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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM 2016) DE AGOSTO A OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN A-2016 (FORTAFIN-A-2016) AL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD]. IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). VI. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM 2016) DE AGOSTO A OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN A-2016 (FORTAFIN-A-2016) AL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD]. VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE AQUÉLLOS GENERA INTERESES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM 2016) DE AGOSTO A OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN A-2016 (FORTAFIN-A-2016) AL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM 2016) DE AGOSTO A OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN A-2016 (FORTAFIN-A-2016) AL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 175/2019. · Registro digital (IUS): 29723
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-03-26
Promovente: MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, Pág. 1422.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 175/2019. MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 175/2019, promovida por la síndica municipal de Medellín de Bravo, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Poder Ejecutivo del Estado.

I. Antecedentes y trámite del asunto

1. Promoción de la demanda. La demanda de controversia fue presentada por el presidente municipal y la síndica ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de abril de 2019.(1)

2. En el escrito, el Municipio actor argumenta, en esencia, que resulta contrario a derecho la omisión de las autoridades demandadas de cumplir con sus obligaciones constitucionales de entregar el importe económico de las participaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM-DF 2016) y del Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión A-2016 (FORTAFIN-A) sin fundamento legal alguno.

3. Por lo anterior, el Municipio considera que las conductas omisas en que incurrió el Poder demandado transgreden el orden constitucional en su agravio, frente a lo dispuesto en el artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Federal, en la que se establecen los principios constitucionales de la libre administración de la hacienda municipal, en razón de que se dejó de percibir en forma puntual y efectiva el importe económico de las aportaciones derivadas del fondo citado, lo que le impidió disponer de los recursos y de igual modo, ante la extemporaneidad de pago reclamado, se generaron intereses hasta ese momento.

4. Trámite de la demanda. Por auto de 2 de mayo de 2019, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el expediente 175/2019, así como enviarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento, según el turno correspondiente.(2)

5. En consecuencia, el Ministro instructor admitió la demanda sólo por la síndica municipal mediante acuerdo de 3 de mayo siguiente,(3) en el que tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificación, la designación de delegados y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.

6. Asimismo, consideró como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ordenó emplazarlo para que, por conducto de la persona que lo representara, manifestara lo que a su interés legal conviniera.

7. Finalmente, el Ministro instructor ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, en términos de los artículos 10, fracción IV y 26 de la ley reglamentaria en materia de controversias constitucionales.

8. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, la síndica única municipal sostuvo, en esencia, los siguientes razonamientos de invasión de competencia:

a) Las autoridades demandadas, al omitir en forma absoluta la entrega de los fondos FISMDF-2016 correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016 por $5'114,524.00 (cinco millones ciento catorce mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) y FORTAFIN-A-2016 por $2'100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.) que corresponden al Municipio actor, transgreden el principio de integridad de los recursos municipales, que consiste en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus participaciones.

b) No existe justificación para no entregar al Municipio los recursos, por lo que con la omisión se transgreden los principios de libre administración hacendaria, ejercicio directo del Ayuntamiento e integridad de los recursos municipales y el principio de libertad hacendaria que tutela el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo indica el criterio 1a. CXI/2010, "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

c) El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal prohíbe que los recursos estén afectos a intereses ajenos o sujetos a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas o por compensaciones en los términos de las condiciones establecidas en el propio ordenamiento federal, lo cual no se actualiza en el caso.

d) El Municipio actor no ha manifestado voluntad o consentimiento para que las autoridades estatales omitan la entrega de los fondos ni existe acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el Municipio en el que se comprometan los recursos que le corresponden.

e) De conformidad con el artículo 115 constitucional, la intervención del Gobierno Estatal respecto de los fondos de participaciones y/o aportaciones federales que se otorgan a los Municipios es de simple mediación administrativa y, en el caso específico de fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión en su manejo, pero no de disposición, suspensión o retención, como ocurre con los fondos correspondientes a los Ramos 33 y 23. Por tanto, subsiste el derecho y la obligación legal del Municipio actor para reclamar el pago de los fondos no entregados en el ejercicio 2016, así como los intereses respectivos.

9. Contestación de la demanda. El Poder Ejecutivo de Veracruz, a través del gobernador del Estado, depositó el escrito de mérito el 27 de junio de 2019,(4) ante la oficina de mensajería privada Estafeta, y fue recibida el día siguiente (28 de junio)(5) en la Oficina Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que trajo como consecuencia que en el acuerdo de 8 de julio de 2019 el Ministro instructor declarara que la contestación fue presentada de forma extemporánea.(6)

10. No obstante, como se expresó en este acuerdo, la valoración de la pruebas se llevará a cabo en términos del artículo 30 de la ley reglamentaria.

11. Referencia a la opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

12. Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el 6 de septiembre de 2019,(7) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y se puso el expediente en estado de resolución.

13. Radicación. Mediante escrito de 19 de septiembre de 2019,(8) el Ministro instructor solicitó la radicación de la controversia constitucional en el índice de la Primera Sala, lo cual acordó de conformidad el presidente de este Alto Tribunal en acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve.

14. Finalmente, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el presidente de esta Primera Sala acordó el avocamiento para resolver el asunto en dicha sede.(9)

II. Competencia

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l, de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Medellín de Bravo y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Precisión de la litis

16. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

17. En su escrito de demanda, el Municipio actor señaló como actos impugnados:

• La omisión de las autoridades demandadas en cumplir con su obligación constitucional de entregar el importe económico de participaciones federales FISM 2016 por el importe de $5'114,524.00 (cinco millones ciento catorce mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).

• La omisión de las autoridades demandadas de entregar $2'100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes a FORTAFIN "A" 2016.

• El pago de intereses moratorios.

18. Por lo anterior, esta Sala considera que el análisis de la existencia de las omisiones reclamadas debe estudiarse en el fondo, pues para determinar si los recursos fueron debidamente entregados debe atenderse al marco legal aplicable.

19. Además, de ser cierta la falta de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, a la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.

20. Con base en lo anterior, de la omisión manifestada por el Municipio actor por $5'114,524.00 correspondiente a FISM, adminiculada con el oficio TES/VER/3042/2019 de 4 de junio de 2019,(11) y las copias de las transferencias bancarias presentadas por el Poder Ejecutivo demandado como pruebas,(12) debe concluirse que los pagos no realizados sólo corresponden a los meses de agosto y septiembre de 2016 por el monto de $3'409,686.00 (tres millones cuatrocientos nueve mil seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), mientras que por el mes de octubre se reporta la omisión de pago del fideicomiso FAIS (F977) equivalente a $1'280,847.00 (un millón doscientos ochenta mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M. N).

21. En el oficio mencionado, la tesorera manifestó que la diferencia que se observa del mes de octubre respecto del resto de las ministraciones se debe a que mediante Decreto 250 de 11 de abril de 2014, el Congreso Local otorgó a los Municipios la autorización para contratar uno o varios créditos o empréstitos con Banobras, respecto del cual el Municipio actor suscribió un crédito durante el ejercicio fiscal 2016 y, por esa razón, a partir del mes de octubre de ese año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo los descuentos para cubrir el adeudo a Banobras en tiempo y forma.

22. Además, la tesorera por medio de oficio DELVER/230000/2018/185,(13) emitido por la Delegación Estatal de Banobras en Veracruz informó la liquidación total del crédito otorgado al Municipio de Medellín de Bravo, y que le fue notificado el derecho que tenía a recibir los fondos correspondientes a los meses reclamados y no recibidos.

23. Finalmente, en el oficio de referencia se señaló el derecho del actor a recibir los fondos FORTAFIN "A" del ejercicio fiscal 2016 por $2'100,000.00.

24. Por ende, esta Primera Sala tiene como omisiones reclamadas únicamente las cantidades antes señaladas ($4'690,533.00 por FISM y 2'100,000.00 por FORTAFIN-A-2016) al no haber sido objetadas estas pruebas.

IV. Oportunidad

25. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(14) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. A continuación, se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.

26. En la controversia constitucional 5/2004,(15) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003, la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

27. En la controversia constitucional 20/2005,(16) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04, de 27 de enero de 2005 suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas. En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

28. En la controversia constitucional 98/2011,(17) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que correspondían al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos. En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

29. En la controversia constitucional 37/2012,(18) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia consideró que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas. En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

30. En la controversia constitucional 67/2014,(19) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la falta de entrega de los recursos financieros que legalmente le correspondía recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que la ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar.

31. Así, esta Suprema Corte concluyó que debía considerarse oportuna la presentación de la demanda el 12 de junio de 2014, ya que el Municipio actor reclamó de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.

32. En la controversia constitucional 78/2014,(20) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local: 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de 2014; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estimó que se trataba de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.

33. Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determinó que eran omisiones, pues el Municipio actor impugnó de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se habían entregado dichas participaciones. Finalmente, por el acto 5) se tuvo en tiempo, toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encontraban programados descuentos de participaciones federales que debían aplicarse al Municipio actor.

34. En la controversia constitucional 73/2015,(21) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince; 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de 2015; y, 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2015, el adeudo que correspondía a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugnó la falta absoluta de pago de distintos conceptos.

35. En la controversia constitucional 118/2014,(22) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto tesorero municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del 1 de enero al 27 de junio de 2014; 2) la retención de recursos federales participables a partir del 2 de diciembre de 2014. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida, por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2) la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.

36. De acuerdo con los anteriores precedentes, es posible advertir que la Suprema Corte ha tenido por actos positivos: a) los descuentos; b) los pagos parciales; c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales; y, d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera.

37. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(23) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.

38. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio actor reclama la omisión de entrega de los recursos provenientes del FISM 2016 por $4'690,533.00, los cuales corresponden a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016 por así haberlo señalado la tesorera adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, y porque ello no fue rebatido por el actor. Por idénticas razones, sólo se tiene como omisión de pago el monto de $2'100,00.00 relativo a FORTAFIN "A" 2016.

39. Luego, al valorarse como una omisión total de entrega, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento y, por ende, a diferencia de lo expuesto por el titular del Poder Ejecutivo en su contestación de demanda, la controversia se promovió en tiempo sólo –se insiste– por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016 de FISM-2016 y por el monto del FORTAFIN "A" 2016 como quedó precisado en la contestación de demanda.

40. El criterio sobre la oportunidad de la demanda ya fue respaldado por el Tribunal Pleno el 22 de febrero de 2018, al resolver la controversia constitucional 135/2016 y, anteriormente, por esta Primera Sala el 11 de enero de 2017 en la controversia constitucional 108/2014, lo que genera que la causal de improcedencia invocada por el Poder demandado sea infundada respecto a la extemporaneidad de la demanda.

V. Legitimación activa

41. El actor es el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz de Ignacio de la Llave y en su representación promueve la demanda Hilda Nava Seseña quien se ostenta con el carácter de síndica única municipal. Dicho carácter se acreditó con la copia de la constancia de mayoría de 7 de junio de 2017.(24)

42. En relación con la representación, el artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,(25) dispone que los síndicos tendrán las atribuciones para procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad y representar legalmente al Ayuntamiento.

43. De acuerdo con las disposiciones anteriores, la síndica única cuenta con la representación del Municipio y, por tanto, tiene legitimación procesal para promover la controversia constitucional.

44. De lo anterior se desprende que, conforme a la legislación local, la síndica única de Medellín de Bravo posee la representación jurídica en todos los procesos judiciales; por lo que, como se estableció, procede reconocerle legitimación para promover el presente juicio.

45. Asimismo, si dicho Municipio es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, facultado para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitimación activa necesaria para promoverla.

VI. Legitimación pasiva

46. En el auto de admisión se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por ende, aun ante la extemporaneidad de la contestación de demanda, debe verificarse la legitimación del demandado y de quien se apersona en su representación.

47. Así, el Poder Ejecutivo fue representado por Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno del Estado, quien puede representar al titular del Poder Ejecutivo Local en términos de los artículos 116, fracción I, de la Constitución Federal; 50(26) de la Constitución Estatal; 8, fracción X, 9, fracción I, y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz,(27) y; 15, fracción XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.(28)

48. Además, este funcionario acreditó su personalidad con las copias del nombramiento otorgado por el Gobernador Constitucional de Veracruz el 1 de diciembre de 2018.(29)

VII. Causas de improcedencia

49. El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz señala que la controversia es improcedente porque no se agotó la vía prevista legalmente para la solución del conflicto; así como que no podría darse efecto retroactivo a la eventual invalidez de la omisión, porque se ha agotado el ejercicio fiscal para el cual fueron previstos los recursos.

50. Al respecto, es criterio reiterado de esta Suprema Corte que cuando los actos cuestionados en una controversia constitucional tienen que ver con la violación directa al texto de la Constitución General, no es necesario agotar ningún medio legal.

51. Dicha afirmación encuentra respaldo con el criterio P./J. 136/2001, "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."(30)

52. Además, en el caso, la eventual declaración de invalidez de las omisiones no sería dar un efecto retroactivo a norma alguna, sino ordenar a la demandada cumplir con las obligaciones que inobservó, lo cual corresponde al fondo del asunto como lo ilustra la jurisprudencia P./J. 92/99, "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(31)

53. Finalmente, esta Primera Sala no advierte la existencia de otro motivo de improcedencia planteada por las partes adicional a los ya analizados ni advertido de oficio por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procede a estudiar el fondo del asunto.

VIII. Estudio de fondo

54. De conformidad con lo precisado en el apartado relativo a la existencia de actos y oportunidad, lo que debe resolverse en esta controversia constitucional es si la autoridad demandada –Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave– ha incurrido en la omisión en la entrega de los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor.

55. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes,(32) se ha pronunciado sobre la interpretación y el alcance de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al tema de la hacienda municipal.

56. Ha sostenido que la fracción IV de este precepto establece un conjunto de previsiones cuyo objetivo consiste en regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales.

57. En dichas previsiones se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo cual resulta totalmente congruente con el propósito del Constituyente Permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve–, para el fortalecimiento de la autonomía municipal a nivel constitucional, por lo que, el cumplimiento de los contenidos de dicha fracción genera y garantiza el respeto a la autonomía municipal.

58. Todo esto se advierte en la tesis aislada 1a. CXI/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(33)

59. En el aspecto que nos ocupa se ha señalado, esencialmente, lo siguiente:

a) Que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre.

b) Se consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, el cual es consustancial al régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución Federal a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

60. Este principio de libre administración de la hacienda municipal rige únicamente sobre una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.(34)

61. Se ha dicho básicamente que, tanto las participaciones como las aportaciones federales forman parte de la hacienda municipal, pero sólo las primeras están comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria.

62. Así, las aportaciones federales son recursos pre etiquetados que no pueden ser destinados a otro tipo de gasto más que el indicado por los diversos fondos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal, aunque esto último no debe entenderse en el sentido de que los Municipios no tengan facultades de decisión en el ejercicio de las aportaciones federales, sino que se trata de una pre etiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus propias necesidades y dando cuenta de la utilización de los mismos, a posteriori, en la cuenta pública correspondiente.(35)

63. Derivado de la finalidad constitucional del principio de libertad hacendaria, se ha reconocido el principio de integridad de los recursos federales destinados a los Municipios,(36) el cual consiste básicamente, en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de los citados recursos, por lo que la entrega extemporánea genera en su favor el pago de los intereses correspondientes.

64. El artículo 115, fracción IV, inciso b), establece que las participaciones deben ser cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29723-548b20f8/i-controversia-constitucional-la-omision-de-entrega-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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