JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ABROGADA Y 3, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE MAYO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ÓSCAR VÁZQUEZ MORENO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito; sin que se estime necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, quienes participaron en uno de los criterios en conflicto.
TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada se estima conveniente analizar los antecedentes de los asuntos respectivos y las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias que contienen los criterios materia de contradicción.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
Conoció del amparo directo 234/2019, promovido por Gustavo Ángel López Camarillo, en contra de la sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil diecinueve, por los Magistrados de la Sala Regional Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resolver un recurso de reclamación deducido del juicio de nulidad 140/19-04-01-5-OT.
Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
1. Derivado de la falta de atención médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua y de la omisión de proporcionar los medicamentos adecuados para tratar el padecimiento diagnosticado como: "oclusión de vena central de retina, con hemorragias en 4 cuadrantes con aumento de grosor macular central", Gustavo Ángel López Camarillo interpuso una queja ante la Coordinación Delegacional de Quejas y Atención al Derechohabiente de ese instituto, a fin de que le fueran reembolsados los gastos que tuvo que erogar con motivo de su atención en una institución privada.
2. Dicha queja fue tramitada bajo el número de expediente QD/CHIH/0066-1-2018 y resuelta el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en el sentido de declararla improcedente.
3. En contra de esa determinación, López Camarillo interpuso recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, tramitado con el número de expediente CC.CHH.0809/2018. Por resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho fue declarado infundado dicho recurso.
4. Inconforme con lo anterior, Gustavo Ángel López Camarillo promovió juicio contencioso administrativo, del que le correspondió conocer a la Sala Regional Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente 140/19-04-01-5-OT.
5. Por proveído de veintidós de enero de dos mil diecinueve el Magistrado instructor desechó por notoriamente improcedente la demanda, al considerar que: "... no le compete conocer a este tribunal de dicha resolución, atendiendo a que recae a un recurso de inconformidad hecho valer en contra de una diversa en la que se declara improcedente una queja administrativa prevista en el artículo 296 de la Ley del Seguro Social, suscrita por el titular de la Coordinación de la Delegación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y la queja administrativa en cuestión no es una decisión administrativa que pueda ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que dicho recurso atiende a un fin diverso a la reclamación que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado ..."
6. En contra de lo resuelto en el punto anterior la parte accionante interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto el veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el sentido de confirmar el auto recurrido.
7. Finalmente, la parte actora del juicio natural promovió amparo directo 234/2019, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. En sesión de diez de enero de dos mil veinte pronunció sentencia en la que negó la protección solicitada por el quejoso.
Ahora, para lo que aquí nos ocupa, las consideraciones que dieron sustento al criterio en colisión fueron son las siguientes:
"... Como se precisó, son infundados los argumentos que se hacen valer de conformidad con lo siguiente:
"Importa destacar que el presente caso tiene su origen en la queja interpuesta por el hoy quejoso en términos del artículo 296 de la Ley del Seguro Social y el Instructivo para el Trámite y Resolución de Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, posteriormente, recurso de inconformidad ante el mismo, es decir, no presentó una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, reglamentaria del artículo 109 constitucional y posteriormente un recurso de revisión, conforme al diverso numeral 24 de la misma ley, ante la propia autoridad administrativa.
"Para una mejor comprensión del asunto resulta pertinente transcribir lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual establece:
"(Se trascribe contenido).
"De conformidad con la fracción XIII del numeral transcrito, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer de los recursos administrativos en contra de aquellas resoluciones contempladas en las demás porciones normativas contempladas en dicho artículo.
"En el caso particular, debe tenerse presente que el acto impugnado en la acción de nulidad, se hizo consistir en la resolución recaída al recurso de inconformidad interpuesto por el aquí impetrante en contra de la diversa que declaró improcedente la queja administrativa desde el punto de vista médico, promovida en términos del instructivo para el trámite y resolución de quejas administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y artículo 296 de la Ley del Seguro Social y, por ende, se le negó el reintegro de los gastos solicitados.
"Como podrá observarse, la resolución que se pretendió combatir en el juicio de nulidad como lo expuso la Sala Regional responsable, no encuadra en los supuestos de procedencia de dicho juicio.
"Es así, porque como acertadamente lo consideró la Sala responsable, el recurso de queja administrativa prevista por el artículo 296 de la Ley del Seguro Social e instructivo para el trámite y resolución de quejas administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se solicita el pago de una indemnización por mala atención médica, es de distinta naturaleza al reclamo de una responsabilidad patrimonial del Estado.
"En efecto, dicho recurso de queja se tramita siguiendo los lineamientos contenidos en el instructivo para el trámite y resolución de las quejas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenamiento que no prevé como supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
"Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal sustenta el criterio de que la referida queja administrativa y el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado son procedimientos diferentes.
"La queja administrativa tiene por objeto conocer las insatisfacciones de los usuarios por actos u omisiones del personal institucional, vinculados con la prestación de los servicios médicos; y de manera secundaria cuando resulta fundada permite el pago de una indemnización con fundamento en el artículo 16 del referido Instructivo, así como que la citada queja administrativa no es una institución nacida del artículo 109 de la Carta Magna.
"En tanto que el procedimiento por responsabilidad patrimonial del Estado, se tramita de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, reglamentaria del referido precepto 109 constitucional, el cual se inicia con el escrito de reclamación ante el ente público federal al que se le atribuye el actuar irregular y abarca un cúmulo de elementos que deben tomarse en consideración para cumplir con una indemnización integral.
"Es aplicable al caso, la tesis 2a. XVIII/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, del tenor siguiente:
"‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA REPARACIÓN INTEGRAL RESULTANTE DE ÉSTA ES DIFERENTE A LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 296 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’
"(Se trascribe contenido).
"Así como la jurisprudencia 2a./J. 82/2015 (10a.), también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRESTACIÓN DEFICIENTE DE UN SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE. PARA EXIGIRLA PROCEDE LA RECLAMACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.’
"(Se trascribe contenido).
"Así, se considera que contrario a lo que aduce el quejoso, es acertada la determinación de la Sala responsable respecto de que la resolución reclamada no encuadra en los supuestos de procedencia del juicio contencioso administrativo del conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con la fracción XIII del artículo 3 de la legislación que rige a ese órgano jurisdiccional.
"Dado que la impugnada se fundó en la Ley del Seguro Social, en su numeral 296, que prevé la facultad del derechohabiente para la promoción de la referida queja y la impugnación de su resultado mediante recurso de inconformidad, la cual no puede considerarse como la determinación administrativa que en términos del artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, decide sobre las reclamaciones que se tramitan ante la dependencia o entidad responsable, ya que dicha resolución es diversa a la reclamación que da lugar al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado en atención a que el reclamo de la prestación económica de que se trata, constituye una acción prevista en la legislación civil, es decir, es de carácter civil y, por tanto, debe ser resuelta bajo la aplicación de las normas del derecho común.
"En efecto, las resoluciones que son del conocimiento del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 3 de su ley orgánica, son las que resuelven los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de dicho precepto, lo que en el caso no se actualiza, pues la resolución originalmente recurrida, esto es, la respuesta a la queja administrativa interpuesta por la parte actora, no es de las resoluciones impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que ella es una controversia entre el impetrante y el Instituto Mexicano del Seguro Social, misma que como lo indicó la responsable, es de carácter civil al estar prevista en la legislación civil y, por tanto, debe ser resuelta bajo la aplicación de las normas del derecho común.
"En ese contexto, se considera que en contra del acto impugnado no procede el juicio de nulidad, al no encuadrar en las hipótesis contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"Ello en virtud de que como se puso de relieve con antelación, la resolución impugnada en el juicio de nulidad, si bien resuelve un recurso, no es de los contemplados en alguna de las fracciones del indicado numeral, en específico de las marcadas como IX y XII, porque no tiene su origen en un acto en el que se haya negado una indemnización con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; ni se trata de una resolución que ponga fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
"En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada por la responsable, prevista en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consistente en que no le compete conocer del asunto a dicho tribunal ..."
II. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Conoció del amparo en revisión 373/2010 promovido por Félix Manuel Fragoso González, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil diez, por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien determinó sobreseer en el juicio de amparo P-615/2010.
Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
1. Con motivo de una intervención quirúrgica que le fue practicada en forma urgente, como consecuencia de la (deficiente) atención médica que se le proporcionó en la clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Félix Manuel Fragoso González interpuso una queja administrativa ante la Comisión de Arbitraje Médico, a fin de que le fueran reembolsados los gastos que tuvo que erogar con motivo de su atención en una institución privada.
2. Dicha queja fue tramitada bajo el número de expediente 37-90-01-051100 y resuelta el veinticinco de junio de dos mil ocho, en el sentido de declararla improcedente, por considerar que no se acreditaba la negligencia reclamada.
3. En contra de esa determinación, Fragoso González interpuso recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, tramitado con el número de expediente CC.DFS.1704/2008, CLA 0163-42-7748-5. Por resolución de veinte de agosto de dos mil ocho fue declarado infundado dicho recurso.
4. Inconforme con lo anterior, Félix Manuel Fragoso González promovió el juicio de amparo indirecto P-615/2010, tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, cuyo titular, finalmente, determinó sobreseer en el juicio de amparo.
5. Por último, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión 373/2010, del que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En sesión de dos de febrero de dos mil once pronunció sentencia en la que negó la protección solicitada por el quejoso.
Las consideraciones que dieron sustento a dicha determinación, en lo que aquí nos ocupa, son las siguientes:
"... Ahora bien, como el presente caso versa sobre la solicitud de reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, en donde el asegurado decidió interponer queja y, posteriormente, recurso de inconformidad; resulta conveniente imponerse de las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 86/2008, el tres de septiembre de dos mil ocho, en las que esencialmente sostuvo lo que se reproduce enseguida:
"(Se transcribe contenido).
"De los razonamientos de referencia derivó la jurisprudencia 2a./J. 129/2008, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,Tomo XXVIII, de septiembre de dos mil ocho, página doscientos veinticuatro, «con número de registro digital: 168898» del rubro:
"‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES.’
"(Se transcribe contenido).
"En ese orden de ideas, si como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social establezca que los conflictos entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que otorga esa ley, deben sustanciarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; y que el Pleno de ese Alto Tribunal, al analizar dicho dispositivo legal, en relación con la acción de pago que se ejercite por concepto de gastos médicos extrainstitucionales, determinara que esa demanda no es de naturaleza laboral, sino civil y que, por ende, corresponde su conocimiento a un Juez Civil del fuero común; tales circunstancias no modifican la relación de naturaleza administrativa que se suscita en la hipótesis de que el particular decide interponer queja administrativa y en su contra el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la legislación citada.
"Así las cosas, si en el caso particular el quejoso no planteó la acción de reembolso ante un Tribunal laboral, sino que optó por solucionar la contienda en sede administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, primero mediante, directamente, la queja administrativa y luego a través de la interposición del recurso de inconformidad, es inconcuso que el impetrante decidió someterse al imperio del referido instituto y obligó a éste a resolver la instancia planteada; por lo que, válidamente, puede concluirse que en contra de la resolución emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la cual resolvió el recurso de inconformidad, en contra de la instancia de queja administrativa, en la que reclamó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, es susceptible de impugnación a través de la acción constitucional, en tanto que dicho acto proviene de una autoridad administrativa para efectos del juicio de amparo; con la salvedad, claro está, que conforme al principio de definitividad, para acudir a la instancia de amparo, hubiera agotado previamente los medios de defensa ordinarios previstos en las legislaciones secundarias.
"Ahora bien, a efecto de dilucidar si conforme al principio de definitividad, para instar el juicio de amparo, el quejoso debió agotar previamente otro medio de impugnación ordinario, resulta conveniente tomar en consideración lo estipulado en el artículo 31 del reglamento del recurso de inconformidad, que establece:
"(Se transcribe contenido).
"El precepto legal recién transcrito establece que en materia de admisión o desechamiento del recurso de inconformidad o de las pruebas deberá solicitarse su revocación ante el Consejo Consultivo Delegacional correspondiente, sin contemplar que deba agotarse dicho recurso en contra de la resolución que declare infundado el recurso de inconformidad, como aconteció en la especie; de tal suerte, que una resolución dictada en tales términos tiene el carácter de definitiva, por ello, el quejoso no se encontraba obligado a agotar el recurso de revocación, previamente a acudir a la acción constitucional.
"No obstante lo anterior, se estima que el impetrante debió promover el juicio contencioso administrativo en contra del acto reclamado, con antelación a intentar la acción de garantías, de conformidad con los razonamientos que se exponen a continuación:
"El artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece:
"(Se transcribe contenido).
"De conformidad con la porción normativa recién reproducida, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocer de aquellas resoluciones emitidas por autoridades administrativas que pongan fin a una instancia en los términos dispuestos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
"En el caso particular, debe tenerse presente que el acto reclamado en la acción de garantías se hizo consistir en la resolución recaída al recurso de inconformidad interpuesto por el impetrante en contra de la queja administrativa en la que el quejoso solicitó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales.
"Como podrá observarse, la resolución que se pretendió combatir en el juicio de amparo fue emitida por una autoridad administrativa, acorde a las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis citada en párrafos precedentes, que señalan: "el Instituto Mexicano del Seguro Social al resolver el recurso de inconformidad sí actúa con fundamento en disposiciones legales y reglamentarias que lo autorizan para emitir actos unilaterales con facultades decisorias, de acuerdo con los artículos de la Ley del Seguro Social y del Reglamento del recurso de inconformidad transcritos anteriormente, de los que se desprende que el indicado organismo público descentralizado al conocer del citado medio de defensa, queda investido de una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad ..."; además, la resolución de mérito puso fin a la instancia intentada por el impetrante, como lo fue el recurso de inconformidad.
"En esa línea de pensamiento, se considera que el quejoso no agotó el principio de definitividad previamente a instar la acción constitucional, ya que en contra del acto señalado como reclamado procedía el juicio contencioso administrativo del conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con la fracción XI del artículo 14 de la legislación que rige a ese órgano jurisdiccional.
"Sin que impida adoptar esa postura la circunstancia de que en el caso particular la resolución señalada como acto reclamado en el juicio de garantías, no se hubiera emitido en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como fue estipulado por el legislador en la porción normativa analizada, sino que se fundó en la Ley del Seguro Social.
"Ello se estima así, en razón de que no debe perderse de vista que de conformidad con el artículo 5 de la ley que rige al Instituto Mexicano del Seguro Social, dicha institución tiene el carácter de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios; en ese tenor, al ser esa su naturaleza debe atenderse a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que señala: ‘El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.’
"Así las cosas, si por disposición expresa del artículo 1, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dicha legislación deberá ser aplicada al Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de organismo descentralizado en lo concerniente a sus actos de autoridad; válidamente puede concluirse que si bien el acto reclamado materialmente fue emitido con fundamento en la Ley del Seguro Social, por mandato legal debe entenderse que también se pronunció en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
"En otra tesitura, tampoco impide arribar a la conclusión alcanzada lo establecido en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, en el sentido de que: ‘Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa’; esto es, que de conformidad con el dispositivo normativo de referencia, sólo tendrá competencia legal el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de aquellos conflictos que se susciten entre el organismo de seguridad social y los patrones y demás sujetos obligados.
"Entonces, bajo la hipótesis normativa de referencia, en el caso particular el quejoso no debió acudir al juicio contencioso administrativo previamente a la acción de garantías, en tanto que el juicio de mérito sólo es procedente cuando la contienda se genere entre el instituto y los patrones, carácter este último que el impetrante no tiene, sino el diverso de asegurado.
"Sin embargo, dicho criterio no debe prosperar, en razón de que la competencia legal del órgano federal de referencia debe fijarse con fundamento en la legislación que rige a ese tribunal, como lo es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con independencia de las acotaciones competenciales que dispongan otros ordenamientos legales ajenos al citado; de adoptar un criterio contrario al señalado, implicaría permitir que diversas normatividades redujeran el ámbito competencial del órgano jurisdiccional citado, desconociéndose así el principio de especialidad de las leyes.
"En ese contexto, se considera que en contra del acto reclamado procedía el juicio contencioso administrativo, al actualizarse plenamente la fracción XI del precepto legislativo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; circunstancia que conduce a este órgano jurisdiccional a determinar que en el caso particular el quejoso no agotó el principio de definitividad estipulado en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, como lo sostuvo el Juez Federal en el fallo recurrido.
"Sin que represente obstáculo para asumir ese criterio, la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, de mayo de dos mil siete, página mil ciento tres, «con número de registro digital: 172342» intitulada:
"‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.’
"Lo expuesto se estima de esa manera, en tanto que no obstante que de conformidad con el criterio jurisprudencial reproducido es innecesario acudir al juicio contencioso administrativo previamente a la acción constitucional, en virtud de que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo; sin embargo, debe considerarse que en la especie el quejoso optó por impugnar el acto definitivo respectivo mediante el recurso de inconformidad en sede administrativa, de tal suerte, que al elegir la vía ordinaria, se obliga a seguirla hasta sus últimas consecuencias, es decir, impugnar la resolución que recaiga al recurso de mérito ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para así agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías.
"Sin que sea óbice que el criterio de la Superioridad prevea una excepción al principio de referencia, toda vez que éstas no son absolutas, ya que si el agraviado, estando en aptitud de promover un juicio de amparo indirecto contra un acto que afecta su interés jurídico, prefirió agotar la vía ordinaria, tal opción implicó la renuncia a la excepción legal consagrada en su favor y el sometimiento al principio de definitividad ..."
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.
De diversos criterios de esta Suprema Corte podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1) y la tesis P. XLVII/2009 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(2)
2. Es necesario que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
3. En los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cue
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29513-fcf22284/juicio-contencioso-administrativo-procede-contra-la-resolucion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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