I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, RECAE EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL (ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LEGITIMACIÓN PASIVA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN, AL HABER SIDO ÉSTE QUIEN EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN USO DE SUS FACULTADES AUTÓNOMAS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN RECAE SOBRE SU PRESIDENTE (ARTÍCULO 32, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA AL CONSENTIMIENTO DE LA NORMA POR PARTE DEL MUNICIPIO ACTOR, AL NO HABERSE IMPUGNADO ÉSTA (ACUERDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO EMITIDO EN EL EXPEDIENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 272/2015, MEDIANTE EL CUAL ASUMIÓ COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA CONTROVERSIA SUSCITADA ENTRE UN PARTICULAR Y EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DE ESE AYUNTAMIENTO). VI. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD QUE ESTABLECE QUE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PODRÁ INTERPONERSE OPCIONALMENTE ANTE LA AUTORIDAD U ÓRGANO QUE EMITIÓ EL ACTO O RESOLUCIÓN, CUMPLE CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ACUERDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO EMITIDO EN EL EXPEDIENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 272/2015, MEDIANTE EL CUAL ASUMIÓ COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA CONTROVERSIA SUSCITADA ENTRE UN PARTICULAR Y EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DE ESE AYUNTAMIENTO). VII. TRIBUNALES ESTATALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SON COMPETENTES PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FISCAL SUSCITADAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y MUNICIPAL Y LOS PARTICULARES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES PUEDEN ESTABLECER ÓRGANOS COMPETENTES PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS PARTICULARES EN TANTO SUBSISTAN CON EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y NO SE IMPIDA EL EVENTUAL ACCESO A ÉSTE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, INCISO A), Y 116, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN. ES COMPETENTE PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FISCAL SUSCITADAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y MUNICIPAL Y LOS PARTICULARES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ACUERDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO EMITIDO EN EL EXPEDIENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 272/2015, MEDIANTE EL CUAL ASUMIÓ COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA CONTROVERSIA SUSCITADA ENTRE UN PARTICULAR Y EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DE ESE AYUNTAMIENTO). X. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN. EL ACUERDO POR EL QUE ASUMIÓ COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER UNA CONTROVERSIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FISCAL SUSCITADA ENTRE UN PARTICULAR Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, NO VULNERA LA ESFERA COMPETENCIAL DE ESTE ÚLTIMO NI DESCONOCE EL ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL (ACUERDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO EMITIDO EN EL EXPEDIENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 272/2015, MEDIANTE EL CUAL ASUMIÓ COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA CONTROVERSIA SUSCITADA ENTRE UN PARTICULAR Y EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DE ESE AYUNTAMIENTO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 215/2018. MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN. 27 DE OCTUBRE DE 2021. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación y recepción de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho,(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Renán Alberto Barrera Concha, quien se ostentó como presidente del Municipio de Mérida, Yucatán, promovió controversia constitucional en contra del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en el expediente 272/2015, en el que el tribunal asumió la competencia para conocer de una demanda promovida por Emma Noemí Torres Arcila, en contra del Municipio accionante y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. En dicho escrito, se demandó la invalidez de los siguientes actos correspondientes al órgano que se indica:
1.1. Órgano demandado:
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
1.2. Actos cuya invalidez se demanda:
"A) La invasión de esferas competenciales y violación de la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que incurrió el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, al no observar las disposiciones legales y reglamentarias que crearon las bases y determinaron el inicio de funciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, así como ignorar los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidos en la sentencia de la controversia constitucional 41/2016, que en el presente caso se materializaron en los siguientes actos:
"1. El acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 272/2015, mediante el cual asume competencia para conocer de la demanda promovida por la ciudadana Emma Noemí Torres Arcila, en contra del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, señalando como acto impugnado ‘La inmatriculación por resolución administrativa por la cual incorporan al patrimonio municipal de Mérida, Yucatán, a través de su Ayuntamiento; la cesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Mérida 2012-2015 celebrada en el salón de Cabildo del Palacio Municipal a las 9 horas del día 20 de diciembre del año 2014, en la parte que aprobó y mediante los cuales autorizó al Ayuntamiento de Mérida a realizar los trámites necesarios para la regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, respecto de «los predios» pertenecientes al fundo legal, sean incorporados al patrimonio municipal; la determinación hecha por el Ayuntamiento de Mérida 2012-2015 a través de su Dirección de Desarrollo Urbano en el que determinó la factibilidad para que sea destinada para vialidad; todo limitado respecto a la presunta «la calle 79 diagonal (vialidad) de la colonia Sodzil de esta ciudad y Municipio de Mérida, Yucatán» en las partes que afectan mis legales posesiones’. El acuerdo emitido por la autoridad demandada le fue notificado al Municipio de Mérida que represento, en fecha 8 de octubre de 2018.
"En el acto descrito en el inciso precedente la autoridad demandada, invade la esfera de competencia del Municipio de Mérida, Yucatán, toda vez que el propio Municipio actor creó, de acuerdo a sus facultades constitucionales el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, que es quien tiene competencia exclusiva para dirimir las controversias entre los particulares y los actos de la administración pública del Municipio de Mérida, mismo órgano de justicia administrativa municipal que entró en funciones del 16 de enero de 2016, lo que es del pleno conocimiento de la autoridad demandada, como quedará demostrado en el capítulo de antecedentes de este escrito de demanda.
"B) Todas y cada una de las resoluciones o acuerdos que se dicten en el procedimiento contencioso administrativo descrito en el apartado A) que antecede.
"C) Toda futura admisión en la vía contenciosa administrativa que pudiera realizar la autoridad demandada, de controversias entre particulares y la administración pública del Municipio de Mérida, Yucatán."
2. SEGUNDO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. El Municipio actor señaló que los actos cuya invalidez demanda, resultan violatorios de los artículos 103, 107 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. TERCERO.—Registro y turno. En auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto como controversia constitucional 215/2018, y designó como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
4. CUARTO.—Desechamiento. Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor estimó que en el caso se actualizaba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, razón por la que debía desecharse de plano la controversia constitucional.
5. Lo anterior, al considerarse, esencialmente, que en ninguna de las hipótesis de procedencia del artículo 105, fracción I, constitucional, encuadra una controversia constitucional entablada entre un Municipio y un órgano constitucionalmente autónomo de la entidad federativa al que pertenece el Municipio.
6. QUINTO.—Recurso de reclamación 93/2018-CA. Inconforme con el acuerdo de desechamiento, Renán Alberto Barrera Concha, presidente del Municipio de Mérida, Yucatán, por escrito presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el doce de diciembre de dos mil dieciocho, interpuso recurso de reclamación, el cual, por acuerdo de presidencia de esa misma fecha, se admitió y fue radicado con el número 93/2018-CA, ordenándose turnar los autos a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
7. Dicho medio de impugnación se resolvió por esta Primera Sala, en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, declarándose fundado el recurso de reclamación y la revocación del acuerdo de desechamiento recurrido.(2)
8. Lo anterior, al considerarse que si lo que pretende el Municipio actor es salvaguardar las facultades y competencias de su Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal, frente al actuar a su juicio invasivo del Tribunal de Justicia Administrativa Estatal demandado; ello no era un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que debía admitirse la controversia constitucional desechada.
9. SEXTO.—Admisión de la controversia constitucional. Mediante acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional; y, entre otras cuestiones, dio vista al Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán, para que presentara su contestación;(3) así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, en su caso, hicieran las manifestaciones correspondientes a su ámbito competencial.
10. SÉPTIMO.—Contestación de la demanda. Mediante escrito recibido el cuatro de septiembre de dos mil veinte,(4) el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de Yucatán, contestó la demanda; sin embargo, por acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, el Ministro instructor determinó que la contestación se presentó de manera extemporánea.
11. OCTAVO.—Audiencia y cierre de instrucción. Una vez agotado el trámite respectivo, el dos de diciembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se relacionaron las pruebas documentales ofrecidas por las partes y se hizo constar que no formularon alegatos.
12. NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de siete de octubre dos mil veintiuno, dictado por la Ministra presidenta de la Primera Sala, ésta se avocó al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
13. PRIMERO.—Competencia. La Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(6) en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece,(7) por tratarse de una controversia constitucional en la que no se impugnan normas generales, sino diversos actos.
14. SEGUNDO.—Precisión y certeza de los actos impugnados. En primer término, deben precisarse los actos que se tendrán como impugnados en la controversia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y la tesis de jurisprudencia P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(8)
15. En ese sentido, se tiene por impugnado el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho,(9) dictado en el expediente contencioso administrativo 272/2015, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
16. No así los consistentes en:
• "todas y cada una de las resoluciones o acuerdos que se dicten en el procedimiento contencioso administrativo"; y,
• "toda futura admisión en la vía contenciosa administrativa que pudiera realizar la autoridad demandada, de controversias entre particulares y la administración pública del Municipio de Mérida, Yucatán".
17. Lo anterior, dada la manifestación genérica e imprecisa de los citados actos identificados en la demanda como "B)" y "C)".
18. Esto, con apoyo en la tesis P./J. 64/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(10)
19. Por otro lado, conforme al citado artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, la existencia del acuerdo reclamado se demuestra con las copias certificadas acompañadas por el actor a su demanda [del expediente 272/2015], las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129(11) y 202(12) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.(13)
20. TERCERO.—Oportunidad. El artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el plazo para la interposición de la demanda de controversia constitucional será:(14)
• Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
• Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
21. De lo anterior se advierte que la ley reglamentaria de la materia dispone expresamente cuáles son los plazos para la interposición de la demanda de controversia constitucional, distinguiendo para efectos de las reglas de aplicación de dichos plazos, cuando se impugnen actos o normas generales.
22. En el caso, se impugna un acto, consistente en: "El acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, autoridad demandada, dictado en el expediente contencioso administrativo 272/2015."
23. Dicho proveído fue notificado al Municipio actor el ocho de octubre de dos mil dieciocho.
24. Así, debe estimarse que el plazo legal de treinta días hábiles para promover la presente controversia constitucional transcurrió del miércoles diez de octubre al martes veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.(15) Por lo anterior, al haberse presentado la demanda el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, debe concluirse que la misma fue promovida oportunamente.
25. CUARTO.—Legitimación activa. A continuación, se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.
26. Los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, ambos de la ley reglamentaria de la materia disponen:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia.;
"..."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
"..."
27. Conforme a tales preceptos, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
28. En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional, en representación del Municipio actor, Renán Alberto Barrera Concha, ostentándose como presidente municipal, cargo que acreditó con copias certificadas del acta de la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán, celebrada el uno de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se declaró instalado el Ayuntamiento y se tomó protesta a los integrantes de éste.(16)
29. Por su parte, el artículo 55, fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:
"Artículo 55. Al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le corresponde:
"I. Representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, delegar en su caso, esta representación; y cuando se trate de cuestiones fiscales y hacendarias, representarlo separada o conjuntamente con el Síndico.
"..."
30. Conforme a dicho precepto, es atribución del presidente municipal representar al Ayuntamiento jurídicamente; por tanto, el promovente se encuentra legitimado para representar al Municipio de Mérida.
31. Asimismo, el Municipio es uno de los entes enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal para intervenir en una controversia constitucional, por lo que debe concluirse que cuenta con la legitimación necesaria para promoverla; máxime que en el fallo que recayó al recurso de reclamación 93/2018-CA relacionado con este asunto, se precisó que: "tal y como sucedió en el precedente de la controversia constitucional 265/2017, se considera que el Municipio de Mérida puede acudir a demandar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán en la controversia constitucional 215/2018."
32. QUINTO.—Legitimación pasiva. Acto seguido se procederá al análisis de la legitimación de la autoridad demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda, en caso de resultar fundada.
33. El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia prevé:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: ...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.
"..."
34. En el caso, como se refirió en el fallo que resolvió el recurso de reclamación 93/2018-CA, tras una nueva reflexión del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, éste ha tenido la oportunidad de analizar la legitimación pasiva de los órganos constitucionales autónomos locales, cuando son demandados en controversia constitucional por otros poderes o entes públicos del Estado Mexicano, diferentes a los previstos expresamente en el inciso l) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
35. Sobre ello, se precisó que atendiendo a la finalidad de resguardar el ámbito de competencias entre los Poderes y órganos creados por la propia Constitución Federal, así como la defensa de la autonomía constitucionalmente asignada a los órganos previstos en ella, es como encuentra asidero la posibilidad de que un órgano constitucional autónomo local, como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, pueda acudir como parte demandada a la controversia constitucional que se promueve en su contra por parte del Municipio de Mérida, Yucatán.
36. En ese alcance, es posible concluir que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán cuenta con legitimación pasiva en la presente controversia constitucional, máxime que al mismo se atribuye la emisión de los actos impugnados.
37. Ahora bien, no obstante se contestó la demanda de manera extemporánea, ello no es óbice para reconocer al Magistrado Miguel Diego Barbosa Lara, como representante del referido Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en su carácter de presidente, lo que se acreditó con la copia certificada del acta de la sesión pública de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, de la que se advierte que fue designado como presidente del citado tribunal, por el periodo del nueve de septiembre de dos mil dieciocho al ocho de septiembre de dos mil veintidós.
38. Al respecto, el artículo 32, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, establece:
"Artículo 32. Atribuciones del presidente del tribunal
Son atribuciones del presidente del tribunal, las siguientes:
"...
"... IX. Representar legalmente al tribunal ante cualquier autoridad o persona, gozando poder general amplísimo para pleitos y cobranzas y actos de administración, pudiendo promover y desistirse de cualquier acto o procedimiento, de naturaleza administrativa o jurisdiccional.
"..."
39. Del precepto transcrito, se desprende que, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Yucatán tiene la facultad de representar legalmente a dicho órgano jurisdiccional, por lo que se concluye que el mismo se encuentra legitimado para representar a la autoridad demandada, sin que ello altere el hecho de que la demanda se contestó de forma extemporánea. 40. SEXTO.—Cuestiones necesarias para resolver. De forma previa al estudio de procedencia de la presente controversia; y, en su caso, al estudio de fondo, se hace necesario referir los antecedentes del presente asunto, así como los conceptos de invalidez que expuso en su demanda la parte actora:
41. 6.1. Antecedentes. Los antecedentes narrados en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
• En sesión de Cabildo de veintinueve de enero del año dos mil nueve, el Ayuntamiento de Mérida aprobó el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, el cual fue publicado en la Gaceta Municipal número treinta y nueve, de fecha cuatro de marzo del mismo año.
• Con fecha ocho de octubre del año dos mil quince, en sesión extraordinaria los integrantes del H. Cabildo aprobaron la propuesta del presidente municipal de Mérida para nombrar a los ciudadanos que integrarán el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, así como el plazo para la entrada en funcionamiento del citado tribunal y la prórroga al plazo establecido en el transitorio primero del Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida.
• Posteriormente la Comisión de Gobierno se avocó al estudio del "Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida", mismo que debía actualizarse para estar conforme a las nuevas disposiciones del marco legal vigente en el Estado de Yucatán.
• En sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, de fecha nueve de enero del año dos mil dieciséis, se aprobó el "Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida", de conformidad con el dictamen de la Comisión de Gobierno de ocho de enero de dos mil dieciséis.
• El acuerdo de Cabildo de nueve de enero del año dos mil dieciséis, juntamente con el texto íntegro del Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, fueron publicados en la Gaceta Municipal de fecha trece de enero del propio año dos mil dieciséis, en su ejemplar número quinientos treinta y seis, volumen nueve.
• No obstante los referidos antecedentes, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán continuó asumiendo competencia en asuntos relativos a controversias suscitadas entre particulares y la administración pública municipal del Municipio de Mérida, Yucatán.
• Primera controversia constitucional 41/2016. Inconforme con lo anterior, el Municipio promovió una primera controversia constitucional en contra de dichos actos, misma que fue admitida mediante acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis y radicada bajo el número 41/2016, y a la cual le recayó sentencia de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió como procedente y fundada la controversia constitucional promovida, misma sentencia en la que la Primera Sala vierte las consideraciones y fundamentos, por lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida el competente para conocer de las controversias entre particulares y la administración pública municipal.
• Segunda controversia constitucional 285/2017. Toda vez que el Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Yucatán continuó asumiendo competencia en asuntos relativos a controversias suscitadas entre particulares y la administración pública municipal del Municipio de Mérida, Yucatán, el Municipio promovió una segunda controversia constitucional en contra de dichos actos, misma que fue admitida mediante acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete y radicada bajo el número 285/2017.
• Tercera controversia constitucional. A pesar de lo anterior, el Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Yucatán, continuó asumiendo competencia en asuntos relativos a controversias suscitadas entre particulares y la administración pública municipal del Municipio de Mérida, Yucatán, obligando al Municipio a promover una tercera controversia constitucional en contra de dichos actos, misma que fue admitida mediante acuerdo de fecha seis de abril de dos mil dieciocho y radicada bajo el número 83/2018.
42. 6.2. Conceptos de invalidez. Los argumentos de invalidez expuestos por el Municipio actor en su demanda son, esencialmente, los siguientes:
• El Municipio actor señala que la autoridad demandada vulnera las garantías institucionales y prerrogativas constitucionales otorgadas a los Municipios, en particular, al Municipio de Mérida, Yucatán, consistentes en:
A) No reconocer al Municipio como un orden de gobierno;
B) No reconocer la existencia de un orden jurídico municipal, con eficacia absoluta, frente al orden jurídico federal y el estatal que implica darse sus propias normas, bajo la forma de reglamentos municipales; y,
C) No reconocer la prerrogativa constitucional del Municipio para crear un sistema de medios de impugnación y los órganos o tribunales encargados de dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal.
• Agrega que la autoridad demandada, violando el marco constitucional y legal que rige a los Municipios, decreta su competencia para resolver diversas controversias planteadas por particulares en contra de actos de la administración pública municipal, careciendo de jurisdicción y competencia para ello, por haber sido creado y estando en funcionamiento el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida.
• Señala como primera garantía vulnerada el dejar de reconocer al Municipio como un orden de gobierno en el marco constitucional federal, en particular del Estado de Yucatán y la legislación estatal de la materia.
• Como segunda garantía institucional vulnerada, señala el dejar de reconocer la existencia de un orden jurídico municipal, con eficacia absoluta, frente al orden jurídico federal y el estatal que implica darse sus propias normas, bajo la forma de reglamentos municipales, en el marco constitucional federal, en particular del Estado de Yucatán y la legislación estatal de la materia.
• Menciona que una vez demostrada en forma fehaciente el reconocimiento del Municipio como orden de gobierno, con personalidad jurídica propia y dotado de plena autonomía para gobernar y administrar los asuntos propios, se deben analizar las atribuciones del Municipio para darse sus propias normas, bajo la forma de reglamentos municipales, creando así un orden jurídico municipal.
En atención a lo anterior, transcribe el primer párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal, en el que se reconoce la facultad del Municipio para darse sus propias normas, el artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán en el que expresamente se reconoce dicha facultad del Municipio de darse sus propias normas, y los artículos 41, apartado A), fracción III, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que regulan esta atribución del Municipio de expedir sus bases normativas, bajo la forma de bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas. Se refiere que de la jurisprudencia P./J. 44/2011, de rubro: "ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL. PRINCIPIO DE COMPETENCIA (MUNICIPIOS COMO ÓRGANOS DE GOBIERNO).", se advierte la plena atribución de los Municipios de crear su propio orden jurídico municipal, a través de la expedición de reglamentos, entendidos éstos como auténticas normas para regular de manera autónoma aspectos propios de la competencia del orden de gobierno municipal.
• Considera aplicables las jurisprudencias de rubros: "REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA." y "LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL."
• Como tercera garantía institucional vulnerada, señala el dejar de reconocer la prerrogativa constitucional del Municipio para crear un sistema de medios de impugnación y los órganos o tribunales encargados de dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal.
• Se alega que la autoridad demandada, al emitir el acto reclamado, consistente en declarase competente para conocer de la controversia planteada por un particular en contra de actos de la administración pública municipal, a sabiendas de la existencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, vulneró igualmente la garantía institucional del Municipio actor para crear un sistema de medios de impugnación e igualmente crear los órganos o tribunales encargados de dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal, reconocida por el marco constitucional federal, el particular del Estado de Yucatán y la legislación estatal respectiva. Se añade que esta facultad para crear un sistema de medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares, está expresamente reconocida en el inciso a) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Se agrega que la Constitución Política del Estado de Yucatán, expresamente faculta a los Municipios para establecer un sistema de medios de impugnación y la creación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipal; y se apunta en particular lo señalado en el último párrafo del numeral 81 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, pues dicha norma, interpretada a contrario sensu, establece la competencia exclusiva de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipal, de las controversias entre particulares y la administración pública municipal, con exclusión expresa del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Estado de Yucatán, hoy Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán para conocer dichas controversias.
• Menciona que el marco jurídico estatal, en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, igualmente reconoce la garantía institucional vulner
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30869-3729a8a7/i-controversia-constitucional-la-representacion-del-ayuntamiento-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, RECAE EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL (ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE GOBIERNO DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO ELECTO POR MAYORÍA SIMPLE DE VOTOS ENTRE LOS INTEGRANTES DE CABILDO PARA ACUDIR A AQUÉLLA EN REPRESEN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA INTERPUESTO CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN. SE SURTE EN FAVOR DEL TR (XIV.T.A.7 A (10a.))
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 (P./J. 101/97)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 (118)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 (83)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis