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Modo: Corpus Pro

COSTAS. PARA CUANTIFICARLAS EN JUICIOS DEL ORDEN CIVIL QUE NO CONCLUYAN CON SENTENCIA ABSOLUTORIA O CONDENATORIA, SINO CON RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA U HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA ASUNTOS DE CUANTÍA INDETERMINADA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 17/2023. · Registro digital (IUS): 31470
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-06-02
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DEL TRABAJO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, Pág.5044.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 17/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DEL TRABAJO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO. 19 DE ABRIL DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO Y ABRAHAM S. MARCOS VALDÉS. PONENTE: MAGISTRADO ABRAHAM S. MARCOS VALDÉS. SECRETARIA: ALEJANDRA FLORES RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

8. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, y 227, de la Ley de Amparo, y 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados pertenecientes al Decimoquinto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializado este Pleno Regional.

SEGUNDO.—Legitimación.

9. La denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la parte tercera interesada en el juicio de amparo en revisión **********, que dio origen a uno de los criterios contendientes.

TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados.

I. Posición del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito al resolver el amparo en revisión civil **********:

10. Dicho Tribunal conoció de la sentencia de amparo que estableció que para efectos de la condena al pago de costas la cuantía del juicio ordinario civil de prescripción positiva que no culminó con sentencia, sino con el desistimiento de la acción, debía considerarse indeterminada, en virtud de que al no estudiarse el fondo de la litis no hubo reconocimiento de derechos de las partes, presupuesto que resultaba indispensable para fijar la base del porcentaje de lo obtenido.

11. Al respecto, el tribunal de amparo calificó como incorrecta la determinación del juez de distrito, pues consideró que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6 a 10 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California y al lineamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido al resolver la contradicción de tesis 181/2010, que dio origen a la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 119/2010(1), (aplicable por analogía por haber analizado disposiciones similares a la ley arancelaria del Estado), para cuantificar el monto de las costas debía tomarse en cuenta la naturaleza del negocio, lo que implicaba la cuantía de lo reclamado, por lo que si la condena genérica no prosperaba, pero existía un derecho al cobro de costas por la parte a quien no se le venció, tal circunstancia no afectaba la naturaleza de la cuantía del negocio, pues aunque no fuera determinada en sentencia, era claro que podía ser determinable, partiendo de los datos aportados en el escrito de demanda; por tanto, cuando se trataba de asuntos de cuantía determinada o indeterminada pero determinable, la liquidación de las costas tenía como referencia principal el monto del negocio del cual derivaba la condena por ese concepto.

12. Añadió que bastaba que la pretensión planteada tuviera un valor apreciable económicamente, ya fuera de carácter líquido o que pudiera ser determinable, para poder tomarlo como referencia a fin de cuantificar las costas, sin que la falta de estudio del fondo de la controversia afectara la naturaleza de la cuantía del negocio.

13. Apoyó su determinación en los razonamientos que dijo emitió la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/88(2), que dieron origen a la jurisprudencia 3a.31, en los que concluyó que para cuantificar los honorarios de los abogados, en los asuntos en que no se pronunció sentencia, la cuantía del negocio debía establecerse considerando tanto la suerte principal como los intereses determinables reclamados en la demanda, en virtud de que el profesionista litigaba, prestaba sus servicios y adquiría responsabilidad sobre la totalidad de las prestaciones que se discutían en el juicio; lineamiento que, aseveró, posteriormente la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País consideró aplicable para regular las costas a que se referían los artículos 229 y 230 de la derogada Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común en el Distrito Federal y el numeral 128 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el cual quedó plasmado en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 35/98.(3) Además precisó que ese criterio era aplicable a la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, dado que los artículos 6 a 9, claramente establecían que para efectos de regular las costas debía atenderse a la suerte principal o al valor de la demanda, lo cual era análogo al concepto de monto del negocio definido por la Primera Sala del alto tribunal que incluía la suerte principal e intereses reclamados.

14. También especificó que no era aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 2/2008, que invocó el juez de distrito, de rubro: "HONORARIOS DE ABOGADOS. CUANDO UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE DECLARA IMPROCEDENTE, SE RESERVAN DERECHOS DEL ACTOR Y SE CONDENA EN COSTAS, AL RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN RELATIVO, LA CUANTÍA DEL NEGOCIO SERÁ INDETERMINADA (ARANCEL DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN)", ya que en la ejecutoria respectiva se interpretaron los artículos 6 y 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, que regulaban los honorarios de los abogados por trabajos prestados a través de una cuota fija derivada de un porcentaje sobre lo obtenido, lo que no ocurría en los numerales 6 a 10 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, en los que esencialmente se establecía como parámetro para el pago de honorarios diversos porcentajes respecto del valor fijado en la demanda, y además precisaban que en las contiendas que versasen sobre algún derecho vinculado con bienes inmuebles la cuantía la determinaba su valor, mientras que en las que versaban sobre arrendamiento o cumplimiento de obligaciones periódicas la cuantía la determinaba el importe de las pensiones de un año, o bien el valor de todas las vencidas; esto es, no establecía que el cobro de honorarios debía atender al monto de lo obtenido en juicio, como lo disponía el Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, y sin que fuera obstáculo lo dispuesto por el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, dado que la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California contemplaba y definía todos los parámetros y mecánicas para cuantificar costas.

15. Las razones medulares motivo de la concesión, fueron las siguientes:

"...Se dice que dichos argumentos devienen esencialmente fundados, ya que al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 181/2010, relativa a los parámetros para determinar la cuantía de los negocios y en consecuencia, cuantificar las costas, entre otras consideraciones, precisó lo siguiente:

[Transcribe parte de la ejecutoria]

"La jurisprudencia que surgió de dicha ejecutoria, fue la 1a./J. 119/2010, con registro digital: 162897, de rubro y texto siguientes:

"‘COSTAS. PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA CONTIENDA SE RECLAMAN PRESTACIONES DE CUANTÍA INDETERMINADA E INDETERMINABLE, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DEL VALOR DEL NEGOCIO, A TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS PRESTACIONES RECLAMADAS NO SEAN DE CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO.’." [Transcribe texto]

No se inadvierte, que en la jurisprudencia recién citada, se interpretaron preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hoy Ciudad de México; sin embargo, el artículo 128 de la referida ley orgánica, establece la forma en que se causarán las costas en la primera y segunda instancias en negocios de cuantía determinada, en el sentido de que se tomarán en cuenta diversos porcentajes del valor de las prestaciones reclamadas en el proceso, puesto que se refiere al "monto del negocio"; lo cual, es afín a lo previsto en la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, en los numerales 6, 7, 8 y 9 que hacen alusión tanto a la suerte principal como al valor fijado en la demanda.

Asimismo, se analizó en la referida ejecutoria el artículo 129 de la mencionada ley orgánica, el cual prevé la forma de establecer las costas en tratándose de asuntos de cuantía indeterminada y señala para ello un monto respecto de cada actividad que se hubiera desplegado en el estudio del asunto; lo que resulta análogo a lo previsto en el numeral 10 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, que también versa sobre el cobro de costas en asuntos de cuantía no determinable.

De igual manera, en la ejecutoria en comento, se analizaron los artículos 157 y 158 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, que establecen las reglas para establecer la competencia por razón de cuantía, para lo que, sostienen se tomará en cuenta lo que demanda el actor y precisa que los réditos, daños y perjuicios no serán tomados en consideración si son posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella; además, prevé que si se trata de arrendamiento o se demanda el cumplimiento de una obligación que tiene la naturaleza de una prestación periódica, se computará el importe de las pensiones de un año, a menos que se trate de prestaciones vencidas, porque entonces se considerarán como la reclamación principal del actor; y, tratándose de asuntos donde se reclama la propiedad de un inmueble, la competencia se determinará por el valor que tenga ese inmueble.

Lo cual coincide con lo previsto en el artículo 9, de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, que establece que en las contiendas que versen sobre algún derecho vinculado con bienes inmuebles, la cuantía la determina el valor de los mismos; y, en aquellas que versen sobre arrendamiento o cuando se demande el cumplimiento de obligaciones consistentes en prestaciones periódicas, la cuantía la determina el importe de las pensiones de un año, a no ser que se demande como principal prestación el pago de pensiones vencidas, en cuyo caso es el valor de tales prestaciones la que determina la cuantía.

Por tanto, al haber analizado numerales que, como se ha expuesto, contienen disposiciones similares a las que prevén los numerales 6 a 10 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, en cuanto a la regulación de costas en asuntos de cuantía indeterminada y determinable y respecto de la cuantía cuando se trata de aquellos que versen sobre bienes inmuebles; resulta aplicable por analogía lo ahí resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que cobra relevancia, para el tema que aquí se estudia, lo referente a que para cuantificar el monto de las costas debe atenderse precisamente a la naturaleza del negocio, lo cual implica la naturaleza de lo reclamado, ya que es trascendente para ello saber si se trata de una acción determinada, determinable o en su defecto indeterminable.

Así, para establecer que se está ante un pleito de cuantía determinada, se debe considerar que se caracterizan por la existencia de un reclamo líquido y específico dentro del juicio, en cuya categoría o clasificación también se encuentran los de una cuantía determinable con apoyo en los criterios que la ley señala o se planteen en la ejecución de sentencia, es decir, que a pesar de no haberse planteado cantidad líquida como materia de la litis, la naturaleza o características propias de lo reclamado sí puede cuantificarse o valuar su cuantía en cantidad líquida; en estos casos, la mecánica para determinar el monto de las costas atiende directamente a porcentajes del valor o cuantificación de lo reclamado y que formó parte de la litis.

Por otro lado, en cuanto se trate de asuntos de cuantía indeterminada o también conocidos como no pecuniarios, se debe tomar en cuenta la actividad desplegada en el propio estudio del asunto; por lo cual, dentro de los asuntos de cuantía determinada, deben entenderse no solo aquellos en que se reclame una cantidad líquida, sino también aquellos que son susceptibles de evaluarse pecuniariamente.

De acuerdo con lo anterior, cuando se trata de asuntos de cuantía determinada o indeterminada pero determinable, la determinación de las costas tiene como referencia principal el monto del negocio del cual derivó la condena por ese concepto, permitiendo definir adecuadamente el monto respectivo.

Bajo esa óptica, se colige que igualmente, cuando la condena genérica no prospera, pero existe un derecho al cobro de costas por la parte a quien no se le venció, ello no afecta la naturaleza de la cuantía del negocio, puesto que aunque no fue determinada, es claro que puede ser determinable, si se parte de los datos aportados en el escrito de demanda, aunque ello sea para los efectos del pago de las costas.

Consecuentemente, basta que la pretensión planteada tenga un valor apreciable económicamente, ya sea de carácter líquido o pueda ser determinable, para poder tomarlo como referencia para la cuantificación de las costas.

Puesto que, el hecho de que la determinación que dio por concluido el juicio, no hubiera resuelto el fondo del asunto, no implica que por ello la prestación no pueda ser materia del incidente de liquidación de gastos y costas, dado que conforme a lo previsto en los artículos 3 al 9 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, los gastos y costas deben regularse tomando como base la cuantía del negocio, la cual se determina con todas las prestaciones reclamadas, sean principales o accesorias; por lo que, la falta de estudio del fondo de la controversia no afecta la naturaleza de la cuantía del negocio, ya que ésta puede ser determinada con los datos asentados en la demanda.

Además, en relación a ese último punto, inherente a que la determinación que condena en costas no analice el fondo de la controversia, se pronunció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/88, en la que determinó que para cuantificar los honorarios de los abogados, en los asuntos en que aún no se haya pronunciado sentencia, la cuantía del asunto debe establecerse considerando tanto la suerte principal como los intereses determinables reclamados en la demanda, en virtud de que el profesionista litiga, presta sus servicios y adquiere responsabilidad sobre la totalidad de las prestaciones que se discuten en el juicio, sin que sea obstáculo para ello el que los intereses no se determinen líquidamente desde un principio pues son fácilmente determinables, sin que por ello el asunto carezca de cuantía, como tampoco es obstáculo la falta de pronunciamiento que absuelva o condene al pago de los intereses ya que ello constituye una prestación en juego en el litigio; esto es, la otrora Tercera Sala del alto tribunal, analizó un tema de pago de honorarios en el que no se había dictado aún sentencia y por ende, no existía un pronunciamiento de fondo, incluso sostuvo que no había condena o absolución sobre los intereses y no obstante ello, consideró que la cuantía debía ser con base en la suerte principal más intereses.

Lo cual resulta aplicable en el caso, toda vez que en el particular, las costas también se regulan conforme al valor del negocio y además, no se señala que éste deba ser determinado en sentencia, como sí lo hace la legislación que se analizó en esa ejecutoria, en la que se determinó que no impedía la cuantificación de honorarios la falta de dictado de sentencia.

De la ejecutoria citada, derivó la tesis de jurisprudencia 3a.31, con registro electrónico: 820057, de título y texto:

"CUANTÍA DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (ESTADO DE JALISCO). ..." [Transcribe texto]

Aunado a lo anterior, la Primera Sala del alto tribunal, al resolver la contradicción de tesis 54/97 sostuvo que el criterio antes señalado, resultaba aplicable a la legislación del Distrito Federal hoy Ciudad de México, virtud a que los artículos 229 y 230 de la derogada Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común en el Distrito Federal y el numeral 128 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hoy Ciudad de México, establecían, para efectos de regular las costas que, para determinar los honorarios de los abogados debía atenderse al monto del negocio, concepto en el que se incluía tanto la suerte principal como los intereses reclamados en la demanda, en virtud de que el profesionista litiga, presta sus servicios y adquiere responsabilidad sobre la totalidad de las prestaciones que se discuten en el juicio; de lo que, emergió la tesis 1a./J. 35/98, registro electrónico: 195786, de rubro y texto:

"CUANTÍA DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (DISTRITO FEDERAL). ..." [Transcribe texto]

La cual, también se considera aplicable al particular, porque como se ha señalado, los artículos 6 a 9 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, igualmente establecen para efectos de regular las costas que, para determinar los honorarios de los abogados debe atenderse a la suerte principal o al valor de la demanda, lo cual es análogo al monto del negocio, ya que este concepto es definido por la Primera Sala del alto tribunal, como aquel en el que se incluye tanto la suerte principal como los intereses reclamados en la demanda.

Además, conviene precisar que el juez de Distrito partió de una premisa equivocada, al invocar como sustento en la sentencia aquí recurrida, la contradicción de tesis 168/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 2/2008, con registro digital: 170305, de rubro: "HONORARIOS DE ABOGADOS. CUANDO UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE DECLARA IMPROCEDENTE, SE RESERVAN DERECHOS DEL ACTOR Y SE CONDENA EN COSTAS, AL RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN RELATIVO, LA CUANTÍA DEL NEGOCIO SERÁ INDETERMINADA (ARANCEL DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", para justificar que por el hecho de que en el asunto de origen no se dictó sentencia, era de cuantía indeterminada.

Ello, porque en dicha ejecutoria se interpretaron los artículos 6 y 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, que establecen lo siguiente:

"Artículo 6o. ... " [Lo transcribe]

"Artículo 12o. ..." [Lo transcribe]

De los artículos transcritos puede advertirse que tratándose de juicios contenciosos de cuantía determinada o determinable, los honorarios de los abogados por los trabajos prestados, se regulan a través de una cuota fija derivada de un porcentaje sobre lo obtenido conforme a la tabla descrita en el dispositivo 6 del arancel; esto es, que el monto de los honorarios se calcula en razón de una cuota fija sobre un porcentaje de lo obtenido en juicio, en cuyo parámetro se encuentran comprendidos todos los trabajos que hubiesen realizado.

En el numeral 12 del propio arancel, la cuantía se determina en razón del precio unitario; es decir, por cada trabajo prestado se cuantifica una cuota; esta disposición regula los casos donde no es posible determinar la cuantía. Lo que resulta disímbolo con lo establecido en los artículos 6 a 10 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, cuyo contenido ya se transcribió antes en esta ejecutoria, en los que esencialmente se prevé que en tratándose de asuntos de cuantía determinada, se establece como parámetro para el pago de honorarios diversos porcentajes respecto del valor fijado en la demanda; además, precisa que en las contiendas que versen sobre algún derecho vinculado con bienes inmuebles, la cuantía la determina el valor de los mismos; y, en aquellas que versen sobre arrendamiento o cuando se demande el cumplimiento de obligaciones consistentes en prestaciones periódicas, la cuantía la determina el importe de las pensiones de un año, a no ser que se demande como principal prestación el pago de pensiones vencidas, en cuyo caso es el valor de tales prestaciones la que determina la cuantía.

Esto es, la ley de aranceles de esta entidad federativa, no señala en los artículos analizados ni en alguna otra disposición, que para el cobro de honorarios se deba atender al monto de lo obtenido en juicio, como lo dispone el Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, que fue materia de análisis en la contradicción de tesis que tomó en cuenta el juez de Distrito para concluir que, en el particular, la sentencia que condenó al pago de gastos y costas y que dio origen a la resolución materia de reclamo en el juicio de amparo, debía considerarse de cuantía indeterminada porque no se dictó sentencia y por ende, no había base para fijar el porcentaje de lo obtenido, por lo cual, el asunto era de cuantía indeterminada.

Incluso, de las consideraciones esgrimidas en la contradicción de tesis 168/2006-PS, se advierte que el argumento toral que motivó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciera que en tratándose de una sentencia en la que se declara improcedente la acción por no satisfacerse un presupuesto procesal, se reservan derechos del promovente para que los haga valer en la vía que estime conveniente y se condena en costas, al liquidarlas en concepto de honorarios de abogados que patrocinaron el juicio, la cuantía del negocio se considerará indeterminada, fue precisamente que con la reforma de mil novecientos ochenta y ocho, al artículo 6 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, que establece que la cuantía del negocio se calculará mediante una cuota fija consistente en un porcentaje, se sustituyó el término "suerte principal" por la expresión "obtenido" para referirse a lo alcanzado en juicio; es decir, a la sentencia definitiva.

En efecto, la Primera Sala del alto tribunal puntualizó que la suerte principal vendría a ser la pretensión del actor, mientras que lo obtenido se referirá a lo logrado una vez ventilado el juicio; además, indicó que previo a esa reforma, la fórmula utilizada para tasar los honorarios de los abogados que hubiesen intervenido en un litigio, tratándose de cuantía determinada o determinable, era mediante una cuota fija de un porcentaje sobre el monto de la suerte principal; es decir, se cuantificaba teniendo en cuenta únicamente el monto de las prestaciones reclamadas; por tanto, el único elemento con que se contaba para determinar la cuantía del negocio era el importe de las prestaciones reclamadas, y ahora el legislador sustituyó ese término por "lo obtenido."

Así, derivado de esa reforma, la Primera Sala del alto tribunal, estableció que para el cálculo de los honorarios debía considerarse el monto determinado en la sentencia que concluyó el juicio, pues aun cuando desde la presentación de la demanda se conocía el monto de las prestaciones reclamadas, era hasta la sentencia que el órgano jurisdiccional decidía, ya que podía condenar o no al demandado al pago de dichas prestaciones y, si no había un reconocimiento del derecho de las partes, en virtud de que no se estudió el fondo de la litis, resultaba evidente que en la sentencia no constaba una base para fijar el porcentaje de lo obtenido; por lo que, la declaración en el sentido de dejar a salvo los derechos del actor era lo obtenido en el juicio, lo cual no era cuantificable pecuniariamente, y por ende, se trataba de un juicio contencioso cuya cuantía era indeterminada.

Lo anterior, se insiste, con base siempre en que la ley analizada, establecía que la cuantía del negocio se calcularía mediante una cuota fija consistente en un porcentaje sobre lo obtenido, cuestión que no prevé la legislación en materia de aranceles en el Estado de Baja California, sino que señala en los numerales 6, 7, 8 y 9, como parámetro, entre otros, para el pago de honorarios, diversos porcentajes respecto del valor fijado en la demanda y de la suerte principal, sin referirse en ningún apartado al monto de lo obtenido; entonces, para cuantificar las costas, debe considerarse, como lo indicó la Primera Sala del alto tribunal, el importe de las prestaciones reclamadas.

En ese tenor, se colige que atendiendo al contenido de los artículos 6 al 9 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, a fin de determinar la cuantía del negocio para efectos de cuantificar los gastos y costas, se debe tomar como parámetro, el valor de la suerte principal o de lo demandado en el juicio, con independencia del motivo por el que concluya el juicio; esto es, no se exige que para ello se deba contar con sentencia que analice el fondo del asunto, pues se insiste, el parámetro no es lo determinado en la sentencia, sino lo reclamado en el juicio; por lo cual, en el caso, tampoco resultaba aplicable lo dispuesto por el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, dado que la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, contempla y define todos los parámetros y mecánicas para cuantificar las costas.

De ahí, que si en el juicio de origen, del que derivó la sentencia de amparo que aquí se revisa, se demandó esencialmente la prescripción positiva de un bien inmueble, del que se establecieron medidas, colindancias y superficie y el asunto culminó con el desistimiento de la acción, es patente que se está en presencia de un asunto de cuantía determinada, ya que la cuantía la determina el valor del bien inmueble, lo que implica que para cuantificar los gastos y costas, se debe atender a las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, que esencialmente establece que en las contiendas sobre propiedad o posesión de bienes muebles o inmuebles, la cuantía la determina el valor de los mismos.

Resulta ilustrativa la jurisprudencia PC.I.C. J/31 K (10a.), que se comparte, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital: 2012406, no obstante se interprete el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, dado que como ya se explicó en esta ejecutoria, es concomitante con las disposiciones de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, de rubro y texto siguientes:

"COSTAS. SU CUANTIFICACIÓN EN LOS JUICIOS EN QUE SE DEMANDARON PRESTACIONES DE CUANTÍA DETERMINADA EN CUYA SENTENCIA NO SE ESTUDIÓ EL FONDO, SE DEJARON A SALVO LOS DERECHOS DE LA ACTORA Y SE LE CONDENÓ A SU PAGO, DEBE SER CONFORME AL ARTÍCULO 128 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO. ..." [Transcribe texto]

II. Posición del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo en revisión civil **********:

16. El citado tribunal conoció de la sentencia de amparo que estableció que al haber operado la caducidad de la instancia en un juicio especial hipotecario, los honorarios de los abogados debían regularse de conformidad con los aranceles correspondientes a los asuntos de cuantía indeterminada, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, y al criterio contenido en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 2/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HONORARIOS DE ABOGADOS, CUANDO UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE DECLARA IMPROCEDENTE, SE RESERVAN DERECHOS DEL ACTOR Y SE CONDENA EN COSTAS, AL RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN RELATIVO, LA CUANTÍA DEL NEGOCIO SERÁ INDETERMINADA (ARANCEL DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN)", la cual tenía carácter orientador.

17. El tribunal federal consideró correcta esa decisión y estableció que para efectos de la liquidación de costas en un asunto civil, que concluyó mediante auto que decretó la caducidad de la instancia, era aplicable el artículo 10 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, que regulaba las costas para los asuntos de cuantía indeterminada, no así el numeral 6, que regulaba las costas para asuntos de cuantía determinada, dado que al no haberse dictado sentencia firme o convenio que resolviera sobre la procedencia de las prestaciones, resultaba inaplicable.

18. Para concluir de esa manera, atendió a lo señalado en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 2/2008, de la que obtuvo que el asunto debía clasificarse como de cuantía indeterminada cuando no era posible traducirla a cantidad líquida, lo que ocurría cuando no se dictaba sentencia condenatoria o absolutoria, también conocida como material o sustancial, sino únicamente sentencia formal que no examinaba la procedencia de las prestaciones, y que al no esclarecer la procedencia del derecho en litigio no podía generarse el pago de costas conforme a lo pretendido, porque no existía una decisión que estableciera que el actor obtuvo su pretensión.

19. Señaló que el hecho de que el citado criterio jurisprudencial emanara del análisis a los artículos 6 y 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, de contenido diverso a los preceptos de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California, no impactaba en su aplicación, dado que ambos ordenamientos trataban el mismo punto jurídico, esto es, establecían la necesidad de que se dictar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31470-f64586cc/costas-para-cuantificarlas-en-juicios-del-orden-civil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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