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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. LOS ÓRGANOS FEDERALES PUEDEN SUSTITUIRSE EN LA FUNCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO SÓLO PARA NEGARLO, SINO TAMBIÉN PARA CONCEDERLO, SIEMPRE QUE NO EXISTA DUDA ACERCA DE LOS ELEMENTOS EN QUE SE APOYAN PARA RESOLVER, PUES ELLO PRIVILEGIA LA EMISIÓN DE SENTENCIAS QUE RESUELVAN EL FONDO DEL ASUNTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 208/2020. · Registro digital (IUS): 29678
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-03-05
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, Pág. 2555.

AMPARO DIRECTO 208/2020. 22 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO ROQUE LEYVA. SECRETARIA: PATRICIA HERRERA COLMENARES.

CONSIDERANDO:

V.—Estudio de los conceptos de violación.

37. En el estudio de los conceptos de violación no se suplirá la queja deficiente, porque quien acude al amparo es la parte patronal y no se ubica en ninguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo, sin que esa circunstancia vulnere su derecho de igualdad y no discriminación, pues la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y resulta proporcional.

38. En efecto, tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal; de ahí la improcedencia de suplir la queja deficiente en favor del patrón.

39. Sirven de apoyo las jurisprudencias siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de la ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."(37)

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 Bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador ‘con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI’, lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fraccion III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de ‘tercero extraño a juicio’, hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora."(38)

40. En el concepto de violación primero, la quejosa refiere que el laudo reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales, al contravenir el principio de exhaustividad, contenido en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, en la parte donde se le condena a pagar al actor las prestaciones de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, en razón de lo siguiente:

• El propio actor expresó en su demanda que estuvo incapacitado durante el periodo comprendido del veintitrés de octubre de dos mil diez al quince de agosto de dos mil once, lo que implica que no laboró para la demandada en ese tiempo.

• Tal circunstancia la destacó la demandada en su escrito de contestación, donde al referirse a esas prestaciones, dijo que era improcedente su reclamo.

• Ya que en el hecho 4 de su demanda, el accionante reconoció haber estado incapacitado en el lapso mencionado, razón por la cual no prestó materialmente sus servicios personales a la demandada y, por ende, no había generado el derecho a obtener dichas prestaciones, las cuales sólo se causan con la prestación de sus servicios personales.

• Luego, si no existió tal prestación de servicios personales, entonces el actor, precisó, carecía de acción y derecho para reclamar cantidad alguna por esos conceptos; lo que hizo valer en vía de excepción y defensa al responder la demanda entablada en su contra, sin que ello fuera tomado en cuenta al dictarse el laudo.

• Por lo que debió ser absuelta de los conceptos de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, respecto del citado periodo.

• Incluso, los artículos 77 y 87 de la Ley Federal del Trabajo establecen claramente la regla de que tanto las vacaciones como el aguinaldo se generan a partir del tiempo efectivamente laborado; por tanto, si no se laboró en dicho periodo por estar incapacitado, no puede contabilizarse como tiempo efectivamente laborado.

• Sin que sea óbice que el trabajador alegara que la incapacidad derivaba de un accidente de trabajo, pues en el expediente no existe prueba alguna de que así haya sido, cuenta habida de que la carga de demostrar esa circunstancia correspondía al actor, aunado a que la demandada negó que la incapacidad hubiese tenido su origen en un accidente de trabajo.

• Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 15/98, de rubro: "VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. NO DEBE COMPRENDERSE EN EL SALARIO SU PAGO DURANTE EL PERIODO EN QUE SE SUSPENDIÓ LA RELACIÓN LABORAL POR INCAPACIDAD TEMPORAL OCASIONADA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO CONSTITUTIVO DE UN RIESGO DE TRABAJO."

• Además, la responsable debió considerar que si el trabajador reconoció haber estado incapacitado, por ende, recibió el pago de las incapacidades que el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorgó y en esas cantidades venía integrada la parte proporcional correspondiente al aguinaldo, por ser una prestación que dicho instituto integra para determinar el salario base de cotización.

41. Son fundados estos argumentos.

42. En efecto, el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo(39) establece que los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.

43. Dicho precepto hace alusión a los principios de congruencia y exhaustividad que consisten, el primero, en que las Juntas laborales deben ocuparse de todos y cada uno de los puntos controvertidos en el juicio; el segundo, que ese examen se realice sin omitir ninguno de ellos, pues de lo contrario se estará ante la presencia de un laudo desajustado a derecho.

44. En el caso, del escrito de contestación de la demanda se advierte que la patronal se opuso al pago de las prestaciones denominadas aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, reclamadas por el actor, aquí tercero interesado, de la forma siguiente:

Ver escrito de contestación de la demanda

45. Según se ve, la demandada sustentó su defensa en estos aspectos: (i) el actor no fue despedido; (ii) eran oscuras las prestaciones demandadas, ya que no se precisó el periodo reclamado, ni la forma en que se hizo el cálculo de las sumas exigidas por esos conceptos; (iii) desde el veintitrés de octubre de dos mil diez y hasta el quince de agosto de dos mil once, el actor estuvo incapacitado, esto es, no prestó materialmente sus servicios personales a la patronal, lo que quiere decir que durante ese tiempo no generó su derecho a tales prestaciones; y (iv) siempre se le pagaron las cantidades correspondientes a esos conceptos.

46. En el laudo reclamado se estimó que no quedó acreditado el despido injustificado alegado y sí, en cambio, que fue el actor quien renunció a su trabajo el dieciséis de agosto de dos mil once; por tanto, se absolvió a la hoy quejosa del pago de las prestaciones consistentes en: indemnización constitucional (inciso A del capítulo de prestaciones de la demanda), prima de antigüedad (inciso B del capítulo de prestaciones de la demanda) y salarios caídos (inciso F del capítulo de prestaciones de la demanda).

47. No obstante, se le condenó al pago de otras prestaciones legales, como aguinaldo (inciso C del capítulo de prestaciones de la demanda), vacaciones (inciso D del capítulo de prestaciones de la demanda) y prima vacacional (inciso E del capítulo de prestaciones de la demanda).

48. En cuanto al aguinaldo (prestación marcada en el escrito de demanda con el inciso C), se apreció que la patronal opuso la excepción de oscuridad de la demanda, pero ésta no se actualizó, ya que aun cuando el actor no precisó de qué fecha a qué fecha reclamó el pago de dicha prestación, sí refirió que su reclamó correspondía a dos mil once.

49. El patrón controvirtió la antigüedad, por lo que de conformidad con el artículo 784, en relación con el 804, ambos de la Ley Federal del Trabajo, la Junta determinó que a él tocaba probar su dicho, esto es, que el actor comenzó a trabajar el nueve de junio de dos mil once; sin embargo, no ofreció medio de convicción alguno para demostrarlo, lo que derivó en tener por cierta la fecha indicada por el actor, esto es, el nueve de junio de dos mil ocho.

50. Luego, como la Junta determinó que el actor renunció a su trabajo el dieciséis de agosto de dos mil once, pues no quedó acreditado el despido injustificado, entonces, dijo, era procedente el pago de aguinaldo proporcional correspondiente a esa anualidad, por el periodo comprendido del uno de enero al dieciséis de agosto de dos mil once, ya que la empresa demandada no justificó haberlo cubierto; ello, en cantidad de **********, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

51. Por otra parte, al abordar el estudio de las vacaciones (prestación marcada en el escrito de demanda con el inciso D) y prima vacacional (prestación marcada en el escrito de demanda con el inciso E), la Junta responsable, a efecto de pronunciarse sobre la procedencia o no de estas prestaciones, así como de la excepción de prescripción opuesta en contra de ellas, primeramente determinó los periodos que laboró el actor para la patronal y concluyó lo siguiente:

Ver periodos en que laboró el actor

52. Declaró prescrito su reclamo de vacaciones y prima vacacional correspondientes al primer año laborado, no así en relación con los restantes y condenó a la demandada a pagar un total de ********** por tales conceptos, cantidad que se desglosa por año, de la forma siguiente:

Ver desglose de cantidades

53. De lo hasta aquí expuesto se advierte que la condena por aguinaldo, vacaciones y prima vacacional abarcó el tercer y cuarto años que, según la responsable el actor trabajó; sin embargo, no tomó en cuenta un argumento toral de la patronal para resolver si aquéllas eran o no procedentes.

54. En efecto, no consideró que en la contestación de la demanda la ahora quejosa destacó el hecho de que el propio actor confesó en su escrito inicial que del veintitrés de octubre de dos mil diez al quince de agosto de dos mil once estuvo incapacitado, supuestamente por un accidente de trabajo, es decir, el actor durante ese lapso no prestó sus servicios a la empresa quejosa y, por tanto, no generó su derecho a obtener aguinaldo, vacaciones y prima vacacional; de ahí que expresara que eran improcedentes estas prestaciones.

55. Previo a abordar el estudio de la omisión anterior, es necesario precisar que si bien, por regla general, ante la constatación de una omisión de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquélla para determinar por sí el sentido de la eventual decisión, no obstante, el presupuesto del reenvío es la probabilidad razonable de que al emitirse una nueva resolución pueda cambiar el sentido de la decisión.

56. Así, cuando no existe la posibilidad de un efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar retardar la administración de justicia y, por economía procesal, negar o conceder el amparo, lo que debe realizar desarrollando las razones objetivas de su decisión.

57. El tribunal de amparo debe considerar que a medida de que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opciones interpretativas, existe una presunción a favor del reenvío del asunto, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta firme y objetiva, entonces esa presunción será más débil, al no existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas normativas.

58. Por tanto, el tribunal constitucional debe resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes.

59. Tiene aplicación el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis aislada 1a. I/2017 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE."(40)

60. Así como la tesis aislada XXX.3o.8 K (10a.), emitida por este Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, página 5123 «y en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas», localizable con el número de registro digital: 2020057, que establece:

" El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero señala que: ‘Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.’, lo que es acorde con lo previsto en los artículos 77, fracción II, segundo párrafo, 174, párrafo segundo, 182, párrafo primero y 189 de la Ley de Amparo. Aunado a ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis aislada 1a. I/2017 (10a.), de título y subtítulo: ‘AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’, destacó que aun tratándose de omisiones, los Jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes. Luego, con base en dichos postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales, los órganos federales pueden sustituirse en la función de la autoridad responsable, no sólo para negar el amparo, sino también para concederlo, siempre que no exista duda de que en la ley, en la jurisprudencia aplicable o en el análisis de las pruebas desahogadas en el juicio de origen se resuelva claramente el conflicto pues, de esa forma, se privilegia la emisión de sentencias que resuelvan el fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales."

61. Con base en lo anterior, se estima que asiste razón a la quejosa, porque tales prestaciones se generan, como bien lo adujo en su contestación de la demanda, a partir de la prestación material de los servicios personales del actor.

62. Este tema ya fue dilucidado, al menos en lo que concierne a las vacaciones y a la prima vacacional, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 15/98, de rubro y texto siguientes:

"VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. NO DEBE COMPRENDERSE EN EL SALARIO SU PAGO DURANTE EL PERIODO EN QUE SE SUSPENDIÓ LA RELACIÓN LABORAL POR INCAPACIDAD TEMPORAL OCASIONADA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO CONSTITUTIVO DE UN RIESGO DE TRABAJO. El artículo 42, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo establece como una de las causas de suspensión de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Por otra parte, de los artículos 76 a 81 del propio ordenamiento, deriva que las vacaciones son un derecho que adquieren los trabajadores por el transcurso del tiempo en que prestan sus servicios y que tiene por finalidad el descanso continuo de varios días que les dé la oportunidad de reponer su energía gastada con la actividad laboral desempeñada, sea ésta física o mental, gozando además de un ingreso adicional, denominado prima vacacional, que les permita disfrutar su periodo vacacional, y que no debe ser menor al veinticinco por ciento de los salarios que les correspondan durante dicho periodo. La interpretación relacionada de dichos preceptos permite concluir que no debe comprenderse en el salario el pago de vacaciones y prima vacacional durante el tiempo en que se encuentre suspendida la relación laboral, por incapacidad temporal ocasionada por accidente o enfermedad no constitutivo de riesgo de trabajo, puesto que al no existir prestación de servicios no se genera el derecho a vacaciones del trabajador, ya que no se justifica el descanso a una actividad que no fue realizada por causas ajenas a las partes y que dan lugar a que la ley libere de responsabilidad al patrón y al trabajador en la suspensión de la relación; liberación que debe entenderse referida no sólo a las obligaciones principales de prestar el servicio y pagar el salario, sino también a sus consecuencias, por lo que deben realizarse los descuentos proporcionales a tal periodo."(41)

63. Criterio que invoca la quejosa y en cuya ejecutoria que le dio lugar, el Alto Tribunal interpretó los artículos 42, fracción II,(42) 43, fracción I,(43) 76,(44) 77,(45) 78,(46) 79,(47) 80(48) y 81(49) de la Ley Federal del Trabajo y concluyó que:

• La Ley Federal del Trabajo prevé como causa de suspensión de la relación laboral, sin responsabilidad para ninguna de las partes, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo y tal suspensión surtirá sus efectos desde que se produce la incapacidad hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o antes, si desaparece la incapacidad para trabajar.

• Las vacaciones tienen como finalidad que los trabajadores tengan un descanso continuo de varios días que les dé la oportunidad de reponer la energía gastada en su actividad laboral, sea ésta física o mental, gozando además de un ingreso adicional, denominado prima vacacional, durante el tiempo en que vacacionan, que les permita disfrutar sus vacaciones y que no debe ser menor al veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo relativo.

• Las vacaciones son un derecho que adquieren los trabajadores por el transcurso del tiempo en que se prestan servicios.

• Es el trabajo desempeñado lo que da lugar al nacimiento de este derecho y a la correlativa obligación de la parte patronal de otorgar vacaciones al trabajador.

• En el numeral 77 de la aludida legislación se establece que cuando el trabajo que se preste sea discontinuo o de temporada, el periodo vacacional se fijará proporcionalmente al número de días trabajados, porque es la prestación del servicio la que da lugar al derecho a vacaciones, y es el tiempo de prestación de servicios o antigüedad lo que determina el número de días a que se tiene derecho a vacacionar.

• Si la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo da lugar a la suspensión de la obligación de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para las partes, dicho lapso no puede ser computado para efectos de determinar el periodo vacacional a que se tiene derecho, porque al no haber prestación de servicios no se genera tal derecho.

• El artículo 42, fracción II, es claro al establecer, en ese supuesto, la suspensión de la obligación del trabajador de prestar el servicio y del patrón de pagar el salario.

• La suspensión de la relación laboral abarca todas sus consecuencias, al encontrarse suspendidas las obligaciones principales que les dan origen y de lo cual se exime de responsabilidad a las partes por no ser la causa imputable a ninguna de ellas.

• En este sentido, la anterior Cuarta Sala del Alto Tribunal sustentó las tesis (50) de rubros: "VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL, TRABAJADORES INCAPACITADOS SIN DERECHO A LAS."(51) y "VACACIONES DEL TRABAJADOR ENFERMO."(52)

• El derecho a las vacaciones sólo se justifica en la prestación efectiva del servicio, dado que persigue el descanso continuo que dé al trabajador la oportunidad de recuperar las energías gastadas en la actividad laboral; descanso que no se justifica si tal actividad no fue realizada.

• No obsta a la anterior conclusión el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. y, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, puesto que la interpretación que se hace de las normas laborales se basa en la clara intención del legislador de no hacer responsable al patrón de las enfermedades o accidentes que no constituyan riesgo de trabajo, manifestada mediante la disposición expresa de que la incapacidad temporal ocasionada en tales casos dará lugar a la suspensión de las obligaciones principales propias de la relación laboral, a saber, la prestación del servicio y el pago del salario sin responsabilidad para las partes, en relación con la finalidad del derecho a las vacaciones que deriva de los artículos 76 a 81 de la Ley Federal del Trabajo, de otorgar al trabajador un descanso que le permita recuperar las energías perdidas por la actividad laboral y que, en el caso de suspensión del trabajo, no se da.

64. Con las consideraciones expresadas por el Alto Tribunal, a raíz de la interpretación que hace de la Ley Federal del Trabajo, en relación con las vacaciones y prima vacacional, está claro que:

(i) Cuando no existe prestación de servicios personales no se genera el derecho a tener vacaciones por parte del trabajador, ya que no se justifica el descanso a una actividad que no fue realizada; lo que da lugar a que la ley libere de responsabilidad al patrón y al trabajador en la suspensión de la relación laboral.

(ii) Esa liberación está referida a las obligaciones principales de prestar el servicio, pagar el salario y también a sus consecuencias; por tanto, deben efectuarse los descuentos proporcionales a tal periodo.

(iii) La incapacidad temporal ocasionada por accidente o enfermedad no constitutiva de riesgo de trabajo suspende la relación laboral; por ello, durante este periodo no existe prestación de servicios personales y, por ende, no se genera el derecho a tener vacaciones.

(iv) Consecuentemente, durante el tiempo en que se encuentre suspendida la relación laboral por incapacidad temporal ocasionada por accidente o enfermedad no constitutivo de riesgo de trabajo, no debe comprenderse en el salario el pago de vacaciones y prima vacacional.

65. Se insiste, esa incapacidad temporal debe tener su origen en un accidente o enfermedad que no es constitutiva de riesgo de trabajo, esto es, por enfermedad general, cuando los subordinados sufren alguna alteración física o mental provocada por una lesión orgánica funcional que no es causada por la prestación de los servicios subordinados y los imposibilita para el desempeño de sus labores; caso en el cual:

(a) El Instituto Mexicano del Seguro Social expide al trabajador un certificado de incapacidad temporal para el trabajo por enfermedad no profesional (o general), lo que significa que el padecimiento de esa persona no tiene ninguna relación con las actividades laborales que desarrolla. Tal expedición se hace de conformidad con los artículos 141(53) y 150(54) del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

(b) El trabajador asegurado tiene derecho a recibir del Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del cuarto día de inactividad, un subsidio por el equivalente al 60% del último salario base de cotización (SBC) que su patrón hubiese comunicado a dicho organismo; ello, de conformidad con el artículo 98 de la Ley del Seguro Social.(55)

66. En el supuesto de que la incapacidad temporal sí tenga su origen en un accidente o enfermedad constitutivos de riesgo de trabajo, entonces debe considerarse al incapacitado como trabajador en servicio activo, de conformidad con el artículo 127, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo(56), encontrándose la patronal en obligación de pagar ambos conceptos (vacaciones y prima vacacional).

67. Algo similar sucede con el aguinaldo previsto en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo,(57) donde se establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.

68. Dicho precepto, en su párrafo segundo, agrega que quienes hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.

69. De lo anterior se obtiene que el aguinaldo es una percepción creada por la ley, es pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29678-a119e832/amparo-directo-los-organos-federales-pueden-sustituirse-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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