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RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REGLAMENTO PARA REGULAR EL SERVICIO PÚBLICO COLECTIVO, MASIVO, DE TAXI Y RADIOTAXI EN EL ESTADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2018. · Registro digital (IUS): 29378
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-08-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, Pág. 5576.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JESÚS DE ÁVILA HUERTA, FILEMÓN HARO SOLÍS, JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ, ROBERTO CHARCAS LEÓN, OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA, SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. PONENTE: OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA. SECRETARIOS: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO Y ABEL ASCENCIO LÓPEZ.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión del nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, los autos para resolver la denuncia de contradicción de tesis número 26/2018, y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Mediante comunicación 10462/2018 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se remitió a este Pleno de Circuito, el escrito de ********** (ostentándose como delegado de las autoridades responsable dentro de los juicios de amparo de origen), mediante el cual denunció la posible contradicción de tesis,(1) entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 171/2017 y 431/2017, de sus respectivos índices.

2. SEGUNDO.—Previo requerimiento a la parte denunciante, a fin de que remitiera las constancias necesarias para acreditar el carácter con que compareció (delegado de las autoridades) y, por tanto, su legitimación, por acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve,(2) el entonces presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Magistrado Mario Alberto Domínguez Trejo admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis con el número de expediente 26/2018, en términos de lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

3. En el propio acuerdo se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes la remisión de copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los asuntos respectivos, y que informaran si el criterio sustentado se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; y se ordenó girar oficio a la entonces Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado que guarde relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.

4. En proveídos de diecisiete de enero y uno de febrero del año en curso,(3) respectivamente, este Pleno de Circuito recibió copia certificada de los amparos en revisión 431/2017 y 171/2017 del índice de los Tribunales Colegiados Sexto y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y asimismo, se tuvo a la presidencia de los órganos contendientes informando que el criterio sostenido en dicha ejecutoria sigue vigente; en el segundo proveído de referencia se recibió el comunicado ********** de la encargada del despacho de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna denuncia de contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto.

5. Por acuerdo de veintiséis de febrero siguiente, se ordenó el turno del asunto al Magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; no obstante, con motivo de la comisión temporal que le fuera asignada en un órgano jurisdiccional de diferente Circuito, con efectos a partir del dieciséis de abril del año en curso, se regresaron los autos a la presidencia de este Pleno.

6. El veinticinco de abril siguiente, previo al returno correspondiente, la presidencia de este Pleno ordenó solicitar a los Juzgados de Distrito Tercero y Octavo, ambos en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, remitieran diversas constancias que integran los juicios de amparo de origen 1/2017 y 2/2017 de sus respectivos índices, por considerarlo necesario para el estudio y resolución de la presente contradicción de tesis.

7. Por acuerdos de tres y veintidós de mayo, así como quince de agosto del año en curso, respectivamente, se recibieron las constancias relativas, y se formó por separado el cuaderno auxiliar correspondiente; y, por tanto, en el último acuerdo se returnó el asunto al Magistrado Jorge Héctor Cortés Ortiz, quien fuera el titular que de manera temporal integrara este Pleno de Circuito.

8. Finalmente, por acuerdo de veinticinco de septiembre del año en curso, se recibió el oficio ********** del Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual se le tuvo informando que:

"... con motivo de lo acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de agosto del año en curso, según la comunicación ********** de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del propio Consejo, se aprobó la comisión temporal por necesidades del servicio, del Magistrado Oscar Hernández Peraza, en sustitución del Magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta; y en esa medida, los integrantes del Quinto Colegiado Administrativo decidieron que el nombrado titular Hernández Peraza, será quien represente a ese órgano jurisdiccional ante este Pleno de Circuito; lo anterior, con efectos a partir del veinticuatro de septiembre del año en curso."

9. En consecuencia, en el propio acuerdo de veinticinco de septiembre, se ordenó el returno de los presentes autos al Magistrado Oscar Hernández Peraza, a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente; término que se prorrogó, según acuerdo dictado por la presidencia de este Pleno, el cuatro de noviembre del año en curso y,

CONSIDERANDO:

10. PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, con su última modificación efectuada mediante Acuerdo 52/2015 de quince de diciembre del año en cita, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.

11. SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues el formulante justificó su calidad de delegado de las autoridades responsables, dentro de los asuntos que son materia de esta contradicción de tesis. Al respecto, resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 77/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva."(4)

12. TERCERO.—Precisado lo anterior, se hace indispensable puntualizar los antecedentes y consideraciones de los criterios en los asuntos materia de la denuncia de contradicción, a saber:

13. Primera postura: Sentencia dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 431/2017.

Sinopsis del criterio: El recurso de revisión previsto en el artículo 134, fracción II, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, sí es procedente contra el Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, por tratarse de un acto administrativo de carácter general.

14. Antecedentes y consideraciones jurídicas:

• **********, interpuso recurso de revisión ante el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en contra de las autoridades y actos siguientes:

"III. Autoridades que dictaron el acto impugnado. Tienen ese carácter las siguientes: a. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, respecto del acto administrativo 1. b. Secretario general de Gobierno, respecto del acto administrativo 1. c. Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, respecto de todos los actos administrativos. d. Director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, respecto de los actos administrativos 2, 3, 4 y 5.—IV. Mención precisa del acto de la autoridad que motiva la interposición del recurso de revisión.—1. Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco.—2. Acuerdo mediante el cual se expide el programa general de transporte del Estado de Jalisco.—3. Declaratoria de necesidad del sistema integrado de transporte público del AMG.—4. Resolución para el establecimiento de cinco rutas troncales del ‘Sistema Integrado de Transporte Publico en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco’.—5. Como consecuencia de los anteriores actos, la convocatoria y bases para la ruta ********** del Sistema Integrado de Transporte Publico en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco."

• La revisionista solicitó, en esencia, se declarara la nulidad de los actos combatidos, en tanto que se trastocaban en su perjuicio diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, así como de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; lo anterior, porque no se advertía que previo a la emisión de tales actos generales, se haya solicitado la autorización del Congreso del Estado de Jalisco.

• Con motivo de ese recurso, se formó el expediente **********; y, por acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciséis, el Ejecutivo Local desechó de plano ese remedio procesal, en atención a lo siguiente:

"... en relación con el recurso de revisión que promueve, se le desecha de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133, 134 y 140-Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en los cuales se establece que el citado recurso sólo procede contra los actos administrativos a que se refiere el numeral 134 del citado ordenamiento, esto es, contra aquellos que impongan una sanción administrativa, los que desechen un medio de prueba, o contra la resolución final dictada en un procedimiento administrativo."

• Inconforme con ello, la revisionista promovió juicio de amparo indirecto contra los actos y autoridades siguientes:

"III. Autoridades responsables: Tienen este carácter los siguientes:

"a) El C. Gobernador del Estado de Jalisco.

"b) El C. Secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco.

"IV. Acto reclamado: Se señala como acto reclamado el siguiente:

"a) El acuerdo de fecha 07 de diciembre del año 2016 derivado del expediente ********** donde se desecha el recurso de revisión que interpuse a nombre de mi representado aquí quejoso, el cual fue emitido por ambas autoridades responsables."

• Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió al actual Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en donde se admitió a trámite bajo el número de expediente 1/2017; y seguidos los trámites correspondientes, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete se dictó la sentencia correspondiente en la que se negó el amparo solicitado.

• Para arribar a esa decisión, el juzgador de amparo declaró infundados los conceptos de violación dirigidos a evidenciar la procedencia del recurso de revisión, entre otras razones, porque los actos ahí impugnados (en especial el reglamento de que se viene hablando), no eran susceptibles de anulación mediante el recurso de revisión planteado en dicha sede, por no tener el carácter de un acto administrativo concreto, sino que estrictamente representan actuaciones de un procedimiento materialmente legislativo.

• No conforme con ese fallo constitucional, la quejosa-recurrente interpuso recurso de revisión que, por razón de turno, correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de toca 431/2017; y seguidos sus trámites, en sesión de catorce de marzo de dos mil dieciocho se dictó la sentencia relativa, bajo los siguientes resolutivos:

"PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.—SEGUNDO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa en contra del acto y de las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

Para resolver en ese sentido, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente se apoyó en las siguientes consideraciones:

I. En principio, estimó que la sentencia recurrida carecía de la debida fundamentación y motivación, porque como lo sostuvo el inconforme:

"... según lo dispone el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, los reglamentos son actos administrativos y que ningún precepto de esa norma prevé la imposibilidad o excepción de que no se puedan impugnar mediante el recurso de revisión que la quejosa hizo valer ante las autoridades señaladas como responsables ..."

II. Lo anterior, porque a consideración del tribunal de control constitucional contendiente, la interpretación realizada por el a quo federal resultó restrictiva en perjuicio de la quejosa, porque no se contradice que el reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo, por la facultad que concede el Poder Legislativo, al titular del Poder Ejecutivo para emitirlo, en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA EXPEDIRLOS. SU NATURALEZA."(5)

III. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 22/2006, determinó que: "... un acto se califica como formalmente administrativo cuando emana de cualquier autoridad administrativa con independencia de su índole intrínseca y, es materialmente administrativo cuando su emisión proviene de cualquier órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas o por cualquier entidad paraestatal; caracterizándose, por su concreción, su individualidad y su particularidad; por lo que al acto administrativo se le haya considerado como la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública, que es de naturaleza reglada o discrecional y, susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades, o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa."

IV. No obstante, esa jurisprudencia no resuelve la cuestión jurídica sujeta a debate, esto es, la procedencia o no del recurso de revisión interpuesto ante las autoridades responsables, sino que: "... bastaba con visualizar los supuestos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco para determinar si fue correcta o no la resolución reclamada emitida el siete de diciembre de dos mil dieciséis."

V. De ahí que, el propio Tribunal Colegiado estableció que la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco, en sus artículos 1o., 3o., 5o., 8o., 9o., 10, 133 y 134, proporciona la normativa necesaria para determinar la procedencia del recurso de revisión de trato, a cuyo efecto hizo algunos comentarios al respecto.

VI. Sobre esa base, resolvió que en la especie sí resultaba procedente el recurso de revisión en sede ordinaria, porque:

"... sin prejuzgar que le asista la razón a quien interpuso el recurso de revisión en sede original, y sólo para efecto de su procedencia, se tiene que, al tenor de lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, para el tema que interesa, en la misma se establecen las bases de los actos administrativos emanados del Poder Ejecutivo –gobernador constitucional que dictó una de las resoluciones recurridas de origen–, así como de sus dependencias –secretario general de Gobierno, secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco y director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, quienes emitieron el resto de las recurridas de origen–.

"Que las autoridades administrativas, que dictaron y ordenaron los actos administrativos recurridos en la revisión de origen, como la declaración unilateral de la voluntad de aquéllas, en ejercicio de su potestad pública, que, a decir de la recurrente original, luego quejosa y ahora revisionista, le creó, declaró, modificó o extinguió, derechos u obligaciones, según los agravios vertidos en aquel recurso de revisión, derivado de actos administrativos regulativos en cuanto a la permisibilidad al administrado de determinado ejercicio de alguna actividad regulada por el reglamento y disposiciones recurridas originalmente –al punto la recurrente en sede administrativa original ha manifestado ser concesionaria de tres contratos para explotar una ruta de transporte público–.

"Que, entre los actos administrativos de carácter general previstos en la norma que rige el caso, está contemplado el reglamento recurrido y cualesquier otro de similar naturaleza, como son el Acuerdo mediante el cual se expide el programa general de transporte del Estado de Jalisco, Declaratoria de necesidad del sistema integrado de transporte público del AMG, Resolución para el establecimiento de cinco rutas troncales del ‘Sistema Integrado de Transporte Publico en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco’ y, como consecuencia, la convocatoria y bases para la ruta troncal ********** del Sistema Integrado de Transporte Publico en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, que también recurrió en revisión.

"Que los actos emanados de las autoridades administrativas, de donde derivó el juicio de amparo indirecto y el presente recurso, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, que los interesados estimen violatorios de la ley en cita."

VII. Bajo esa tónica, estimó ilegal la decisión del juzgador de amparo, porque las autoridades responsables soslayaron el análisis de la fracción II del artículo 134 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco,(6) para la procedencia del recurso de revisión y, por tanto, concluyó:

"... no se sostiene la determinación del resolutor federal, al establecer correcta la decisión de las responsables en términos de lo previsto en el inciso a), fracción I del artículo 140-Bis de la norma en cita, en la que se contempla que el recurso de revisión podrá desecharse por improcedente contra actos que no sean materia del recurso de revisión; supuesto que en el caso, como ya se explicó, no se actualizó."

VIII. En tales condiciones, el tribunal contendiente revocó la resolución recurrida, y ante la inexistencia de reenvío en el amparo, de conformidad con el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, reasumió jurisdicción y resolvió en los términos siguientes:

A. Luego de desestimar las diversas causas de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable, el Tribunal Colegiado de Circuito procedió al estudio de fondo, declarando fundados los conceptos de violación, relacionados con los tópicos ya resueltos, basados en los mismos argumentos vertidos que ya se habían declarado fundados; tal como se expone a continuación:

"Se califican como fundados los anteriores motivos de disenso bajo las mismas razones que ya se establecieron al analizar los agravios hechos valer, en cuanto a que sí procede el recurso de revisión en contra de los actos recurridos señalados por la impugnante.

"En efecto, como se dijo, en cuanto a la procedencia del recurso de revisión presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, los actos recurridos de origen conforman un sistema normativo indisociable, por tanto, en ese sentido, este órgano colegiado realiza su estudio.

"Se determina, que la interpretación relativa a la naturaleza del reglamento no era el motivo a dilucidar en el recurso de revisión instado ante las autoridades, por lo que, lo establecido en torno a considerarlo como formalmente administrativo pero materialmente legislativo, conforme la naturaleza de su emisión, no resultaba necesario en el caso, sino que, bastaba con visualizar los supuestos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco para determinar que, al tenor de lo previsto en los artículos 1, 3, 5, 8, 9, 10, 133 y 134 de la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco, sí procedía la revisión interpuesta.

"Se insiste, en los preceptos precomentados, se establecen las bases de los actos administrativos emanados del Poder Ejecutivo –gobernador que dictó la resolución recurrida de origen–, así como de sus dependencias –actos administrativos emanados del Poder Ejecutivo –gobernador constitucional que dictó una de las resoluciones recurridas de origen–, así como de sus dependencias –secretario general de Gobierno, secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco y director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, quienes emitieron el resto de las recurridas de origen–.

"Que las autoridades administrativas, que dictaron y ordenaron los actos administrativos recurridos en la revisión de origen, como la declaración unilateral de la voluntad de aquéllas, en ejercicio de su potestad pública, que, a decir de la recurrente original, luego quejosa y ahora revisionista, le creó, declaró, modificó o extinguió, derechos u obligaciones, según los agravios vertidos en aquel recurso de revisión, derivado de actos administrativos regulativos en cuanto a la permisibilidad al administrado de determinado ejercicio de alguna actividad regulada por el reglamento y disposiciones recurridas originalmente.

"Que, entre los actos administrativos de carácter general previstos en la norma que rige el caso, está el reglamento recurrido y cualesquier otro de similar naturaleza, como son los como son (sic), el acuerdo mediante el cual se expide el programa general de transporte del Estado de Jalisco, declaratoria de necesidad del sistema integrado de transporte público del AMG, Resolución para el establecimiento de cinco rutas troncales del ‘Sistema Integrado de Transporte Publico en el área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco’ y, como consecuencia, la convocatoria y bases para la ruta troncal **********, que también recurrió en revisión.

"Que los actos emanados de las autoridades administrativas, de donde derivó el juicio de amparo indirecto y el presente recurso, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, que los interesados estimen violatorios de la ley en cita.

"Lo anterior trasciende porque las responsables, al desechar el recurso y establecer que los actos recurridos no encuadraban en los supuestos contemplados en el artículo 134 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, sólo consideraron tres de las hipótesis jurídicas, pero soslayaron la existencia de la prevista en la fracción II del precepto que contempla la procedencia, ‘contra los actos de las autoridades administrativas que los interesados estimen violatorios de esta ley’, lo que basta para considerar indebidamente fundada y motivada la decisión de desechamiento.

"Ante las incorrectas consideraciones en que se basaron las autoridades responsables al desechar el recurso de revisión en la resolución reclamada, cuya procedencia está legalmente contemplada en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, tal como se expuso, lo que procede es conceder el amparo solicitado para los efectos que más adelante se precisarán."

B. En virtud de ello, otorgó el amparo para los efectos siguientes:

"1. Las autoridades responsables, deberán dejar sin efectos la resolución reclamada, emitida el siete de diciembre de dos mil dieciséis.

"2. En su lugar, emitir otra resolución, en la que deberán prescindir de las razones que aquí se estimaron ilegales.

"3. Conforme los lineamientos aquí establecidos, proveer respecto al recurso de revisión interpuesto por la recurrente el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, incluso respecto de la competencia de quien le corresponda resolver."

15. Segunda postura: Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 171/2017.

Sinopsis del criterio: Es improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 134 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en contra del Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, por no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en esa norma; en virtud de que: "... si bien formalmente son actos administrativos, en su aspecto material constituyen verdaderos actos legislativos por cuanto que son de naturaleza impersonal, general y abstracta en contra de los cuales procede el juicio de amparo indirecto."

16. Antecedentes y consideraciones jurídicas:

• El apoderado de **********, interpuso recurso de revisión ante el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en contra de las autoridades y actos siguientes:

"III. Autoridades que dictaron el acto impugnado. Tienen ese carácter las siguientes: a. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, respecto del acto administrativo 1. b. Secretario general de Gobierno, respecto del acto administrativo 1. c. Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, respecto de todos los actos administrativos. d. Director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, respecto de los actos administrativos 2, 3, 4 y 5.—IV. Mención precisa del acto de la autoridad que motiva la interposición del recurso de revisión.—1. Reglamento para regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco.—2. Acuerdo mediante el cual se expide el programa general de transporte del Estado de Jalisco.—3. Declaratoria de necesidad del sistema integrado de transporte público del AMG.—4. Resolución para el establecimiento de cinco rutas troncales del ‘Sistema Integrado de Transporte Publico en el área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco’.—5. Como consecuencia de los anteriores actos, la convocatoria y bases para la ruta Troncal López Mateos (T05)- alimentadores A01, A02, y A04 y complementaria C01 del Sistema Integrado de Transporte Publico en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco."

• El recurrente en sede administrativa solicitó la nulidad de los actos combatidos, en tanto que trastocaban en su perjuicio diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, así como de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; lo anterior, porque no se advertía que previo a la emisión de tales actos generales, se haya solicitado la autorización del Congreso del Estado de Jalisco.

• Con motivo de ese recurso, se formó el expediente **********, en el que, por acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciséis, el titular del Ejecutivo del Estado desechó el medio ordinario de defensa por notoriamente improcedente.

• En contra de esa determinación, la parte perdidosa promovió juicio de amparo indirecto que correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco (actual denominación), bajo el número de expediente 2/2017.

• Seguidos los trámites correspondientes, mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, el a quo federal negó el amparo, en esencia, porque los actos impugnados no eran susceptibles de anulación mediante el recurso de revisión, por no tener las características de un acto administrativo concreto "sino que estrictamente representan actuaciones de un procedimiento materialmente legislativo", al regular el nuevo sistema de prestación del servicio público de transporte y diversas cuestiones relativas a ello, (cuestiones que mencionó prolijamente): actos que, afirmó, se encontraban dirigidos a los sujetos que otorgaban concesiones y contratos de subr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29378-7ad253e5/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-134 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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