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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS (LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 Y DIVERSAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CUOTAS EXCESIVAS Y DESPROPORCIONADAS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN COPIAS SIMPLES MEDIANTE SU DIGITALIZACIÓN EN DISCO COMPACTO O DVD, AL NO ATENDER A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y, POR ENDE, VULNERAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE ESTE DERECHO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I, III Y VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, 51, INCISOS D), F), G) E Y), NUMERALES 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, 36, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y 72, NUMERAL 11, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, TODAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019]. III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR DE JUSTIFICAR LAS TARIFAS O CUOTAS POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN (LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 Y DIVERSAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES). IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS TARIFAS O CUOTAS ESTABLECIDAS NO CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVESTIGAR SI SON ACORDES A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN (LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 Y DIVERSAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CUOTAS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN VERSIONES PÚBLICAS QUE NO ATIENDEN A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y, POR ENDE, VULNERAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE ESTE DERECHO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019). VI. DERECHOS POR COPIAS CERTIFICADAS. EL COSTO POR AQUÉLLAS, ADICIONALES AL LEGAJO DE VEINTE FOJAS, RESULTA DESPROPORCIONAL TOMANDO EN CUENTA EL COSTO REAL QUE IMPLICA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 51, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019]. VII. DERECHOS POR COPIAS CERTIFICADAS. EL COSTO POR AQUÉLLAS, ADICIONALES AL LEGAJO DE VEINTE FOJAS, RESULTA INEQUITATIVO A PARTIR DEL COSTO REAL QUE IMPLICA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 51, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019]. VIII. DERECHOS POR COPIAS SIMPLES Y BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS CON EMISIÓN DE COPIAS. EL COSTO POR AQUÉLLAS RESULTA DESPROPORCIONAL E INEQUITATIVO A PARTIR DEL COSTO REAL QUE IMPLICA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 51, INCISOS I) Y M), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019]. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO INDISTINTO ENTRE LOS DERECHOS QUE SE CAUSAN POR CERTIFICACIONES Y COPIAS DE LOS DERECHOS DE BÚSQUEDA DERIVADOS DE LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 72, NUMERAL 7, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019]. X. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. AL ESTABLECERSE COMO SU BASE GRAVABLE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE TRATA DE UN IMPUESTO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 93 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, 47 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, 43 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL LLANO, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, 32, PÁRRAFOS SEGUNDO, QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, 64 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, 48 Y 49 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, 22 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y 36 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, TODAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I, III, VII Y VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, 93 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, 47 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, 43 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL LLANO, 50 Y 51, INCISOS A), D), F), G), I), M) E Y), NUMERALES 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, 32, PÁRRAFOS SEGUNDO, QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2019. · Registro digital (IUS): 29491
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-09-04
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Pág. 5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al treinta de septiembre del dos mil diecinueve, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 15/2019 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

I. Antecedentes

1. Presentación de la demanda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 15, fracciones I, III, VII y VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes; 50 y 51, incisos a), d), f), g), i), m) e y), numerales 3, 4, 5 y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María; 64 y 72, numerales 7 y 11, de la Ley de Ingresos del Municipio de Rincón de Romos; 22 y 36, fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia; 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes; 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Asientos; 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo; 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano; 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga; 48 y 49 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, todos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad el veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho.

2. Radicación. Por auto de veinticinco de enero del dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 15/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento.

3. Admisión. En esa misma fecha, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que rindieran sus respectivos informes, así como al fiscal general de la República para los efectos legales conducentes.

4. Informes. Por autos de veinticinco de febrero y catorce de marzo del año en curso se tuvieron por rendidos los informes de dichos poderes y por ofrecidas las pruebas ahí relacionadas, con lo que se corrió traslado a las partes y se les otorgó plazo para formular alegatos.

5. Alegatos y cierre de instrucción. Mediante proveídos de cinco y veintinueve de abril de dos mil diecinueve, respectivamente, se tuvieron por formulados los alegatos de las partes y el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción del asunto, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

II. Competencia

6. El Tribunal Pleno es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos estatal y municipales del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico Oficial de esta entidad el veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho.

III. Oportunidad

7. La acción de inconstitucionalidad se promovió dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los decretos que contienen las normas de ingresos controvertidas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho; de modo que dicho lapso transcurrió del martes veinticinco de diciembre del dos mil dieciocho al miércoles veintitrés de enero del dos mil diecinueve, mientras que la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ese último día.

IV. Legitimación

8. El medio de defensa fue promovido por parte legítima, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 del reglamento interno del aludido órgano constitucional autónomo, pues la intenta el presidente de la citada comisión, carácter que acreditó con copia certificada del oficio DGLP-1P3A-4858, de trece de noviembre del dos mil catorce, mediante el cual, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República comunica que en esa fecha fue electo para ocupar dicho cargo por el periodo de dos mil catorce a dos mil diecinueve, y en su oficio propone conceptos de invalidez relacionados con violaciones a derechos humanos (folio 54 del expediente).

V. Causa de improcedencia

9. En su informe, el Poder Ejecutivo del Estado afirma que la acción es improcedente contra los actos que se le reclaman consistentes en la promulgación y orden de publicación de los decretos que contienen las normas controvertidas, pues se realizaron en cumplimiento de la Constitución Local aplicable, aunado a que su sola publicación no viola los preceptos constitucionales y convencionales mencionados por la promovente.

10. Al respecto, se debe informar que los artículos 61, fracción II y 64, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional establecen que en su demanda la promovente debe indicar, entre otras cosas, los órganos legislativo y ejecutivo que hayan emitido y promulgado las normas generales impugnadas, a quienes durante el procedimiento se les requerirá un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a evidenciar su validez o la improcedencia del medio de impugnación.

11. Lo expuesto evidencia que, como el Ejecutivo Local tiene injerencia en el procedimiento legislativo de las normas generales impugnadas, está invariablemente implicado en su validez, de modo que debe acudir a la acción a fin de justificar su constitucionalidad.

12. Además, porque no debe perderse de vista que, al impugnarse una norma de carácter general, se entiende que está integrada por todas las etapas del proceso legislativo que le dio origen o que motivó su modificación o reforma; de tal manera que deben considerarse los actos que integran ese proceso como una unidad y no separarlos.

13. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 38/2010 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1419, «con número de registro digital: 164865», que establece:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.—Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República."

14. Ante lo infundado de la causa de improcedencia propuesta y al no existir alguna otra que este órgano colegiado advierta de oficio, corresponde resolver el fondo de la acción.

VI. Estudio de fondo

15. Antes de emprender el estudio y solución anunciados, conviene precisar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la promovente propone esencialmente dos temas: acceso a la información y alumbrado público, a la luz de los cuales controvierte los artículos 15, fracciones I, III, VII y VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes; 50 y 51, incisos a), d), f), g), i), m) e y), numerales 3, 4, 5 y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María; 64 y 72, numerales 7 y 11, de la Ley de Ingresos del Municipio de Rincón de Romos; 22 y 36, fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia; 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes; 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Asientos; 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo; 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano; 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga; 48 y 49 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, todos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad el veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho.

16. Por cuestión de método, se dividirá el estudio en los dos temas antes identificados, en los que, en cada uno se explicará, primero, el marco constitucional y legal aplicables y, posteriormente, se analizarán los preceptos controvertidos.

Tema I. Acceso a la información.

17. En su primer concepto de invalidez la accionante afirma que las normas que en este apartado controvierte violan los artículos 6o., apartado A, fracción III y 31, fracción IV, constitucionales, así como los diversos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues establecen cobros excesivos y desproporcionados por la reproducción de información pública en los medios ahí contenidos, que no atienden a los costos de los materiales utilizados.

18. Explica que tales disposiciones condicionan el ejercicio del derecho de acceso a la información, siendo que no está previsto en el Texto Constitucional y tampoco en el legal aplicable, lo que evidentemente genera un obstáculo para que el particular realice una solicitud de información y, por ende, lo desincentiva por la erogación que le causaría.

19. Sostiene que conforme a los artículos 6o. constitucional y 14 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por regla general, es gratuito el ejercicio del derecho de acceso a la información, pudiendo, excepcionalmente cobrarse los materiales utilizados en la reproducción de la información, el costo de su envío o la certificación de documentos, pero de ninguna manera puede cobrarse la información.

20. Alega que las normas controvertidas son inconstitucionales, porque las cantidades que prevén constituyen cobros excesivos y desproporcionales, aunado a que no están justificados ni guardan relación con el costo de los materiales que contienen la información pública solicitada. De ahí que insista en que tales disposiciones condicionan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y lo desincentivan.

21. Agrega que tales preceptos también violan los principios de justicia tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque no existe una relación razonable entre la cifra que prevén y el costo del servicio que proporciona el Estado.

22. Para resolver sus argumentos, conviene informar que el artículo 6o., apartado A, fracción III, constitucional reconoce el principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, pues establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a su rectificación.

23. El artículo 17, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y de entrega solicitada.

24. Es decir, conforme a tales preceptos el ejercicio del derecho de transparencia y acceso a la información es gratuito, pudiendo cobrarse o generar un costo para el interesado la modalidad de reproducción y de entrega que solicite.

25. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 13/2018 y su acumulada 25/2018, en sesión de seis de diciembre del dos mil dieciocho, este Tribunal Pleno indicó que el principio de gratuidad se introdujo al Texto Constitucional en virtud de la reforma de veinte de julio del dos mil siete, de cuyo proceso de creación, en específico, del dictamen de la Cámara de Diputados, se advierte que el Poder Reformador de la Constitución precisó que dicho principio se refiere sólo a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de datos personales, no a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue, por ejemplo: medios magnéticos, copias simples o certificadas, y tampoco a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando lo solicite el interesado; de modo que los medios de reproducción y de envío tienen un costo, no así la información per se.

26. En aquella acción también se dio noticia de que, al resolver la diversa 5/2017, en sesión de veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, este Pleno analizó el derecho de acceso a la información, sus dimensiones y vertientes, estableciendo, en lo que interesa, que al emitir la referida ley general el legislador enfatizó que el principio de gratuidad constituye una máxima fundamental para alcanzar el ejercicio del derecho de acceso a la información y que entre sus objetivos está evitar la discriminación, pues pretende que todas las personas sin importar su condición económica puedan acceder a ella; de modo que sólo pueden realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción y su envío, así como los derechos relativos a la expedición de copias certificadas.

27. Se indicó que en ese precedente del dos mil diecisiete se concluyó que el Texto Constitucional es claro, al establecer la obligación categórica de garantizar la gratuidad en el acceso a la información; de manera que no puede establecerse cobro alguno por la búsqueda que realice el sujeto obligado, pues únicamente puede ser objeto de pago y, por ende, de cobro, lo relativo a las modalidades de reproducción y de entrega solicitadas.

28. Continuando con la síntesis del precedente resuelto el año pasado, este órgano colegiado determinó que conforme a, entre otros, los artículos 1, 2, fracciones II y III, 17, primer párrafo, 124, fracción V, 133, 134 y 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el principio de gratuidad exime de cobro la búsqueda de información; caso contrario tratándose de los costos de los materiales utilizados para su reproducción, su envío y/o la certificación de documentos, siempre y cuando sean determinados a partir de una base objetiva y razonable de los mismos.

29. Es decir, la búsqueda de información no puede generar cobro alguno, porque no se materializa en algún elemento; sin embargo, lo que puede cobrarse son los costos que impliquen el material en que se reproduce, los de envío una vez plasmada o materializada, o bien, de certificación de documentos, pero si el solicitante proporciona el medio o mecanismo necesario para reproducir o recibir esa información, no se le puede cobrar costo alguno, justamente porque los proporcionó.

30. Precisó que de acuerdo con la mencionada ley general, para determinar las cuotas aplicables, el legislador debe considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo, que esas cuotas se establecen en la Ley Federal de Derechos, pero cuando tal legislación no sea aplicable al sujeto obligado, entonces, las cuotas respectivas deben ser menores a las ahí contenidas.

31. Agregó que, de acuerdo con los precedentes de este Alto Tribunal, al tratarse del cobro de derechos, las cuotas deben ser acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos aquellos que reciban el mismo servicio. Citó como sustento de tal determinación, entre otras, la jurisprudencia P./J. 3/98 de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 54, «con número de registro digital: 196933», de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."

32. En resumen, tratándose del derecho de acceso a la información, conforme al Texto Constitucional y legal aplicables, el principio de gratuidad implica que el Estado sólo puede cobrar el costo de los materiales utilizados para su reproducción, envío y/o la certificación de documentos y que esas cuotas deben establecerse o fijarse a partir de una base objetiva y razonable de los insumos utilizados, sin que en algún caso pueda cobrarse la búsqueda de información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos.

33. Los dos aspectos comentados, consistentes en la gratuidad de la información y la posibilidad de que se cobren únicamente el costo de los materiales de reproducción, envío, o bien, su certificación, fijados a partir de una base objetiva y razonable, se traducen en una obligación para el legislador consistente en motivar esos aspectos al emitir las disposiciones que regulen o establezcan esos costos.

34. En efecto, la aplicación del principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, tratándose de leyes, implica que, al crear una norma que regule o contenga esos costos que se traducen en una cuota o tarifa aplicable, el legislador tenga que realizar una motivación reforzada en que explique esos costos y la metodología que utilizó para establecer la tarifa o cuota respectivas.

35. Lo anterior, porque sólo de esa manera se podría analizar la constitucionalidad de un precepto que contenga dicha cuota o tarifa, es decir, a partir de considerar las razones o motivos que condujeron al legislador a establecer determinado parámetro monetario.

36. Si se toma en cuenta que, conforme al Texto Constitucional, la materia que nos ocupa se rige por el principio de gratuidad y que conforme a la ley general aplicable sólo puede cobrarse el costo de los materiales usados para su reproducción, envío o, en su caso, la certificación de documentos, es claro que el legislador debe cumplir con la carga de motivar de manera reforzada esos aspectos, al emitir la disposición legal conducente.

37. En caso de incumplir ese deber, como ya se dijo, los órganos judiciales competentes no podrían examinar si la norma efectivamente se ajusta a dicho parámetro de regularidad, esto es, si respeta o no el principio de gratuidad entendido como la posibilidad del Estado de cobrar únicamente el costo de los materiales utilizados para la reproducción de la información, su envío y/o la certificación de documentos y a partir de cuotas establecidas con una base objetiva y razonable de los insumos utilizados.

38. Aunado a lo anterior, de lo expuesto también se obtiene que, al tratarse del cobro de derechos, las cuotas aplicables deben ser acordes al costo que implica para el Estado proporcionar el servicio y, finalmente, que las cuotas respectivas están contenidas en la Ley Federal de Derechos, pero en caso de que al sujeto obligado no le sea aplicable, entonces, los montos ahí contenidos constituyen un referente que no debe ser rebasado.

39. Por último, se debe precisar que, conforme al artículo 141 de la ley general aplicable, la información debe ser entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.

40. Con base en el parámetro así fijado, a continuación se examinará la constitucionalidad de las disposiciones controvertidas:

41. El artículo 15, fracciones I, III, VII y VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2019, establece:

"Título tercero

"De los derechos

"Capítulo XII

"Por los servicios prestados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios

"Artículo 15. Por la prestación de servicios a que se refiere el artículo 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, aplicando las siguientes tarifas:

"I. Expedición de copia simple o digitalización de documentos, que implique búsqueda de datos, por página 15

"...

"III. Expedición de disco compacto con información de transparencia, cada uno 45

"...

"VII. Videos en DVD con información de transparencia 95

"VIII. Versiones públicas de los documentos que estén, en posesión del sujeto obligado, por hoja 30."

42. La norma transcrita prevé las tarifas aplicables por la prestación de servicios a que se refiere el artículo 74 de la ley de transparencia local que reproduce el diverso 141 de la ley general, en el sentido de que, en caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: a) el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; b) el costo de envío, en su caso; y, c) el pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.

43. De esa manera, la norma examinada prevé por la expedición de copia simple o digitalización de documentos que implique búsqueda de datos una tarifa de $15.00 (quince pesos) por página.

44. Como se ve, esa primera fracción contiene el supuesto de búsqueda de información y de reproducción de la misma a través de copia simple, o bien, la digitalización de documentos.

45. Conforme a lo antes expuesto, es claro que tal disposición es inconstitucional por el hecho de que prevé una tarifa aplicable por la búsqueda de información.

46. De igual manera, es inconstitucional el supuesto de digitalización de documentos, en la medida en que esa actividad no implica que la información se materialice de alguna manera, al contrario, conlleva que la información plasmada en algún material se digitaliza, esto es, se convierte en una representación o archivo digital.

47. Finalmente, todos esos supuestos que contiene la fracción analizada son inconstitucionales, porque del análisis del proceso de creación de la mencionada Ley de Ingresos Estatal se advierte que el legislador en ningún momento razonó o explicó por qué fijó la tarifa aplicable para esos supuestos en $15.00 (quince pesos) por página.

48. En efecto, del proceso legislativo respectivo, se echa de menos alguna explicación del legislador local en el sentido de establecer esa tarifa con base en elementos objetivos y razonables que atiendan al costo de los materiales en que se reproduce la información solicitada, su envío, o bien, la certificación de documentos (tomo 4 de pruebas del expediente).

49. Si bien este Tribunal Pleno ha aceptado que en el proceso de creación el legislador no necesariamente debe exponer las razones de su actuar, lo cierto es que, como se explicó, en el caso, es indispensable, porque constitucionalmente el derecho de acceso a la información se rige por el principio de gratuidad; de modo que, en caso de prever alguna tarifa o cuota debe estar motivada, aunado a que, conforme a la ley general analizada, esas tarifas deben estar sustentadas en una base objetiva y razonable que atienda a, entre otras cosas, los costos de los materiales utilizados y su reproducción.

50. De ahí que en este tipo de asuntos constituya una carga para el legislador razonar esos aspectos, a fin de dirimir la constitucionalidad de los preceptos respectivos.

51. En otras palabras, como ya se dijo, en estos asuntos se requiere una motivación reforzada por parte del legislador en que explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos, pues no debe perderse de vista que el parámetro de regularidad constitucional se sustenta en el ya mencionado principio de gratuidad, así como en el hecho de que los costos de reproducción, envío o certificación se sustenten en una base objetiva y razonable.

52. Si se considera que, por ejemplo, de la búsqueda en Internet se obtiene que en el Estado de Aguascalientes el costo de una copia oscila entre 0.17 (diecisiete centavos) y $2.00 (dos pesos), es claro que atendiendo a dicho parámetro en el proceso de creación el legislador debió motivar los costos que tomó en cuenta y la metodología que utilizó para llegar a la cuota o tarifa aplicables, las cuales, se reitera, deben establecerse a partir de una base objetiva y razonable.

53. Cabe precisar que aun en el evento de que este Tribunal Pleno pudiera buscar o allegarse de información para determinar si las tarifas o cuotas aplicables se apegan o no al parámetro de regularidad constitucional antes comentado, lo objetivamente cierto es que no le corresponda realizar ni los cálculos respectivos y tampoco fijar valores, a fin de analizar su constitucionalidad, precisamente porque conforme al Texto Constitucional y legal aplicables, en materia de transparencia y acceso a la información pública corresponde al legislador realizar la motivación reforzada en los términos antes apuntados.

54. Como tratándose de la ley estatal analizada, el legislador local incumplió ese deber, es evidente la inconstitucionalidad del precepto analizado.

55. Máxime que esa tarifa está prevista a razón de cada página, siendo que conforme al artículo 141 de la ley marco aplicable, la información debe entregarse gratuitamente cuando no exceda de veinte hojas simples.

56. En consecuencia, es inconstitucional la fracción I del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2019.

57. A idéntica conclusión debe arribarse respecto de las tarifas contenidas en las restantes fracciones controvertidas, esto es, la de $45.00 (cuarenta y cinco pesos) aplicable a la expedición de cada disco compacto con información de transparencia (fracción III); $95.00 (noventa y cinco pesos) por videos en DVD con información de transparencia (fracción VII); y $30.00 (treinta pesos) por las versiones públicas de los documentos que estén en posesión del sujeto obligado.

58. Lo anterior, porque, de igual manera, en el proceso de creación el legislador estatal omitió explicar la base objetiva y razonable a partir de las que fueron determinadas, esto es, exponer por qué consideró pertinente fijar esa tarifa y no otra, de acuerdo con los costos que debe considerar, así como la metodología conducente.

59. Esa ausencia de motivación evidencia la inconstitucionalidad de las fracciones III, VII y VIII del referido artículo 15, porque, como ya se dijo, no corresponde a este Tribunal Pleno determinar los costos o fijar los valores respectivos a partir de los cuales se pueda analizar y determinar si dichas tarifas respetan el principio de gratuidad, la metodología utilizada y si fueron establecidas a partir de una base objetiva y razonable que atienda a, entre otras cosas, los costos de los materiales utilizados y su reproducción.

60. Por otra parte, el artículo 51, incisos a), d), f), g), i), m) e y), numerales 3, 4, 5 y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2019, establece:

"Capítulo II. Derechos por la prestación de servicios

"Sección V: Por servicios de expedición de certificados, pasaporte mexicano, certificaciones, legalizaciones, constancias, actas y copias de documentos

"Artículo 51. El monto de los derechos a que se refiere este capítulo, se establecen conforme a las siguientes cuotas:

"a) Por cada certificación o constancia sobre documentos, actas, datos y anotaciones por legajo de 1 a 20 fojas 71.00

"Por cada foja adicional 17.00

"...

"d) Por copia simple a color con costo para solicitudes de transparencia (por página) 13.00

"...

"f) Por disco compacto con costo para solicitudes de transparencia (por cada uno) 38.00

"g) Por DVD con costo para solicitudes de transparencia (por cada uno) 95.00

"...

"i) Por cada copia simple de documentos 10.00

"...

"m) Por búsqueda de documentos con emisión de copia (de 1 a 10 hojas) 105.00

"...

"y) Para el debido cumplimiento al artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes; el costo de los derechos por otorgamiento de información, se cobrará de la siguiente manera:

"...

"3. Si se trata de medio impreso, por cada p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29491-16410081/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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