DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN EN JUICIOS DE NATURALEZA MERCANTIL. NO SON SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN AL DICTAR SENTENCIA DEFINITIVA, EN CASO DE QUE SEAN DESECHADOS Y POR FALTA DE IMPUGNACIÓN, ADQUIERA FIRMEZA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 466/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE FEBRERO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distinto Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
Es aplicable, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(2)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 321/2019, del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:
– Juicio ejecutivo mercantil **********. **********, por conducto de sus apoderados legales, demandó en la vía ejecutiva mercantil a **********, con motivo de la celebración de un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. Concretamente, se demandó el pago de la cantidad correspondiente al saldo total de capital insoluto más el saldo total de amortización de capital, así como las cantidades correspondientes a los intereses ordinarios y moratorios, primas de seguros y gastos de cobranza.
En el apartado relativo a las pruebas, la actora ofreció la documental que dijo consistía en el estado de cuenta certificado, calculado al día veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, realizado por el contador público **********.
Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, admitió la demanda de amparo, proveyendo lo siguiente en relación con las pruebas ofrecidas:
"...
"Téngase por anunciadas las pruebas que indica la parte actora, reservándose proveer su admisión hasta el momento procesal oportuno. ..."
– Desechamiento de la documental. Admitida la demanda y emplazada a juicio la demandada mediante edictos, en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el juzgador de origen tuvo por perdido el derecho de la enjuiciada de dar contestación a la demanda, y en diverso acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve abrió el periodo probatorio por el término de quince días, acorde con el artículo 1401 del Código de Comercio.
En dicho acuerdo se acordó lo siguiente respecto de las pruebas ofrecidas por la actora:
"...
"Tercera: Prueba documental privada, consistente en el estado de cuenta certificado, calculado al día veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, realizado por el contador público facultado por nuestro representado **********, derivado del contrato de apertura de crédito base de la acción, mismo que contiene los saldos adeudados por la ahora parte demandada, el desglose de los movimientos que dan como resultado los saldos reclamados, así como las fechas de las amortizaciones mensuales que no han sido cubiertas por la demandada. Se desecha en razón de que la parte actora no exhibió el documento que indica, ello en razón de que el estado de cuenta que exhibió fue realizado por **********. ..." (énfasis añadido)
Posteriormente, en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito decretó el cierre del periodo probatorio de conformidad con el artículo 1078 del Código de Comercio, procediendo a abrir el periodo de alegatos.
– Resolución en el juicio ejecutivo mercantil **********. El quince de marzo de dos mil diecinueve, el Juez federal resolvió el juicio ejecutivo mercantil en el sentido de declarar improcedente la vía ejecutiva mercantil, al razonar que la parte actora únicamente exhibió el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria de veintidós de marzo de dos mil seis, que celebró con la parte demandada, el cual por sí solo no surtía efectos como título ejecutivo y, por ende, no traía aparejada ejecución, de conformidad con lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Al respecto, consideró que si bien la parte actora había exhibido un estado de cuenta certificado por el contador público **********, dicho estado de cuenta no había sido ofrecido como prueba por la actora en el juicio, sino uno realizado por diverso contador público.
Por otro lado, el Juez de Distrito estimó que procedía condenar al pago de gastos y costas a la parte actora.
– Conceptos de violación. Inconforme con la sentencia, la parte actora promovió juicio de amparo directo, haciendo valer los siguientes motivos de agravio:
Primero.
La quejosa afirmó que la resolución definitiva de quince de marzo de dos mil diecinueve carecía de un análisis exhaustivo e integral de las constancias agregadas al sumario, en razón de que su determinación se sustentó en el hecho de que únicamente se había ofrecido el contrato de crédito basal del veintidós de marzo de dos mil seis como medio de prueba, sin haber considerado el estado de cuenta certificado que fue ofrecido.
Al respecto, señaló que si bien era cierto que del escrito de demanda se podía apreciar que en el capítulo de pruebas se había indicado que el estado de cuenta lo emitiría el contador público **********, y éste lo había realizado el contador público **********; ello no resultaba suficiente para desechar el estado de cuenta ofrecido, pues de las propias constancias se podía deducir que se trataba de un error en la demanda al momento de agregar el nombre del contador en el capítulo de prueba.
Así, refirió que existían otros elementos de convicción que inevitablemente llevaban a deducir que se trataba del mismo estado de cuenta, tales como el nombre de la acreditada, la escritura pública a que se hacía referencia en el contrato de crédito y la fecha de suscripción, el número de crédito, así como la fecha de corte del estado de cuenta, los cuales fueron mencionados en el cuerpo de la demanda interpuesta.
La inconforme adujo que, de haberse valorado tal circunstancia en su integridad por el juzgador, le hubiera permitido llegar al conocimiento de que el estado de cuenta exhibido sí correspondía al que fue ofrecido.
De modo que, al no haber procedido así, alegó, se le dejó en completo estado de indefensión, si se considera que el estado de cuenta, junto con el contrato de crédito, constituyen documentos ejecutivos que traen aparejada ejecución, y que con la determinación se provocó que la acción ejecutiva fuera improcedente, con notorios perjuicios patrimoniales a mi poderdante, al no poder hacer efectivo el cobro del crédito a la parte demandada, lo que vulneró su derecho de seguridad jurídica y legalidad, que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el mismo sentido, se adujo que se transgredió el contenido de los artículos 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y 1391 del Código de Comercio, que establecen que el contrato y el estado de cuenta certificado por contador público hacen las veces de título ejecutivo que trae aparejada ejecución; por lo que el juzgador desechó indebidamente el estado de cuenta certificado, por considerar que el exhibido no correspondía al ofrecido en el apartado tercero del capítulo de prueba del escrito de demanda.
Con lo anterior, se afirmó que el juzgador incumplió con su función como perito de estudiar e interpretar de manera integral la demanda en armonía con las pruebas y anexos en que se sustentó.
Segundo.
En otro orden de ideas, se afirmó que fue erróneo el actuar del juzgador al determinar que el estado de cuenta no fue ofrecido como prueba, pues si bien era cierto que la responsable desechó el estado de cuenta certificado por el contador facultado, no resultaba menos cierto que ello violentaba los artículos 1277, 1278, 1279 y 1294 del Código de Comercio, en tanto no se había considerado el estado de cuenta como una actuación judicial a que se refiere el artículo 1294 del Código de Comercio, en el sentido de que las pruebas no pertenecen a las partes, sino al proceso mismo.
Abundando en lo anterior, la quejosa refirió que, en términos de lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y 1391, fracción IX, del Código de Comercio, el contrato base de la acción y el estado de cuenta constituían un título ejecutivo que por su naturaleza trae aparejada ejecución. A este respecto, enfatizó que dichos documentos constituían los documentos fundatorios de la acción, los cuales por su propia naturaleza no necesitan ser ofrecidos como prueba, ya que su finalidad no es acreditar algún hecho, sino un derecho de crédito que no ha sido pagado; siendo que la circunstancia de que los documentos considerados como fundatorios de la acción no fueren ofrecidos como medios de prueba, no restringía que pudieran ser tomados en cuenta en el momento procesal oportuno. En esa virtud, a juicio de la inconforme, bastaba con que los documentos se ofrecieran sin necesidad de ser ofrecidos como medios probatorios para que pudieren ser tomados en cuenta.
Así, en relación con el caso en concreto, adujó que si el documento base de la acción había sido exhibido en el escrito inicial de demanda, no requería ya ser ofrecido como prueba con las formalidades exigidas por el artículo 1198 del Código de Comercio, para que pudieren ser tomados en consideración por el juzgador.
En otro aspecto, se alegó que la autoridad responsable se excedió en sus facultades, violentado con ello el principio de estricto derecho que debe prevalecer en materia mercantil, pues, a juicio de la inconforme, le correspondía a la parte demandada acusar que el contrato de crédito no traía aparejada ejecución, y que el estado de cuenta no había sido ofrecido como medio de prueba.
Por último, la quejosa impugnó la condena en gastos y costas.
– Sentencia en el juicio de amparo directo 321/2019. Del asunto tocó conocer, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el cual negó la protección constitucional solicitada a la luz de los razonamientos siguientes:
Inoperancia a causa de que no se preparó la violación procesal.
En relación con la impugnación del desechamiento de la prueba documental, consistente en el estado de cuenta realizado por el contador público **********, se estimó inoperante dicho concepto de violación, en atención a que la parte quejosa no había cumplido con el requisito de preparar el estudio de dicha violación procesal, en términos de lo que disponen los artículos 171 y 174 de la Ley de Amparo.
Al respecto, se señaló que si aquélla estimaba que era ilegal el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por el que desechó la prueba documental, le correspondía controvertir su validez mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334, primer párrafo, del Código de Comercio. Al respecto, se razonó que dicho recurso era procedente en atención al monto por concepto de la suerte principal, así como a partir de la naturaleza de la determinación impugnada.
En apoyo a la consideración anterior, citó las jurisprudencias 1a./J. 59/2010 y 1a./J. 70/2013 (10a.), de rubros: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS." y "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012).", respectivamente.
En atención a la inoperancia, estimó que los criterios citados por la quejosa para demostrar la ilegalidad del desechamiento de la prueba documental, no eran atendibles, ya que ello sólo podría analizarse si el estudio de la violación procesal se hubiese preparado mediante su impugnación oportuna a través del medio ordinario de defensa correspondiente, lo que no había acontecido.
Calificación de infundado en relación a la omisión de valorar la prueba documental.
Por lo que se refiere al concepto de violación en que la quejosa impugnó la falta de valoración de la documental privada, consistente en el estado de cuenta realizado por el contador público **********, en virtud de que éste constaba en autos, el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó que éste devenía en infundado.
En primer lugar, el órgano colegiado estimó necesario referirse al contenido del principio dispositivo, respecto del cual subrayó que por virtud de dicho principio procesal, la tarea de iniciación e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no del juzgador, razón por la que en éste no puede sustituirse al actor y tomar la iniciativa de recabar las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad en la resolución de la controversia, pues es en aquéllos en quienes recae la obligación de probar sus pretensiones o defensas. En relación con esta consideración, citó la tesis 1a. CCVII/2013 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DISPOSITIVO. SU ALCANCE FRENTE AL JUZGADOR COMO DIRECTOR DEL PROCESO."
A renglón seguido, estableció que de conformidad con el artículo 1194 del Código de Comercio, el que afirma está obligado a probar y, en consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. Carga probatoria que recae en las partes y no en el juzgador, y deja al arbitrio de los litigantes valorar la necesidad de ofrecer pruebas y determinar las que estimen conducentes a sus intereses, lo cual redunda en su propio beneficio, pues al formar parte de la contienda, se presume que nadie sabe mejor que los litigantes cuándo ofrecer pruebas y abstenerse de hacerlo y, en su caso, cuáles son idóneas para demostrar sus pretensiones o defensas.
Esto es, que atendiendo al principio dispositivo en materia probatoria, el juzgador no puede ir más allá de lo pedido por las partes, en la que si bien no puede impedirles acceder a los tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella, se deben respetar ciertas formalidades para decidir sobre la pretensión o la defensa que se plantea.
Atendiendo al principio referido, así como a los principios de igualdad y de equilibrio procesal el Tribunal Colegiado estimó que la autoridad responsable no podía examinar pruebas que habían sido expresamente desechadas aun cuando obraran en autos, porque ello resulta contrario al principio de igualdad procesal, siendo por tanto ilegal otorgar valor probatorio a un documento por el sólo hecho de estar agregado físicamente a los autos del juicio natural y el cual fue desechado en un proveído que no ha sido revocado y, por tanto, adquirió firmeza por consentimiento tácito de la oferente ante la falta de impugnación.
Abundó en que, según la técnica jurídica, las pruebas que son desechadas, si bien pueden obrar físicamente en los autos, jurídicamente son actuaciones o constancias inexistentes en virtud de la declaración expresa del propio órgano jurisdiccional de su desechamiento, por lo que, el hecho de que las pruebas documentales obren en autos no implica que deban ser consideradas parte del juicio, precisamente porque fueron expresamente desechadas en una determinación judicial firme en virtud del principio de preclusión procesal.
De modo que, de ponderar en la sentencia pruebas expresamente desechadas, el resolutor revocaría su propia determinación, lo que sólo es susceptible de lograrse mediante la interposición de los recursos ordinarios establecidos en el Código de Comercio.
Aplicando lo anterior, los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito concluyeron para el caso concreto que si la documental consistente en el estado de cuenta certificado por el contador público había sido desechada en un auto que no fue recurrido, tal circunstancia determinaba la preclusión insubsanable cuya consecuencia jurídica debía ser que tal decisión constituyere cosa juzgada entre las partes y dentro del proceso; de modo que, aunque materialmente la documental corriese glosada al expediente, lo cierto es que ésta no formaba parte del acervo probatorio, ni estaba sometida a la apreciación del Juez responsable al momento de dictar sentencia.
Lo anterior, a juicio del órgano colegiado, se robustece con la jurisprudencia VII.2o.C. J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES, VALORACIÓN DE LAS. IMPLICAN QUE JURÍDICAMENTE Y NO DE FACTO EXISTAN EN EL PROCESO (CÓDIGO DE COMERCIO)."; así como con la tesis XXIV.1o.3 C del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que se comparte, de rubro: "PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. NO PUEDEN SER EXAMINADAS POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LAS QUE NO HAYAN SIDO ADMITIDAS EXPRESAMENTE."
Se estimó que no era óbice de lo anterior, el que la quejosa refiriera que el estado de cuenta que se le desechó constituía el documento base de la acción y que para valorarlo bastare su exhibición en los anexos a la demanda mercantil sin necesidad de ser ofrecidos formalmente; ello, como se aprecia del criterio VII.1o.C.40 C (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. TRATÁNDOSE DE LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN, BASTA CON QUE SE EXHIBAN ANEXOS A LA DEMANDA PARA QUE SEAN TOMADOS EN CUENTA AL RESOLVER, SIN NECESIDAD DE QUE SE OFREZCAN FORMALMENTE (ALCANCE E INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1061, FRACCIONES III Y IV, Y 1198 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)."
A juicio del tribunal del conocimiento el supuesto anterior no se actualizaba, en virtud de que los medios de prueba que constituían los documentos base de la acción habían sido desechados expresamente, por lo que evidentemente no podían ser apreciados por el juzgador. En ese sentido, se asentó que si se valoraran pruebas previamente desechadas, sería tanto como tener por admitidas aquellas pruebas que no existen jurídicamente en el proceso; de ahí lo infundado de los motivos de disenso.
En este sentido, se estimó que lo afirmado resultaba contrario a lo expuesto por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 346/2016, que dio origen a la tesis aislada I.14o.C.15 C (10a.), de título y subtítulo: "DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN. NO REQUIEREN AUTO EXPRESO DE ADMISIÓN PARA SER VALORADOS EN SENTENCIA DEFINITIVA."
Al respecto, se argumentó que del texto de la tesis transcrita se desprendía que aquel Tribunal Colegiado sustentaba que los documentos fundatorios de la acción no requieren de admisión expresa para ser valorados por el juzgador de instancia al dictar la sentencia definitiva y que incluso resulta irrelevante para su valoración el que por un error judicial se desechen previamente. Criterio que se estimó contrario a lo sustentado en párrafos anteriores, en que se argumentó que no es posible valorar pruebas que fueron expresamente desechadas en un proveído que no ha sido revocado y que, por tanto, adquirió firmeza por consentimiento tácito ante la falta de impugnación.
En las relatadas condiciones, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal y denunció la contradicción de tesis materia de la presente resolución.
II. Criterio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual sostiene la postura contenida en la tesis aislada I.14o.C.15 C (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN. NO REQUIEREN AUTO EXPRESO DE ADMISIÓN PARA SER VALORADOS EN SENTENCIA DEFINITIVA. Diversos tratadistas, tratándose de las pruebas en general, distinguen entre aquellas que son exhibidas por las partes en sus escritos de demanda y contestación, que dada su naturaleza no requieren, necesariamente, de una admisión expresa por parte del Juez, para que puedan ser valoradas, pues se trata de los medios en que las partes apoyan sus pretensiones y el requisito esencial es que, por regla general, se exhiban con dichos escritos fijatorios de la litis. Esta concepción en materia probatoria se encuentra reflejada en los artículos 1061, 1205 y 1378 del Código de Comercio, de cuyo contenido se aprecia que el legislador distinguió claramente lo que son las pruebas o documentos base de la acción, o de la excepción, de aquellas que por cualquier otra circunstancia vengan al juicio; pues respecto de los primeros, por regla general, se exige que se acompañen a la demanda o contestación, porque con ellos se corre traslado al demandado (a través del emplazamiento) y al actor (al darle vista con el escrito de contestación), en tanto que los segundos se refieren a aquellos medios de convicción que legalmente sean permitidos y que resultan necesarios e idóneos para demostrar los hechos afirmados en los referidos ocursos fijatorios. Así, queda claro que las documentales base de la acción o de la excepción y que se anexan a los escritos respectivos, no requieren de admisión expresa del juzgador, pues basta que se anexen para que se tengan por exhibidos y se corra traslado con ellos a la contraria, para que se impongan de su contenido y, en su caso, puedan ofrecer diverso medio de prueba para desvirtuarlos o destruirlos; en cambio, para el caso de los diversos medios de prueba que se ofrecen para demostrar los demás hechos materia del debate, sí requieren ser objeto del trámite respectivo que incluye anunciación, admisión, preparación y desahogo pues, generalmente, se trata de aquellos encaminados a probar hechos que originaron la acción ejercitada, o a destruir las excepciones opuestas en el caso del actor o a acreditar excepciones dilatorias o perentorias que persigan hacer improcedente la acción para el caso del demandado. En tal sentido, los documentos fundatorios de la acción no requieren de admisión expresa para que sean valorados por el juzgador de instancia al dictar la sentencia definitiva e, incluso, resulta irrelevante que por un error judicial se hayan desechado." (Énfasis añadido)
La tesis aislada transcrita derivó de la resolución del juicio de amparo directo 346/2016 del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:
– Juicio ordinario mercantil **********, ********** demandó en la vía ordinaria mercantil la falta de pago con motivo de la celebración de un convenio de reconocimiento de crédito, reclamando de ********** las prestaciones siguientes:
"a) El pago de la suma de $ ********** moneda de curso legal en Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, al momento de efectuar el pago.
"b) El pago de los intereses moratorios que se han generado y los que se generen hasta que se cumpla con la obligación principal de pago. Los que se liquidarán en el momento procesal oportuno mediante el incidente correspondiente.
"c) Las costas legales en que está incurriendo e incurra mi representada por defender sus intereses y reclamar sus derechos en el presente conflicto de intereses jurídicamente calificado."
La actora fundó su acción en los hechos que estimó pertinentes, y exhibió, junto con el escrito de demanda, las documentales que se enuncian a continuación:
• La escritura pública número ********** pasada ante la fe del notario público número 102 del Distrito Federal, licenciado José María Morera González y la escritura pública número ********** pasada ante la fe del notario público número 742 del Distrito Federal, licenciado Francisco Javier Arce Gargollo.
• El Convenio de Reconocimiento de Crédito, suscrito el día diez de diciembre del año dos mil trece, entre la hoy demandada y mi representada.
• El addendum suscrito el día veintiocho de enero del año dos mil catorce, entre la hoy demandada y mi representada.
• La boleta de inscripción que contiene el folio mercantil número **********, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León.
• La copia certificada del folio mercantil electrónico número **********, emitida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León.
De la controversia conoció el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por acuerdo de tres de octubre de dos mil catorce admitió la demanda en la vía y forma propuestas. Si bien la Secretaría de Acuerdos del Juzgado hizo una relación de las documentales que se acompañaron, en dicho acuerdo no se proveyó nada respecto de su admisión.
– Desechamiento de pruebas. Durante el periodo probatorio la actora presentó escrito ofreciendo, entre otras, las documentales referidas en el apartado anterior como pruebas I, II, III, IV, y V.
Al escrito referido recayó el acuerdo de doce de junio de dos mil quince, en el que el Juez de Distrito desechó las pruebas a que se hizo referencia, a la luz de los razonamientos siguientes:
"...
"Agréguense a sus autos los escritos signados por **********, en su carácter de apoderado de la parte demandada **********, y **********, en su carácter de autorizado, en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, de la parte actora **********, presentación que tienen acreditada en autos, mediante los cuales ofrecen pruebas de su parte, en atención a la certificación que antecede se les tiene a los promoventes ofreciendo pruebas de su parte, por ende, se provee respecto de las mismas:
"...
"En relación a las pruebas ofrecidas por **********, en su carácter de autorizado, en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, de la parte actora **********, consistentes en:
"En relación a las documentales que señala en los números I, II, III, IV y V, las mismas no se admiten, lo anterior, atendiendo a que como se advierte que en auto de quince de mayo de dos mil quince se tuvo por no contestada la demanda instaurada en contra de la parte oferente (sic) de dichas documentales, de lo que se tiene que no fueron anunciadas ni exhibidas en tiempo de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1061 del Código de Comercio, y al no (sic) el carácter de pruebas supervenientes, en términos de lo ordenado en tal precepto, no procede su admisión. ..." [Énfasis añadido]
En contra del proveído anterior, la parte oferente de las pruebas (actora) interpuso recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.
– Resolución en el juicio ordinario mercantil **********. Seguido el juicio por sus cauces legales, el trece de noviembre de dos mil quince, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México dictó sentencia en la que declaró procedente la vía intentada, estableciendo que la parte actora probó los extremos de su acción, y que por otro lado, la parte demandada se constituyó en rebeldía al no haber contestado la demanda oportunamente. Atento a lo anterior, se condenó a la demandada al pago de la cantidad resultante del remanente del convenio de reconocimiento de adeudo base de la acción, así como al pago de los intereses moratorios respecto de la cantidad adeudada; ello, sin hacer especial condena en costas.
Cabe resaltar que en la citada sentencia, el Juez de Distrito manifestó lo siguiente en relación con las pruebas desechadas mediante acuerdo de doce de junio de dos mil quince:
"Respecto a las documentales marcadas con los números I, II, III, IV y V se desecharon en proveído de doce de junio de este año (sic), no obstante lo anterior, tomando en consideración la naturaleza de los medios probatorios que se ofrecen, consistentes en pruebas documentales privadas, que se encuentran exhibidas en autos, el suscrito juzgador determina que dichas probanzas son necesarias para tomarse en consideración al momento de realizar el estudio de la acción intentada por la parte actora, al ser precisamente los documentos base de la acción, de conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, establece que:
"‘Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquiera persona, sea parte o tercero, y de cualquiera cosa o docume
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29434-793d8f42/documentos-fundatorios-de-la-accion-en-juicios-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN EN JUICIOS DE NATURALEZA MERCANTIL. NO SON SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN AL DICTAR SENTENCIA DEFINITIVA, EN CASO DE QUE SEAN DESECHADOS Y POR FALTA (1a./J. 18/2020 (10a.))
- DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN. NO REQUIEREN AUTO EXPRESO DE ADMISIÓN PARA SER VALORADOS EN SENTENCIA DEFINITIVA. (I.14o.C.15 C (10a.))
- JUICIO ORAL MERCANTIL. EL JUEZ DEBE VALORAR EN LA SENTENCIA LAS PRUEBAS DOCUMENTALES ADMITIDAS DURANTE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, SIN POSIBILIDAD DE REEXAMINAR SI SU OFRECIMIENTO SE (IV.1o.C.8 C (11a.))
- JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. TRATÁNDOSE DE LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN (PRUEBAS PRECONSTITUIDAS), ES SUFICIENTE QUE CONSTEN EN ÉL PARA QUE SEAN TOMADOS EN CUENTA (ALCANCE E INT (VII.1o.C.18 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis