COSTAS. SU CUANTIFICACIÓN EN LOS JUICIOS EN QUE SE DEMANDARON PRESTACIONES DE CUANTÍA DETERMINADA EN CUYA SENTENCIA NO SE ESTUDIÓ EL FONDO, SE DEJARON A SALVO LOS DERECHOS DE LA ACTORA Y SE LE CONDENÓ A SU PAGO, DEBE SER CONFORME AL ARTÍCULO 128 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE JULIO DE 2016. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. DISIDENTES: ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS Y MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO. AUSENTE: MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO. PONENTE: ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO. SECRETARIO: JOSÉ JORGE ROJAS LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 226, fracción III de la Ley de Amparo, pues se trata de una posible contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien se encuentra facultado para ello de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada es menester mencionar los antecedentes de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito señalados como contendientes.
Postura del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil:
1. El referido Tribunal Colegiado de Circuito, el veinte de enero de dos mil dieciséis, resolvió el amparo en revisión RC. **********, interpuesto por la quejosa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de la sentencia de veintinueve de junio de dos mil quince, que negó el amparo, en la resolución dictada por el Juez ********** de Distrito en Materia Civil en esta Ciudad de México, en el expediente del juicio de amparo **********.
2. El juicio de amparo citado fue promovido, entre otros actos, en contra de la sentencia de diez de diciembre de dos mil catorce, de la ********** Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, en el toca de apelación **********, derivado del juicio ordinario civil seguido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la quejosa.
2.1. En la sentencia definitiva del juicio ordinario civil referido, fue declarada la improcedencia de la acción, dejando a salvo los derechos de la actora para que los hiciera valer en la vía y forma que correspondiera, y condenó a la actora al pago de costas en términos del artículo 140, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad federativa.
2.2. Tramitado que fue el incidente de liquidación de gastos y costas, en la interlocutoria correspondiente, se condenó a la actora al pago de $********** (pesos) por costas.
2.3. Contra la interlocutoria citada, la actora interpuso recurso de apelación, del que correspondió a la ********** Sala Civil referida, la que el diez de diciembre de dos mil catorce, revocó la resolución apelada, y en su lugar no aprobó la planilla de liquidación presentada por la demandada.
2.4. Contra la sentencia de la Sala Civil, la demandada promovió amparo indirecto, del que conoció el Juez ********** de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, el que, por sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil quince, negó la protección constitucional.
3. En el considerando cuarto, el Tribunal Colegiado de Circuito, en lo relativo a la manera de calcular costas, emitió los siguientes razonamientos:
• Que el Juez de Distrito consideró que no existe una cantidad líquida determinada para el cálculo de las costas y que se debe considerar de cuantía indeterminada con base esencialmente en lo siguiente:
A) No existe una sentencia de fondo, sino que se declaró la improcedencia de la vía intentada, y el hecho que se haya invocado una cantidad en su pretensión, resultaba insuficiente para estimar el asunto como de cuantía determinada para efectos de la liquidación de gastos y costas, dado que lo cierto es que éste no se resolvió de fondo a través de una sentencia, sino que, en dicho juicio se declaró la improcedencia de la vía ordinaria civil intentada, y por tal razón no fue posible que el derecho controvertido quedara dilucidado definitivamente.
B) La improcedencia impidió al juzgador proveer sobre el fondo del litigio, esto es, resolver si la demandante tiene o no el derecho pretendido y el demandado la obligación correlativa.
C) El derecho planteado hecho valer en la demanda a la cual la parte actora le asignó un monto, quedó en la incertidumbre y, por tanto, no era posible considerar esa cantidad para liquidar las costas, razón por la cual, debe estimarse de cuantía indeterminada para la cuantificación de costas.
D) La aplicación del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para el entonces Distrito Federal para la liquidación de costas, no depende exclusivamente de que se esté ante la presencia de un negocio, cuyo monto sea determinado, sino que además debe ser considerada la conclusión del juicio con el dictado de una sentencia de mérito, porque el artículo 127 del ordenamiento legal invocado establece que al momento de dictarse la sentencia que condene en costas se determinará el monto líquido de las mismas si ello fuese posible; ello implica la existencia de un juicio concluido, precisamente a través del medio normal con el cual es posible que finalice el proceso, ya sea condenando o absolviendo, esto es, una sentencia en la que la controversia queda decidida plenamente y se encuentra decidido el derecho.
E) Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del extinto Distrito Federal, la liquidación de costas mediante un porcentaje de la cuantificación de lo reclamado en el juicio, sólo debe hacerse cuando el procedimiento haya concluido con la sentencia de mérito, pero cuando no es así, no podrán liquidarse en términos del arancel porcentual, porque conforme a la ley, el momento para proveer sobre las costas, por regla general, es la sentencia, como se prevé en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia citada y esto implica que se tiene como base la terminación del juicio; incluso, se busca que preferentemente en la propia sentencia se fije la condena en cantidad líquida.
• Luego, los agravios de la recurrente los estimó fundados para lo cual, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró:
• Como lo refirió la quejosa existe una sentencia firme que condenó a la actora al pago de gastos y costas judiciales ante la improcedencia de la vía elegida, en términos del artículo 140, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad.
• Afirmó que para calcular las costas debe atenderse al monto del negocio.
• Para cuantificar el monto de las costas debe atenderse precisamente a la naturaleza del negocio, lo cual implica la naturaleza de lo reclamado, ya que es trascendente para ello saber si se trata de una acción determinada, determinable o en su defecto indeterminable.
• Para advertir cuándo una acción es determinada, determinable o indeterminable era menester tener presente el contenido de los artículos 126 a 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal.
• Que de la literalidad de dichos preceptos legales advirtió que las costas son la sanción impuesta al litigante que haya actuado de mala fe, con falsedad o sin derecho, y cuyo objeto es el pago de los gastos legales que el juicio implicó a la contraparte.
• Que el artículo 128 establece que las costas en primera instancia se causarán conforme al monto del negocio; lo que ha de entenderse como las prestaciones reclamadas como suerte principal e intereses.
• Que así derivaba de la jurisprudencia 1a./J. 35/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156 del Tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del rubro: "CUANTÍA DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (DISTRITO FEDERAL)."
• Que dicho criterio de interpretación judicial es aplicable al caso para determinar que el monto del negocio es el que debe ser la base para el cálculo de gastos y costas judiciales, puesto que su cálculo de conformidad con el artículo 128 que interpretó dicha jurisprudencia debía atenderse a las prestaciones de la demanda que en su momento el actor cuantificó como suerte principal, ya que dicha cantidad es el monto del negocio que se somete a controversia ante el órgano jurisdiccional, cuyo pago pretendió obtener a través de la promoción del juicio de origen y fue la que respecto de la cual el colitigante litigó y opuso excepciones y defensas.
• Que en términos del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia la determinación de las costas tiene como referencia principal el monto del negocio, cuyo contenido se determina por las prestaciones de la demanda relativas a suerte principal y los intereses.
• Que tenía aplicación la jurisprudencia 1a./J. 119/2010 de la Primera Sala aludida, publicada en la página 149 del Tomo XXXIII, febrero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "COSTAS. PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA CONTIENDA SE RECLAMAN PRESTACIONES DE CUANTÍA INDETERMINADA E INDETERMINABLE, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DEL VALOR DEL NEGOCIO, A TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS PRESTACIONES RECLAMADAS NO SEAN DE CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO."
• Que conforme a dicho criterio de interpretación judicial para determinar el monto del negocio para el cálculo de las costas, deben partirse de iguales supuestos y reglas para la fijación de la competencia del órgano jurisdiccional que conocerá la controversia.
• Que entonces, bastaba que la pretensión planteada tuviera un valor apreciable económicamente, ya sea de carácter líquido o pueda ser determinable, para tomarlo como referencia para la cuantificación de las costas, puesto que era claro que si para la competencia del asunto debe ponderarse la cuantía de las prestaciones, por mayoría de razón el monto del negocio que derive de ellas, debe ser la base para el cálculo de los gastos y costas judiciales, y no condicionarlo a que exista una sentencia que condene a determinada prestación líquida, porque en el código procesal civil local, no hay disposición expresa en ese sentido.
• Que si en el caso concreto, existía como dato objetivo que la actora demandó: "El cumplimiento del convenio de distribución y desarrollo celebrado con el que suscribe en fecha 30 de septiembre de 2009 dos mil nueve, respecto de la patente número ********** expedida a favor del suscrito el 22 veintidós de mayo de 2002 dos mil dos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que ampara la tecnología del uso de ********** y, como consecuencia, el pago de la cantidad de USD $********** (dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la resolución del presente juicio"; era evidente que la pretensión planteada tenía un valor líquido determinable, el cual debe tomarse en cuenta como referencia para la cuantificación de las costas.
• Que no obstaba para ello que en el caso concreto ante la improcedencia de la acción ejercida por no surtirse la vía elegida por el actor, se hubieran dejado a salvo sus derechos; y que, por ende, no se hubiera resuelto el fondo del asunto mediante una sentencia material que haya definido la procedencia o improcedencia de las prestaciones y que formalmente se haya declarado que la vía elegida por el actor es improcedente, puesto que tal circunstancia no impedía dejar de advertir que la pretensión planteada por la actora es perfectamente líquida.
• Que no era aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 2/2008 de la referida Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 364, cuyas razones consideró el Juez de Distrito para negar el amparo, de rubro: "HONORARIOS DE ABOGADOS. CUANDO UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE DECLARA IMPROCEDENTE, SE RESERVAN DERECHOS DEL ACTOR Y SE CONDENA EN COSTAS, AL RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN RELATIVO, LA CUANTÍA DEL NEGOCIO SERÁ INDETERMINADA (ARANCEL DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", porque dicho criterio de interpretación judicial era anterior a la jurisprudencia 1a./J 119/2010, e interpreta la legislación del Estado de Nuevo León, precisamente el artículo 6 del arancel de abogados del Estado de Nuevo León, que expresamente refiere que en los asuntos de cuantía determinada o determinable cobrarán los abogados, por concepto de honorarios, por todos sus trabajos, desde la iniciación del juicio hasta la conclusión, una cuota fija consistente en un porcentaje sobre lo obtenido.
• Que en tanto que el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, no prevé dicho vocablo (lo obtenido), sino que en forma expresa regula que la determinación de las costas tiene como referencia principal el monto del negocio.
• Que de ahí no era el caso de considerar para el cálculo de la base de los gastos y costas lo obtenido en el juicio, como se reguló en el artículo 6 del arancel de abogados del Estado de Nuevo León.
• Concluyó el referido Tribunal Colegiado de Circuito que contra lo que consideró el Juez de Distrito, la quejosa sí demostró que la Sala transgredió en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que motivó a conceder el amparo.
• En consecuencia, revocó la negativa del amparo y, en su lugar, concedió la protección constitucional para los siguientes efectos:
a) En cuanto quedara notificada de esa ejecutoria, de inmediato debería dejar insubsistente el acto reclamado declarado inconstitucional y comunicarlo al Juez de Distrito que conoció del juicio de amparo.
b) Dentro del plazo legal de ocho días hábiles, a partir de que quedara notificada de esa resolución, debería dictar otra resolución acorde a los lineamientos de esa ejecutoria por lo que al estudiar los agravios contra la resolución de primera instancia debía tener en cuenta:
1. Que para efecto de la cuantificación de las costas debía tomarse como dato objetivo útil que la pretensión planteada por la actora en su demanda origen del juicio es fácilmente liquidable, por ende, esa cantidad líquida es determinable.
2. Esa cantidad líquida materia del negocio debía ser la base para el cálculo de los gastos y costas.
3. Que el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, regula la determinación de las costas y tiene como referencia principal el monto del negocio, con independencia de que exista sentencia condenatoria o absolutoria.
4. Sobre todas esas bases resolviera en forma fundada y motivada la litis de segunda instancia respecto al incidente de liquidación de gastos y costas planteado.
c) El cumplimiento a la ejecutoria de amparo debería informarlo y demostrarlo ante la Juez Federal, que es quien debe vigilar su cumplimiento total, sin excesos ni defectos; y,
d) Apercibió a la autoridad responsable con la imposición de una multa.
Postura del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil:
1. El Tribunal Colegiado de Circuito citado, en sesión de uno de julio de dos mil nueve, resolvió el amparo en revisión RC. **********, promovido por la demandada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia autorizada el trece de mayo de dos mil nueve, por el Juez ********** de Distrito en Materia Civil en esta Ciudad de México, que le negó el amparo contra el acto de la ********** Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, consistente en la sentencia de doce de marzo del año indicado.
2. El juicio de amparo citado fue promovido, en contra de la sentencia dictada en los tocas de apelación ********** y **********, derivados del incidente de liquidación de costas del juicio ejecutivo mercantil seguido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la quejosa.
2.1. En la sentencia definitiva del juicio ejecutivo mercantil referido, fue declarado fundado el incidente de objeción de documentos hecho valer por la enjuiciada, y procedente la excepción de falta de legitimación activa en el proceso; se dejaron a salvo los derechos de la actora para que los ejercitara en la vía y forma que correspondiera, y la condenó al pago de costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio.
2.2. Tramitado que fue el incidente de liquidación de costas, en interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil nueve, se aprobó por la cantidad de $********** (pesos).
2.3. Contra la interlocutoria citada, la actora y la demandada interpusieron recurso de apelación, de los que correspondió conocer y resolver a la Sala Civil referida, en los tocas ********** y **********, la que el doce de marzo de dos mil nueve, la revocó, y en su lugar declaró improcedente el incidente de liquidación de costas.
2.4. Contra esa resolución, la demandada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable promovió amparo indirecto, del que conoció el Juez ********** de Distrito en Materia Civil en esta Ciudad de México, el que, por sentencia autorizada el trece de mayo de dos mil nueve, negó la protección constitucional.
3. En lo conducente, en la parte considerativa, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró:
• Que eran infundados e inoperantes los agravios.
• Para determinar que eran infundados, el tribunal resolutor consideró que se trataba de dilucidar que en un asunto proveniente de un juicio ejecutivo mercantil, declarado improcedente, en el que se reservaron los derechos a la parte actora para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara pertinente, cuya sentencia condenó a la actora al pago de costas, si al resolver el incidente respectivo debía considerarse que el juicio es de cuantía determinada o indeterminada; esto era, se trataba de definir sobre qué base habrían de tasarse las costas y establecer cuál es el artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, mediante el cual se cuantificaría la condena en costas a cargo de la actora.
• Como cuestión previa, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que debía definirse qué tipo de sentencia es aquella dictada en un juicio ejecutivo mercantil, en la que se declara improcedente, no se pronuncia sobre las prestaciones reclamadas, no se hace ninguna declaración sobre la procedencia de éstas, no absuelve ni condena al pago de las prestaciones reclamadas, sino que resuelve el asunto reservando derechos a la actora y hace condena en costas a su cargo; por lo que estimó necesario referirse a los efectos de la reserva de derechos, a la cosa juzgada, y determinar el concepto de cuantía líquida.
• Consideró que una sentencia será meramente procesal cuando sólo resuelva cuestiones de procedimiento, a la cual también se le llama sentencia en sentido formal; que aquella que estudie y resuelva las cuestiones de fondo planteadas se denomina sentencia en sentido material o sustancial.
• Mencionó que no sólo las sentencias materiales o sustanciales pueden alcanzar la autoridad de cosa juzgada, sino también aquellas interlocutorias o definitivas que sólo tengan el carácter de sentencia en sentido formal.
• Refirió que existen dos tipos de cosa juzgada: formal o procesal, y sustancial o material; que la primera entraña la posibilidad de impugnación de una sentencia porque no exista recurso contra ella, o porque se ha dejado transcurrir el término señalado para interponerlo.
• Que en el sentido sustancial, material o de fondo, la cosa juzgada alude al carácter irrebatible, indiscutible o inmodificable de la sentencia, lo que se traduce en que no permite volver a suscitar igual cuestión litigiosa.
• También mencionó que la sentencia material o sustancial estudia y decide la cuestión de fondo planteada por las partes, ya sea condenando o absolviendo de las prestaciones reclamadas; que este tipo de sentencia, además de producir efectos procesales, también engendra otros de naturaleza sustantiva o material, en tanto que la sentencia formal o procesal será aquella que se dicte cuando el órgano jurisdiccional queda impedido para pronunciarse sobre el fondo del asunto y determina la improcedencia del juicio.
• El citado resolutor mencionó que en la especie se estaba frente a una sentencia que contiene cosa juzgada formal o procesal, por haberse estudiado únicamente un presupuesto procesal, en la que se dejaron a salvo los derechos de la promovente, pues no se decidió el juicio en lo principal o sustancial.
• Que la eficacia de los efectos fijados en la sentencia consistentes en la reserva de derechos del promovente, se surten en el momento en que son ejercitados en la vía, forma y oportunidad en que lo juzgue conveniente el accionante, lo que quiere decir que la consecuencia de reservar esos derechos será que eventualmente se reconozcan en un procedimiento diverso.
• Que, por reserva de derechos debía entenderse la facultad del órgano jurisdiccional para no entrar al análisis del fondo del asunto y conservar derechos al actor o al propio demandado para que los ejerciten en juicio diverso, ya que en ese tipo de sentencia no se determina la situación jurídica que fue sometida a consideración del órgano jurisdiccional, lo que equivale a que las partes que contendieron con carácter de actor y demandado queden privadas de la aplicación del derecho, esto es, se aplaza la decisión judicial, en virtud de la existencia de una causa de improcedencia.
• Luego, que ello lo corroboraba la obligación del juzgador de reservar derechos en este tipo de resoluciones, el artículo 1409 del Código de Comercio.
• Que la obligación en la condena en costas no siempre proviene de la acreditación de los extremos de la acción intentada en juicio (por no analizarse el fondo de éste), sino que en ocasiones dependerá del derecho surgido en la sentencia que determina que deben pagarse -como en ese caso-, por lo que resulta lógico que se condene al pago de costas a aquel que intentó una acción que fue declarada improcedente al no satisfacerse un presupuesto procesal.
• Que encuentra justificación de la condena a costas, el hecho de que no se concluyera con una sentencia material, al no acreditar la parte actora un presupuesto procesal necesario, y se declarara improcedente.
• Que en materia de costas existen dos sistemas: el subjetivo (teoría del resarcimiento) y el objetivo (teoría del vencimiento); que la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio señala que se establece como parte vencida aquélla a la que resulte opuesta a sus intereses la sentencia y no le sea posible obtener su pretensión, de donde emana la obligación al pago de la condena en costas de la parte que no obtuvo las prestaciones reclamadas en el juicio ejecutivo mercantil.
• Que la ejecución no puede despacharse sino por cantidad líquida, y será deuda líquida aquella cuya cuantía ha quedado calculada, la que con elementos con que se cuenta sea posible establecerla (cuantía determinada), como cuando las prestaciones reclamadas se definieron desde la demanda y la sentencia las acoja total o parcialmente, condenando a alguna de las partes o a las dos en caso de reconvención, al pago de una cantidad específica.
• Que será de cuantía indeterminada aquella en la que no sea posible traducirla a cantidad líquida, esto porque no se concluyó con sentencia condenatoria o absolutoria, sino con una sentencia meramente formal, por lo que al no disponer de medios para liquidarla, se estaría ante un asunto de cuantía indeterminada.
• Que la cuantía, por regla general, se determina por las prestaciones reclamadas en la demanda (suerte principal e intereses); sin embargo, de acuerdo con el arancel contenido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, artículos 126 y 127, al no haberse estudiado el fondo del asunto, dejar a salvo los derechos de la actora y condenar al pago de costas a ésta, era indudable que la cuantía se encontraba indeterminada, al no existir pronunciamiento sobre el objeto de la demanda, esto es, sobre la procedencia o improcedencia de la suerte principal e intereses moratorios vencidos y no pagados a razón del seis por ciento anual, y de ahí que afirmara que la decisión de fondo se aplazó, en cuyo caso sería aplicable el artículo 129 de la ley orgánica citada, que regula los juicios contenciosos en donde no es posible determinar la cuantía.
• Continuó el referido Tribunal Colegiado de Circuito en cuanto a que se tenía que la obligación del pago de costas no siempre proviene de la acreditación de los extremos de la acción intentada en juicio (por no analizarse el fondo de éste), sino que en ocasiones dependerá de la sentencia que determina el derecho para cobrarlas.
• Que en ese contexto, la cuantía indeterminada surge del hecho de que no se haya entrado al estudio de fondo del asunto y se hayan dejado a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime conveniente, a lo que hay que agregar que, al resolverse el asunto en el sentido de declarar improcedente el juicio ejecutivo mercantil, trae como consecuencia que la sentencia que se dicte lo sea en sentido formal, al existir impedimento para analizar las prestaciones sustanciales solicitadas y hacer la condena o absolución correspondiente.
• Que el hecho de que se condena o absuelva en juicio a las partes presupone la sustanciación total del procedimiento, en el que se analizaron las cuestiones planteadas, dictándose una sentencia material o sustancial; que por el contrario, el no esclarecimiento del derecho en litigio dará lugar al pronunciamiento de una sentencia en sentido formal o procesal donde no resulten condenadas las partes en lo que hace a las prestaciones reclamadas y, por ende, se absuelva de la instancia, mas no así por lo que se refiere al pago de costas, es decir, se estaba en presencia de una sentencia de cuantía indeterminada en la que se declaró improcedente la acción intentada, que resolvió dejar a salvo los derechos de la actora por no analizarse el fondo del asunto, y como consecuencia lógica, no se hace pronunciamiento sobre lo reclamado, así como tampoco absuelve a la demandada de las prestaciones que se le reclamaron, al no analizar si efectivamente adeuda éstas o no y, en esa virtud, la sentencia tiene carácter formal, en la que no consta una base para fijar el porcentaje de lo obtenido, por lo que la declaración en el sentido de dejar a salvo los derechos de la parte actora, hace que el juicio no pueda ser cuantificable pecuniariamente, puesto que no existen elementos para tasar la cuantía y, por ende, debe estimarse indeterminada, siendo ése el caso.
• Que el propósito de un juicio ejecutivo mercantil consiste en lograr el pago al acreedor, y si no se alcanzó al declararse improcedente el juicio por no satisfacerse un presupuesto procesal, entonces la sentencia que reserva derechos al actor, constituye el único elemento para determinar la cuantía del negocio, esto es, en dicha sentencia se fija la voluntad última del juzgador respecto del juicio, por lo que será, en virtud de ésta que se determinará la cuantía.
• Que contrario a lo expresado por la quejosa, la cuantía a la que alude la jurisprudencia que invoca, efectivamente debía tomarse en cuenta para el efecto de cuantificar las costas, pero lógicamente cuando la sentencia resuelve sobre aquellas prestaciones de manera positiva o negativa, y las acoge o no en forma total, puesto que resultaría absurdo que aun declaradas improcedentes en parte, por ejemplo, se atendiera a la suma reclamada en la demanda para cuantificar las costas, con independencia del quantum de la condena, porque entonces resultaría que no obstante haber sido vencido el actor en una parte de su demanda, tendría la parte reo que satisfacer las costas por el total, a pesar de haber triunfado en parte de su pretensión, y de esa manera, si como en la especie sucede, por razones de índole procesal no fue posible determinar el mayor o menor fundamento de la pretensión de fondo del actor, tampoco es posible atribuir al negocio la calidad de cuantía indeterminada para efectos de la cuantificación en costas, pues ni el actor ni el demandado vieron acogidas sus pretensiones de fondo, no total ni parcialmente.
• Que la jurisprudencia 1a./J. 2/2008 invocada por el juzgador federal, del rubro: "HONORARIOS DE ABOGADOS. CUANDO UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE DECLARA IMPROCEDENTE, SE RESERVAN DERECHOS DEL ACTOR Y SE CONDENA EN COSTAS, AL RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN RELATIVO, LA CUANTÍA DEL NEGOCIO SERÁ INDETERMINADA (ARANCEL DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", se refiere a la interpretación obtenida de la comparación de lo previsto por el artículo 6o. del arancel de abogados en el Estado de Nuevo León, antes y después de su reforma, y por ello, no es de observancia obligatoria para las autoridades jurisdiccionales del hoy extinto Distrito Federal; que sin embargo, dicha circunstancia no impedía que dicho criterio sea tomado en cuenta como punto de orientación para resolver la cuestión controvertida.
• Que al no haberse dict
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26499-f2c736f0/costas-su-cuantificacion-en-los-juicios-en-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COSTAS. PARA CUANTIFICARLAS EN JUICIOS DEL ORDEN CIVIL QUE NO CONCLUYAN CON SENTENCIA ABSOLUTORIA O CONDENATORIA, SINO CON RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA U HOM (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COSTAS. NO BASTA PROBAR EN EL JUICIO LA CUANTÍA DEL NEGOCIO, PUES SU CAUSACIÓN Y DETERMINACIÓN LÍQUIDA DEPENDE DEL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA (ARTÍCULO 127 DE LA LEY ORGÁ (I.9o.C.157 C)
- COSTAS. SU CUANTIFICACIÓN EN LOS JUICIOS EN QUE SE DEMANDARON PRESTACIONES DE CUANTÍA DETERMINADA EN CUYA SENTENCIA NO SE ESTUDIÓ EL FONDO, SE DEJARON A SALVO LOS DERECHOS DE LA AC (PC.I.C. J/31 K (10a.))
- COSTAS. CUANDO SE CONDENA A LA ACTORA A SU PAGO Y SÓLO EXISTIÓ CONDENA PARCIAL AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DEMANDADAS, LA CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE ATENDIENDO A LA SUMA POR LA (I.11o.C.86 C (10a.))
- COSTAS, CUANTÍA DEL NEGOCIO PARA REGULARLAS. DEBE FIJARSE CONFORME A LO OBTENIDO EN LA SENTENCIA. (I.8o.C.286 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis