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CADUCIDAD DE LA INSTANCIA O PERENCIÓN. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA SER CONFORME CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CUANTO AL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA –EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA–, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, PREVIO A LA CONCLUSIÓN DEL LAPSO AHÍ ESTABLECIDO, DEBERÁ PREVENIR AL INTERESADO PARA QUE EN UN PLAZO QUE CONSIDERE PRUDENTE CUMPLA CON SU CARGA PROCESAL, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE DECRETARÁ AQUÉLLA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 403/2018. · Registro digital (IUS): 29239
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2020-01-17
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, Pág. 2485.

AMPARO DIRECTO 403/2018. 20 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: CARLOS ORTIZ TORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. ENCARGADO DEL ENGROSE: VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIO: KARLO IVÁN GONZÁLEZ CAMACHO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio. Es fundado lo que alega la inconforme.

Lo que se estima así con base en las siguientes consideraciones:

El artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece:

"Artículo 373. El proceso caduca en los siguientes casos:

"I. Por convenio o transacción de las partes, y por cualquier otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia del litigio;

"II. Por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado por la parte demandada. No ese (sic) necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes de que se corra traslado de la demanda;

"III. Por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia, y

"IV. Fuera de los casos previstos en los dos artículos precedentes, cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente.

"El término debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya hecho la última promoción.

"Lo dispuesto por esta fracción es aplicable en todas las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes, con excepción de los casos de revisión forzosa. Caducado el principal, caducan los incidentes. La caducidad de los incidentes sólo produce la del principal cuando hayan suspendido el procedimiento en éste." (énfasis añadido)

El precepto transcrito establece los supuestos para que en materia civil federal opere la caducidad de la instancia, así como sus condiciones, consecuencias y excepciones.

• La naturaleza jurídica de la caducidad de la instancia o perención como institución procesal.

La perención o caducidad de la instancia ha sido calificada como un modo anormal de terminación del proceso que se produce cuando el mismo se ha paralizado durante cierto tiempo, debido a que no se realizan actos procesales de parte. La ley entonces autoriza que, transcurrido cierto término de inactividad, el Juez la declare de oficio o a petición de la parte interesada.

No obstante, a esta afirmación cabe una crítica, pues como señala Pallares, no se ajusta a la verdad porque el efecto propio de la caducidad es el de nulificar los actos procesales constitutivos de la instancia, lo que no es igual a que ésta concluya al realizar sus fines o cuando las partes, mediante transacción o convenio la den por terminada.(2)

Son 4 los fundamentos teóricos en que descansa esta figura jurídica, unos subjetivos y otros objetivos:

1. El hecho de que tanto el actor como el demandado no promuevan nada en el juicio durante cierto tiempo, establece una sanción natural de que no es su deseo llevarlo adelante, de que han perdido todo interés en continuar la contienda y de que sólo por desidia o por otros motivos no han manifestado su voluntad de darla por concluida. Lo que no hacen ellos lo lleva a cabo la ley por razones de orden público.

2. La sociedad y el Estado tienen interés en que no haya litigios ni juicios, porque éstos son estados patológicos del organismo jurídico, perturbaciones más o menos graves de la normalidad tanto social como legal. Sería de desearse que no los hubiese nunca; pero en la imposibilidad de que tal ideal se alcance, cuando es posible poner fin a un juicio, hay que aprovechar la ocasión.

3. Los juicios pendientes por tiempo indefinido producen daños sociales; mantienen un estado de inseguridad e incertidumbre a los intereses tanto económicos como morales que son materia de la contienda y a las relaciones jurídicas que son objeto de la litis, así como a las que de ellas dependen, con trastornos evidentes en la economía social.

4. Es irracional que un juicio en el cual durante años y aun siglos, no se ha promovido nada, pueda surgir de nuevo y dar nacimiento a nuevas incertidumbres, gastos de pérdida de tiempo y de energías, inseguridad jurídica, etcétera. La estabilidad y firmeza de las relaciones tanto económicas como jurídicas y morales, exigen que se dé muerte a un proceso que debiera estar enterrado mucho tiempo ha (sic).

Así las cosas, para un sector de la doctrina, la perención involucra una renuncia tácita al litigio (presunción), para otros es una sanción por la inactividad de las partes y algunos sostienen que no es lo uno ni lo otro, sino que su fundamento se encuentra en la operancia de una causal objetiva que es la inactividad prolongada de las partes. En lo que sí existe cierta unanimidad de criterios es en que la institución opera dentro del contexto de un proceso civil de carácter dispositivo o mixto, en el cual el impulso del mismo corresponde en mayor o menor grado a las partes.

De esta manera, en un proceso en que sólo existiera el impulso oficioso del Juez, no cabría la caducidad. "...En este sentido Alsina explica que el interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente, no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento."(3)

• Antecedentes.

En cuanto a los antecedentes de la perención, algunos los encuentran en la lex properandum dictada por Justiniano (Cód. 111, 1, 13), que limitaba a 3 años la duración de los juicios; sus efectos anulaban la acción, por lo cual en el nuevo proceso se proponía la excepción de cosa juzgada.

Nuestro primer código procesal civil que es el de 1872, tomó como modelo a la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855 que tampoco consagró la caducidad.

En España vino a adoptarse la caducidad hasta 1881, pero no se siguió en México hasta que en 1942 el Código Federal de Procedimientos Civiles la aceptó, aunque combinada con el sobreseimiento, en los artículos 373 a 378.

A partir de ahí, los Estados de la República la establecieron paulatinamente. Al igual que diversos ordenamientos especiales, como la Ley Federal del Trabajo.

De la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles (1942), sobre las razones que justifican la existencia de la caducidad de la instancia, se estableció lo siguiente:

"Caducidad.

"En los dos capítulos precedentes se han tratado anormalidades que se presentan en el desenvolvimiento de la relación procesal; pero que no extinguen dicha relación. En el presente capítulo se han agrupado, bajo la denominación de caducidad, aquellos casos de anormalidad que evitan que se pronuncie sentencia de mérito, por haber desaparecido la controversia que constituía el motivo de la disputa, o por haber desaparecido, aunque sea transitoriamente, el interés que se movió a las partes a requerir la intervención del tribunal; pérdida de interés que se entiende no sólo cuando así se desprende por actos positivos de los litigantes, sino por mero abandono del pleito, por un término que prudentemente se ha juzgado bastante para hacer presumir la falta de interés, y que la fracción IV del artículo 373 ha fijado en un año. Este último caso de caducidad se ha argüido que no debiera darse si el negocio está ya para sentencia, pues entonces no hay abandono, atento a que ya agotaron las partes sus posibilidades de defensa, y toca sólo a los tribunales hacer la aplicación del derecho al caso particular sometido a su resolución. No obstante la fuerza aparente de estos argumentos, se consignó el caso aludido con toda su extensión, en primer lugar, porque su finalidad esencial es la de que no se acumulen indefinidamente los negocios en los tribunales, sino que rápidamente desaparezcan de la atención de los mismos, para que puedan dedicarla al tratamiento de los nuevos pleitos que se les sometan, esto es: una razón de interés público, la de la expedición de la justicia, ante la que cede todo interés particular, y, en segundo, no es verdad que haya terminado la injerencia de las partes en los juicios que estén pendientes de sentencia, pues su interés está vivo, y mientras el Estado no satisfaga sus demandas de impartir coactivamente justicia, están legitimados para exigir el dictado del fallo, tanto más cuanto que es exclusivamente por su interés por lo que se ha puesto en movimiento el órgano jurisdiccional. Por último, reiteradamente se ha dicho que el proyecto está elaborado sobre la base de un perfecto equilibrio de facultades, entre las partes y los tribunales, para impulsar el desenvolvimiento procesal, equilibrio que se conserva para el caso de caducidad que se estudia, pues tanto a las partes como al órgano les compete hacer que el juicio llegue normalmente a su fin, y para que caduque se requiere la abstención concurrente de los tribunales y de las partes.

"Los casos más obvios que evitan a los tribunales pronunciar su fallo, son el de cumplimiento voluntario de la reclamación, el de convenio o transacción de las partes, y los de cualquier otra causa que haga desaparecer sustancialmente la materia del litigio, pues, si no existe controversia que componer, no es posible ya que se ejerza la esencial función de sustituirse el Estado, a las partes, en la composición del pleito.

"Los órganos jurisdiccionales son puestos en movimiento por gestión de parte. Cuando ambos litigantes están conformes en que el juicio se tenga por ni (sic) iniciado, dependiendo de la voluntad de ellos la intervención estatal, es evidente que no puede llevarse adelante el proceso, como tampoco puede serlo cuando el actor desiste de seguirlo, sin que, hasta el momento del desistimiento, haya sido llamada la contraparte mediante el traslado de la demanda, que es cuando se perfecciona la relación procesal.

"En su oportunidad se trataron los casos de ampliación del contenido de la litis, bien por iniciativa de las partes, bien por mandamiento judicial. Paralelamente a esos casos de ampliación, se presentan los de extinción parcial de la materia controvertida. Se opera entonces una caducidad del proceso, limitada a los puntos respecto de los que ya no se requiere que el órgano ejerza su función de componerlos coactivamente; pero queda vivo el proceso respecto de los puntos restantes, en relación con los cuales ha de pronunciarse la sentencia de mérito, como lo ordena el artículo 374, para los casos comprendidos en las fracciones I a III del 373.

"Los casos de caducidad por actividad de las partes, o sean los consignados en las tres primeras fracciones del artículo 373, exigen, como es obvio, que lleguen al conocimiento del tribunal los actos determinantes de la caducidad, requisito que, una vez satisfecho, será el fundamento de la resolución que declare la caducidad, y que será dictada a petición de parte o de oficio. En cambio, la caducidad por inactividad, por su esencia misma, repudia toda iniciativa de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que es correcto afirmar que opera de pleno derecho, por el simple transcurso del término indicado en la fracción IV del artículo 373; pero si la caducidad que se consigna en esta fracción se opera en la segunda instancia, habiendo ya sentencia de fondo de primer grado, como ya ésta decidió las cuestiones controvertidas, no puede presumirse, con el abandono de la apelación, sino que las partes se conformaron con el fallo pronunciado, razón que funda la conclusión de que la caducidad de estos casos, trae como consecuencia que cause ejecutoria la sentencia de primera instancia. El artículo 375 ha sido elaborado en congruencia con las ideas precedentes, distinguiendo los casos de caducidad por actividad de las partes de los de inactividad, y, entre estos últimos, aquellos en que ya existe sentencia de mérito de primer grado.

"Todavía da lugar, la distinción entre caducidad por actividad y caducidad por abandono, a un tratamiento diverso de los casos, en materia de costas. Evidentemente: si la caducidad es debida (sic) a convenio, se estará a la voluntad de las partes sobre este capítulo, y, si nada convinieron al respecto, ha de presumirse que renunciaron a toda reclamación sobre costas; si se trata de desistimiento de la prosecución del juicio, antes del emplazamiento de la contraparte, como ésta no ha sufrido aún molestia, ni ha sido obligada a hacer gasto alguno, ningunas costas deben causarse; pero si se trata del caso del cumplimiento voluntario de la reclamación, con ello se admite la legitimidad de la misma, y por ande,(sic) han de sufrirse las consecuencias conexas en relación con gastos y costas, que deben cubrirse con arreglo a lo mandado en el capítulo II del título primero del libro primero. Si la caducidad es debido a abandono, la falta de interés por lo principal demuestra, superabundantemente y con mayoría de razón, esa misma falta por la accesoriedad de gastos y costas. El diverso tratamiento de los casos expuestos está consignado en los artículos 376 y 377.

"El artículo 378 precisa las consecuencias de la caducidad por desistimiento o por abandono. Si las partes no tienen la voluntad de proseguir el juicio, lo actuado pierde toda significación, porque cada acto procesal es significativo sólo en tanto que, coordinado en la serie de pasos del desenvolvimiento procesal, sirve como precedente de la resolución final que ha de dictarse, y si ya ésta no se habrá de dictar, todo lo hecho carece de finalidad, y las cosas han de quedar como si no se hubiera interpuesto la demanda, es decir, se nulificará ‘ipso jure’ todo lo actuado, y no podrá invocarse en ningún juicio futuro. Esta última consecuencia amerita más profunda aclaración. Se dice que, si existe una prueba rendida con todas las formalidades legales, v. gr.: de peritos, testigos, documentos o confesión, es absurdo privarla de valor. Es ésta una consideración completamente superficial del problema, porque una prueba en un juicio no tiene valor aislado, sino que ha de ser vista en confrontación con otras, tanto de la misma parte como de su contraria; si es (sic) un momento del juicio pierden las partes el interés en continuarlo, ya no se preocuparán por rendir pruebas destinadas a destruir los efectos perjudiciales de las ya rendidas, y, por consiguiente, éstas quedarán sin otros elementos adecuados para precisar su valor en la disputa; en el mundo de las relaciones humanas todo es cambiante, y esto explica que las cosas y las personas se alteren y desaparezcan con el tiempo, y si, en el momento del abandono de un juicio, existía la posibilidad de presentar unos documentos, de dar fe de una cosa, de poder proporcionar los datos para un dictamen pericial, de obtener una confesión o la declaración de testigos, es evidente que esa posibilidad pueda ya no existir en el futuro, y sería inicuo que se aprovechase lo actuado en el proceso caduco, contra quien, precisamente por haberlo dejado caducar, no aportó oportunamente los datos que entonces pudo llevar para contradecir los que le perjudicasen. Ademán, (sic) ya en oportunidad anterior se fundó debidamente la carencia de valor, en juicio diverso, de las pruebas rendidas en otro.

"Corolario de la nulificación radial del juicio caduco, es que la caducidad misma no influye en nada sobre las relaciones de derecho existentes entre las partes, pues la caducidad tiene significado sólo procesal o formal, y de manera alguna, sustantivo. ..." (énfasis añadido)

Como se aprecia, la incorporación de la caducidad de la instancia en el ordenamiento legal en cita se consideró necesaria, en esencia, por 3 razones: 1) para descongestionar a los juzgados civiles de juicios inconclusos (política judicial); 2) para impedir a muchos litigantes valerse de esa laguna de la ley para alargar, indefinidamente, los procesos; y, 3) por el interés del Estado en procurar una administración de justicia pronta y expedita, en que la actividad de los órganos jurisdiccionales no se despliegue innecesariamente.

Actualmente, la caducidad de la instancia se conserva si no es que, en todas, en la mayoría de las codificaciones adjetivas del país.

• Condiciones para la eficacia de la perención dentro del contexto del proceso civil dispositivo o mixto.

Usualmente la doctrina señala las siguientes:

a. Que el proceso se encuentre en la primera o en la segunda instancia.

b. Que no se produzcan actos de impulsión del proceso provenientes de las partes. En este punto la doctrina y la jurisprudencia hacen hincapié en que debe tratarse de una inactividad de parte, por lo que si el proceso estuviera al despacho del Juez, o si el paso siguiente fuera un acto suyo o del secretario, no habría lugar a la perención.

Al respecto, Chiovenda expresa:

"Aquí debemos añadir que la inactividad debe ser inactividad de parte (voluntaria o involuntaria, no importa), no del Juez, puesto que si la simple actividad del Juez pudiese producir la caducidad, sería remitir al arbitrio de los órganos del Estado la cesación del proceso. Por lo tanto, debe decirse que la actividad de los órganos jurisdiccionales basta para mantener en vida el proceso, pero su inactividad no basta para hacerlo desaparecer, cuando durante la inactividad de los órganos públicos (por ejemplo, en el intervalo entre la discusión y la sentencia) las partes no pueden realizar actos de desarrollo del proceso."(4)

Por lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia(5) están de acuerdo en que todo acto del Juez interrumpe la perención y en que la perención no se produce cuando la inactividad es del juzgador.

Ahora bien, sobre la base de que lo que produce la perención es la inactividad de las partes, debe aclararse que dentro del contexto de un proceso dispositivo o mixto, en la primera instancia corresponde activar el proceso al demandante, pero que esta carga puede corresponder al demandado si ha propuesto un incidente, pues se convierte en actor para ese solo propósito y que en la segunda instancia el impulso le corresponde al apelante.

c. Que transcurra el tiempo de inactividad señalado por el legislador.

Efectos de la perención.

Los efectos propios de la perención, a diferencia de lo que sucedía en las normas de Justiniano, consisten en que el proceso termina como si hubiera sido anulado; pero, más allá de esta consecuencia, en principio no afecta el derecho de acción, ni el derecho sustancial objeto del litigio.

Sobre el punto Chiovenda expresa:

"...la caducidad es un modo de extinguir la relación procesal, que tiene lugar al transcurrir un cierto periodo de tiempo en estado de inactividad. No extingue la acción, sino que hace nulo el procedimiento... esto es, extingue el proceso con todos sus efectos procesales y sustanciales."(6)

Es decir, la perención no extingue el derecho sustancial ni la acción correspondiente, la cual, en principio, una vez declarada la caducidad puede ser intentada ex novo.

En efecto, la perención extingue la instancia pero no la acción, convirtiendo en ineficaces las actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda.

También sobre los efectos de la perención una vez declarada, la doctrina es unánime al reconocer que es indivisible, es decir, que beneficia o perjudica a todos los intervinientes dentro de la relación procesal.

• La caducidad de la instancia o perención frente a la Constitución. Relación entre esta institución procesal y el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva en sus vertientes de justicia pronta, expedita y completa.

En muchas oportunidades la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia relativa a la constitucionalidad de la figura de la perención o caducidad de la instancia, pronunciamientos en los cuales se ha abordado especialmente el tema de la relación que existe entre esta institución procesal y el citado derecho fundamental, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal.

A la fecha ningún argumento en contra de la perención ha prosperado y se ha creado una muralla casi inexpugnable sobre la constitucionalidad de los ordenamientos que la prevén.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la preclusión no vulnera los derechos que contempla el precepto constitucional en cita e, inclusive, el debido proceso reconocido en los diversos numerales 14 y 16 de ese Magno Ordenamiento.

Al respecto, ha dicho:

• No vulnera el derecho fundamental a la administración o impartición de justicia, porque:

a) No coarta el derecho de la parte actora de acudir a los tribunales para resolver un caso concreto.(7)

b) Dicho derecho fundamental se refiere a los términos y plazos que fijen las leyes procesales correspondientes; lo que significa que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales, pueden fijarse las normas que regulan la actividad de las partes en el proceso y la de los Jueces cuya intervención se pide para que decidan las cuestiones surgidas entre los particulares, por lo que la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedido a los litigantes, no debe considerarse sino como forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero no contraria al artículo 17 constitucional.(8)

c) Dicho derecho fundamental se desarrolla de acuerdo con las normas previstas en las leyes procesales entre las que se comprenden las relativas a la institución de la caducidad, conforme a la cual, si la instancia ha procedido a petición de parte, cuando ésta demuestra su falta de interés por su inactividad en el proceso, debe sobrevenir una sanción.(9)

• No vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia, porque si la caducidad genera que la parte actora no pueda continuar con su procedimiento por inactividad procesal, ello no significa que el Estado deje de asumir tal deber, toda vez que dicha condición es una forma de garantizar las formalidades del procedimiento, mismas que deben ser respetadas por los órganos jurisdiccionales.(10)

• No vulnera el derecho fundamental de justicia completa, porque a partir del hecho de que la culminación del proceso puede sobrevenir por otros medios donde la controversia planteada no queda resuelta, la caducidad de la instancia encuentra respaldo en el precepto constitucional citado, en la medida en que el motivo por el cual se estableció (que es de orden público y constituye un fin constitucionalmente válido, que los juicios no permanezcan inactivos o paralizados indefinidamente, sin cumplir la función para la cual fueron instituidos), se erige como una de las condiciones necesarias para alcanzar la justicia completa, de modo que la falta de resolución sobre las pretensiones planteadas cuando aquélla se decreta es imputable al justiciable, por un uso indebido del derecho a la jurisdicción.(11)

• No vulnera los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, porque la caducidad está contenida en leyes formales y materiales, expedidas por un órgano legislativo competente para legislar en materia civil; persigue una finalidad constitucionalmente válida, en el sentido de que no haya litigios pendientes por tiempo indefinido y porque es necesaria para dar eficacia a la finalidad perseguida, en cuanto a que impone una sanción a las partes en caso de no sujetarse a los plazos y términos que fijan las leyes. Asimismo, es proporcional porque:

a) Sólo puede tener lugar por la omisión de las partes de cumplir con sus cargas procesales, mas no puede imponerse por la sola inactividad del tribunal;

b) Sólo extingue la instancia, lo que se traduce en que no se priva a las partes de su derecho a iniciar un nuevo juicio en el que hagan valer sus derechos;

c) Sólo tiene lugar en juicios regidos por el principio dispositivo, en los que se ventilan intereses particulares y, por ende, derechos disponibles; y,

d) Está sujeta a plazos razonables.(12)

Como se aprecia, para el Alto Tribunal del País la perención descansa tanto en la falta de interés de las partes, como en la necesidad de una sanción por omitir impulsar el proceso y porque interesa a la sociedad que los juicios no se eternicen.

Desde otra arista y en relación con los poderes del juzgador y su posición como director del proceso, el Alto Tribunal del País ha considerado que el principio dispositivo no limita el derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues la circunstancia de que impida la actuación oficiosa del juzgador en asuntos en los que la controversia sólo atañe a los particulares, no les afecta, pues no les impide acceder a los tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella, para que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa que se plantea.

Por el contrario, ha dicho, este principio respeta la igualdad y el equilibrio procesal que debe haber entre los contendientes en términos del principio de justicia imparcial derivado del derecho de acceso a la justicia, pues impide que el juzgador tome partido por alguna de las partes y a pretexto de ser el director del proceso, impulsarlo indebidamente o recabar pruebas ajenas a las ofrecidas para la solución de la controversia.

Además de que contribuye a que la justicia se administre en los plazos y términos que para tal efecto establezcan las leyes, pues la actividad que las partes están constreñidas a realizar debe ser oportuna, es decir, debe sujetarse a los plazos y términos que fijan las leyes.(13)

• La libertad legislativa de configuración de los procedimientos judiciales. Adopción de sistemas procesales dispositivos, inquisitivos o mixtos.

En los renglones anteriores se ha hecho un recuento doctrinal y jurisprudencial que explica la naturaleza jurídica de la perención y las razones por las cuales esta institución ha sido considerada como constitucional y respetuosa del debido proceso (artículos 14 y 16) y del derecho fundamental de acceso a la justicia, integrado por la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita (artículo 17).

Toca explicar la libertad que tienen los órganos legislativos para configurar los procesos judiciales y establecer qué tipo de sistema procesal adopta, para luego referir cuál es el sistema que regula el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Lo anterior, porque una de las razones que se enarbolan con mayor ímpetu para defender la existencia y operatividad de la caducidad de la instancia es, precisamente, el hecho de que son las partes, en concreto el enjuiciante y no el Juez, quien tiene la obligación de impulsar el procedimiento.

Si se llega a la conclusión de que al margen del principio dispositivo, en un sistema procesal mixto o publicista, el Juez está obligado a encauzar de oficio el procedimiento, es decir, a ser un verdadero director y no un simple espectador o "convidado de piedra", entonces se podrá afirmar que la perención, a la luz de la tutela judicial efectiva (derecho fundamental desde la óptica del órgano) y el acceso a la justicia (derecho fundamental desde la óptica del justiciable), deviene innecesaria y, en su caso, infractora de dicha tutela.

Bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación(14) se ha referido a la libertad de configuración que le asiste al legislador para definir los procesos judiciales y ha dicho que éste se encuentra facultado para establecer límites a la actividad procesal de las partes, siempre que no las deje en estado de indefensión, sobre todo con la finalidad de cumplir con los principios de celeridad y economía procesal, derivados de la garantía de administración de justicia pronta y expedita, siempre que obedezca a los dos siguientes principios:

I) Que la limitación se establezca para alcanzar una finalidad constitucionalmente válida; y

II) Que con la limitación no se prive a las partes de las instancias, recursos o medios de defensa que les permitan ofrecer pruebas e impulsar su desahogo.

En concreto, respecto del derecho fundamental de audiencia, ha dicho que el espíritu "...del artículo 14 constitucional no puede interpretarse en el sentido de que el legislador ordinario deba ceñirse a un modelo procesal concreto, pues evidentemente el Constituyente no tuvo la intención de someterlo a un esquema procesal específico, sino únicamente al deber de respetar los elementos inherentes al derecho de audiencia."(15)

Asimismo, ha sostenido que atento al principio dispositivo, el legislador puede establecer cargas procesales relacionadas con el impulso procesal, con fundamento en el artículo 17 constitucional.(16)

En resumen, está establecido que el legislador puede regular libremente los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Facultades que le permiten, entre otros asuntos, establecer recursos y medios de defensa que procedan contra los actos de la autoridad, fijar las etapas de los diferentes procesos, establecer los términos y las formalidades que se deben cumplir y regular lo concerniente a los medios de prueba.

Esta facultad le permite al legislador optar por sistemas procesales de carácter inquisitivo, dispositivo o mixto.

Según Alsina, el sistema dispositivo confiere a las partes el dominio del procedimiento y se caracteriza por los siguientes principios: (i) el Juez no puede iniciar de oficio (nemo jure sine actore); (ii) el Juez no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes (quod non est in actis non est in mundo); (iii) el Juez debe tener por ciertos los hechos en que las partes estén de acuerdo (ubi partis sunt conocerdes nihil ab judicem); (iv) la sentencia debe ser de acuerd

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29239-1082cc1b/caducidad-de-la-instancia-o-perencion-la-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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