RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL Y CADENA DE CARACTERES GENERADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). SON APTOS PARA DEMOSTRAR EL MONTO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS A LOS TRABAJADORES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 569/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE MAYO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CON SALVEDAD YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE POR CONSIDERAR INEXISTENTE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito; sin que se estime necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quienes participaron en uno de los criterios en conflicto.
TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada se estima conveniente analizar los antecedentes de los asuntos respectivos y las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias que contienen los criterios materia de contradicción.
I. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Conoció del amparo directo **********, promovido por **********, en contra del laudo dictado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis por la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, al resolver el expediente **********.
Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
1. Con motivo de su despido injustificado, ********** demandó a la empresa ********** la reinstalación en el puesto de trabajo del cual fue despedido, así como diversas prestaciones económicas.
2. De dicho juicio le correspondió conocer a la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, bajo el número de expediente laboral **********.
3. Una vez sustanciado el juicio ordinario dictó el laudo correspondiente en el que –una vez valoradas las pruebas ofrecidas y exhibidas por las partes– determinó que la parte actora no acreditó la existencia de la relación laboral, por lo que absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas.
4. Inconforme con dicha determinación, la parte actora del juicio natural promovió amparo directo (D.T. **********), del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. En sesión de quince de junio de dos mil diecisiete, pronunció sentencia en la que negó la protección solicitada por el quejoso.
Ahora, para lo que aquí nos ocupa, cabe señalar que al dar contestación a los conceptos de violación en los que se alegaron diversas irregularidades al procedimiento, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió lo siguiente:
"Por otra parte, en cuanto a las diversas documentales consistentes en las facturas con cadena digital del Servicio de Administración Tributaria, en principio, debe indicarse que su perfeccionamiento es innecesario.
"Lo anterior es así, pues, en principio, debe anotarse que las documentales en cuestión, glosadas de la foja 62 a 84, contienen el sello digital y claves y registros electrónicos ante el Servicio de Administración Tributaria, por lo que no ameritaban perfeccionamiento, por contener los elementos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
"Aspecto que permite atribuirle al recibo determinado valor, al reunir los requisitos referidos. Sin embargo, cosa muy diferente es el alcance o eficacia demostrativa que puede alcanzar, pues, el mero perfeccionamiento de una prueba documental, proporciona a éste medio fuerza probatoria para demostrar el hecho que se consigna, pero, en todo caso, lo que prueba está sujeto a la valoración que se haga de éste y de todo el caudal probatorio.
"A lo anterior, es orientadora, por su sentido, la diversa tesis de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, publicada con el número 2a./J. 109/2003, en la página 97 del Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 182540, que establece:
"‘SALARIO. SU MONTO ES SUSCEPTIBLE DE ACREDITARSE CON EL ESCRITO DE RENUNCIA, SI EN SU VALORACIÓN SE SIGUE UN PROCESO LÓGICO JURÍDICO.’ (se transcribe contenido)
"En el caso de los recibos de pago anotados, debe precisarse que si bien deben estimarse perfeccionados en cuanto a sus elementos constitutivos, lo cierto es que la fuerza demostrativa que tienen o lo que prueban, es diversa, pues, en relación con ello, el propio artículo 29, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dispone:
"‘Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo.
"‘Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes:
"‘...
"‘II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales.
"‘Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan las personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica avanzada.’
"...
"De lo recién transcrito puede apreciarse que el uso del sello digital en los documentos fiscales, permite determinar que el documento en cuestión fue emitido por su suscriptor, en este caso, el propio actor, aquí quejoso.
"Además, no debe perderse de vista que en cuanto a los documentos públicos, el artículo 812 de la Ley Federal del Trabajo dispone que cuando contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, sólo prueban ese hecho, es decir, que se realizaron ante la autoridad que lo expidió, pero sí prueban en contra de quien la haya hecho. El numeral en cuestión dispone:
"‘Artículo 812. Cuando los documentos públicos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, sólo prueban que las mismas fueron hechas ante la autoridad que expidió el documento.
"‘Las declaraciones o manifestaciones de que se trate prueban contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas.’
"En ese sentido, en primer término, las pruebas documentales en análisis, esto es, las facturas proporcionadas por la parte actora, a pesar de contener el sello digital reconocido ante el Servicio de Administración Tributaria, sólo permiten establecer su autoría, esto es, el ahora quejoso, precisamente porque en todas y cada una de éstas, aparece como suscriptor su nombre. Es decir, se trata de un documento elaborado por él mismo.
"Además, de entre éstos, destaca el recibo glosado en la foja 81, cuyo concepto es **********, lo que refleja que el actor le expidió la factura a la demandada para cubrir el pago a una diversa persona. En las restantes si bien se aprecian las leyendas ‘nómina’ y ‘pago de viáticos’ ello no permite establecer la existencia del vínculo de trabajo, pues, como se asentó anteriormente, estas documentales sólo podrían probar en su contra, no a su favor, en el caso, que él mismo las expidió, pero no que representen realmente las operaciones ahí consignadas, en su caso, que se estableció el pago a favor de un tercero.
"De lo anterior es posible concluir que al tratarse de documentos elaborados de manera unilateral por el actor, no son aptos para alcanzar fuerza demostrativa en el sentido pretendido, de ahí la ineficacia del argumento en estudio [inciso 1) del apartado ‘i. Violaciones al procedimiento’]."
En términos similares dicho criterio fue reiterado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo D.T. **********.
Las consideraciones fueron las siguientes:
"Es cierto que la resolutora no motivó ni fundamentó su determinación de no atribuir valor probatorio a los documentos consistentes en la impresión de veintisiete recibos de pago, con sello digital del Servicio de Administración Tributaria y las firmas electrónicas tanto de la patronal, como del trabajador, documentos ofrecidos por la demandada en el numeral cuatro de su escrito correspondiente (foja 87) y que no son simples copias fotostáticas, sino documentos digitales con firma electrónica conforme la fracción VIII del artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, y que ciertamente contienen el sello digital, claves y registros electrónicos ante el Servicio de Administración Tributaria, por lo que no ameritaban perfeccionamiento, porque contienen los elementos de certeza establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
"Sin embargo, aunque la impresión de los recibos de pago reúne los requisitos fiscales referidos, no tiene valor probatorio per se en el juicio laboral, ya que en éste el alcance o eficacia demostrativa que una prueba puede alcanzar depende de la valoración en conciencia que realiza la Junta responsable, sin sujetarse a formulismos, adminiculando el caudal probatorio, aplicando inclusive el principio de adquisición procesal para resolver en conciencia la litis puesta a consideración de la responsable.
"Esto implica que, incluso el mero perfeccionamiento de una prueba documental, sólo proporciona fuerza probatoria para demostrar el hecho que en la prueba material se consigna, pero, en todo caso, lo que prueba en relación con la litis, está sujeto a la valoración que se haga de éste y de todo el caudal probatorio.
"Es ilustrativa en este aspecto la jurisprudencia 2a./J. 109/2003, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:
"‘SALARIO. SU MONTO ES SUSCEPTIBLE DE ACREDITARSE CON EL ESCRITO DE RENUNCIA, SI EN SU VALORACIÓN SE SIGUE UN PROCESO LÓGICO JURÍDICO.’ (se transcribe contenido)
"El quejoso se duele de que la Junta responsable puso en duda la autenticidad de las pruebas documentales consistentes en los recibos de pago anotados, lo que es ilegal, porque a su parecer son suficientes para demostrar el monto salarial y prestaciones realmente devengadas, por virtud de su carácter y origen fiscal. Sin embargo, no le asiste razón y para razonar esta afirmación es dable atender al contenido del artículo 29, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación que dispone: (se transcribe contenido)
"La norma fiscal dispone que el uso del sello digital en los documentos fiscales, permite determinar que los documentos digitales en cuestión, ofrecidos como pruebas en el juicio laboral, fueron emitidos por su suscriptor, en este caso, el aquí quejoso.
"De ahí que, en razón de las reglas de valoración de pruebas en materia de trabajo, no debe perderse de vista que en cuanto a los documentos, el artículo 812 de la Ley Federal del Trabajo dispone que cuando aquéllos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, sólo prueban ese hecho, es decir, que se realizaron ante la autoridad que lo expidió; además, si contienen declaraciones o manifestaciones, prueban incluso contra quien las haya hecho.
"En ese sentido, en primer término, las pruebas documentales en análisis, esto es, la impresión de veintisiete recibos de pago, con sello digital del Servicio de Administración Tributaria y las firmas electrónicas tanto de la patronal, como del trabajador, documentos ofrecidos por la demandada en el numeral cuatro de su escrito correspondiente (foja 87), a pesar de contener el sello digital reconocido ante el Servicio de Administración Tributaria, sólo permiten establecer su autoría –del propio quejoso–, precisamente porque en todas y cada una de éstas, aparece como suscriptor su nombre. Es decir, se trata de un documento elaborado por él mismo, pero no demuestran realmente las operaciones ahí consignadas, en su caso, que pagó a favor del trabajador ni la cantidad en que lo hizo.
"Por ello, es posible concluir que al tratarse de documentos elaborados de manera unilateral por el actor, no son aptos para alcanzar fuerza demostrativa en el sentido pretendido, de ahí que es infundado el concepto de violación, pues es legal que la resolutora haya negado valor probatorio a la impresión de veintisiete recibos de pago, con sello digital del Servicio de Administración Tributaria y firma electrónica, documentos ofrecidos por la demandada en el numeral cuatro de su escrito correspondiente." (foja 87)
II. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.
Conoció del amparo directo **********, promovido por **********, en contra del laudo dictado el nueve de septiembre de dos mil dieciséis por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Chihuahua, al resolver el juicio laboral **********.
Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
1. Con motivo de su despido injustificado, ********** demandó a la empresa ********** y a otras, la indemnización constitucional, así como diversas prestaciones económicas.
2. De dicho juicio le correspondió conocer a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, bajo el número de expediente laboral **********.
3. Una vez sustanciado el juicio ordinario, de haberse dictado diversos laudos y de promoverse sendos amparos directos (DT. ********** y **********) e incluso, un recurso de inconformidad (**********); finalmente, el nueve de septiembre de dos mil dieciséis la autoridad responsable dictó un nuevo laudo en el que, básicamente, determinó que la parte actora acreditó su acción, en tanto que las demandadas, solo una de ellas acreditó parcialmente sus excepciones, por lo que se procedió a condenar al resto de las demandadas de las prestaciones reclamadas.
4. Inconforme con dicha determinación, la parte demandada del juicio natural, **********, promovió amparo directo (DT. **********), del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. En sesión de nueve de marzo de dos mil diecisiete pronunció sentencia en la que concedió la protección solicitada por la quejosa.
Las consideraciones que dieron sustento a dicha determinación, en lo que aquí respecta, son las siguientes:
"En su segundo motivo de disenso, señaló que la Junta, al valorar las pruebas de la parte demandada, dejó de analizar la confesión expresa y espontánea de la trabajadora, cuando ofreció la prueba marcada con el número 6 de su escrito, y atento al principio de adquisición procesal, el recibo de nómina ofrecido por la actora, relacionado con los veintiún recibos impresos por el periodo del cinco de septiembre de dos mil once al veintinueve de enero de dos mil doce, debió haberlos valorado, ya que el recibo de nómina ofrecido por la actora no fue objetado por la moral demandada, sino que por el contrario, lo hizo suyo a efecto de justificar la forma de pago del salario, que se trataba de nómina timbrada, puesto que su salario se depositaba en cuenta de cheques y que ese recibo aportado por la actora era idéntico a los ofrecidos por la demandada, por lo que aun cuando no tuvieran firma ni hubieran sido perfeccionados, no debió negarles valor probatorio, pues acreditaba la intención del empleador en el sentido que la nómina se pagaba por depósitos, se trataba de una nómina timbrada con sellos digitales, régimen fiscal del emisor, fecha de emisión y timbrado, sello digital CFDI y sello digital del Servicio de Administración Tributaria.
"Así, a todos esos candados con los que contaba cada recibo de nómina, tanto el aportado por la actora, como los ofrecidos por la demandada, a los que se negó valor probatorio porque no estaban firmados por la trabajadora, la Junta responsable perdió de vista que el hecho de emitir la nómina timbrada, cumplían con lo dispuesto por la fracción III del artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En efecto, al ofrecer la nómina timbrada, lo que se hizo fue cumplir con una obligación fiscal y al cumplir éstos con las formas y solemnidades que tenía cada recibo, hacían prácticamente imposible su falsificación, imitación, alteración, manipulación o cualquier otra forma contraria a la verdad que consigna cada recibo timbrado y ofrecido como prueba.
"Por ello, cada sello digital del CFDI, su cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria, no fue objetado por la actora, sino que por el contrario, ofreció un recibo con las mismas características que los veintiún recibos aportados por la demandada, entonces, la prueba documental de recibos de nómina a la que la Junta negó valor probatorio, sin analizarlas en forma pormenorizada a la luz del artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debió haberles concedido valor probatorio para demostrar el salario.
"Resulta fundado el anterior motivo de disenso, porque como lo señaló la parte quejosa, la Junta no valoró los recibos de nómina exhibidos por la moral demandada, a la luz del artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"En efecto, en el laudo reclamado, la Junta señaló que era carga procesal de la parte demandada demostrar el monto del salario, concluyendo que no había cumplido con dicha carga procesal porque los recibos de pago de salarios que aportó, se trataban de meras impresiones que no contenían firma alguna de la actora y por ende no podían vincularse con ella aunque apareciera su nombre, pues por su propia naturaleza podían ser alterados o modificados unilateralmente por la parte oferente.
"Lo anterior resultó incorrecto, pues como lo señaló la parte quejosa en su concepto de violación, dichos recibos aun cuando constituyen impresiones, se trata de recibos de nómina expedidos conforme al artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los que al contener sello digital y la cadena original proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, es posible otorgarles valor probatorio, que si bien no se trata de documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, sí es posible valorarlos en términos de la fracción VIII del artículo 776 de la legislación laboral, como aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, donde debe atenderse a la fiabilidad del método en que fueron generados, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas y estar disponibles para su ulterior consulta.
"En efecto, el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se encuentra inmerso en el título IV, de las personas físicas disposiciones generales; capítulo I, de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, señala:
"‘Artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, tendrán las siguientes obligaciones:
"‘...
"‘Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132, fracciones VII y VIII y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal del Trabajo.’
"Luego, si los recibos de nómina aportados por la moral quejosa al juicio laboral, cumplen con las obligaciones fiscales correspondientes, pues contienen el sello digital expedido por el Servicio de Administración Tributaria, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad hacendaria, lo que permite autenticar su contenido, entonces atendiendo al método en que fueron generados, a que es posible atribuir su contenido a la persona que lo generó y ser posible su ulterior consulta, debe concluirse que dichos documentos, aun cuando carecen de la firma de la trabajadora, sí es posible otorgar valor probatorio.
"Sobre lo anterior, resulta ilustrativa por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 24/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 261/2007-SS, localizada en la página 530, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"‘DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ.’ (se transcribe contenido)."
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.
De diversos criterios de esta Suprema Corte podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1) y la tesis P. XLVII/2009, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(2)
2. Es necesario que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
3. En los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
4. Y, que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia. Sirve de apoyo la tesis aislada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(3)
En ese sentido, a juicio de esta Segunda Sala, sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo ********** y el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo **********.
Se afirma lo anterior, porque del análisis de las ejecutorias transcritas se advierte que ambos Tribunales Colegiados de Circuito se enfrentaron a una misma problemática jurídica, en la que tuvieron que emprender distintos ejercicios interpretativos para determinar la eficacia demostrativa en juicio de los recibos electrónicos de nómina, particularmente, para tener por acreditado el pago y el monto de los salarios de los trabajadores.
Así las cosas, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo de su conocimiento señaló que los recibos de nómina aun cuando constituían simples impresiones que carecían de la firma de la parte trabajadora, lo cierto es que al ser expedidos conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y contener el sello digital y la cadena de caracteres generada por la autoridad hacendaria, permitía no solamente autenticar su contenido y atribuirlos a la persona que los generó, sino además también era posible otorgarles valor probatorio.
Al respecto, refirió que si bien los recibos de nómina no eran documentos públicos, sí era posible valorarlos en términos de la fracción VIII del artículo 776 de la legislación laboral, como aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, donde debe atenderse a la fiabilidad del método en que fueron generados.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, arribó a una postura contraria, al mencionar que si bien la impresión de los recibos de pago debían estimarse perfeccionados en cuanto a sus elementos constitutivos, al contener los elementos de certeza establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo cierto es que el alcance o eficacia demostrativa que puede alcanzar, "depende de la valoración en conciencia que realiza la Junta responsable, sin sujetarse a formulismos, adminiculando el caudal probatorio, aplicando inclusive el principio de adquisición procesal para resolver en conciencia la litis puesta a consideración de la responsable".
Señaló que el mero perfeccionamiento de una prueba documental, sólo proporciona fuerza probatoria para demostrar el hecho que en la prueba material se consigna, pero, en todo caso, lo que prueba en relación con la litis, está sujeto a la valoración que se haga de éste y de todo el caudal probatorio; máxime que tratándose de documentos públicos, el artículo 812 de la Ley Federal del Trabajo establece que: "cuando aquéllos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, sólo prueban ese hecho, es decir, que se realizaron ante la autoridad que lo expidió, además, si contienen declaraciones o manifestaciones, prueban incluso contra quien las haya hecho."
En ese sentido, a juicio de esta Segunda Sala los ejercicios interpretativos emprendidos por los Tribunales Colegiados contendientes colisionan en un mismo punto jurídico; ya que mientras que para el primero de los mismos la impresión de los recibos de nómina, con sello digital y cadena de caracteres generada por la autoridad hacendaria, es apta para demostrar el pago y el monto de los salarios de los trabajadores. Para el segundo de los mencionados, esa eficacia demostrativa depende de la valoración que se haga de dicho documento en correspondencia con los demás medios de prueba.
Así, lo procedente es abordar el estudio de la contradicción de tesis que aquí nos interesa, cuya materia de análisis consiste en dilucidar si la impresión de los recibos de nómina, con sello digital y cadena de caracteres generada por la autoridad hacendaria, son aptos para demostrar el pago y el monto de los salarios de los trabajadores o bien, es necesaria la valoración con relación al caudal probatorio.
Finalmente, cabe precisar que en la contradicción de tesis que nos ocupa no participa el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, con respecto al emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo **********.
Esto, porque del análisis de las ejecutorias transcritas se advierte que aun cuando los Tribunales Colegiados de Circuito se enfrentaron a problemáticas jurídicas similares. Lo cierto es que, el ejercicio interpretativo desarrollado por dichos órganos jurisdiccionales a fin de sustentar su determinación, lo hicieron a partir de valorar dos documentos diferentes, como lo son, la factura electrónica y los recibos electrónicos de nómina y como consecuencia de ello, de analizar disposiciones jurídicas aplicables a cada uno de éstos.
QUINTO.—Determinación del criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que debe prevalecer, con e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29486-ede6edf0/recibos-de-nomina-con-sello-digital-y-cadena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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