I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA IMPUGNAR LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PREVISTOS EN UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL. III. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. IV. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. AL ESTABLECERSE COMO SU BASE GRAVABLE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE TRATA DE UN IMPUESTO. V. ALUMBRADO PÚBLICO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. VI. ALUMBRADO PÚBLICO. LOS ESTADOS NO PUEDEN REGULAR EL COBRO DE DERECHOS POR ESE SERVICIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE DICHA NORMATIVA NO PUEDE AUTORIZAR QUE UN TRIBUTO MUNICIPAL SE COBRE CON BASE EN UNA VARIABLE DIFERENTE A SU NATURALEZA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATOLINGA, 51 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APOZOL, 56 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APULCO, 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 62 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALERA DE VÍCTOR ROSALES, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES, 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR, 67 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, 46 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENARO CODINA, 71 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL PÁNFILO NATERA, 74 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, 47 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUANUSCO, 54 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALPA, 64 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JEREZ, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ DEL TEUL, 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, 51 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LORETO, 52 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LUIS MOYA, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, 54 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES, 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZAPIL, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, 49 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, 51 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOMAX, 58, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS, 49 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, 52 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PANUCO, 51 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PINOS, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAIN ALTO, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, 71 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SUSTICACAN, 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TRANCOSO, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, 51 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPETONGO, 49 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, 52 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA, 45 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, 54 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, 56 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, 51 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, Y 81 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, TODOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATOLINGA Y DE DIVERSOS NUMERALES DE DIFERENTES LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ RESPECTO DE DISPOSICIONES GENERALES DE VIGENCIA ANUAL, EN LO FUTURO EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS DEBERÁ ABSTENERSE DE ESTABLECER DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, YA SEA EN LA LEY DE HACIENDA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE DICIEMBRE DE 2018. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por oficio presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, con el carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Zacatecas, planteando la invalidez de los artículos 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atolinga, 51 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apozol, 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apulco, 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, 62 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calera de Víctor Rosales, 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chalchihuites, 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Concepción del Oro, 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Salvador, 67 de la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Genaro Codina, 71 de la Ley de Ingresos del Municipio de General Enrique Estrada, 50 de la Ley de Ingresos Municipio de General Francisco R. Murguía, 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de General Pánfilo Natera, 74 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huanusco, 54 de la Ley de Ingresos del Municipio de Jalpa, 64 de la Ley de Ingresos del Municipio de Jerez, 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez del Teul, 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juan Aldama, 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juchipila, 51 de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, 52 de la Ley de Ingresos del Municipio de Luis Moya, 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nochistlán de Mejía, 54 de la Ley de Ingresos del Municipio de Noria de Ángeles, 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazapil, 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Melchor Ocampo, 49 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mezquital del Oro, 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Miguel Auza, 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Monte Escobedo, 51 de la Ley de Ingresos del Municipio de Momax, 58 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos,(1) 49 de la Ley de Ingresos del Municipio de Moyahua de Estrada, 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ojocaliente, 52 de la Ley de Ingresos del Municipio de Panuco, 51 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinos, 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Grande, 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sain Alto, 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María de la Paz, 71 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sombrerete, 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Susticacan, 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Trancoso, 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepechitlán, 51 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepetongo, 49 de la Ley de Ingresos del Municipio del Teul de González Ortega, 52 de la Ley de Ingresos del Municipio de Trinidad García de la Cadena, 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa García, 54 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa González Ortega, 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Hidalgo, 51 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villanueva, 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Valparaíso, y 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, todos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno de Zacatecas el treinta de diciembre de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La accionante estimó violados los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1o. y 2o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y adujo, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:
Los artículos que establecen el derecho por la prestación del servicio de alumbrado público vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, el derecho al mínimo vital y el principio de proporcionalidad en las contribuciones, por tomar como base el consumo de energía eléctrica de cada usuario.
Las contribuciones previstas en la Constitución tienen distinta naturaleza atendiendo a los elementos esenciales que los estructuran (sujeto, hecho imponible, base gravable, tasa o tarifa y época de pago). Estos componentes, a pesar de ser una constante estructura de los tributos, su contenido se presenta de distinta forma, dependiendo del tipo de contribución. Si bien el legislador puede establecer diferentes tipos de tributos, esa habilitación no conlleva la facultad de desnaturalizarlos, por el contrario, el legislador debe respetar las notas esenciales del tributo en cuestión.
En el caso de los derechos, el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio público por parte del Estado o, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación. En cambio, el hecho imponible de los impuestos consiste en hechos o actos que no están vinculados con la actividad de un ente público pero reflejan la capacidad contributiva del contribuyente.
Lo anterior manifiesta que el hecho imponible, constituye un elemento relevante pues, además de ser el presupuesto para el nacimiento de la obligación impositiva, es el elemento que permite identificar la naturaleza de la contribución.
Para individualizar el monto de la obligación impositiva, además del hecho imponible es necesaria la base gravable. Ambos elementos deben guardar congruencia para cumplir con el principio de proporcionalidad, pues de lo contrario existiría una imprecisión en torno a cuál es el aspecto, objetivo efectivamente gravado y la categoría del tributo, lo que incluso puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa quien puede carecer de facultades constitucionales para gravar ese hecho.
Ahora bien, las leyes de ingresos impugnadas establecen el cobro de derechos por el servicio de alumbrado público, sin embargo, se advierte que no hay congruencia entre el hecho imponible (prestación del servicio de alumbrado público) y la base gravable (consumo de energía eléctrica) pues la naturaleza material de la contribución se identifica, en realidad, con un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica.
En este sentido, el legislador del Estado de Zacatecas pretende cobrar un impuesto por el consumo de energía eléctrica, lo que afecta la esfera jurídica de los gobernados de forma desproporcionada e injustificada, porque esta autoridad no tiene sustento constitucional para imponer esta carga tributaria.
Cuando se presenta un conflicto entre el hecho imponible y la base gravable para efectos de determinar el cálculo del tributo, debe resolverse en favor de lo que contempla la base gravable dado que es el elemento que sirve para calcular el tributo. Por tanto, si la base gravable consiste en el consumo de energía eléctrica –hecho no relacionado con una actividad del ente público–, la verdadera naturaleza del tribuno en cuestión es un impuesto, puesto que el carácter deriva de su propia estructura y no de la denominación que el legislador elija.
Si bien el artículo 115 de la Constitución General establece que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado público, ello no habilita a los Municipios a cobrar impuestos por el consumo de energía eléctrica. Dicho precepto constitucional debe interpretarse armónicamente con el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), constitucional.
TERCERO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil dieciocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el número 27/2018 y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.
Por diverso acuerdo de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la acción y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, y dio vista a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.
CUARTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. La presidenta de Puntos Constitucionales de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado rindió el informe a cargo del Poder Legislativo en el que manifestó lo siguiente:
1. Causas de improcedencia.
La Comisión accionante cuestiona la constitucionalidad de las leyes de ingresos municipales, en esencia, porque es incorrecta la estructura interna del derecho al cobro por alumbrado público, lo cual, por una parte, viola los derechos de seguridad jurídica y legalidad, y, por otra parte, vulnera el derecho al mínimo vital de los contribuyentes.
Los anteriores planteamientos generan que la Comisión accionante carezca de legitimación procesal para promover este medio de control constitucional porque (i) no tiene atribuciones para intervenir en el diseño y configuración del sistema tributario local, que está a cargo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Locales, por lo que, en todo caso, la acción sólo puede ser promovida por un órgano de la misma naturaleza (Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal); y, (ii) en cuanto a la vulneración del derecho al mínimo vital era indispensable que la accionante presentara casos concretos para que esta Suprema Corte estuviera en condiciones de determinar si, respecto de tales casos, había una vulneración al derecho al mínimo vital, condición indispensable para que se actualice la legitimación del organismo de protección de derechos humanos.
2. Contestación a los conceptos de invalidez.
El Congreso ha sujetado su actuación al marco constitucional y legal que rige el procedimiento de creación de leyes y, en el ejercicio de sus atribuciones, aprobó los decretos que contienen las leyes de ingresos impugnadas, en particular, los artículos 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución General y 119, fracción III, inciso c), de la Constitución de Zacatecas.
Sobre el artículo 115 constitucional citado, la Suprema Corte ha interpretado que la fracción IV prevé una potestad tributaria compartida entre los Congresos Locales y los Ayuntamientos, asimismo que la vinculatoriedad dialéctica de la que gozan las iniciativas de leyes de ingresos municipales obliga a las Legislaturas Estatales a respetar su contenido y, en caso de modificación, el cambio debe estar razonado y justificado por el órgano legislativo.
En el caso, el Congreso Local respetó las propuestas de los Ayuntamientos de Zacatecas, respecto a sus leyes de ingresos municipales, en particular, la estructura del derecho al cobro por el servicio de alumbrado público.
Se destaca que con motivo de las diversas reformas constitucionales que el artículo 115 constitucional ha sufrido, se advierte un avance político significativo para el desarrollo del Municipio, pero este progreso no ha tenido reflejo en el plano económico. La anterior situación es producto de la falta de apoyo de los gobiernos estatales de facilitar los recursos humanos y materiales para la prestación adecuada de los servicios públicos que los Municipios tienen a su cargo. Así, para cumplir con el servicio de alumbrado público, los Municipios han adoptado mecanismos previstos en sus leyes de ingresos que les permitan atender las necesidades básicas de su población.
Si bien el diseño del derecho al cobro de alumbrado público puede ser incorrecto, lo cierto es que los recursos obtenidos a través de ese tributo han permitido a los Municipios el cumplimiento de sus fines. No obstante ello, se destaca que todos los sujetos pasivos contribuyen de manera equitativa por la aplicación de la tasa del 8% sobre el consumo de energía eléctrica y, el cobro es proporcional dado que se determina en función del consumo de energía eléctrica.
Por otra parte, la Legislatura ha sido respetuosa del ámbito competencial del Congreso de la Unión para establecer contribuciones sobre la energía eléctrica, contemplada en el artículo 73, fracción XXIX, apartado 5o., inciso a), de la Constitución General. En efecto, las leyes de ingresos controvertidas tienen como fundamento el artículo 115, fracción IV, constitucional, puesto que el servicio de alumbrado público le corresponde a los Municipios.
Sobre este aspecto, el propio Congreso de la Unión autorizó que los Estados regulen el cobro de derechos por el servicio de alumbrado público con base en el consumo de energía eléctrica, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas. El coordinador general jurídico señaló, en esencia, lo siguiente:
Los actos relativos a la promulgación y publicación de las leyes impugnadas tienen sustento en el artículo 82, fracción II, de la Constitución del Estado de Zacatecas, por lo que están apegados a legalidad.
1. Causas de improcedencia.
Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia en relación con los diversos 20, fracción II, 65 de ese ordenamiento, así como el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General, pues la Comisión accionante plantea presuntas violaciones relacionadas con invasiones de esferas competenciales y no a derechos humanos.
En efecto, la legitimación de la Comisión accionante se encuentra restringida a la vulneración de derechos humanos, sin que sea posible impugnar normas o violaciones que escapen de esa materia, como ocurre en el caso concreto, por lo que no es posible reconocer legitimación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2. Contestación a los conceptos de invalidez.
Contrario a lo expuesto por la accionante, el objetivo primordial del sistema tributario es la recaudación de los ingresos que el Estado requiere para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad con el firme propósito de procurar el crecimiento económico y la más justa distribución de la riqueza.
Lo anterior se traduce en que todos los ciudadanos tienen la obligación constitucional de contribuir al gasto público atendiendo a la capacidad contributiva de cada individuo, por lo que se estableció el pago de derechos del servicio de alumbrado público. No se trata de una simple imposición soberana derivada de la potestad del Estado, sino de una vinculación social.
En este sentido, una de las actividades inherentes a la responsabilidad social a que se refiere el artículo 25 constitucional, consiste en la obligación de contribuir al gasto público, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General.
Por virtud de lo anterior, carecen de sustento las pretensiones de la accionante en el sentido de que las leyes controvertidas son inconstitucionales.
SEXTO.—Opinión de la procuradora general de la República. No formuló opinión en relación con el presente asunto.
SÉPTIMO.—Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, por proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, finalmente, en términos del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de carácter estatal y la Constitución General.
SEGUNDO.—Oportunidad. Por razón de orden, en primer lugar, se debe analizar si la presente acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
Las Leyes de Ingresos impugnadas correspondientes a los Municipios del Estado de Zacatecas fueron expedidas en diversos decretos, los cuales se publicaron el treinta de diciembre de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas.(2)
Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete al veintinueve de enero de dos mil dieciocho.
En consecuencia, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja 46 del expediente, su presentación fue oportuna.
TERCERO.—Legitimación. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, de la ley reglamentaria de la materia,(5) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
En el caso, el escrito inicial fue suscrito por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia de la comunicación emitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil catorce, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil catorce a dos mil diecinueve.(6)
Dicho funcionario ostenta la representación de la comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(7) y 18 de su reglamento interno;(8) y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(9)
Además, en el caso se plantea la incompatibilidad de las Leyes de Ingresos correspondientes a diversos Municipios del Estado de Zacatecas con la Constitución General y tratados internacionales, por estimar que se violan los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, del mínimo vital, la obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos, así como el principio de proporcionalidad en materia fiscal.
En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocerse la legitimación activa en este asunto.
No desvirtúa la conclusión anterior, lo señalado por el Congreso del Estado en su informe en el sentido de que el accionante carece de legitimación procesal, porque no interviene en el diseño de las leyes de ingresos que se impugnan, además de que no presenta casos particulares para verificar si el derecho por el servicio de alumbrado público transgrede el derecho al mínimo vital. En cuanto al primer argumento, el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional establece, únicamente, como condición de procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea parte, sin que establezca otra condición como lo aduce el Congreso Local. Por lo que hace al segundo argumento, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control de carácter abstracto que se promueve por el mero interés genérico de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional,(10) por lo que para su presentación no es necesaria la existencia de casos particulares o de un agravio concreto.
De igual forma, es infundado el planteamiento del gobernador local en cuanto sostiene que la Comisión accionante carece de legitimación procesal porque hace valer argumentos sobre invasión de esferas competenciales. Ello es así, pues si bien la Comisión accionante plantea que el Congreso de Zacatecas no está habilitado constitucionalmente para establecer contribuciones por el consumo de energía eléctrica, lo cierto es que tal argumento incide necesariamente en los derechos fundamentales que se aducen violados, tales como el derecho de legalidad y de seguridad jurídica.(11) Por tanto, en la medida en que los argumentos sobre invasión de esferas competenciales tienen relevancia para el ejercicio de un derecho humano, se satisface el requisito de legitimación para la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad.
CUARTO.—Causas de improcedencia. No existiendo motivo de improcedencia hecho valer por las partes ni que se advierta de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto.
QUINTO.—Estudio de fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea, en esencia, que las contribuciones respeto al cobro del servicio de alumbrado público previstas en las leyes de ingresos municipales no tienen el carácter de derechos, sino de impuestos que gravan el consumo de energía eléctrica, lo cual implica una vulneración a los derechos de legalidad, de seguridad jurídica, derecho al mínimo vital y al principio de proporcionalidad que rige en materia fiscal.
Señala que si bien el artículo 115 de la Constitución General establece que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado público, ello no implica una habilitación constitucional a los Estados para establecer contribuciones municipales sobre el consumo de energía eléctrica y, en todo caso, tal precepto debe interpretarse armónicamente con el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), constitucional, que otorga esa facultad al Congreso de la Unión.
A efecto de analizar la cuestión planteada, es necesario conocer el contenido de los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a) y 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución General que disponen lo siguiente:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXIX. Para establecer contribuciones:
"...
"5o. Especiales sobre:
"a) Energía eléctrica."
"Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
"...
"b) Alumbrado público.
"...
"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
"....
"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
"...
"c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
"...
"Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
"Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."
De los citados preceptos, se desprende que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica y que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el de alumbrado público. Asimismo, los Municipios tienen derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las Legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno.
En este sentido, le corresponde a las Legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que deben prestar y éstos pueden, como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio.
En congruencia con lo anterior, para determinar si los artículos impugnados resultan constitucionales o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribución que prevé, es decir, debe precisarse si se trata de una contribución de las previstas por el artículo 73 de la Constitución Federal, tal como lo sostiene la Comisión accionante o si, por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho como aduce el Congreso del Estado de Zacatecas.
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución General regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel federal como en el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. Este precepto en lo que interesa dispone:
"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
"...
"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
El citado precepto establece los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, los cuales, además de constituir derechos fundamentales, enuncian las características que permiten construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, los cuales se señalan a continuación:
• Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado.
• Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios.
• Sólo se pueden crear mediante ley.
• Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica.
• Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.
De acuerdo con estas características previstas por la Norma Fundamental se puede válidamente formular un concepto jurídico de contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, que puede definirse como un ingreso de derecho público –normalmente pecuniario– destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza –Federación, Estados o Municipios–, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.
Una vez fijado el concepto constitucional de contribución o tributo, conviene precisar que éste se conforma de distintas especies que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28745-95bd979a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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