I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, RECAE EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL (ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA AL CONSENTIMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO ACTOR DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS, AL NO HABERSE IMPUGNADO UNA NORMA GENERAL (ACUERDOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN EN LOS EXPEDIENTES 199/2013, 8/2016, 21/2017, 27/2017, 86/2017, 90/2017, 93/2017, 94/2017 Y 95/2017). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN ES COMPETENTE PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FISCAL SUSCITADAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y MUNICIPAL Y LOS PARTICULARES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ACUERDOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN EN LOS EXPEDIENTES 199/2013, 8/2016, 21/2017, 27/2017, 86/2017, 90/2017, 93/2017, 94/2017 Y 95/2017).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 285/2017. MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VALERIA PALMA LIMÓN.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de septiembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, Mauricio Vila Dosal, en su carácter de presidente del Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, promovió controversia constitucional en contra del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa, solicitando la invalidez de lo siguiente:
"A) La invasión de esferas competenciales y violación de la autonomía Municipal consagrada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que incurrió el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, al no observar las disposiciones legales y reglamentarias que crearon las bases y determinaron el inicio de funciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, así como ignorar los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidos en la sentencia de la controversia constitucional 41/2016, que en el presente caso se materializaron en los siguientes actos:
"1) El acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete emitido por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, hoy Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 008/2016, mediante el cual, al resolver la incompetencia planteada por la Unidad de Contraloría Municipal de (sic) Ayuntamiento de Mérida, asume competencia para conocer de la demanda promovida por Rubén Antonio Jiménez Ávila, en contra de actos de la Unidad de Contraloría Municipal de (sic) Ayuntamiento de Mérida. El acuerdo emitido por la autoridad demandada le fue notificado al Municipio de Mérida que represento, en fecha 22 de septiembre del año 2017.
"2) El acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete emitido por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, hoy Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 021/2017, mediante el cual, al resolver la incompetencia planteada por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, asume competencia para conocer de la demanda promovida por Elsy María Alejos Pasos de Sansores, en contra de actos de la autoridad administrativa del Municipio de Mérida, denominada director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. El acuerdo emitido por la autoridad demandada le fue notificado al Municipio de Mérida que represento, en fecha 20 de septiembre del año 2017.
"3) El acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete emitido por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, hoy Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 027/2017, mediante el cual, al resolver la incompetencia planteada por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, asume competencia para conocer de la demanda promovida por Óscar Armando Navarrete Ramírez, en contra de actos de la autoridad administrativa del Municipio de Mérida, denominada director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, consistentes en resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, a través de la cual resolvió la improcedencia del recurso de reconsideración. El acuerdo emitido por la autoridad demandada le fue notificado al Municipio de Mérida que represento, en fecha 6 de octubre del año 2017.
"4) El acuerdo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 086/2017, mediante el cual asume competencia para conocer de la demanda promovida por los ciudadanos Raúl Alejandro Campos Álvarez y Manuela de Jesús Álvarez Valadez, en contra de actos del director de la Policía Municipal de Mérida, agente de la Policía Municipal de Mérida y director de Finanzas y tesorero municipal del Ayuntamiento de Mérida, consistentes en: ‘1. Del director de la Policía Municipal, la orden de aplicar la boleta de infracción. 2. Del agente u oficial de la Policía Municipal de Mérida, la aplicación de la boleta de infracción número de folio A 42636, de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete; y, 3. Del director de finanzas y tesorero municipal el cobro de la multa que se derivó de la boleta de Infracción materia de esta demanda’ (sic). El acuerdo emitido por la autoridad demandada le fue notificado al Municipio de Mérida que represento, en fecha 20 de octubre del año 2017.
"5) El acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 090/2017, mediante el cual asume competencia para conocer de la demanda promovida por el licenciado Garpar Echeverría Paredes, en contra de actos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida y del titular de dicha dependencia, consistentes en la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, en la que se determinó que no es procedente el recurso de reconsideración. El acuerdo emitido por la autoridad demandada le fue notificado al Municipio de Mérida que represento, en fecha 23 de octubre del año 2017.
"6) El acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 093/2017, mediante el cual asume competencia para conocer de la demanda promovida por Juan Pablo Brambilia Villaseñor, Javier Sánchez López, Gabriela María González Navarro, Eugenio José García Rangel, Martha Georgina Saenz Becerra, Óscar Alejandro Sánchez Martínez y Cristyna Yolanda Escalante Garma, quienes se ostentaron (sic) apoderados generales para pleitos y cobranzas de la empresa denominada Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., en contra de actos que le atribuyen a: 1) El presidente municipal, 2) El coordinador general de Funcionamiento Urbano, 3) El director de Desarrollo Urbano y 4) El director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. El acuerdo emitido por la autoridad demandada le fue notificado al Municipio de Mérida que represento, en fecha 20 de octubre del año 2017.
"7) El acuerdo de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 094/2017, mediante el cual asume competencia para conocer de la demanda promovida por Juan Pablo Brambilia Villaseñor, Javier Sánchez López, Gabriela María González Navarro, Eugenio José García Rangel, Martha Georgina Saenz Becerra, Óscar Alejandro Sánchez Martínez y Cristyna Yolanda Escalante Garma, quienes se ostentaron (sic) apoderados generales para pleitos y cobranzas de la empresa denominada Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., en contra de actos que le atribuyen a: 1) El presidente municipal, 2) El coordinador general de Funcionamiento Urbano, 3) El director de Desarrollo Urbano y 4) El director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. El acuerdo emitido por la autoridad demandada le fue notificado al Municipio de Mérida que represento, en fecha 20 de octubre del año 2017.
"8) El acuerdo de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 095/2017, mediante el cual asume competencia para conocer de la demanda promovida por Juan Pablo Brambilia Villaseñor, Javier Sánchez López, Gabriela María González Navarro, Eugenio José García Rangel, Martha Georgina Saenz Becerra, Óscar Alejandro Sánchez Martínez y Cristyna Yolanda Escalante Garma, quienes se ostentaron (sic) apoderados generales para pleitos y cobranzas de la empresa denominada Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., en contra de actos que le atribuyen a: 1) El presidente municipal, 2) El coordinador general de Funcionamiento Urbano, 3) El director de Desarrollo Urbano y 4) El director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. El acuerdo emitido por la autoridad demandada le fue notificado al Municipio de Mérida que represento, en fecha 20 de octubre del año 2017.
"9) El acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete emitido por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, hoy Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 199/2013, mediante el cual, al resolver la incompetencia planteada por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, determina que sea ese Tribunal quien ejerza competencia para dictar fallos y la sentencia que ponga fin al juicio, respecto la demanda promovida por la ciudadana Luz María González Patrón, en contra de actos del director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Mérida. El acuerdo emitido por la autoridad demandada le fue notificado al Municipio de Mérida que represento, en fecha 20 de octubre del año 2017. ...
"B) Todas y cada una de las resoluciones o acuerdos que se dicten en cada uno de los aludidos procedimientos contenciosos administrativo (sic) descritos en el apartado A) que antecede.
"C) Toda admisión en la vía contenciosa administrativa que pudiera realizar la autoridad demandada, de futuras controversias entre particulares y la administración pública del Municipio de Mérida, Yucatán."
2. Antecedentes. En lo que interesa, los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
a) En sesión de Cabildo de veintinueve de enero de dos mil nueve, el Ayuntamiento de Mérida aprobó el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio, el cual fue publicado en la Gaceta Municipal de cuatro de marzo del mismo año.
b) En sesión extraordinaria de ocho de octubre de dos mil quince, el Cabildo aprobó la propuesta del presidente municipal para nombrar a los ciudadanos que integrarían el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio, así como el plazo para la entrada en funcionamiento del citado tribunal y la prórroga al plazo establecido en el artículo primero transitorio del Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida.
c) Posteriormente, la Comisión de Gobierno se avocó al estudio del referido reglamento, a fin de actualizarlo al marco legal vigente en el Estado.
d) El nueve de enero de dos mil dieciséis, el Cabildo aprobó el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, el cual fue publicado en la Gaceta Municipal, el trece de enero siguiente, abrogando el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio.
e) El entonces Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado (ahora Tribunal de Justicia Administrativa), asumió competencia de diversas controversias entre particulares y la administración pública del Municipio de Mérida.
f) Inconforme con lo anterior, el Municipio promovió controversia constitucional ante este Alto Tribunal; el asunto fue registrado con el número 41/2016, y seguidos los trámites de ley, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, declaró procedente y fundado el medio de control constitucional.
g) Es el caso que el veinte y veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado notificó al Municipio de Mérida los acuerdos de catorce de julio de dicho año, dictados en los expedientes 21/2017 y 8/2016, respectivamente, mediante los cuales asume competencia para conocer de diversos asuntos promovidos por varios particulares en contra de actos de la administración pública municipal.
h) En similares términos, el seis y veinte de octubre de dos mil diecisiete, notificó los acuerdos de catorce de julio y veintiuno de septiembre de dicho año, dictados en los expedientes 27/2017 y 86/2017; así también, el veinte de octubre de dos mil diecisiete, le hizo de su conocimiento los acuerdos de catorce de julio, veintiocho y veintinueve de septiembre de dicho año, dictados en los juicios registrados con los números 199/2013, 93/2017, 94/2017 y 95/2017.
i) Finalmente, el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se notificó el acuerdo dictado el diez de octubre anterior en el expediente 90/2017.
3. En contra de las referidas actuaciones jurisdiccionales se promueve la presente controversia constitucional.
4. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, el Municipio actor argumentó, en síntesis, lo siguiente:
5. Se violentan las garantías institucionales y prerrogativas constitucionales del Municipio contenidas en el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, entre las que se encuentran establecer las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias que se susciten entre dicha administración y los particulares, en razón de que la autoridad demandada decreta su competencia para resolver diversas controversias planteadas por particulares en contra de actos de la administración pública municipal, careciendo de jurisdicción y competencia, por haber sido creado y encontrarse en funcionamiento el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. Específicamente, se estima que la autoridad demandada:
6. No reconoce al Municipio como un orden de gobierno, en términos del artículo 115 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 76 y 77 de la Constitución Local, así como 1 y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado.
7. No reconoce la existencia de un orden jurídico municipal, con eficacia absoluta, frente al orden jurídico federal y estatal que implica darse sus propias normas, bajo la forma de reglamentos municipales, en términos de la facultad reconocida en el artículo 115, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, en relación con el 79 de la Constitución Local y 41, apartado A), fracción III, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, así como los criterios sustentados en las tesis: "ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL. PRINCIPIO DE COMPETENCIA (MUNICIPIOS COMO ÓRGANOS DE GOBIERNO).", "REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA." y "LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL."
8. No reconoce la prerrogativa constitucional del Municipio para crear un sistema de medios de impugnación y los órganos o tribunales encargados de dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal, reconocida en el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con los diversos 77, base décima séptima y 81 de la Constitución Local, así como los artículos 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 197, 198 y 199 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado.
9. Particularmente, el artículo 182 establece de manera específica la competencia exclusiva del Tribunal de lo Contencioso Administrativa del Municipio, excluyendo a la autoridad demandada para conocer de las controversias suscitadas entre la administración pública del Municipio y los particulares.
10. En atención a ello, en sesión extraordinaria de nueve de enero de dos mil dieciséis, el Cabildo aprobó el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, el cual se publicó el trece del mismo mes y año.
11. Respecto de los fundamentos de la autoridad demandada al emitir sus actos, el Decreto Número 195/2014, publicado el veinte de junio de dos mil catorce en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en sus artículos transitorios primero y décimo primero es inaplicable, porque el cambio de denominación del tribunal es irrelevante.
12. También son inaplicables los artículos transitorios primero, octavo y noveno del Decreto 200/2014, publicado el veintiocho de junio de dos mil catorce en el citado medio de comunicación oficial local, porque es irrelevante el cambio de denominación de la autoridad demandada y la derogación de normas orgánicas que regulan su funcionamiento.
13. Asimismo, son inaplicables los artículos 64 de la Constitución Estatal, 60, 61, 64, fracción III, 68, 70, 72 y demás numerales aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
14. Así también, son inaplicables los artículos 73 Ter, fracción V, y 75 Quáter de la Constitución Local; 2, 3, 4, fracciones II y IV, 11, 12 y 20, fracción X, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; artículo décimo sexto transitorio del Decreto 380/2016, publicado el veinte de abril de dos mil dieciséis en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y artículo quinto transitorio del Decreto 511/2017, publicado en el referido medio de difusión oficial el dieciocho de julio de dos mil diecisiete.
15. Particularmente, omite la fracción XI del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que establece que su competencia se surte únicamente en caso de que los Municipios no cuenten con tribunales de lo contencioso-administrativo.
16. Adicionalmente, la autoridad demandada es sabedora del criterio emitido por la Primera Sala de este Alto Tribunal en la controversia constitucional 41/2016.
17. Preceptos constitucionales vulnerados. Los preceptos constitucionales que el actor considera violados son los artículos 103, 107 y 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
18. Trámite. Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, a la que correspondió el número 285/2017 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.
19. Mediante proveído de diez de noviembre siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, al que ordenó emplazar para que formulara su contestación; y dio vista a la Procuraduría General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
20. Contestación de la demanda. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, al contestar la demanda, manifestó lo siguiente:
a) Causas de improcedencia
21. A pesar de que la demanda contiene un apartado denominado "conceptos de invalidez", de su lectura se advierten manifestaciones dogmáticas carentes de todo razonamiento lógico jurídico para demostrar la invasión de la esfera competencial del actor, toda vez que se limita a trascribir diversas disposiciones constitucionales y legales relativas a las facultades de este Alto Tribunal para resolver una controversia constitucional y la organización del Municipio como forma de gobierno.
22. Si el Municipio actor estima invadida su esfera de actuación al establecerse únicamente como competencia de su tribunal el recurso de revisión, consintió ese hecho con mucha anterioridad a la presentación de la demanda de controversia, en virtud de que la Ley de Gobierno de los Municipios fue publicada en el Diario Oficial de la entidad de veinticinco de enero de dos mil seis. Aunado a que, al expedir el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio, reiteró, en su artículo 3, lo dispuesto por el legislador estatal en cuanto a la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio para conocer del recurso de revisión, como medio de defensa contra actos o resoluciones administrativas de carácter definitivo que señala el reglamento.
b) Refutación del concepto de invalidez
23. De acuerdo con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, sólo es competente para conocer del recurso de revisión interpuesto contra los actos de la administración pública municipal o de los Jueces calificadores y las resoluciones recaídas al recurso de reconsideración; lo que se ve reflejado en el artículo 3 del Reglamento de lo Contencioso Administrativo de dicho Municipio.
24. De conformidad con los entonces vigentes artículos 64, párrafo décimo sexto, de la Constitución Política Local y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el otrora Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Yucatán tenía competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se suscitaran entre la administración pública centralizada y paraestatal del Estado y los Municipios y los particulares vía juicio contencioso-administrativo.
25. Y, por disposición del artículo décimo sexto transitorio del Decreto 380/2016, por el que se modifica la Constitución Política del Estado en Materia de Anticorrupción y Transparencia, los acuerdos y convenios, así como los asuntos, expedientes, medios de impugnación y demás actos jurídicos pendientes y en trámite en materia fiscal y administrativa, que se encuentren bajo cualquier concepto en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado se transferirán y quedarán a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán; con lo que se encuentra plenamente regulada su competencia.
26. Además, el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán confiere al gobernado la alternativa de acudir al recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, o bien, promover un juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el entendido de que si decidiera agotar el recurso de revisión ya no podría promover el juicio al mismo tiempo o de manera simultánea; por lo que los actos impugnados en nada violan la esfera del Municipio porque ambos medios de defensa coexisten en dicho espacio territorial de aplicación y las demandas que les dieron origen fueron promovidas en la vía de juicio contencioso-administrativo, no como recursos de revisión.
27. Así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, según lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios, fue diseñado para la atención de recursos y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado fue instituido para conocer de juicios; su teleología responde a estructurar un sistema integral de justicia administrativa que fortalezca el Estado de derecho, buscando resolver de manera imparcial las controversias entre los particulares y los Municipios.
28. Los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas son un mecanismo fundamental de control de la legalidad y pueden considerarse comprendidos dentro de las garantías constitucionales que la Ley Fundamental establece. Por ello, podría analizarse este problema como un aparente conflicto de normas del mismo nivel constitucional; sin embargo, debe considerarse que los preceptos que establecen derechos a favor de los gobernados y los medios procesales para hacerlos valer y restituirlos en caso de violación, son de mayor jerarquía. Sirven de sustento las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES QUE LOS FACULTAN PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE LOS PARTICULARES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS."
29. Los expedientes en los cuales fueron dictados los acuerdos de los que se adolece el actor, son juicios promovidos en contra de actos administrativos dictados por el Municipio de Mérida, medio procesal distinto a los recursos de reconsideración y de revisión municipales, puesto que no se interpusieron para la reconsideración y revisión del Ayuntamiento, sino que fueron sometidos a la autoridad demandada, según su competencia. Así, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa no corrompe la división de poderes, ni invade la esfera competencial del Municipio, ya que se encuentra facultado para conocer de litigios que interpongan las personas en contra de actos de carácter administrativo o fiscal que emitan autoridades de la administración pública del Estado o de Municipios, ampliando la garantía de acceso a la impartición de justicia en materia administrativa local, sin distingo del procedimiento del cual emanen.
30. No escapa a esta autoridad la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 41/2016; no obstante, tal determinación no puede servir de sustento a las pretensiones del actor, porque sus consideraciones se circunscribieron a los asuntos cuya invalidez fue demanda en dicho asunto; además, no contiene una declaratoria general que impida al Tribunal de Justicia Administrativa Estatal conocer de las demandas que dieron origen a los actos aquí impugnados; y, finalmente, su análisis fue a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que regulaba el actuar del entonces Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa del Poder Judicial del Estado.
31. Por tanto, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, únicamente, ha cumplido con las obligaciones constitucionales y legales, para conocer y dirimir las controversias que, en materia contencioso-administrativo y fiscal, se susciten entre la administración pública centralizada y paraestatal del Estado y sus Municipios y los particulares.
32. Opinión de la procuradora general de la República. La Procuraduría General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
33. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
34. Avocamiento. En atención al dictamen formulado por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
35. Remisión a Primera Sala. En sesión de quince de agosto de dos mil dieciocho,(1) la Segunda Sala de este Alto Tribunal se declaró incompetente y determinó remitir la controversia a la Primera Sala, ya que esta última, de forma previa, conoció de la controversia constitucional 41/2016, la cual definió el punto competencial a dilucidar en el presente asunto.
36. Mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de la Segunda Sala determinó enviar el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal.
37. Trámite en Primera Sala. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la entonces Ministra presidenta de la Primera Sala remitió las controversias constitucionales 285/2017 y 83/2018 a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
38. Por proveído de once de enero de dos mil diecinueve, se ordenó returnar el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, con motivo del nombramiento del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
39. Al resolver la Primera Sala el expediente varios 80/2018-PS(2) determinó que no debía avocarse al conocimiento de las controversias constitucionales 285/2017 y 83/2018. Si bien los citados asuntos fueron remitidos porque previamente la Primera Sala resolvió la controversia constitucional 41/2016, por mayoría de tres votos;(3) sin embargo, en virtud de su nueva integración, no existe certeza respecto a que la determinación conduciría a la reiteración del precedente citado; y en consecuencia debían devolverse los autos a la presidencia de la Segunda Sala.
40. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió la controversia 285/2017 a la Segunda Sala.
41. Avocamiento en Segunda Sala. Por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, el presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó remitir los autos al Ministro ponente.
CONSIDERANDO:
42. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29247-5948d010/i-controversia-constitucional-la-representacion-del-ayuntamiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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