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Modo: Corpus Pro

COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI SE DEMANDA EL PAGO DE UN TÍTULO DE CRÉDITO SUSCRITO EN DÓLARES, MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y SE CONDENA A LA PARTE ACTORA AL PAGO DE AQUÉLLAS (HONORARIOS DE ABOGADO), A FALTA DE PACTO EXPRESO Y DE ARANCEL, SU CUANTIFICACIÓN EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DEBE SER EN ESA MONEDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. · Registro digital (IUS): 29680
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-03-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y LOS ENTONCES PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL QUINTO CIRCUITO, AHORA TRIBUNALES CO
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, Pág. 2273.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y LOS ENTONCES PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL QUINTO CIRCUITO, AHORA TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL QUINTO CIRCUITO. 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS, GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA, MARIO PEDROZA CARBAJAL, DAVID SOLÍS PÉREZ, LUIS FERNANDO ZÚÑIGA PADILLA Y ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ. PONENTE: ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: HUGO REYES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 y 3 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; así como los numerales 1, 2, 20 y 27 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020 –en congruencia con los diversos Acuerdos Generales que les anteceden, 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del propio órgano colegiado–, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado, con posterioridad al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ante el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Cov2 (COVID-19), que permite sesionar asuntos a distancia, en vía remota, por videoconferencia en tiempo real.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad.

TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones torales de las ejecutorias objeto de denuncia, son:

I. Amparo en revisión 76/2019, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:

"VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE ESTA SENTENCIA

"15. Antecedentes. De las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte lo siguiente:

"16. El veintiocho de febrero de dos mil doce, el recurrente uno, por conducto de endosatario en procuración, demandó en juicio ejecutivo mercantil, a **********, Sociedad de Producción Rural, de Responsabilidad Limitada y otros, el pago de cuatro millones ochocientos un mil ochocientos noventa y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con siete centavos, como suerte principal, más accesorios.

"17. En lo sucesivo, se hará a referencia únicamente a dólares o pesos, debiéndose entender que se trata de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o de pesos mexicanos.

"18. En sentencia de ocho de octubre de dos mil catorce, se declaró fundada la excepción de prescripción de la acción cambiaria directa, por lo que se absolvió a los demandados y se reservaron los derechos de la actora para que los hiciera valer por la vía correspondiente, quien fue condenada al pago de costas.

"19. La sentencia fue apelada por la actora y confirmada por el tribunal de alzada; la última fue reclamada a través del amparo directo ********** del índice de este órgano colegiado, en cuya sesión de uno de marzo de dos mil dieciséis, fue negado. Luego, la ejecutoria fue impugnada ante la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del amparo directo en revisión **********, que fue desechado por auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis.

"20. Los quejosos dos, en carácter de cesionarios de la parte demandada, promovieron incidente de liquidación de costas, las que mediante resolución de ocho de agosto de dos mil dieciséis, fueron aprobadas en diez por ciento para la primera instancia y cinco por ciento para la segunda, tomando como base la cuantía del juicio, con importe de seiscientos noventa y dos mil trescientos catorce dólares con noventa y seis centavos, y trescientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y siete dólares con cuarenta y ocho centavos, respectivamente.

"21. En desacuerdo, ambas partes interpusieron apelación, recurso fallado el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, bajo el toca de apelación **********, en el que se modificó la liquidación de dólares a pesos y se disminuyeron los porcentajes, en cinco por ciento para la primera instancia y uno por ciento para la segunda, para quedar en cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil cuarenta y siete pesos con sesenta y seis centavos, y novecientos treinta y cinco mil seiscientos nueve pesos con cincuenta y cuatro centavos, respectivamente.

"22. Esta resolución fue reclamada por ambas partes en el amparo indirecto ********** y su acumulado **********, del que conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, de esta residencia, los que se resolvieron mediante sentencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el sentido de conceder el amparo a ambos quejosos para que la autoridad responsable fundara y motivara el acto reclamado, en particular el estudio de los agravios 1, 6, 7 y 8 expresados por la moral demandada en el incidente, bajo el lineamiento de que era legal la cuantificación de las costas en dólares, siempre y cuando se pagaran en pesos al tipo de cambio del día del pago.

"23. Dicha sentencia fue impugnada en revisión por la demandada incidentista y confirmada en sesión de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho por este órgano colegiado, en el amparo en revisión civil **********. Cabe destacar que en dicha ejecutoria no existió pronunciamiento de fondo por parte de este tribunal, ya que se calificaron de inoperantes los agravios, pues coincidieron con el contenido de las inconformidades formuladas en el recurso de apelación, que serían materia de un nuevo estudio por parte de la responsable.

"24. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala responsable dictó nueva resolución en el recurso de apelación dentro del toca civil **********, en el sentido de que las costas debían liquidarse en dólares y mantuvo los porcentajes de cinco por ciento para la primera instancia y uno por ciento para la segunda, para quedar en trescientos tres mil ciento veinticinco dólares con sesenta y siete centavos, y sesenta mil seiscientos veinticinco dólares con trece centavos, respectivamente.

"25. Esta resolución es la que constituyó el acto reclamado en el juicio constitucional ********** y su acumulado **********, en el cual fue negada la protección federal solicitada por ambas partes.

"26. Inconformes ambas partes, promovieron demandas de amparo indirecto, las que fueron tramitadas bajo los números de expediente ********** y su acumulado **********, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad.

"27. En la sentencia constitucional, el secretario en funciones de Juez de Distrito, negó el amparo a ambas partes quejosas.

"28. A. Estudio de los agravios formulados por el banco demandado en el incidente de liquidación de costas.

"29. En el único agravio, se duele de la calificación de inoperancia respecto de su primer concepto de violación; aduce que no se atendió en los términos que fue planteado.

"30. Que el fundamento toral del concepto de violación se fundó esencialmente en el hecho de que los actores incidentistas promovieron, de forma errónea, el incidente de liquidación de costas, únicamente para que fueran cubiertas en dólares, lo que quiere decir, que no solicitaron que fueren pagadas en pesos mexicanos, por lo que, en términos de los artículos 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, así como 1o., 4o., 8o. y 9o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la responsable se encontraba impedida para condenar a costas en dólares.

"31. Que el numeral 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, establece que en sentencia no podrá concederse lo que no se haya pedido.

"32. Que el acto reclamado violó disposiciones de orden público (artículos 1o., 4o., 8o. y 9o. de la ley monetaria) que prohíben, que la condena en costas se cuantifique en dólares o en cualquier otra moneda distinta al peso mexicano, que es la moneda de curso legal en México.

"33. Que las costas corresponden a un servicio profesional realizado en México, ante una autoridad judicial mexicana, que tomando en cuenta que en el Estado de Sonora no existen aranceles para regular los honorarios de abogados, de conformidad con el artículo 2607 del Código Civil Federal y los diversos 1o., 4o., 8o. y 9o. de la ley monetaria, las costas deben ser cubiertas en pesos.

"34. Y que el a quo pasó por alto que existen dos precedentes de este Quinto Circuito, del año mil novecientos noventa y dos, que los ofreció como prueba, en copia certificada, en los que se sostiene:

"35. Que cuando no existe convenio en que se hubiere estipulado que las costas deberían calcularse en dólares, si la prestación del servicio del abogado patrono que reclama el pago de costas, se llevó a cabo en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, ante tribunales mexicanos, los gastos y costas erogados en la tramitación del procedimiento deben ser condenados en pesos mexicanos.

"36. Que a pesar de que el documento base de la acción se haya pactado en dólares, no debe ser considerado para cuantificar las costas, ya que su fundamento es la sentencia que condene a su pago, sin importar el monto que por suerte principal se ordene a pagar, ni el documento fundatorio, ya que el único título constitutivo de los gastos y costas, lo es la sentencia.

"37. El agravio es fundado pero inoperante.

"38. En la sentencia sujeta a revisión, el secretario en funciones de Juez de Distrito, desestimó por inoperante el primer concepto de violación, al considerarlo insuficiente, por no haber impugnado todos los argumentos que sostienen la procedencia de la condena al pago de costas en dólares.

"39. Determinación que resultó ilegal, toda vez que, como acertadamente demostró el recurrente, el primer concepto de violación contenía elementos suficientes para que fuera analizado de fondo y como no se hizo así, al no existir la figura del reenvío, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Amparo, este órgano colegiado emprenderá su estudio.

"40. En esa medida, el agravio aunque fundado, deviene inoperante porque lo alegado en el concepto de violación, es infundado, tal como se demostrará enseguida.

"41. En primer lugar, se requiere precisar el contenido de los artículos 1o., 8o. y 9o. de la ley monetaria:

"‘Artículo 1o. La unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos es el peso, con la equivalencia que por ley se señalará posteriormente.’

"‘Artículo 8o. La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la Ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.

"‘Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para esos efectos expida el Banco de México en los términos de su ley orgánica.

"‘Los pagos en moneda extranjera originados en situaciones o transferencias de fondos desde el exterior, que se lleven a cabo a través del Banco de México o de Instituciones de Crédito, deberán ser cumplidos entregando la moneda, objeto de dicha trasferencia (sic) o situación. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que imponga el régimen de control de cambios en vigor.

"‘Las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, originadas en depósitos bancarios irregulares constituidos en moneda extranjera, se solventarán conforme a lo previsto en dicho párrafo, a menos que el deudor se haya obligado en forma expresa a efectuar el pago precisamente en moneda extranjera, en cuyo caso deberá entregar esta moneda. Esta última forma de pago sólo podrá establecerse en los casos en que las autoridades bancarias competentes lo autoricen, mediante reglas de carácter general que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación; ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que imponga el régimen de control de cambios en vigor.’

"‘Artículo 9o. Las prevenciones de los dos artículos anteriores no son renunciables y toda estipulación en contrario será nula.’

"42. Tales disposiciones normativas fueron interpretadas por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 220/2016, en cuya ejecutoria se plantearon las siguientes consideraciones:

"43. Conforme a dichos preceptos, la moneda extranjera no tendrá curso legal en la República Mexicana y, en congruencia con tal determinación, se prevé para las obligaciones en moneda extranjera que deban cumplirse dentro de ella, el deber de satisfacerlas mediante la entrega del equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha de realización del pago.

"44. Lo anterior, pues no tener ‘curso legal’ en la República significa que la moneda extranjera no sirve como medio de cambio para realizar los pagos en las operaciones económicas o transacciones ordinarias de cualquier especie dentro del país, sino que se reconoce como de cuño corriente o curso legal a la moneda nacional; que es el peso mexicano, como se establece en el artículo 1o. de la ley monetaria, y en el artículo 635 del Código de Comercio, al establecer que la base de la moneda mercantil es el peso mexicano, y sobre esa base se harán todas las operaciones de comercio y los cambios sobre el extranjero.

"45. Así se advierte de la exposición de motivos de la ley monetaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de junio de mil novecientos treinta y uno, al señalar:

"‘Todas las obligaciones que en lo futuro se contraigan, quedarán estipuladas en pesos mexicanos, salvo aquellas que, impuestas por el comercio internacional, deban estipularse en moneda extranjera, a cuyo respecto el proyecto de ley mantiene la prohibición que es ordinaria en estos casos y que la ley de 1905 estableció expresamente, declarando que la moneda extranjera no tendrá curso legal en la República y que las obligaciones que se contraigan en esa moneda serán pagaderas en moneda legal al tipo de cambio del lugar y fecha en que la obligación deba solventarse.’

"46. Debe tenerse presente que por Decreto de Venustiano Carranza publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de mil novecientos dieciocho, se había conferido curso legal a toda clase de monedas de oro extranjeras, y las obligaciones dinerarias podían solventarse indistintamente en moneda mexicana o extranjera, con independencia de en cuál de ellas se habían contraído. Así, con la nueva ley, se determinó cambiar esa situación para dar curso legal sólo a la moneda nacional.

"47. Esto no implica, desde luego, la invalidez o prohibición de obligaciones en moneda extranjera, sino que, reconociendo la posibilidad de la celebración de dichas operaciones, la ley dio una fórmula para llevar a cabo su cumplimiento en territorio nacional. Reconocimiento que también está presente en los artículos 359 del Código de Comercio y el 2389 del Código Civil Federal,(10) así como en la jurisprudencia de la Suprema Corte.

"48. Cabe mencionar que en el texto original del artículo 8o., al expedirse la ley monetaria en 1931, establecía:

"‘La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba hacerse el pago.’

"49. Dicha redacción generó diversas interpretaciones sobre el tipo de cambio que debía tomarse en cuenta para llevar a cabo la conversión de la moneda extranjera a la moneda nacional, debido a que podía entenderse como el tipo de cambio vigente en la fecha en que la obligación fuere exigible, o bien, como aquella en que materialmente se realiza el pago.

"50. Para definir esa cuestión, se llevó a cabo la reforma al precepto mediante Decreto publicado el seis de marzo de mil novecientos treinta y cinco, en que se dispuso la redacción que aún se conserva, de tomar en cuenta el tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que se haga el pago.

"Es decir, en la reforma se hizo prevalecer la posición de considerar el tipo de cambio vigente cuando materialmente se hace el pago, y no cuando éste fuere exigible.

"51. Ahora bien, en la interpretación que ha llevado a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del primer párrafo del artículo 8o. de la ley monetaria, se ha señalado que en éste deben distinguirse dos partes: a) la primera, donde se ordena que la moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, a la cual se identifica como norma taxativa o prohibitiva; b) la segunda, en que se prevé el supuesto de obligaciones en moneda extranjera y la forma de solventarlas dentro de la República, a la cual se le considera una norma permisiva y, en este sentido, las partes podrían estipular condiciones diferentes respecto a esta última estableciendo, por ejemplo, que el pago se hará precisamente en la moneda extranjera en que se contrajo la obligación.

"52. De manera que lo establecido en el artículo 9o. de la misma ley acerca de que ‘las prevenciones de los dos artículos anteriores no son renunciables y toda estipulación en contra será nula’ se entiende dirigida sólo hacia la norma prohibitiva prevista en el artículo 8o. y no a la permisiva.

"53. Consideraciones que, como se dijo, fueron obtenidas de la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 220/2016, de la que emanaron las siguientes tesis:

"‘OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. LA FORMA DE SOLVENTARLAS, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 9 DE LA LEY MONETARIA, NO VULNERA LA LIBERTAD CONTRACTUAL.’ (Se citan datos de localización y se transcribe texto). Publicada con el número de tesis: 1a. CCXXIV/2017 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 432, con número de registro digital: 2015742.

"‘OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. LA FORMA DE SOLVENTARLAS, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 9 DE LA LEY MONETARIA, NO VULNERA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.’ (Se citan datos de localización y se transcribe texto). Publicada con el número de tesis: 1a. CCXXV/2017 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 431, con número de registro digital: 2015741.

"54. En segundo lugar, se debe puntualizar que las costas representan el conjunto de gastos que origina el proceso para los litigantes, comprendiendo el importe de los honorarios de los abogados y los necesarios para desahogar las diligencias solicitadas durante el juicio.

"55. En este sentido, la naturaleza jurídica de las costas es de carácter netamente procesal, habida cuenta que no puede concebirse la condena al pago de las mismas sin asociarlo con la existencia de un proceso jurisdiccional, puesto que sólo se causan dentro del proceso y únicamente son exigibles con base en una sentencia que defina la responsabilidad de quien debe indemnizarlas.

"56. El tratadista Roberto G. Loutayf Ranea en su obra ‘Condena en Costas en el Proceso Civil’, en las páginas 25 y 26 ha sostenido lo siguiente:

"‘Como Reimundín señala, Chiovenda ha demostrado como desde el derecho romano hasta las legislaciones modernas se ha venido afirmando lenta y fatigosamente «la naturaleza procesal de la institución y su autonomía e independencia frente a las reglas del derecho civil sobre el resarcimiento de los daños». La condena en costas a la parte vencida, dice Chiovenda, importa la aplicación de un principio de derecho procesal; está determinada por razones de índole procesal: «se debe impedir, en cuanto es posible que la necesidad de servirse del proceso de defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia». El carácter procesal de la condena en costas, dice Carnelutti, cabe reconocerlo, no tanto porque esa obligación nace de la actividad procesal cuanto porque tiene a la justa composición del litigio: «si las costas ocasionadas por el proceso a la parte victoriosa no le fuesen reembolsadas por el vencido, el litigio no quedaría justamente compuesto». Aludiendo a la opinión de Chiovenda en el sentido de que «la necesidad de utilizar el proceso para la defensa del derecho se convierte en daño de quien se ve constreñido al accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia», y que la condena en costas consiste en la aplicación de un principio que pertenece al derecho procesal, por estar determinado por razones procesales, entiende Reimundín «que en rigor incumbe al derecho procesal la regulación de la actividad del Estado destinada a la actuación de la ley, estableciendo normas peculiares acerca de los gastos que puede ocasionar el desarrollo de esta actividad jurisdiccional. Tratándose de las partes (vencedor y vencido) que revisten la calidad de sujetos de la relación procesal que es de derecho público, y aun de los terceros que tengan intervención en ella, la imposición de costas no pueden configurar una institución de derecho privado. Y agrega luego que se trata de una institución procesal determinada por el supremo interés de que el derecho desconocido o controvertido salga incólume de la tramitación del proceso, como lo enseña Chiovenda.

"‘La índole procesal de las costas resulta así indudable dada la íntima conexión entre éstas y el proceso; siendo las costas un medio de conseguir el reconocimiento del derecho, surge la relación de medio a fin en que aquéllas están con respecto a éste». La reglamentación de las costas, señala, que indudablemente concierne en forma especial a la ley procesal y por lo tanto, las disposiciones sobre costas que contienen nuestras leyes materiales o sustanciales no pueden prevalecer sobre las disposiciones de los códigos de procedimientos locales.’

"57. El autor de la obra que se menciona, en la página 34, al analizar los principios generales a que deben sujetarse las costas, estima que éstas tienen un carácter accesorio de la sentencia, pero independiente de la obligación principal, señalando lo siguiente:

"‘a) Principios generales. Analizando las distintas opiniones, consideramos que las costas presentan diversas características. 1) Un accesorio de la sentencia, una parte accesoria de toda sentencia definitiva (artículo 163, inciso 8o., Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación) o interlocutoria (artículo 161, inciso 3o.); un pronunciamiento, una decisión, una condena accesoria o si se quiere, secundaria que se emite inmediatamente a una resolución principal; ya sea que ésta se refiera al fondo de la cuestión planteada que originó el proceso respectivo, o que decrete su caducidad o invalidez, o que considere abstracta la cuestión, dado que en todos los supuestos han existido costas cuyo pago debe atribuirse a alguna de las partes o a costas, se ha considerado, acertadamente a nuestro criterio, que si la decisión principal es inapelable también lo debe ser lo decidido sobre costas, en general no se podría valorar la justicia o no de la decisión sobre costas sin revisar lo resuelto sobre lo principal; y en tal caso, o todo debe ser apelable o todo inapelable. 2) No constituyen una obligación accesoria en los términos del artículo 523 del Código Civil, en cuanto una vez establecida la condena en costas la obligación respectiva no está ligada ni depende de la suerte de otra principal; no son un accesorio del derecho sustancial reconocido. Se trata de una obligación autónoma que cobra independencia de la relación sustancial una vez que queda firme tanto el pronunciamiento sobre lo principal (porque su renovación o modificación autoriza al tribunal de apelación a adecuar las costas –artículo 297, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación–) como lo decidido sobre costas en caso de que se hubiera recurrido sólo de este punto. En virtud de tal independencia, el tema de fondo y lo relativo a costos (sic) procesales y honorarios pueden ser ejecutados por separado.’

"58. En resumen, las costas son de naturaleza procesal y aunque se les considera accesorias de la sentencia que se pronuncia en el juicio principal, son independientes en cuanto a que no están ligadas ni dependen del derecho sustancial reconocido en la sentencia.

"59. De esta manera se ha pronunciado la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se puede apreciar en las tesis siguientes:

"‘COSTAS, NATURALEZA DE LAS.’ (Se citan datos de localización y se transcribe texto). Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LI, materia civil, página: 2177, con número de registro digital: 358068.

"‘GASTOS Y COSTAS. EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, AL NO PREVER UN PERIODO DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL TRÁMITE DEL INCIDENTE RELATIVO.’ (Se citan datos de localización y se transcribe texto). Publicada con el número de tesis: 2a. CLXXXII/2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, materias: constitucional y civil, página: 269, con número de registro digital: 190383.

"60. En términos similares, se pronunció la Primera Sala del Alto Tribunal, como se puede apreciar en la jurisprudencia 39/2002, en la que, en su parte conducente, expuso que: ‘Las costas constituyen una institución procesal contemplada en los procedimientos civiles del sistema jurídico mexicano, por lo que su regulación no corresponde a una materia reservada en exclusiva a la Federación, sino que se trata de una materia genérica comprendida tanto en la ley federal como en la local, pues la administración de justicia se surte en ambas esferas, que solamente se distinguen en atención al fuero en que radica la jurisdicción; asimismo, tienen su origen en la tramitación de un determinado juicio y, por ende, adquieren la naturaleza propia de la jurisdicción o fuero de la ley procesal que rija la actuación de las partes ante el órgano jurisdiccional que la aplica, y no puede regir a otro fuero o materia.’

"61. Las costas en el juicio comprenden todos los gastos que se eroguen con motivo de la tramitación del juicio correspondiente; las costas parten del principio de que el juicio tiene un costo o valor, el cual debe ser expensado por alguien, quien generalmente es la parte vencida.

"62. Siguiendo este orden de ideas, cuando el pago de costas ha sido declarado procedente por el órgano jurisdiccional en la sentencia definitiva, se entra en una etapa posterior que es la de liquidación, regulación, determinación, cuantificación o tasación; previamente a esta etapa procedimental, la condena ya ha sido impuesta, por lo que sólo queda traducirla a cantidad líquida.

"63. En el caso, la condena al pago de costas ya fue impuesta por la sentencia definitiva de segunda instancia.

"64. Ya en la etapa de ejecución, se sostuvo que, habiendo sido absolutoria la sentencia definitiva, el cálculo de las costas se haría a partir de la suerte principal reclamada en el juicio ejecutivo mercantil de origen (determinación que se encuentra firme).

"65. Inicialmente, el Juez mercantil, cuantificó las costas en dólares, luego la alzada, en la primer sentencia las liquidó en pesos, sin embargo, con motivo de que el secretario en funciones de Juez fijó el lineamiento en el sentido de que debían calcularse en dólares –sin que mediara pronunciamiento de este órgano colegiado sobre este tema– el tribunal de apelación dictó una segunda sentencia en la que fueron tasadas en dólares.

"66. Determinación que resultó apegada a derecho, por las siguientes razones:

"67. Como se vio en párrafos anteriores, la naturaleza jurídica de las costas es de carácter netamente procesal, tienen un carácter accesorio de la sentencia, independiente de la suerte principal, no son un accesorio del derecho sustancial reconocido en el fallo. Se trata de una obligación autónoma que cobra independencia de la relación sustancial, por lo que su fundamento y único título constitutivo es la sentencia que condene a su pago.

"68. De ahí que, por regla general, si las costas corresponden a un servicio profesional realizado en México, ante tribunales mexicanos, su liquidación deberá realizarse en pesos, por ser la moneda de curso legal en el país.

"69. Sin embargo, en el caso se actualiza una excepción a la regla, que impide que las costas se cuantifiquen en pesos, porque de conformidad con el artículo 8o. de la ley monetaria, para realizar la conversión de la moneda extranjera a pesos, se requiere ineludiblemente atender a la fecha de pago; fecha que resulta incierta al momento de resolver el incidente respectivo, lo que impide materialmente que en la interlocutoria las costas sean convertidas a pesos, pues tal situación únicamente será

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29680-d7bf7b1b/costas-en-un-juicio-ejecutivo-mercantil-si-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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