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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DECLARAR IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN OTRA CONTROVERSIA, ES REQUISITO NECESARIO QUE SE HAYA IMPUGNADO EN AMBAS LA MISMA NORMA GENERAL. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 6, PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 15 QUÁTER DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). VII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA DETERMINAR, ATENDIENDO A LA REALIDAD SOCIAL QUE IMPERA EN LA ENTIDAD, LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS CON LOS QUE SE CUBRIRÁN AQUÉLLAS A LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA REDUCCIÓN DENTRO DE LOS MÁRGENES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE PERMITIDOS DE LA CUANTÍA QUE RECIBIRÁN LOS MUNICIPIOS POR AQUEL CONCEPTO, Y OTROS, NO IMPLICA UNA INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA HACENDARIA (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). IX. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. NO CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL QUE TENGA POR OBJETO SALVAGUARDAR LAS ESFERAS COMPETENCIALES DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). X. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA REDUCCIÓN DEL DOS POR CIENTO DE LAS CANTIDADES QUE RECIBIRÁN PARA UN AÑO LOS MUNICIPIOS, RESPETANDO EL VEINTE POR CIENTO MÍNIMO GARANTIZADO POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, NO SUPONE UNA RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN PERJUICIO DE ÉSTOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). XI. PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA QUE SE TRANSGREDA EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES, DEBE EXISTIR UN ACUERDO DE QUE ÉSTOS SE ENTREGARÁN Y UNA ENTREGA EXTEMPORÁNEA QUE, EN SU CASO, GENERA INTERESES (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2017. · Registro digital (IUS): 29407
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo II, Pág. 1692.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2017. MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS. 29 DE AGOSTO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS, los autos, para resolver la controversia constitucional 26/2017; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la controversia constitucional. Por escrito recibido el veinte de enero de dos mil diecisiete,(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosalía Alejandra Gutiérrez Anzurez, en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos y ejecutados por las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

• El Poder Legislativo del Estado de Morelos;

• El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Actos impugnados:

• Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se reforman las fracciones I, III, IV, V y VII, y párrafo final del artículo 6, y la adición del artículo 15 Quáter, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; que disminuye los porcentajes de las participaciones federales destinadas a los Municipios del Estado de Morelos, del 22% al 20%, y con el 2% de las participaciones disminuidas, crea el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los Ayuntamientos municipales de la entidad morelense, sin autorización del Ayuntamiento;

• La aplicación del Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se reforman las fracciones I, III, IV, V y VII, y párrafo final del artículo 6, y la adición del artículo 15 Quáter, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; que traerá como consecuencia la disminución de los porcentajes de las participaciones federales destinadas a los Municipios del Estado de Morelos, del 22% al 20%, y la retención del 2% de las participaciones disminuidas, para crear el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los Ayuntamientos Municipales de la entidad Morelense, sin autorización del Ayuntamiento.

2. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor son, en síntesis, los siguientes:

Primero:

a) Expresa que las normas impugnadas contravienen lo previsto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, al vulnerar los principios de autonomía y libre hacienda municipal;

b) Señala que las normas cuya invalidez se reclama no se encuentran en los supuestos de excepción que establece la Ley de Coordinación Fiscal, mediante los que se permite la retención o disposición de las participaciones federales que les corresponden a los Municipios;

c) Refiere que no existe en la legislación precepto alguno que faculte a las autoridades estatales a afectar libremente las participaciones de los Municipios, con el objeto de cubrir afectaciones que se generen por las retenciones que a su vez les practique a esos recursos la Tesorería de la Federación por violaciones a diversas disposiciones en materia de coordinación fiscal, independientemente de que éstas deriven del cobro de contribuciones realizado al Municipio actor;

d) Asimismo, expresa que no está legalmente previsto que el Poder Legislativo o el gobernador de Morelos, pueda ordenar y retener participaciones federales para la conformación de un fideicomiso que integre una bolsa tendiente a responder por acciones laborales que se susciten en contra de los Municipios como fue expuesto en los motivos de creación de la ley impugnada;

e) Manifiesta que no existe disposición alguna que autorice a la autoridad demandada a disponer del 2% de las participaciones federales destinadas a su Municipio, por lo que ello viola los principios de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos;

f) Expone que se debe garantizar a los Municipios la recepción puntual, efectiva e íntegra de los recursos denominados participaciones federales, ello, porque la facultad de programar y aprobar el presupuesto de egresos municipal, presupone que deben tener plena certeza de los recursos de que disponen.

Segundo:

a)Insiste en que el decreto impugnado vulnera los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria e integridad de los recursos económicos municipales al disminuir los porcentajes de las participaciones federales destinados a los Municipios del Estado de Morelos, sin la autorización de éstos.

b) En términos del artículo 120 constitucional, el gobernador del Estado de Morelos está obligado a cumplir las leyes federales y, en el caso, desatendió los artículos 1o., 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que prohíben la aplicación de retenciones o descuentos a las participaciones federales que les correspondan a los Municipios.

c) La reducción al porcentaje de participaciones federales a que tienen derecho los Municipios restringen su capacidad financiera lo que resulta regresivo y contrario al principio de progresividad.

Tercero:

a) Es responsabilidad del Poder Ejecutivo remitir mensualmente, junto a las participaciones federales, las respectivas constancias de liquidación, en las que le informe detalladamente el monto global de las participaciones federales recibidas, la forma en que se distribuyen entre todos los Municipios y pormenorizar la forma en que se integran las sumas que se envían.

b) Y la omisión de remitir esta información resulta violatoria del artículo 115, fracción IV, inciso b), constitucional, de ahí que se le deba ordenar al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos la entrega oportuna de esta información.

3. TERCERO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violado es el artículo 115, párrafo primero y fracciones II y IV.

4. CUARTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete,(2) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto bajo el expediente 26/2017 y, por conexidad con la diversa controversia constitucional 8/2017, designó como instructora a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

5. QUINTO.—Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete,(3) la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, y como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, a quienes ordenó emplazar para que formularan su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles; asimismo, le dio vista a la Procuraduría General de la República y ordenó formar cuaderno incidental respecto de la suspensión solicitada por el Municipio actor.

6. SEXTO.—Ampliación a la demanda. Por escrito recibido el tres de marzo de dos mil diecisiete,(4) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosalía Alejandra Gutiérrez Anzurez, en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, promovió ampliación de la demanda de controversia constitucional, en la que demandó la invalidez de los siguientes actos que atribuyó a las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

• El Poder Legislativo del Estado de Morelos;

• El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

• Comité Técnico como máximo órgano del fideicomiso.

Actos impugnados:

• Decreto 5470, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, el uno de febrero de dos mil diecisiete, por el que se crea el Reglamento del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, el cual establece las reglas con las que operarán los recursos que serán obtenidos de las reformas a las fracciones I, III, IV, V y VII, y párrafo final del artículo 6, y la adición del artículo 15 Quáter, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; el cual regula el Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, que disminuye los porcentajes de las participaciones federales destinados a los Municipios del Estado de Morelos, del 22% al 20%, y con el 2% de las participaciones disminuidas, crea el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los Ayuntamientos Municipales de la entidad Morelense, sin autorización del Ayuntamiento;

• La aplicación del Decreto 5470, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, el uno de febrero de dos mil diecisiete, por el que se crea el Reglamento del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, el cual establece las reglas con las que operarán los recursos que serán obtenidos de las reformas a las fracciones I, III, IV, V y VII, y párrafo final del artículo 6, y la adición del artículo 15 Quáter, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; el cual regula el Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, que disminuye los porcentajes de las participaciones federales destinados a los Municipios del Estado de Morelos, del 22% al 20%, y con el 2% de las participaciones disminuidas, crea el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los Ayuntamientos Municipales de la entidad Morelense, sin autorización del Ayuntamiento.

• Los recursos económicos y financieros que el Poder Ejecutivo del Estado asigne al fideicomiso, como parte de la disminución de las participaciones a las que el Municipio tenía derecho y que se restringieron con motivo del Decreto 1370.

7. A dicha ampliación de demanda le recayó el auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete,(5) en el que, entre otros aspectos, se determinó no reconocer el carácter de autoridad demandada al Comité Técnico del fideicomiso en comento.

8. SÉPTIMO.—Conceptos de invalidez en la ampliación de demanda. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor en su ampliación de demanda son, en síntesis, los siguientes:

a) El reglamento impugnado vulnera el artículo 115 constitucional al establecer que la aprobación del orden de pagos de los laudos y acciones estará a cargo de una persona ajena al Municipio.

b) El reglamento es inconstitucional al regular un decreto (1370) que invade la esfera de competencias del Municipio al disponer de sus participaciones federales sin su consentimiento atentando contra la libre administración municipal.

c) Es inconstitucional que el artículo 5 del reglamento establezca que el comité técnico será el máximo órgano del fideicomiso y que el mismo será designado por el gobernador.

d) Por su parte, el artículo 6 establece que dicho comité aprobará, autorizará, administrará y calificará el orden de pago de los laudos y acciones, lo que implica que sea el gobernador quien dé facultades a una persona para disponer de las participaciones federales del Municipio.

e) El Municipio de Yecapixtla no forma parte del Comité Técnico, por lo que además de retener indebidamente sus participaciones federales, un órgano ajeno al Municipio determinará el uso y aplicación de esos recursos.

f) Insiste y reitera la inconstitucionalidad del diverso decreto 1370 por vulnerar lo establecido el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal y desconocer los artículos 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

9. OCTAVO.—Admisión de la ampliación de la demanda. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete,(6) la Ministra instructora tuvo por admitida la ampliación de la demanda de esta controversia constitucional, y como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, por la emisión y publicación de los actos impugnados, no así al Comité Técnico del Fideicomiso, pues sus integrantes eran dependencias subordinadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que, en su caso, estos últimos como demandados dictarían las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que llegara a emitirse; ordenó emplazar a las demandadas para que formularan su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles; asimismo, le dio vista a la Procuraduría General de la República y ordenó remitir al cuaderno incidental la solicitud de suspensión solicitada.

10. NOVENO.—Contestación a la demanda del Poder Ejecutivo. El gobernador del Estado de Morelos, por conducto del encargado de despacho de la Consejería Jurídica y del director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, dio contestación a la demanda,(7) en la que señaló, en esencia, lo siguiente:

a) El Municipio actor no formuló conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios de los actos de promulgación y publicación al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos;

b) Es facultad del gobernador promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, a través del periódico oficial, "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Estado de Morelos; por lo que, los actos atribuibles al Poder Ejecutivo están ajustados a las disposiciones constitucionales y legales aplicables y, por ende, no se transgredió ningún precepto constitucional;

c) El Congreso Local tiene la facultad para determinar las bases, montos y plazos en que se distribuirán entre los diversos Municipios de las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; mismo aspecto que regula la Constitución Local del Estado Morelos;

d) El precepto impugnado no afecta la libre administración municipal dado que no se condiciona la disposición y aplicación de los recursos ni se impide que el Municipio actor los ejerza directamente;

e) El 20% que se dejó como porcentaje a recibir por los Municipios por concepto de participaciones federales, se encuentra dentro de los límites constitucionales y legales permitidos, puesto que la Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones federales nunca deberán ser inferiores al 20% de las cantidades que le correspondan al Estado;

f) En la parte considerativa del decreto impugnado se expresó que ante la problemática de los pasivos laborales, y la urgencia de sanear las finanzas públicas municipales, se decidió que era necesario constituir el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal;

g) El 2% de todos los conceptos de participaciones federales que se destinarán al fondo en cita son recursos adicionales, por lo que el mismo no será inconstitucional, en tanto que los recursos que lo integren se asignan a los Municipios con base en una fórmula establecida en la misma ley.

11. DÉCIMO.—Contestación de la demanda del Congreso del Estado. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, al dar contestación a la demanda,(8) señaló en esencia lo siguiente:

a) Precisa que los Municipios no tienen atribuida facultad legislativa en materia impositiva como vía para proveerse de los recursos necesarios para enfrentar las competencias y responsabilidades que le son inherentes;

b) Señala que la creación del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal no vulnera la autonomía municipal, puesto que la disposición y aplicación no se condiciona, en tanto que los recursos del mismo son adicionales;

c) Expone que las administraciones públicas municipales se encuentran en una grave situación financiera, en virtud de los pasivos laborales y, por ende, de las múltiples resoluciones jurisdiccionales que se encuentran en etapa de ejecución;

d) Refiere que tanto la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de que el incumplimiento a las sentencias se sancionen con la destitución del infractor o autoridad responsable;

e) Plantea que la creación del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal cumple con los elementos que esta Suprema Corte ha precisado para determinar la constitucionalidad de fondos de naturaleza análoga;

f) Manifiesta que, por tanto, la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, no violenta lo señalado por el artículo 115 de la Constitución Federal.

12. DÉCIMO PRIMERO.—Contestación a la ampliación de demanda del Poder Ejecutivo. El gobernador del Estado de Morelos, por conducto del encargado de despacho de la Consejería Jurídica y del director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, dio contestación a la demanda,(9) en la que señaló, en esencia, lo siguiente:

a) El artículo séptimo transitorio del Decreto 1370 autorizó al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a celebrar los actos jurídicos necesarios para la constitución del Fideicomiso del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, además, la facultad reglamentaria del referido Poder Ejecutivo se encuentra prevista en los artículos 70, fracciones XVII y XVIII, de la Constitución del Estado y 10, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

b) El mínimo de las participaciones federales que las entidades federativas deben repartir a sus Municipios es el veinte por ciento; por lo que todo ingreso superior a este porcentaje se trata de un ingreso extraordinario.

c) El Constituyente delegó a los Congresos Estatales la potestad de determinar las bases, montos y plazos en los que se deben distribuir entre los Municipios las participaciones federales.

d) Que contrario a lo argumentado por el Municipio actor, en términos del artículo 2, fracción XI, del reglamento impugnado es facultad de los Municipios realizar la propuesta de aplicación de los recursos respectivos y, en términos del artículo 22, los Municipios efectuarán directamente el pago de los laudos, por lo que serán responsables de su aplicación efectiva y de las obligaciones que deriven de esto.

e) En todo momento se respeta el mínimo legal del veinte por ciento de las participaciones federales a que tienen derecho los Municipios.

f) El Municipio actor no formuló conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios de los actos de promulgación y publicación al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

g) De la exposición de motivos del decreto impugnado se advierte que lejos de generar un perjuicio al Municipio, está encaminado a lograr un beneficio directo creando un mecanismo que le permita allegarse de recursos extraordinarios para fines determinados y de su interés.

h) El reglamento impugnado se ajusta a la Constitución y a las leyes que reglamenta, al respetar los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.

i) La inconstitucionalidad del reglamento se reclama sobre la base de que el diverso decreto 1370 es inconstitucional, sin que esto esté acreditado.

j) La creación de un fideicomiso responde a la necesidad de vigilar la correcta aplicación de los fondos federales y estatales para los fines previstos en el decreto 1370.

k) Los recursos del fideicomiso en ningún momento han afectado la esfera patrimonial del Municipio, pues el artículo 4o. del reglamento impugnado establece que la integración del fondo se constituirá con las participaciones federales y, en su caso, por las aportaciones estatales u otras que permitan la suficiencia y disponibilidad presupuestaria.

l) Los actos reclamados no vulneran la autonomía hacendaria ni la libre administración de la hacienda municipal, pues respetan el marco constitucional, no se dispone de recursos municipales, se salvaguarda el derecho superior de los trabajadores a los que se les adeuda el pago de sus prestaciones y se protege la debida integración de los Ayuntamientos.

13. DÉCIMO SEGUNDO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

14. DÉCIMO TERCERO.—Cierre de instrucción. Agotado el procedimiento, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete,(10) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

15. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Yecapixtla, del Estado de Morelos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa misma entidad federativa, en la que se combaten normas de carácter general.

16. SEGUNDO.—Fijación de la litis. En este apartado se delimitarán los preceptos y/o actos que serán motivo de análisis en la presente controversia constitucional.

17. El Municipio actor en su escrito inicial de demanda impugna el Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis; sin embargo, del análisis de los conceptos de invalidez se desprende que la cuestión efectivamente planteada está relacionada con la inconstitucionalidad de las fracciones I, III, IV, V y VII, así como el último párrafo, del artículo 6; y del diverso 15 Quáter ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos.

18. Por tanto, en la presente controversia constitucional debe tenerse como norma impugnada el artículo 6, fracciones I, III, IV, V y VII y último párrafo, de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos, así como el artículo 15 Quáter de la misma ley, los cuales fueron modificados y adicionados, respectivamente, a través del Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.

19. Por su parte, en su ampliación de demanda impugna el Decreto 5470 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el uno de febrero de dos mil diecisiete; sin embargo, del análisis de los conceptos de invalidez se desprende que la cuestión efectivamente planteada está relacionada con la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 6 del Reglamento del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal.

20. En este sentido, también deben tenerse como normas impugnadas los artículos 5 y 6 del Reglamento del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal.

21. De otra parte, en su escrito inicial y en su ampliación, el Municipio señala, respectivamente, como actos impugnados la aplicación o ejecución del Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis y del Decreto 5470 publicado en el referido medio de difusión oficial el uno de febrero de dos mil diecisiete, aduciendo –de manera generalizada– que la autoridad demandada retuvo y/o descontó participaciones federales que le corresponden.

22. También señala en su ampliación como acto impugnado los recursos económicos y financieros que el Poder Ejecutivo del Estado asigne al fideicomiso del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal.

23. Sin embargo, estos señalamientos de los actos reclamados como destacados relativos a la indebida aplicación o ejecución de los decretos impugnados y de los recursos económicos que se destinen al fideicomiso del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal son genéricos e imprecisos, ya que el Municipio actor no especifica cómo acontecieron esos actos de aplicación, ni en qué momento sucedieron o a través de que actos concretos se materializaron; es decir, no explica si esos actos se dieron con motivo de una retención aplicada a las aportaciones que ya le fueron entregadas o si acontecieron en el momento en que el Gobierno del Estado le hizo la entrega correspondiente; por tanto, al tratarse de manifestaciones genéricas, incluso hipotéticas, no se pueden tener como actos impugnados que den lugar a un pronunciamiento por parte de este Alto Tribunal.

24. Por esta misma razón, tampoco puede tenerse como acto destacado la omisión del Poder Ejecutivo demandado de remitir las constancias de liquidación de las participaciones federales, que el Municipio actor refiere en su tercer concepto de invalidez, al tampoco especificar desde qué momento se viene actualizando la omisión y a través de la emisión de qué actos particulares el Poder Ejecutivo demandado debió cumplir con esa obligación; de ahí que también se trate de manifestaciones genéricas que no pueden tenerse como un acto impugnado y, por ende, tampoco cabe pronunciamiento alguno respecto a lo alegado en el aludido concepto de invalidez.

25. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 64/2009,(11) de rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS.—Si se tiene en cuenta que conforme al artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones VI y VII, en el escrito de demanda deberá señalarse la norma general o acto cuya invalidez se pretende así como, en su caso, el medio oficial en que se publicó y los conceptos de invalidez, es indudable que ante una manifestación imprecisa o genérica en el sentido de que se impugnan ‘todos los demás actos o normas relacionados con la litis de la controversia’, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos o normas generales que no se impugnaron específicamente. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P./J. 135/2005, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.’, en la que este Tribunal en Pleno sostuvo que para estar en posibilidad de estudiar los actos o normas impugnados en una controversia constitucional, es necesario que el actor exprese, por lo menos, el agravio que estime le causan los motivos que originaron éste, es decir, que se contenga la expresión clara de la causa de pedir."

26. TERCERO.—Oportunidad de la demanda y su ampliación. El artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(12) prevé que cuando en una controversia constitucional se impugnen normas generales, la demanda puede promoverse en dos momentos, a saber: a) dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y, b) dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

27. Tanto por lo que hace a la demanda como a su ampliación, se está en presencia del primer supuesto, dado que el Municipio actor impugna los Decretos 1370 y 5470 publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos.

28. Así, por lo que hace al Decreto 1370, impugnado en el escrito inicial de demanda, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis; por lo que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del lunes dos de enero al lunes trece de febrero de dos mil diecisiete;(13) luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinte de enero de dos mil diecisiete,(14) es evidente que su presentación fue oportuna.

29. Y, por lo que hace al Decreto 5470, impugnado en la ampliación de demanda, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el uno de febrero de dos mil diecisiete; por lo que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del jueves dos de febrero al jueves dieciséis de marzo del mismo año;(15) luego, si la ampliación de la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el tres de marzo de dos mil diecisiete,(16) es evidente que la presentación de la demanda fue oportuna.

30. CUARTO.—Legitimación activa y pasiva. Por constituir un presupuesto procesal, se procede analizar la legitimación de las partes en la presente controversia constitucional.

31. Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal,(17) los Municipios tienen legitimación para promover este medio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29407-7844abeb/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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