I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR RECONVENCIÓN EN EL JUICIO RELATIVO (ADMISIÓN Y TRÁMITE DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MÉRIDA). II. LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA TIENEN TANTO EL PODER JUDICIAL COMO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON INDEPENDENCIA DEL MOMENTO EN QUE ENTRE EN VIGOR LA NORMA QUE RECONOCE A ESTE ÚLTIMO EL CARÁCTER DE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO (ADMISIÓN Y TRÁMITE DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE RESPECTO DE PLANTEAMIENTOS DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN (ADMISIÓN Y TRÁMITE DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS). IV. CONTROVERSIAS ENTRE PARTICULARES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESE MUNICIPIO ES EL ÚNICO ÓRGANO COMPETENTE PARA DIRIMIRLAS (INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO PARA ADMITIR Y TRAMITAR LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 14/2016, 104/2015, 105/2015, 106/2015, 107/2015, 108/2015, 109/2015, 232/2015, 36/2016, 9/2016, 10/2016, 12/2016, 222/2015, 76/2016, 70/2015, 88/2016, 47/2016, 82/2016, 71/2016, 69/2016 Y 112/2016).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2016. MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN. 17 DE MAYO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTES: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO DE FORMULAR VOTO PARTICULAR Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de mayo de dos mil diecisiete por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 41/2016, promovida por Mauricio Vila Dosal, quien se ostentó como presidente municipal del Municipio de Mérida del Estado de Yucatán, en la que demandó la invalidez de diversas admisiones de demandas emitidas por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de la entidad.(1)
I. Antecedentes
1. Los antecedentes narrados en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
• El veintinueve de enero de dos mil nueve, el Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, aprobó el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, el cual fue publicado en la Gaceta Municipal Número Treinta y Nueve de cuatro de marzo del mismo año.
• En sesión extraordinaria de ocho de octubre de dos mil quince, el Cabildo aprobó la propuesta del presidente municipal para nombrar a los ciudadanos que integrarían el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio, así como el plazo para la entrada en funcionamiento del citado tribunal y la prórroga al plazo establecido en el transitorio primero del Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida.
• El nueve de enero de dos mil dieciséis, el citado Cabildo aprobó el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, el cual fue publicado en la Gaceta Municipal el trece siguiente.
• Por oficio DPM/00010/2016, de tres de febrero de dos mil dieciséis, el presidente municipal, informó al gobernador de la entidad la aprobación y publicación del citado reglamento, así como que con fecha dieciséis de enero del mismo año inició formalmente funciones el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. Menciona que este oficio fue recibido por el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, el diez de febrero de dos mil dieciséis.
• También, mediante oficio DPM/00011/2016, de tres de febrero de dos mil dieciséis, se informó de los actos anteriores al Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Menciona que dicho oficio fue recibido por la referida autoridad, el once de febrero de dos mil dieciséis.
• Asimismo, por oficio DG/051/2016, de doce (sic) de febrero de dos mil dieciséis, se hizo lo propio a la presidenta de la Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán. El oficio fue recibido el tres de febrero del mismo año.
• El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa pertenece al Poder Judicial del Estado de Yucatán y admitió las demandas de los juicios contenciosos administrativos números 14/2016, 104/2015, 105/2015, 106/2015, 107/2015, 108/2015 y 109/2015. El Municipio actor, en el primer expediente, hizo valer la excepción de incompetencia por declinatoria, indicando a la autoridad demandada que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio actor es el competente exclusivo para conocer del procedimiento aludido.
• En contra de dichas admisiones de demandas, se promueve la presente controversia constitucional.
2. Conceptos de invalidez. El Municipio actor formuló los siguientes conceptos de invalidez:
3. Único concepto de invalidez. Violación del artículo 115 constitucional. La autoridad demandada vulnera el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, al admitir las demandas relativas a los juicios contenciosos administrativos, puesto que es incompetente para resolver controversias que surjan entre los particulares o ciudadanos del Municipio actor y la administración pública municipal, ya que a partir del dieciséis de enero de dos mil dieciséis, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, inició sus funciones y asumió la competencia exclusiva para resolver dichas controversias.
4. La autoridad demandada vulnera las garantías institucionales y prerrogativas constitucionales otorgadas a los Municipios, pues no reconoce al Municipio como un orden de gobierno, en términos del artículo 115 constitucional, en relación con los artículos 76 y 77 de la Constitución Local, así como los artículos 1 y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado.
5. Tampoco reconoce la existencia de un orden jurídico municipal, con eficacia absoluta, frente al orden jurídico federal y estatal que implica darse sus propias normas, bajo la forma de reglamentos municipales, facultad reconocida en el párrafo primero de la fracción II del artículo 115 constitucional, en relación a los artículos 79 de la Constitución Local y 41, apartado A), fracción II, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, así como de los criterios jurisprudenciales P./J. 44/2011, P./J. 45/2011, P./J. 129/2005, de rubros: "ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL. PRINCIPIO DE COMPETENCIA (MUNICIPIOS COMO ÓRGANOS DE GOBIERNO).", "REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA." y "LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL."
6. Asimismo, la autoridad demandada, al admitir el juicio contencioso planteado por un particular en contra de actos de la administración pública municipal, no reconoce la prerrogativa constitucional del Municipio para crear un sistema de medios de impugnación y los órganos o tribunales encargados de dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal. Esta facultad se encuentra expresamente reconocida en el inciso a), fracción II, del artículo 115 constitucional, del mismo modo, los artículos 77, base décima séptima y 81 de la Constitución Local, facultan al Municipio para establecer un sistema de medios de impugnación y la creación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipal.
7. El último párrafo del citado artículo 81, interpretado a contrario sensu, establece la competencia exclusiva de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipal, para conocer de las controversias entre particulares y la administración pública municipal, con exclusión expresa del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Estado de Yucatán, hoy Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado para conocer de dichas controversias.
8. En la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, título quinto denominado "De la justicia municipal", se reconoce la facultad municipal, para crear su propio sistema de medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal, así como la facultad de crear un Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal, de conformidad con los artículos 176 a 182, 197 a 199.
9. En atención a ello, en sesión extraordinaria de nueve de enero de dos mil dieciséis, el Cabildo aprobó el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, el cual se publicó el trece del mismo mes y año.
10. Los fundamentos que la autoridad demandada utilizó al emitir el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, por el que admitió la demanda del procedimiento, derivado del expediente 014/2016, resultan inaplicables. El Decreto Número 195/2014, publicado el veinte de junio de dos mil catorce en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en sus artículos transitorios primero y décimo primero es inaplicable, porque el cambio de denominación de la autoridad demandada es irrelevante. También son inaplicables los artículos transitorios primero, octavo y noveno del Decreto 200/2014, publicado el veintiocho de junio de dos mil catorce en el citado Periódico Oficial Local, porque es irrelevante el cambio de denominación de la autoridad demandada y la derogación de normas orgánicas que regulan su funcionamiento. Asimismo, son inaplicables los artículos 64 de la Constitución Estatal, 60, 61, 64, fracción III, 68, 70, 72 y demás numerales aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
11. Los fundamentos anteriores son inaplicables y se viola la Constitución Federal, por la omisión de la autoridad demandada en considerar los artículos 81 de la Constitución Estatal y 182, último párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, así como el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida y la comunicación que se hizo al Poder Judicial, del oficio DPM/00011/2016, de tres de febrero de dos mil dieciséis, donde se le informó de la aprobación del citado reglamento y también que el dieciséis de enero del mismo año, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, inició formalmente sus funciones, de lo que incluso, acusó recibo dicho poder el día once de febrero del indicado año.
12. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 103, 107 y 115, fracción II, inciso a).
II. Trámite de la controversia constitucional
13. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional 41/2016 y lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(2)
14. El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional,(3) tuvo como autoridad demandada al Poder Judicial de Yucatán, al cual pertenece el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de la citada entidad, a quien emplazó para que formulara su contestación; requirió a la autoridad demandada, a fin de que enviara copia certificada de los expedientes relativos a los juicios contenciosos administrativos, identificados con los números 014/2016, 104/2015, 105/2015, 106/2015, 107/2015, 108/2015 y 109/2015, incluyendo los acuerdos por los que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado hubiere admitido y asumido competencia para conocer de ellos; y dio vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
15. Primera ampliación de demanda por hechos supervenientes. El Municipio actor, por conducto de su presidente municipal, amplió la demanda,(4) en contra del Poder Judicial del Estado por las admisiones de otras demandas de juicios contenciosos administrativos, identificados con los números 0232/2015, 036/2016, 09/2016, 10/2016 y 12/2016, dictados por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de la entidad. En el capítulo de conceptos de invalidez, señaló de manera coincidente los mismos argumentos que los formulados en la demanda original, pero ahora impugnando las admisiones de demandas de los citados juicios contenciosos.
16. Admisión de la primera ampliación de demanda por hechos supervenientes. El Ministro instructor, por auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, admitió la ampliación de la demanda(5) y tuvo como autoridad demandada al Poder Judicial del Estado de Yucatán, al cual pertenece el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, al que emplazó para que presentara su contestación; requirió a la autoridad demandada para que enviara a este Alto Tribunal copia de todo lo actuado en los expedientes antes identificados, incluidos los acuerdos de admisión; asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
17. Contestaciones a la demanda. El Ministro instructor reconoció la legitimación pasiva al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Yucatán,(6) quien al igual que el Poder Judicial de la entidad, formuló su contestación a la demanda, donde manifestaron lo siguiente:
18. I. Contestación del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de la entidad. El presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, formuló su contestación a la demanda,(7) en la que, en síntesis, señaló lo siguiente:
19. a) Debe sobreseerse, respecto de los actos impugnados en la demanda inicial, ya que por lo que hace al juicio contencioso 014/2016, si bien hizo valer medio de defensa, éste se encuentra pendiente de tramitación y también por lo que se refiere al resto de juicios impugnados, ya que el Municipio actor no hizo valer medio de defensa ordinario, en contra de los acuerdos de admisión de demanda en los juicios contenciosos administrativos, con fundamento en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia. El Ayuntamiento consintió que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa haya aplicado las disposiciones constitucionales y legales que le asignan competencia para conocer y resolver los juicios contenciosos administrativos, al no interponer el medio de defensa en contra de los respectivos acuerdos admisorios. Los juicios impugnados en la ampliación fueron admitidos posteriormente a la entrada en funciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida.
20. Si el Municipio actor considera invadida su esfera de actuación, al establecerse, únicamente, como competencia de su tribunal el recurso de revisión, consintió ese hecho con mucha anterioridad a la presentación de la demanda de controversia, en virtud de que la Ley de Gobierno de los Municipios fue publicada en el Diario Oficial de la entidad de veinticinco de enero de dos mil seis. Aunado a que al expedir el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, reiteró lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, particularmente en los numerales 177, 180 y 197. Así, el artículo 3 del citado reglamento, señala que al tribunal municipal le compete conocer del recurso de revisión, para impugnar los actos o resoluciones administrativas de carácter definitivo que señala el reglamento.
21. b) Los artículos 40, 41 y 48, fracción III, de la Ley de Gobierno de los Municipios de la entidad, establecen que el Ayuntamiento actor, tiene atribuciones para expedir el reglamento en el cual se establezcan las bases y los procedimientos para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida conozca y sustancie el recurso de revisión, previsto en la citada ley, pero acorde a las bases y observando las limitaciones que se establecen en las aludidas disposiciones constitucionales federales y locales.
22. De acuerdo con la ley aludida, el tribunal administrativo municipal sólo es competente para conocer del recurso de revisión interpuesto contra los actos de la administración pública municipal o de los Jueces calificadores y las resoluciones recaídas al recurso de reconsideración.
23. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con los artículos 60 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 64, párrafo décimo sexto, de la Constitución Estatal, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia contenciosa-administrativa y tiene competencia para conocer y resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública centralizada y paraestatal del Estado, Municipios y los particulares.
24. El artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado establece que es optativo para el particular, agotar el recurso o medio de defensa, establecidos en las leyes o reglamento (artículo 180 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado), o intentar directamente el juicio contencioso ante el tribunal del Estado y que ejercitada la acción ante éste, se extinguirá el derecho para ocurrir a otro medio de defensa ordinario. Queda a elección del gobernado, a través de la acción ejercida, si el asunto es del conocimiento del tribunal municipal o del conocimiento del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, según convenga a sus intereses.
25. La admisión de los juicios contenciosos impugnados no invaden la esfera del Municipio actor, porque ambos juicios coexisten en el espacio territorial de aplicación, el juicio contencioso administrativo y el recurso de revisión. Las demandas de los juicios impugnados fueron solicitados como juicios contenciosos administrativos y no como recursos de revisión.
26. Los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas, ejercen un mecanismo fundamental de control de la legalidad y, por ello, pueden considerarse comprendidos dentro de las garantías constitucionales que la Ley Fundamental establece. Por ello, podría analizarse este problema como un aparente conflicto de normas del mismo nivel constitucional, sin embargo, debe considerarse que los preceptos que establecen derechos en favor de los gobernados y los medios procesales para hacerlos valer y restituir en el caso de violación, son de mayor jerarquía. Cita en apoyo a sus argumentaciones las tesis P./J. 100/97 y P./J. 101/97, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES QUE LOS FACULTAN PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE LOS PARTICULARES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS."
27. Los juicios de lo contencioso 104/2015, 105/2015, 106/2015, 107/2015, 108/2015 y 109/2015 impugnados, se promovieron en contra de actos administrativos, dictados por el Municipio actor, medio procesal distinto a los recursos de reconsideración y de revisión municipales, puesto que no se interpusieron para la reconsideración y/o revisión del Ayuntamiento, sino que fueron sometidos por los gobernados a la autoridad demandada.
28. Así, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa no corrompe la división de poderes, ni invade la esfera competencial del Municipio actor, ya que se encuentra facultado para conocer de litigios que interpongan las personas en contra de actos de carácter administrativo o fiscal que emitan autoridades de la administración pública del Estado o los Municipios, ampliando la garantía de acceso a la impartición de justicia en materia administrativa local, sin distingo del procedimiento del cual emanen.
29. De aceptar el argumento del Municipio actor, el tribunal estatal, dejaría de tener competencia en todos y cada uno de los juicios contencioso administrativos en los cuales el Municipio o cualquiera de sus direcciones o unidades, fuera parte demandada, y no únicamente los que sean admitidos a la entrada en funciones de su tribunal municipal.
30. Cita en apoyo a sus argumentaciones las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES QUE LOS FACULTAN PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE LOS PARTICULARES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS."
31. Es por lo anterior, que no existe la invasión de esferas ni violación a la autonomía municipal.
32. II. Contestación del Poder Judicial del Estado de Yucatán y reconvención. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en su contestación(8) señaló, en síntesis, lo siguiente:
a) Debe sobreseerse, respecto del Poder Judicial de la entidad, ya que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa goza de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos y es quien cuenta con legitimación pasiva para intervenir en la controversia, sin que sea necesario llamar a juicio al Poder Judicial. Además, el presidente de dicho tribunal administrativo cuenta con facultades de representación del mismo, de conformidad con los artículos 71, 74, fracción XIII y 75, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, el Acuerdo General 10, de uno de marzo de dos mil once, en relación con los transitorios décimo y décimo primero del Decreto 195/2014 y el transitorio octavo del Decreto 200/2014, publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en fechas veinte y veintiocho de junio de dos mil catorce.
Cita en apoyo a sus argumentaciones, entre otras, la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA."
Adicionalmente, el veinte de abril de dos mil dieciséis, se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad, diversas reformas constitucionales locales, entre las que destacan los artículos 64, 71, 73 Ter, 75 Quáter, y décimo sexto transitorio, de los que se advierte que desaparece el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, para convertirse en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, como un organismo constitucional autónomo. Es decir, se desincorporó del Poder Judicial al Tribunal Administrativo, por lo que dicho poder, carece de legitimación pasiva. Se dice que se encuentra pendiente la entrada en vigor de las citadas reformas.
b) Se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, relativa al principio de definitividad, puesto que el Municipio actor, aduce invasión a su esfera competencial por la tramitación de los juicios contenciosos administrativos, siendo que sólo en uno de ellos interpuso incidente de previo y especial pronunciamiento, relativo a la falta de competencia, el cual se encuentra pendiente de tramitación, en virtud de la suspensión ordenada en la controversia principal. El Municipio debe esperar hasta la conclusión de ese procedimiento para poder impugnar la resolución en la presente controversia y por lo que hace a los demás juicios, debe sobreseerse, precisamente, porque no se interpuso medio de defensa y éstos deben entenderse consentidos y, por ende, no se cumple con el principio de definitividad.
Cita en apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 12/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA."
c) Se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 1o. del propio ordenamiento y 105 de la Constitución Federal, puesto que la controversia no es la vía idónea para impugnar resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional. Incluso no se está en el caso de un conflicto de invasión de esferas competenciales, sino ante un problema de mera legalidad, toda vez que, de la demanda se advierte que lo que pretende el actor es que se determine si el tribunal administrativo estatal estuvo en lo correcto al admitir los juicios contenciosos administrativos impugnados, por considerar que se contraviene la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado.
Cita en apoyo a sus argumentaciones, entre otras, las tesis P./J. 100/97, P./J. 101/97, 2a. CVII/2009 y P./J. 80/99, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES QUE LOS FACULTAN PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE LOS PARTICULARES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR CONFLICTOS REFERENTES A LA COMPETENCIA LEGAL O JURISDICCIONAL DE UN TRIBUNAL."
d) Opone la defensa genérica de falta de acción y derecho del Municipio actor, toda vez que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ha prestado el servicio público que le ha sido encomendado conforme a las obligaciones y las facultades que le han sido asignadas y conferidas por el Poder Legislativo. Así, se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en donde los artículos 60, 61 y 64, entre otros aspectos, regulan el objeto, naturaleza, competencia territorial, integración, competencia material, legislación aplicable, sustanciación, sentencias y funciones del tribunal administrativo. Asimismo, la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, en sus artículos 1, 2 y 3 establecen la atribución de dicho tribunal de resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten dentro del Estado. También el artículo 116 constitucional, confiere dicha facultad al tribunal administrativo.
Los Municipios no tienen facultad para dejar sin efecto las leyes expedidas por el Poder Legislativo Local, pues el Municipio pretende abrogar de hecho, las leyes expedidas por dicho poder. De sostenerse la tesis del Municipio actor, se llegaría al absurdo de que los Tribunales Contenciosos Estatales cuya existencia prevé la Constitución Federal, quedarían prácticamente sin funciones, dado que el Municipio es la base del territorio nacional y de los Estados. De esa forma, quedaría en manos de los Municipios el cumplimiento de asignaciones dadas en la Constitución y, por ende, se constituirían los mismos en autoridad máxima sin orden constitucional superior.
e) Opone como excepción la relacionada con la imposibilidad legal de cumplimiento de las pretensiones del Municipio, porque el tribunal administrativo estatal, actúa por mandato constitucional y legal, ya que los procedimientos impugnados, se han tramitado en cumplimiento a las obligaciones y ejercicio de las facultades constitucionales y legales. Si el Municipio pretende liberar de sus obligaciones y despojar de sus facultades al tribunal administrativo local, necesariamente debía haber impugnado y logrado la invalidez de las normas que le rigen, esto es, para que dicho tribunal deje de actuar, debe dejar de serle constitucionalmente obligatorio.
Por ello, es que el Municipio no puede obtener lo que pretende, sin haber impugnado la base misma de los artículos 116, fracciones III y IV, de la Constitución Federal y 64, fracciones III y IV, de la Constitución Local, lo que no resulta jurídicamente posible, así como los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, porque lo que pretende el Municipio es erigirse en un poder por encima de la letra de los Congresos de la Unión y de la entidad.
Es una prerrogativa de los particulares para solucionar sus conflictos con los Municipios, acudir al órgano de solución de controversias que el particular elija, ya sea el estatal o el municipal. Por ello, opone como excepción, la que se desprende del interés público de la conservación de dicha prerrogativa o derecho de los particulares que, de acuerdo a la reclamación planteada por el Municipio, debe eliminarse para que sea forzoso para los particulares acudir al tribunal municipal y no puedan acceder a otra forma de administración de justicia.
f) Son infundados los conceptos de invalidez, porque no se invadió la esfera competencial del Municipio actor. Los juicios impugnados son anteriores al dieciséis de enero de dos mil dieciséis, fecha en que entró en funciones el tribunal administrativo municipal, pues dicho organismo no existía. Cuando sucedieron los hechos en los juicios impugnados, no se encontraba vigente el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, siendo que en ese momento, el único órgano existente para conocer de dichos asuntos era el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado.
Asimismo, las demandas de los juicios impugnados fueron presentadas ante el tribunal administrativo estatal con anterioridad a la entrada en vigor del tribunal municipal. En este sentido, en términos del artículo quinto transitorio del Reglamento de lo Contencioso Administrativo Municipal que, indica que los asuntos que se encuentren en trámite ante el tribunal administrativo estatal a la entrada en vigor del citado reglamento, se seguirán ventilando ante esta instancia jurisdiccional al encontrarse dichos juicios en trámite, el tribunal administrativo municipal, carece de competencia para conocerlos y, por ende, no existe una invasión de competencia.
Contrario a lo afirmado por el Municipio actor, la autoridad demandada no se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones, porque la expresión "administración pública estatal" debe interpretarse en el sentido de que la misma comprende a todos los órganos dependientes del Gobierno del Estado, incluyendo los actos administrativos de las autoridades municipales, quienes no están exentos de quedar sujetos de control.
La finalidad del artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, fue ofrecer a los particulares la posibilidad de impugnar ante los Tribunales de lo Contencioso Ad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27384-79f67b72/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN (APLICABILIDAD (PR.A.CS. J/24 A (11a.))
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