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Modo: Corpus Pro

MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO CONSTITUYE UN REQUISITO EXIGIBLE PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS (ARTÍCULO 1175 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 422/2018. · Registro digital (IUS): 29441
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIR
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Pág. 2436.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 422/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distinto Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

Es aplicable, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien conoció del recurso de revisión 3/2018, del cual se advierten los antecedentes siguientes:

Solicitud de providencias precautorias. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil diecisiete, **********, en su carácter de apoderado de **********, promovió providencia precautoria de retención de bienes en contra de **********, como acreditada y de **********, en su calidad de obligado solidario. Ello, se solicitó en los términos siguientes:

"... En ese sentido a efecto de perfeccionar la retención de bienes que se promueve, se solicita se gire exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México a efecto de que por su conducto se haga llegar atento oficio a la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) con domicilio en Insurgentes Sur número mil novecientos setenta y uno, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a efecto de que por su conducto se haga efectiva la retención que aquí se pide, quien debe girar instrucciones a las instituciones de crédito y/o financieras, casas de bolsa, Bolsa Mexicana de Valores (BMV) e Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), que forman parte del sistema financiero mexicano que están bajo su control y vigilancia, indicándoles que deberán asegurar los montos depositados o bienes depositados ante ellas en las cuentas abiertas a nombre de ********** (en su carácter de ‘la parte acreditada’) a través de quien legalmente la represente y **********, hasta por la cantidad de **********, poniéndolas a disposición del juzgado que conozca de la presente providencia. Indicándoles a dichas instituciones que se permita el depósito de recursos en las cuentas, mas no así el retiro, apercibidas que en caso de no obedecer la orden de retención, serán responsables de los daños y perjuicios que con ello se ocasione. Además, solicito que se requiera a las referidas instituciones, que informen al Juez los números y ubicación de las cajas de seguridad que tengan las personas en contra de quienes se promueve la presente tercería, así como de la existencia de valores a que se refiere el artículo 2, fracción XXIV de la Ley de Mercado de Valores para que en un plazo de cinco días procedan a informar lo siguiente:

"1. Los números de cuenta o contrato en cuentas de cheques, inversiones y/o mesas de dinero que al efecto tuvieran aperturada la persona moral **********, a través de su representante legal con Registro Federal de Constribuyentes (RFC) ********** y **********, con número de Registro Federal de Constribuyentes **********.

"2. Que en caso de que tengan saldos en moneda nacional y/o dólares y/o en cualquier otra moneda que tenga a su favor la parte acreditada ********** y el obligado solidario **********, en cuentas de inversiones, remesa, y/o mesas de divisa, depósitos bancarios en administración de títulos y valores de divisas, bienes en cajas de seguridad, cartas de crédito que tenga a su favor, derechos fideicomisarios en donde obtenga beneficios en las distintas Instituciones de Crédito y Cajas de Bolsa que operen en los Estados Unidos Mexicanos, procedan a informar los saldos que tuvieren a favor, que no se verifiquen pagos y que los retengan, poniéndolos a disposición de este juzgado mediante billete de depósito, bajo el apercibimiento de pagar los daños y perjuicios en caso de incumplimiento, hasta por la cantidad reclamada que asciende al importe de **********, ya que de lo contrario, no se podrán perfeccionar los embargos en el momento procesal oportuno, impidiendo con ello, garantizar debidamente el crédito adeudado en total perjuicio de mi representada. Lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito ..."

Por auto de cuatro de julio de dos mil diecisiete, la Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado, a quien correspondió conocer del asunto, lo radicó con el número de expediente 186/2017 y desechó la providencia precautoria por notoria improcedencia.

Recurso de revocación. Inconforme con el desechamiento de la providencia precautoria mencionada, la parte actora interpuso recurso de revocación, mediante escrito presentado el once de julio de dos mil diecisiete; mismo que se resolvió el veintidós de agosto del mismo año, en el sentido de declararlo infundado.

Juicio de amparo indirecto. La determinación anterior fue combatida por **********, por conducto de su apoderado **********. Del juicio de garantías correspondió conocer al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, bajo el número expediente **********.

El Juez de Distrito negó la protección solicitada mediante sentencia terminada de engrosar el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito con el número de expediente 3/2018.

El citado órgano jurisdiccional dictó sentencia el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo a la quejosa, en atención a las consideraciones que a continuación se sintetizan:

1. El Juez de Distrito indebidamente consideró que la juzgadora responsable no varió la litis (primer motivo de agravio).

- En primer lugar, precisó que, como lo consideró el Juez de Distrito, se advertía que la Juez responsable no se había apartado de la litis al emitir la resolución reclamada (recurso de revocación), sino que dicha autoridad se limitó a resolver el asunto que se le presentó sin mejorar la fundamentación y motivación del acuerdo impugnado.

2. El Juez de Distrito indebidamente abordó el estudio sobre la facultad de la autoridad judicial de solicitar o no información de cuentas bancarias (segundo motivo de agravio).

- El Tribunal Colegiado expuso que era correcto que el juzgador federal se pronunciara sobre si la autoridad responsable tenía facultades para solicitar los datos de las cuentas bancarias sobre las que solicitó que se decretara la providencia; ello, toda vez que esta cuestión había sido planteada por la misma parte quejosa en los conceptos de violación de su demanda.

3. El Juez de Distrito determinó indebidamente que la responsable no tiene facultades para solicitar información bancaria (tercer motivo de agravio).

- En un tercer aparado, el órgano colegiado calificó de infundados los motivos de agravio en los que la recurrente cuestionó que el Juez de Distrito considerara que, en términos del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la solicitud de información bancaria sólo era viable hasta que se promoviera propiamente el juicio mercantil.

- El Tribunal Colegiado señaló que del precepto legal citado se advertía que la información bancaria es confidencial, por lo que las instituciones de crédito no pueden dar información o noticia de los depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a su representante legal o a quienes se les otorgue poder para disponer de la cuenta o intervenir en la operación o servicio, salvo que dicha información sea solicitada por una autoridad judicial en virtud de una providencia dictada en juicio, en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario tenga la calidad de parte o acusado.

- Al respecto, señaló que el Juez de Distrito se ajustó a derecho al estimar que la disposición legal en comento establece claramente que la autoridad judicial únicamente puede solicitar la información sobre cuentas bancarias mediante una providencia dictada dentro de juicio. De modo que si la recurrente había promovido una medida precautoria consistente en la retención de bienes del deudor, y toda vez que la solicitud se trataba de un acto prejudicial, no procedía que la juzgadora de origen solicitara la información, dado que no se actualizaba la hipótesis prevista en el numeral 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues para que ello procediera era necesario que aconteciera dentro de juicio.

- El órgano revisor estimó que no era obstáculo para sostener lo anterior, que la disposición normativa hiciera referencia al término "providencia", puesto que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española ese vocablo significa, en su quinta acepción relativa al campo del Derecho, que es "la resolución judicial que tiene por objeto la ordenación material del proceso". Por su parte, se aduce que Eduardo Pallares define el término de providencia como "sinónimo de resolución judicial, sobre todo si es de mero trámite.

- Así, el tribunal afirmó que si bien una providencia puede dictarse antes, durante o incluso ya concluido el juicio, lo cierto es que el numeral 142 de la Ley de Instituciones de Crédito refiere que únicamente procede requerir información bancaria mediante un requerimiento efectuado dentro del juicio, pero no antes de su inicio, como es el caso de la medida precautoria de retención de bienes prevista en el numeral 1168 del Código de Comercio.

Por otro lado, se calificaron de infundados los argumentos de la recurrente en el sentido de que no existe explicación lógica ni jurídica por la que se deba diferenciar entre la providencia dictada dentro de juicio o antes de iniciado.

- Contrario a ello, los Magistrados determinaron que sí resulta lógico que las medidas o providencias precautorias dictadas antes de un juicio tengan distinta regulación de las dictadas una vez iniciada la controversia, dado que las medidas o providencias cautelares, como lo es la de retención de bienes, constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias, dado que la privación que produce no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; además de que su objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución a fin de asegurar su eficacia.

- En apoyo a la consideración anterior, se citó la jurisprudencia P./J. 21/98, de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA."

- En estas circunstancias, el órgano colegiado de Circuito estimó que si la Ley de Instituciones de Crédito prevé que por regla general la información bancaria es confidencial, aunque establece como excepción que dicha información puede ser solicitada mediante una providencia dictada dentro de juicio, para ello era necesario que dichas medidas se adoptaran cuando se haya promovido un juicio, pero no mientras se tramiten medidas o providencias cautelares o precautorias.

- Sobre este punto, refirió que dicha diferencia, entre la procedencia de las medidas antes y durante el juicio, no resultaba injustificada, puesto que, refirió, existen diferencias entre las medidas o providencias precautorias dictadas antes de un juicio respecto de las emitidas una vez iniciada la controversia.

4. La responsable sí está facultada para estimar la probabilidad de una sentencia favorable (cuarto motivo de agravio).

- En otro aspecto de estudio, el Tribunal Colegiado señaló que como lo había sostenido el Juez federal, al proveerse sobre las medidas precautorias previstas en el Código de Comercio, en particular respecto de la retención de bienes, no resulta procedente atender a la posibilidad de una sentencia favorable, a fin de ordenar dicha medida cautelar.

- Ello, toda vez que el artículo 1168 del Código de Comercio no establece que el juzgador deba estimar la probabilidad de una sentencia favorable para conceder la medida cautelar relativa a la retención de bienes; y, sin que dicho requisito se pudiere derivar del solo hecho de que el documento base de la acción se trate de una prueba preconstituida, puesto que no hay disposición legal alguna en ese sentido en la Ley de Instituciones de Crédito.

- El Tribunal Colegiado afirmó que no era obstáculo para sostener lo anterior que en el juicio de amparo, a fin de otorgar la suspensión de los actos reclamados, se deben aplicar los principios de apariencia de buen derecho y peligro en la demora y, con base en ellos, realizar un ejercicio básico de las probabilidades de que el acto reclamado sea o no inconstitucional; pues, señaló el órgano colegiado, ese análisis se debe a que así lo disponen los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

5. No solicitó que se llevara a cabo una investigación sobre los bienes del deudor (quinto motivo de agravio).

- En el quinto apartado de estudio, el órgano de amparo revisor estimó que no le asistía razón a la parte quejosa al aducir que: i) la resolución del juzgador de amparo era incorrecta, debido a que en la providencia precautoria no se había solicitado una búsqueda de bienes, sino que había sido clara al establecer los bienes sobre los que pedía se decretara y ii) que el artículo 1175 del Código de Comercio no impone como requisito para conceder la solicitud de providencia, el que se identifiquen plenamente los bienes sobre los que se pretende ejecutar la providencia.

- En primer lugar, se estableció que, contrario a lo aducido por la quejosa, aquélla sí solicitó en su escrito de solicitud de providencias que se requiriera información a las instituciones del sistema financiero nacional sobre las cuentas y saldos que existieran a nombre de deudores e incluso invocó el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito a fin de justificar su petición.

- Por otra parte, se dijo que tampoco le asistía razón a la inconforme en su segundo argumento.

- Luego de citar el artículo 1175 del Código de Comercio el Tribunal Colegiado dijo que, como lo sostuvo el juzgador de amparo, es claro que en el escrito por el que se solicita la medida deben identificarse plenamente los bienes materia de la medida, puesto que si la finalidad de la medida consiste en retener los únicos bienes conocidos del deudor, esa medida tiene como presupuesto lógico que esos bienes estén plenamente identificados por el solicitante, pues de otra forma no podrían considerarse como bienes "conocidos".

- De esta manera, si el banco actor no había precisado los bienes a retenerse, sino que se había limitado a referirse de manera genérica que se retuvieran las cantidades que los deudores tuvieran en cuentas, depósitos bancarios en administración de títulos y valores de divisas, bienes en cajas de seguridad o cartas de crédito que tenga en su favor en las instituciones de crédito y cajas de bolsa que operan en nuestro país; en esa virtud, tampoco se podía verificar la hipótesis del temor fundado a que hace referencia el numeral citado, pues no puede estimarse el ocultamiento, la dilapidación o la enajenación de bienes no identificados.

- En las relatadas condiciones, el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo.

II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien conoció del recurso de revisión 14/2018/3, del que se desprenden los antecedentes siguientes:

Solicitud de providencias precautorias. ********** solicitó providencias precautorias en relación con **********. De la información que obra en la ejecutoria de amparo, se sabe que dicha solicitud se realizó respecto de los saldos en moneda nacional y/o dólares y/o en cualquier otra moneda que tenga a su favor en cuentas de cheques, inversión, remesas y/o mesas de divisas, depósitos bancarios en administración de títulos y valores de divisas, bienes de depósitos en cajas de seguridad, cartas de crédito que tengan a su favor, derechos fideicomisarios en donde obtenga beneficios económicos en las distintas instituciones de crédito y casas de bolsa que operan en los Estados Unidos Mexicanos a nombre de los deudores, conforme al primer supuesto previsto por el artículo 1168 del Código de Comercio vigente.

De este asunto conoció el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, bajo el número de expediente judicial **********; en el cual, por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se desechó por improcedente la medida precautoria pretendida.

Recurso de apelación. Del recurso interpuesto por la promovente conoció la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca número **********, en el que, se declaró improcedente y se confirmó el auto recurrido por resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

Juicio de amparo indirecto. La determinación anterior fue impugnada en amparo indirecto, del cual conoció el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, con el número de expediente **********. Por resolución terminada de engrosar el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se negó al banco quejoso la protección de la justicia federal solicitada.

Recurso de revisión. Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con el número de expediente 14/2018/3. En sesión de trece de junio de dos mil dieciocho, dicho órgano colegiado determinó negar la protección constitucional, a partir de los razonamientos siguientes:

Violación de garantías.

- En relación con el agravio referente a la vulneración de las garantías de legalidad y seguridad jurídica de su representado, contenidas en los artículos 14 y 16 primer párrafo de la Constitución, al no aplicar las disposiciones legales del Código de Comercio, señaló que el agravio era inoperante; por no ser éste el objeto del asunto a resolverse.

Indebida interpretación de los artículos aplicables.

- En este apartado, el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó que era correcto que la a quo desestimare los conceptos de violación y avalara la postura de la autoridad responsable en el sentido de que había sido correcto que se desechara la providencia precautoria de embargo, al no haberse precisado (e individualizado) cuáles eran los bienes que se solicitaba fueran embargados, conforme a los numerales 1168, 1175 y 1177 del Código de Comercio.

- Para ello, refirió que de la literalidad de la resolución recurrida se tenía que la a quo había acudido a la interpretación sistemática y teleológica de los dispositivos en comento, a fin de colegir que la intención del legislador fue facilitar y hacer posible que se garantizara la suerte de los juicios en lo principal, pero ello atento a que el acto de autoridad fuera dictado en estricta observancia de la garantía de seguridad jurídica, con lo que se impedía que la autoridad pudiera ejercer arbitrariamente sus facultades y que generara incertidumbre al gobernado. En otras palabras, que lo pretendido por el legislador era que el actuar de la responsable no resultara arbitrario, sino limitado y acotado, a fin de que la afectación en la esfera jurídica de los gobernados no resultara caprichosa o arbitraria.

- Así, estableció que con independencia de que la medida solicitada no vulneraba derechos fundamentales del posible afectado, debía de tomarse en cuenta que la necesidad de que se precisen los bienes que habrán de embargarse, no deriva de la seguridad de que el adeudo quede garantizado en su totalidad, como aduce el recurrente, sino que se desprende de la literalidad de la fracción IV del artículo 1175 de la codificación mercantil, que cuando se trate de acciones personales, el promovente de la medida, debe manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos, que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia, lo que de suyo implica que conoce precisamente cuáles son los bienes con los que cuenta, pues sobre ellos se pretende el embargo.

- Además consideró que el embargo de una cuenta bancaria se traducía realmente en la afectación de un crédito a cargo del banco a favor del cuentahabiente y para su concreción, se requiere de una serie de actos encaminados a determinar tanto la existencia y quántum del crédito embargado, como la orden judicial de exhibir ante el juzgado el billete de depósito que ampare el importe de la cuenta bancaria.

- Asimismo, tomó en cuenta que el embargo por su propia naturaleza jurídica, es un acto procesal por virtud del cual se singularizan los bienes presentes, no los bienes futuros del demandado, que quedarán afectos al pago que eventualmente se efectuará; sin embargo, para que tal individualización fuera posible, era necesario que en la diligencia de embargo se señale con precisión e individualmente cuáles son los bienes presentes propiedad de la parte demandada sobre los que se pondrá el gravamen, lo que también debía aplicarse cuando se tratara de créditos conforme lo dispuesto en los artículos 1394 y 1395 del Código de Comercio, con relación a los numerales 536 y 547 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil, porque de no considerarlo así, no podría cumplirse con lo dispuesto en el dispositivo 547 en cita, cuando se trate del perfeccionamiento del embargo de créditos.

- En apoyo a esta consideración, citó la tesis de Tribunal Colegiado "EMBARGO. CUANDO SE TRATE DE CRÉDITOS EXISTENTES A FAVOR DE LA DEMANDADA, DEBERÁN SEÑALARSE ESPECÍFICAMENTE EN LA DILIGENCIA RESPECTIVA."

Ilegalidad de la resolución reclamada.

- Por último, se calificaron de inoperantes los agravios en los que se aducía que lo resuelto en el juicio de origen vulneraba derechos sustantivos de su representada; ello al estimar que ello estaba orientado a evidenciar que el acto reclamado no es ajustado a derecho, lo cual es un tema que se encuentra fuera de la litis del recurso de revisión que se resolvía.

Inobservancia de hipótesis normativa.

- Por último, se hizo referencia al agravio del disidente en el que alegó que debía tomarse en cuenta que el artículo 1168 del Código de Comercio, el cual prevé una situación especial para el embargo de cuentas, que conmina a la autoridad a suponer que al tratarse de bienes como dinero en efectivo o en depósito en instituciones de créditos u otros fungibles, existe el riesgo de que sean dispuestos, ocultados o dilapidados.

- Dicho agravio se estimó inoperante, toda vez que este argumento resultaba novedoso y ajeno no puede ser analizado en el recurso de revisión.

III. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión 223/2018, del que se desprenden los antecedentes siguientes:

- Determinó conceder la protección constitucional a una institución bancaria que, al igual que en los anteriores casos que se resumieron, impugnó, en última instancia, el desechamiento de su solicitud de providencias precautorias, consistentes en la retención del dinero que se encontrara depositado en cuentas bancarias, de inversión o cheque, en moneda nacional o extranjera, fideicomisos, o productos de nómina, que se encontraran en instituciones integrantes del sistema financiero mexicano, hasta por el monto del adeudo.

- Llegó a la determinación anterior, en tanto estimó que: i) era admisible el embargo de una cuenta bancaria, sin necesidad de que se formulará una solicitud en el que se identificara plenamente el número de cuenta bancaria e institución en la que se encuentra; y ii) que, en términos de lo que dispone el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, una autoridad judicial puede requerir la información protegida por el secreto bancario, aun cuando se trate de la adopción de providencias cautelares, previas al juicio.

- La postura a la que llegó derivó directamente de la interpretación sistemática y funcional que se hizo de los artículos 1168, 1175, 1176 y 1395 del Código de Comercio, en relación con el 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 536 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México, aplicado supletoriamente.

- Refirió que, de los preceptos citados, se desprendía que cuando el embargo decretado como medida cautelar recaiga sobre cuentas bancarias del deudor, es suficiente el señalamiento en forma genérica, sin necesidad de individualizarlas con los datos de identificación correspondientes y la institución que las lleva.

- Bajo esta perspectiva, estableció que el auto que ordenare las medidas precautorias debía disponer, expresa y claramente, que la medida sólo recaería sobre cuentas existentes al momento de la ejecución, que el secuestro se limitaría a la cantidad de dinero que cubra el crédito que se pretende garantizar, y que, al alcanzar dicha suma, con una o varias cuentas, el resto de su importe debía mantenerse a la libre disposición del cuentahabiente, así como que no se diera ninguna información adicional sobre otras cuentas del afectado. Para garantizar esta cuestión, estimó que el juzgador, como rector del proceso, debía permanecer vigilante, para evitar que se cometan excesos y para corregir de inmediato y de oficio los que llegue a advertir, como contraventores evidentes de derechos humanos.

- De igual manera, apuntó que el artículo 1175 del Código de Comercio prevé los supuestos de procedencia, los requisitos que debe satisfacer el solicitante, así como el procedimiento para resolver la petición, sin que se exija que el secuestro recaiga sobre cuentas individualizadas. En el mismo sentido, se dijo que tampoco se impone dicha exigencia en el artículo 1395 del Código de Comercio, en el cual se prevé el orden a seguir para el embargo de bienes tratándose de embargos trabados en procesos cautelares.

- De lo anterior, el órgano de amparo concluyó que el Código de Comercio contempla el embargo de dinero y de depósitos en instituciones de crédito, en lo general, en el artículo 1395, y en específico en el 1168, fracción II, párrafo cuarto, pero no desarrolla sus detalles; razón por la cual debía recurrirse a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual tampoco establece nada al respecto, por lo que, finalmente debía recurrirse a los códigos procesales locales.

- De esta manera, se estimó que era aplicable de manera supletoriamente el artículo 536, párrafo tercero, del Código Civil para el Distrito Federal, el cual dispone que, tratándose de embargos de cuentas bancarias del deudor "bastará que se haga en forma genérica"; pues, es con el auxilio de terceros, que se pueden obtener los números de cuenta o crédito que permitieran su identificación.

- Por último, consideró que la remisión al ordenamiento local no se oponía a las reglas de los juicios ejecutivos mercantiles; en el entendido de que el artículo 1176 del Código de Comercio no excluye la institución de la supletoriedad, sino que ello sólo exigía que, en primer lugar, se acudiera a la regulación del juicio ejecutivo, de modo que si con ésta no se soluciona la cuestión, como sucede en la especie, es que se puede atender a lo dispuesto en los ordenamientos supletorios.

- El referido órgano colegiado señaló que la conclusión resumida en los párrafos anteriores, era armónica con lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29441-06707375/medidas-cautelares-la-solicitud-de-aseguramiento-de-bienes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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