JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/98 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 50/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 2 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). DISIDENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ.
Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al dos de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Correspondiente a la contradicción de criterios 50/2023, suscitada entre los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos del Décimo Cuarto Circuito. La problemática jurídica que subyace en este caso es la siguiente:
Este Pleno Regional debe determinar, si es existente la contradicción de criterios, que se refiere a la competencia para conocer en amparo directo o, en su caso, indirecto, promovido en contra de una sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso del Municipio de Mérida, Yucatán.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Mediante escrito presentado por vía electrónica el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ante el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en el juicio de amparo directo 413/2023 del índice del aludido órgano jurisdiccional, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado en el acuerdo de radicación (plenario) del citado juicio de amparo y los sostenidos en los diversos 132/2021, 211/2021 y 269/2021 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.
2. Por acuerdo dos de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán; tuvo por recibida la denuncia de criterios mencionada, y ordenó remitir a este Pleno Regional, el escrito de denuncia citado, para el efecto de proveer lo que en derecho procediera.
3. Por oficio 8383/2023, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, remitió a este Pleno Regional, vía interconexión, la denuncia mencionada, y, mediante acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y ordenó su registro con el número de expediente 50/2023; y, por turno, correspondió conocer del asunto al Magistrado Arturo Iturbe Rivas.
4. En el mismo auto se solicitó al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, y al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos del Décimo Cuarto Circuito, a efecto de que informaran si continuaban vigentes los criterios en contienda o manifestaran las consideraciones que motivaron su abandono.
5. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.
6. Por oficio 8693 de doce de junio del año en curso, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, informó que ponía a disposición de este Pleno, la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo directo 413/2023 y manifestó que el criterio sostenido en el acuerdo plenario de radicación del citado juicio de amparo, se encontraba vigente.
7. Por oficio 152/2023 de doce de junio del año en curso, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, informó que ponía a disposición de este Pleno, la consulta de los expedientes electrónicos de los juicios de amparo directo 132/2021, 211/2021 y 269/2021; asimismo, manifestó que los criterios sostenidos en las sentencias dictadas en dichos juicios de amparo, se encontraban vigentes.
8. Por oficio DGCCST/X/557/06/2023, de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, informó a este Pleno, que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra contradicción de criterios, cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
9. Mediante auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, la presidencia de este órgano confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas.
II. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 2 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos del Décimo Cuarto Circuito, esto es, dentro de la circunscripción territorial de este órgano colegiado.
III. LEGITIMACIÓN
11. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el autorizado de la parte quejosa, en el juicio de amparo directo 413/2023 del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, lo anterior en aplicación analógica de la jurisprudencia 2a./J. 152/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA."
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.
12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
13. Antecedentes relacionados con el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.
14. A) Juicio de amparo directo 132/2021. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa impugnó la sentencia de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, Yucatán, en el recurso de revisión 31/2020.
15. Por auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, el presidente del órgano jurisdiccional aludido, admitió a trámite la demanda de amparo y la registró con el número de expediente 132/2021.
16. En sesión de siete de abril de dos mil veintidós, el Pleno del indicado tribunal dictó la sentencia correspondiente, en la que justificó su competencia legal de la siguiente manera:
"PRIMERO.—Competencia legal.
"Este Tribunal es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, anterior a la vigente, en relación con el Quinto transitorio del Decreto por el que se expidió la vigente Ley Orgánica aludida, y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones legales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en los artículos primero, fracción XIV, segundo, fracción XIV, punto 1, y tercero, fracción XIV del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; reformado mediante Acuerdo General 3/2021 del propio Consejo, publicado en el citado órgano informativo el veintidós de abril de dos mil veintiuno.
"Lo anterior, en atención a que se trata de una sentencia definitiva dictada por un Tribunal Administrativo que reside dentro del ámbito territorial en el que este Órgano Colegiado ejerce su jurisdicción. ..."
17. El órgano jurisdiccional resolvió el caso en el sentido de negar el amparo y por auto de diecinueve de mayo de dos mil veinte, se ordenó el archivo del expediente.
18. B) Juicio de amparo directo 211/2021. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintiuno, la parte promovente demandó el amparo en contra de la sentencia de tres de mayo de dos mil veintiuno, atribuida al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, Yucatán, dictada en el expediente del recurso de revisión 03/2020 y su acumulado 30/2020.
19. Por auto de seis de agosto de dicho año, el presidente del Tribunal Colegiado admitió a trámite el juicio de amparo y lo registró con el número de expediente 211/2021.
20. En sesión de dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Pleno del órgano jurisdiccional dictó sentencia, en la cual, precisó su competencia legal en los siguientes términos:
"PRIMERO.—Competencia legal.
"Este Tribunal es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente (publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno); así como en los artículos primero, fracción XIV, segundo, fracción XIV, punto 1, y tercero, fracción XIV del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; reformado mediante Acuerdo General 3/2021 del propio Consejo, publicado en el citado órgano informativo el veintidós de abril de dos mil veintiuno.
"Lo anterior, en atención a que se trata de una sentencia definitiva dictada por un Tribunal Administrativo que reside dentro del ámbito territorial en el que este Órgano Colegiado ejerce su jurisdicción."
21. En la decisión fue negado el amparo y por auto de doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del expediente.
22. C) Juicio de amparo 269/2021. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la parte promovente solicitó el amparo en contra de la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, Yucatán, en el expediente relativo al recurso de revisión 50/2020.
23. Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, tuvo por recibidos los autos, registró el expediente con el número 269/2021 y admitió a trámite el juicio de amparo.
24. En sesión de treinta de junio de dos mil veintidós, el aludido Tribunal Colegiado dictó sentencia, en la que precisó su competencia en los siguientes términos:
"PRIMERO.—COMPETENCIA LEGAL. Este Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, es competente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción III, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor; 38, fracción I, inciso b), 40, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente (publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno); así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y, de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 3/2021 del propio Consejo, publicado en el citado órgano informativo el veintidós de abril de dos mil veintiuno, toda vez que se reclama una sentencia en materia contenciosa administrativa municipal, dentro de la circunscripción territorial que este Tribunal Colegiado ejerce jurisdicción."
25. En la sentencia indicada, el Tribunal Colegiado decidió conceder el amparo solicitado, por lo que seguido el trámite de ejecución correspondiente, el cinco de septiembre de dos mil veintidós se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y el diecinueve de octubre siguiente se ordenó el archivo del expediente.
26. Antecedentes relacionados con la decisión del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.
27. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, la parte quejosa demandó el amparo en contra de la sentencia dictada el catorce de abril de dicho año, reclamada al Juez del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, Yucatán, dictada en el recurso de revisión 45/2022.
28. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, órgano jurisdiccional que por acuerdo plenario de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, registró el expediente con el número 413/2023; asimismo, declaró carecer de competencia legal para conocer del caso.
29. Al respecto, conviene precisar que el aludido Tribunal Colegiado estimó que el acto reclamado debía ser conocido por un Juzgado de Distrito, esencialmente porque:
a) Se apoyó en la jurisprudencia P./J. 26/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SUS NOTAS DISTINTIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO."
b) Estimó, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida no es un tribunal administrativo para efectos de determinar la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito en la vía directa, ya que fue creado mediante el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida y no mediante una ley.
c) Razonó, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida está a cargo de un Juez, que es electo por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento y dura tres años en su encargo, pudiendo ser ratificado por un periodo igual, además de que puede ser removido por causa grave, por lo que no está garantizada su permanencia, ni inamovilidad.
d) Por tales razones, concluyó que se trata de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que es competencia de un Juzgado de Distrito conocer de la demanda de amparo.
e) Citó la jurisprudencia 2a./J. 38/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, COAHUILA. SUS RESOLUCIONES DEFINITIVAS (COLEGIADAS O UNITARIAS) SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO."
f) De la misma forma, invocó la jurisprudencia 2a./J. 4/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. SUS RESOLUCIONES DEFINITIVAS SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO."
30. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la persona titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán aceptó la competencia y requirió a la parte quejosa para que ajustara la demanda de amparo a los requisitos legales aplicables a la vía indirecta.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
31. Por cuestión de orden, es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.
32. Además, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios es necesario que se surtan los siguientes requisitos:
a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
33. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, página 122, Novena Época, registro digital: 165077, que a continuación se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible." 34. En el caso, se actualizan los requisitos señalados, como enseguida se demostrará.
35. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.
36. Dicho requisito se encuentra colmado, en la medida en que ambos Tribunales Colegiados estudiaron la competencia para conocer de la demanda en la vía directa, cuando se reclama una sentencia definitiva dictada por un Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, Yucatán.
37. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Requisito respecto del que, este Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados existe un punto de toque en relación con la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.
38. En efecto, en los casos que se sometieron a la jurisdicción de los tribunales contendientes, en ambas ejecutorias se examinó la competencia para conocer en la vía directa de una demanda de amparo en la que se señaló como acto reclamado, una sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, Yucatán, en los siguientes términos:
a) El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito (expedientes 132/2021, 211/2021 y 269/2021), justificó su competencia legal para conocer del caso en la vía directa, con fundamento en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
b) El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito (expediente 413/2023), resolvió en acuerdo plenario carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo directo, por estimar que la autoridad responsable no tenía la naturaleza de tribunal, sino que se trata de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, por lo que correspondía a un Juzgado de Distrito conocer del caso.
39. Con base en lo anterior, se advierte que el punto de convergencia en la contradicción de criterios que se resuelve, tiene origen en que ambos Tribunales Colegiados analizaron la competencia para conocer de una demanda de amparo directo, en la que se reclamó una sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, Yucatán.
40. Al respecto, un órgano jurisdiccional justificó su competencia para conocer de los casos en la vía directa, mientras que el otro Tribunal Colegiado estimó que no era competente para conocer del caso en dicha vía, en virtud de que, por la naturaleza del acto reclamado, el trámite que correspondía era el de amparo indirecto, por lo que declinó la competencia legal en favor de un Juzgado de Distrito.
41. Cabe destacar, que si bien el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, no asumió el conocimiento del fondo de la litis propuesta en la demanda de amparo, la decisión que tomó en cuanto a declinar la competencia sí fue terminal, en virtud de que al tratarse de una decisión plenaria, no admite medio de defensa alguno y ni el Juez de Distrito, que recibió los autos, tiene aptitud legal para negar el conocimiento del caso por razón de la vía.
42. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. En consecuencia, el problema a dilucidar puede ser fraseado de la siguiente manera:
¿Es competente un Tribunal Colegiado para conocer en la vía directa, de una demanda de amparo promovida en contra de una sentencia definitiva dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, Yucatán o, en su caso, es competencia de un Juzgado de Distrito?
VI. ESTUDIO DE FONDO.
43. Para dar solución a la presente controversia, en primer orden, se tiene presente el texto de los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que estatuyen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
"...
"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal."
Ley de Amparo
"Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo."
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
"Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:
"I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:
"...
"b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales"
44. Del análisis del precepto constitucional transcrito en primer orden, en lo que a la resolución del caso interesa, se obtiene que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, debe promoverse ante el Tribunal Colegiado de Circuito, específicamente, en materia administrativa, cuando se reclaman sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.
45. Por otra parte, el numeral de la Ley de Amparo examinado, dispone que el amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo.
46. Mientras que el precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece como competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, el conocimiento de los juicios de amparo directo en contra de sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio y, en cuanto a la materia administrativa, dispone que se trata de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales.
47. No se omite precisar, que en el primero de los juicios de amparo directo, que corresponde al expediente 132/2021, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, la competencia legal fue justificada mediante la cita del artículo 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada (vigente en el momento en que se dictó la determinación jurisdiccional), cuyo texto es:
"ARTÍCULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:
"I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:
"...
"b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales."
48. Como puede verse de la anterior reproducción, la hipótesis competencial citada en el primero de los juicios de amparo indirecto, tiene equivalencia normativa con el supuesto jurídico vigente analizado con antelación, por lo que se estima que es innecesario realizar algún pronunciamiento particular en relación con la norma abrogada.
49. Sentado lo anterior, este Pleno Regional puntualiza, que de las normas examinadas se advierte que, en materia administrativa, la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, para conocer de una demanda de amparo directo, radica en que el acto reclamado sea una sentencia definitiva dictada por un tribunal de naturaleza administrativa.
50. Al respecto, conviene tener presente el artículo 116, fracción V, primer párrafo, de la Constitución Federal, que se transcribe enseguida:
"Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
"Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
"...
"V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31926-4869c762/juicio-de-amparo-directo-es-procedente-contra-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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