo en vigor, procede tener por cumplida la ejecutoria dictada por este tribunal en el amparo directo **********, dado que la autoridad responsable cumplió con todos y cada uno de los puntos que fueron objeto de la concesión del amparo, y no se advierte exceso o defecto alguno en dicho cumplimiento..."

(Lo anterior se cita como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la materia de amparo, por derivar de un expediente de este tribunal.)

Contra lo resuelto por la Sala Fiscal, la demandada interpuso el recurso de revisión de que se trata.

De lo narrado con antelación, se obtiene que la resolución impugnada no fue emitida con libertad de jurisdicción, sino en atención a los lineamientos dictados por este órgano colegiado, al conceder al gobernado la protección constitucional.

Efectivamente, como se narró con anterioridad, este Tribunal Colegiado determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el fallo reclamado y, en su lugar, emitiera uno diverso en el que determinara que sí era procedente el aumento de las prestaciones económicas de bono de despensa y previsión social múltiple, cuyas diferencias reclamaba la quejosa, al actualizarse los supuestos contenidos en el último párrafo del artículo 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el numeral 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Luego, la Sala Fiscal debía ordenar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala que, a efecto de determinar la cantidad a devolver a la solicitante por dichos conceptos, debía atender tanto a la vigencia de las circulares emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en que sustentó su pretensión, como a la fecha en que ésta haya adquirido la calidad de pensionada.

En ese sentido, si en la sentencia que se recurre, la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que las autoridades demandadas emitieran una nueva determinación en la que, en relación con la solicitud de la actora, le reconociera el derecho a que los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple le fueran actualizados, aumentados o incrementados conforme a los montos fijados a los trabajadores en activo, como personal operativo, en los oficios-circulares 307-A-4064, 307-A-3796 y 307-A-2468, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el dieciocho de agosto de dos mil once, uno de agosto de dos mil doce y veinticuatro de julio de dos mil trece, respectivamente, y le fueran cubiertas las diferencias por esos conceptos, para lo que debía atender tanto a la vigencia de las circulares, como a la fecha en que la demandante adquirió la calidad de pensionada; es inconcuso que la ejecutoria que ahora se recurre constituye un acto de autoridad que obedece totalmente al cumplimiento de una resolución proveniente de un juicio de amparo y, por ello, la revisión fiscal resulta improcedente.

Resulta aplicable, a contrario sentido, la siguiente tesis:

"Séptima Época

"Registro digital: 238687

"Instancia: Segunda Sala

"Tesis: Aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen 51, Tercera Parte, marzo de 1973

"Materia: Administrativa

"Página: 82

"REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN ACATAMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO QUE ORDENA A LA RESPONSABLE DICTAR NUEVO FALLO SIN INDICARLE EL SENTIDO DEL MISMO.-Concedida la protección constitucional para que se examine el fondo de la cuestión propuesta en el juicio fiscal, por no existir en él la causal de improcedencia que se invocó para decretar el sobreseimiento, y dada orden al tribunal de que dicte nueva resolución en los términos que procedan, se está dejando al propio tribunal en aptitud de decidir de acuerdo con las constancias de autos, por lo que el nuevo fallo es un acto distinto al del amparo, y es procedente el recurso de revisión fiscal en su contra, ya que no se impuso a la autoridad la obligación de resolver en determinado sentido, que sería el caso en que procediera el de queja por exceso o defecto de ejecución.

"Reclamación en la revisión fiscal 186/57. Diego Alonso Hinojosa González. 15 de marzo de 1973. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu.

"Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Sexta Parte, Materia Común, tesis 96, página 177, bajo el rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO."

Lo anterior, puesto que las razones que pretende cuestionar la recurrente gozan del carácter de cosa juzgada, toda vez que, como se desprende de la interpretación del artículo 107, fracciones V y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legalidad, las sentencias dictadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito son inimpugnables.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la figura de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta institución descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva (como más adelante se verá de los criterios que se reproducen).

Aunado a lo anterior, la cosa juzgada, en sentido estricto, tiene reflejo materialmente directo respecto a juicios futuros, al implicar la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse posteriormente en diverso proceso, y su actualización se sujeta a la condición de que exista sentencia firme; es decir, que en su contra no proceda medio ordinario o extraordinario alguno de defensa que pueda modificarla o revocarla, con las salvedades o excepciones que los propios ordenamientos jurídicos prevén.

La figura jurídica de cosa juzgada encuentra sustento constitucional en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, y cuya finalidad, se reitera, se configura como uno de los principios esenciales de la seguridad jurídica, en virtud de que sus consecuencias constituyen un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.

Al caso, cobra aplicación la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Registro digital: 168959

"Instancia: Pleno

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXVIII, septiembre de 2008

"Materia(s): Común

"Tesis: P./J. 85/2008

"Página: 589

"COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.

"Acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004. Diputados Integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Procurador General de la República. 25 de septiembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán y Makawi Staines Díaz.

"El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 85/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho."

Asimismo, se afirma que la cosa juzgada posee límites tanto de carácter objetivo como de carácter subjetivo, constituyéndose los primeros en supuestos que proscriben la posibilidad de plantear en un diverso proceso lo resuelto en uno previo; mientras que los denominados subjetivos, se refieren a las personas sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, lo que, por regla general, se refiere a las partes que intervinieron formal y materialmente en el juicio, o bien, a quienes están vinculados jurídicamente a éstos, conforme deriva de la jurisprudencia que se transcribe a continuación:

"Novena Época

"Registro digital: 168958

"Instancia: Pleno

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXVIII, septiembre de 2008

"Materia: Común

"Tesis: P./J. 86/2008

"Página: 590

"COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS.-La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros.

"Acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004. Diputados Integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Procurador General de la República. 25 de septiembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán y Makawi Staines Díaz.

"El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 86/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho."

Entonces, si en la ejecutoria que resuelve el amparo directo **********, este órgano determinó procedente el aumento de las prestaciones económicas de bono de despensa y previsión social múltiple, cuya diferencias reclama la quejosa, al actualizarse los supuestos contenidos en el último párrafo del artículo 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el numeral 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre este tópico opera la figura jurídica de la cosa juzgada.

Por consiguiente, admitir la procedencia del recurso de revisión contra los fallos pronunciados en estricto cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo, vulneraría los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, que son los que preserva la cosa juzgada, como sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 85/2008, previamente transcrita.

Esto es, en la sentencia de este tribunal fue resuelta la litis del juicio del que deriva la resolución que se revisa, y adquirieron firmeza las decisiones que se pretenden cuestionar en esta instancia; de ahí que no pueden ser revisadas por el propio órgano de amparo y, por ende, procede desechar el recurso.

En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de este Tribunal Colegiado, de contenido que sigue:

"Novena Época

"Registro digital: 188097

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: Aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XIV, diciembre de 2001

"Materia: Administrativa

"Tesis: VI.3o.A.60 A

"Página: 1806

"-Cuando la autoridad demandada en el juicio de nulidad hace valer como únicos agravios en la revisión fiscal cuestiones encaminadas a combatir puntos que ya fueron analizados en una diversa revisión fiscal o en amparo directo, resulta improcedente el recurso respectivo, porque esos aspectos no pueden ser abordados de nueva cuenta, en tanto lo resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito, de manera definitiva, no es susceptible de ulterior cuestionamiento y, en consecuencia, lo procedente es desechar el recurso de que se trata.

"Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

"Revisión fiscal 197/2001. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 4 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán.

"Revisión fiscal 20/2016. Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala. 19 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: Adriana Carmona Carmona.

"Revisión fiscal 43/2016. Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala. 9 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: Santa Flor de María Avendaño López.

"Revisión fiscal 47/2016. Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala. 9 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: Santa Flor de María Avendaño López.

"Revisión fiscal 84/2016. Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala. 9 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: Elizabeth Christiane Flores Romero."

Además, apoyan lo hasta aquí expuesto las jurisprudencias que este Tribunal comparte, que establecen:

"Décima Época

"Registro digital: 2008561

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 15, Tomo III, febrero de 2015

"Materias: Común, administrativa

"Tesis: I.1o.A. J/5 (10a.)

"Página: 2349

"REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS QUE NO FUERON DICTADAS CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, SINO EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La sentencia dictada en un juicio de nulidad, en acatamiento a lo resuelto en un amparo directo en que no se dejó a la Sala libertad de jurisdicción, no puede ser revisada a través del recurso que prevé el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello equivaldría a examinar las consideraciones vertidas en el fallo protector en que se resolvió en definitiva la controversia planteada en el juicio contencioso administrativo, lo cual constituye cosa juzgada, en tanto que esta institución jurídica tiene su fundamento en los artículos 14, segundo párrafo y 17, sexto párrafo, constitucionales, e implica que lo decidido en un juicio que ha concluido en todas sus instancias ya no es susceptible de discutirse judicialmente en un nuevo proceso.

"Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"Revisión administrativa 337/2014 (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho.

"Revisión administrativa 339/2014 (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: José de Jesús Alcaraz Orozco.

"Revisión administrativa 138/2014 (Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal). Director Ejecutivo de Administración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

"Revisión administrativa 407/2014 (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). Director Jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Michelle Lowenberg López.

"Revisión administrativa 468/2014 (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 13 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez.

"Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 2 de marzo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

"Décima Época

"Registro digital: 2004789

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013

"Materia: Administrativa

"Tesis: I.7o.A. J/3 (10a.)

"Página: 1693

"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, correlativo del precepto 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé, a contrario sensu, como hipótesis de improcedencia del recurso de revisión fiscal, cuando su objeto sea la resolución de la Sala pronunciada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la que se agotó la jurisdicción en relación con la cuestión controvertida; sin embargo, no existe obstáculo jurídico para establecer que cuando eso suceda, opera la figura jurídica de que se trata, en razón de que no es posible analizar nuevamente un tema juzgado.

"Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"Revisión fiscal 787/2000. Titular del Órgano de Control Interno en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, por sí y en representación del Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 13 de septiembre de 2000.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26705-cde051f9/revision-fiscal-es-improcedente-cuando-se-invocan-agravios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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