REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL PROCESO PENAL. A LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS DE LA PRESCRIPCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 6 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ROBERTO CANTÚ TREVIÑO, FELISA DÍAZ ORDAZ VERA Y JESÚS MARÍA FLORES CÁRDENAS. DISIDENTE: JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ ROBERTO CANTÚ TREVIÑO. SECRETARIO: OMAR RENÉ GUTIÉRREZ ARREDONDO.
Monterrey, Nuevo León. Acuerdo del Pleno del Cuarto Circuito, correspondiente al día seis de octubre de dos mil veinte.
VISTO; para resolver la contradicción de tesis 2/2019 entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Penal del Cuarto Circuito, ambos con sede en esta ciudad; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Por oficio de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León y dirigido al Magistrado presidente del Pleno de Circuito en Materia Penal del Cuarto Circuito, recibido el veintiséis de noviembre siguiente, denuncia la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión 27/2019; en contra del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de revisión 177/2019 y 153/2019.
SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Pleno del Cuarto Circuito ordenó formar el expediente número 2/2019, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis; solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiado de Circuito que informaran si el criterio sustentado en esos asuntos se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; finalmente, ordenó dar aviso correspondiente a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante acuerdos de cuatro y nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se agregaron, respectivamente, los oficios 38/2019, suscrito por la secretaria de tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y 160/2019, suscrito por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, por los que remitieron copias certificadas de los asuntos aquí contendientes; asimismo informaron que los criterios sustentados en tales resoluciones se encuentran vigentes.
Posteriormente, por auto de seis de enero de dos mil veinte, se agregó a los autos el oficio DGCCST/X/554/12/2019, suscrito por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, y anexo que acompaña, por el que informa que de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, dictadas por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis relacionada con la presente.
Finalmente, por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se ordenó turnar la presente contradicción de tesis al Magistrado José Roberto Cantú Treviño, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, a fin de que elabore el proyecto de resolución correspondiente, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en tanto se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, con jurisdicción en este Cuarto Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, quien se encuentra facultado en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo para denunciar la posible contradicción de criterios.
TERCERO.—Posturas contendientes.
A. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión 27/2019, textualmente sostuvo lo siguiente:
"SEXTO.—Estudio.
"Los agravios son infundados en parte y, de estudio innecesario en lo demás, como se verá.
"Acto reclamado.
"********* reclamó de la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado (así se firmó el acto reclamado), la resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación **********, mediante la cual revocó la diversa resolución pronunciada en audiencia oral de diez de julio del mismo año, por el Juez de Ejecución de Sanciones del Estado y, declaró ‘improcedente’ el incidente de prescripción de la reparación del daño, promovido por dicho quejoso.
"Los antecedentes del caso son los siguientes:
"I. En once de diciembre de dos mil catorce, dentro de la causa penal **********, la Juez de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado declaró al quejoso responsable en la Comisión del delito de robo con violencia cometido en perjuicio de ********** (tercero interesada); lo condenó a quince años de prisión y multa de dos mil cuotas, equivalentes a ciento treinta y cuatro mil quinientos ochenta pesos, así como a pagar por concepto de reparación del daño a favor de ********** (tercero interesado) la cantidad que en ejecución de sentencia se justificara respecto del tratamiento sicológico de dicho pasivo.
"Los hechos materia de la causa consistieron en que el diecisiete de junio de dos mil catorce, aproximadamente a las trece horas con seis minutos, en la calle **********, colonia **********, en el Municipio del mismo nombre, el quejoso subió al vehículo Nissan, tipo Tsuru, modelo 2002 (propiedad de la sociedad tercero interesada, asiento del piloto del vehículo (sic), al cual iba subiendo ********** tercero interesado), a quien el quejoso dijo ‘súbete a la verga puto o te carga la chingada’; por lo que ********** corrió para alejarse, pero se le cayeron las llaves, el quejoso las recogió, abordó el automóvil por la puerta del conductor e indicó que (sic) sus acompañantes que subieran; después se retiró con ellos en el vehículo.
"II. En veintisiete de febrero de dos mil quince, dentro del toca **********, la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado modificó ese fallo anterior en lo relativo al monto a que ascendían las cuotas de multa, de modo que fijó la condena en ciento veintisiete mil quinientos cuarenta pesos, sustituibles por quince jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y, dejó intocados los puntos restantes del fallo recurrido.
"III. En cuatro y once de marzo de dos mil quince, el actuario adscrito a la Sala notificó la anterior resolución a ********** y **********, respectivamente.
"IV. En dos de marzo de dos mil quince, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, se declaró competente para conocer de la etapa de ejecución de la sentencia, para lo cual radicó el expediente de ejecución **********, con apoyo en las disposiciones del (sic) Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales.
"V. En siete de junio de dos mil dieciocho, el defensor público del quejoso promovió, por escrito, incidente no especificado sobre prescripción de la reparación del daño.
"VI. En once de junio de dos mil dieciocho, el Juez de Ejecución admitió a trámite ese incidente; dispuso dar vista al agente del Ministerio Público de su adscripción y, a la parte afectada ********** para que en el término de tres días hicieran manifestaciones y ofrecieran pruebas.
"VII. En diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público ofreció pruebas documentales.
"VIII. En diez de julio de dos mil dieciocho se desahogó audiencia oral en la cual el Juez declaró ‘procedente’ el incidente, que había prescrito la sanción pecuniaria relativa al pago de la reparación del daño, al considerar que la reparación del daño tiene carácter de sanción y, había transcurrido en exceso el término de dos años previsto en el artículo 136 del Código Penal del Estado.
"En la misma audiencia, la agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra dicha determinación; el cual fue admitido por el Juez, el seis de agosto siguiente.
"IX. En veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la resolución recurrida y, declaró ‘improcedente’ el incidente sobre prescripción de la reparación del daño al estimar esencialmente el término prescriptivo por lo que hace a la reparación del daño es el previsto en el artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no así el señalado en el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.
"Resolución de apelación, contra la cual el quejoso promovió el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente recurso.
"Sentencia de amparo.
"El Juzgado de Distrito desahogó la audiencia constitucional el diez de enero de dos mil diecinueve y, dictó sentencia en la cual concedió el amparo. Esencialmente estimó:
"• En lo relativo a la prescripción de la reparación del daño se debe atender a los artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, no al Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
"• De los artículos 122, 123 y 136 del Código Penal del Estado, contenidos en el título séptimo, relativo a la extinción de la responsabilidad penal del Código Penal del Estado, capítulo VII de la prescripción, extemporaneidad y abandono de las querellas y, del diverso artículo 148 del título octavo de la responsabilidad pecuniaria derivada del delito, capítulo único, se desprende que las sanciones que no tienen establecido un término para la prescripción, entre las cuales se encuentra la responsabilidad de la reparación del daño, deben prescribir en el mismo lapso previsto para la prescripción de la multa, de dos años y, que se debe considerar como fecha de inicio de tal cómputo la notificación de la ejecutoria de la sentencia en la que se condene por ese concepto.
"• De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 148 del citado Código Penal el que se extinga la acción penal y la sanción, no trae como consecuencia que también se extinga la condena relativa a la reparación del daño porque ésta es independiente a aquellas instituciones, pero eso no implica que en relación con el tema de la condena para la reparación del daño resulten inaplicables los términos y formas de extinción a que alude el capítulo VII del título séptimo, del Código Penal, debido a que el precepto solamente aclara que si se determina extinta la acción penal y diversas sanciones, no debe hacerse extensiva tal declaración a la reparación del daño.
"• En la legislación mexicana la reparación del daño se ha instituido como una sanción pecuniaria, incluso de satisfacción preferente a la multa y, como debe hacerla el inculpado, adquiere el carácter de pena pública, por tanto, el Ministerio Público acusador está constreñido a exigirla de manera oficiosa; una vez impuesta el órgano ejecutor de sanciones debe velar por su exacta y debida satisfacción, tanto que en caso de obtenerla y sea rechazada por aquél en favor de quien se estableció, la reportará al erario público; eso encuentra aceptación en los artículos 141 y 142 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. También se refirió al artículo 143 de dicho código.
"• Es incorrecta la apreciación de la autoridad en cuanto a que la legislación penal no otorga a la reparación del daño, carácter de sanción, sino sólo el de consecuencia jurídica de responsabilidad por la comisión del delito y, que deben ser diferenciados, porque si bien el artículo 46 del Código Penal del Estado, no incluye la reparación del daño como sanción, ese concepto tiene carácter de pena pública y general para todos los delitos, se traduce en una sanción pecuniaria consistente en la obligación del delincuente de restablecer y resarcir los perjuicios derivados de su delito, por ende, es parte de la condena establecida en el procedimiento penal y, su cumplimiento se debe obtener en la causa respectiva.
"• La autoridad refirió que una interpretación literal del artículo 136 del Código Penal del Estado sustantivo de la materia, arroja que el plazo de dos años para que opere la prescripción, únicamente es aplicable tratándose de multa o de las sanciones no sujetas a término, más de las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de delitos que no se encuentran en esa categoría, unido a que la responsabilidad pecuniaria derivada del delito denominada ‘reparación del daño y perjuicio’ se desarrolla en el título octavo del libro primero del código; lo que no se comparte porque de ese numeral y del diverso 148 deviene la forma en que se determina el periodo de tiempo para exigir la acción de pago de la pena proveniente de delito y cuándo empieza a correr el cómputo para la prescripción.
"• El término para que prescriba la acción para exigir la reparación del daño es de dos años, debido a que no está sujeta a término alguno y su cálculo comienza a correr a partir de la fecha en que fue notificado quien tiene derecho a dicha pecuniaria (sic) de la sentencia ejecutoria que condenó al acusado, porque hasta ese momento puede consumarse el perjuicio ocasionado.
"• Adverso a lo resuelto por la autoridad, el cómputo para la prescripción de la reparación del daño no deriva del artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, sino de la legislación penal estatal ya señalada, siendo el plazo para que opere el de dos años.
"• Si bien la reparación del daño se encuentra catalogada como una consecuencia jurídica acorde con el numeral 45 Bis del Código Penal de (sic) Nuevo León, no por eso deja de ser una pena pública; de ahí que sea aplicable el artículo 136 de dicho ordenamiento.
"• Es aplicable la jurisprudencia 43/2004, de rubro: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’, en la cual si bien se analizó el artículo 116 del Código Penal para el Distrito Federal, es de similar contenido a los numerales 125 y 148 del Código Penal del (sic) Estado de Nuevo León, debido a que todos establecen que el plazo para la prescripción de la reparación del daño corre a partir de la fecha en que causa ejecutoria la sentencia; de modo que ese criterio resulta aplicable para esta entidad federativa, por tanto, se debe considerar que el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la reparación del daño, inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria que le impone tal pena al acusado.
"• La reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, no son aplicables los numerales 1807, 1812, 1812 Bis y 1812 Bis II, del Código Civil del (sic) Estado de Nuevo León, contenidos en el libro cuarto, primera parte, título primero, capítulo V, denominado ‘De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos’, porque se refieren a las obligaciones que nacen de los actos ilícitos o contrarios a las buenas costumbres, que producen algún daño, pero no a los que derivan de un acto delictuoso.
"• A la fecha en que se solicitó la prescripción de la condena a la reparación del daño, ya había transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León y, por ende, opera la prescripción de la sanción pecuniaria relativa al pago de la reparación del daño impuesta al aquí quejoso **********, mediante ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil quince.
"Efectos de la concesión de amparo.
"El a quo concedió el amparo para efecto de que la autoridad deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la cual ajuste su actuar a los lineamientos expuestos en el fallo protector.
"Incongruencia de las consideraciones de la sentencia constitucional.
"Previo al estudio de los agravios formulados por la autoridad recurrente, debe puntualizarse que el análisis de congruencia de las sentencias de amparo es de orden público y, por ello, de estudio oficioso lo aleguen o no las partes, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente la autoridad responsable pudiera darle a dicho fallo, evitando así ejecutorias forzadas e inconducentes que lleven a un imposible cumplimiento.
"Por tal razón, el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de revisión, válidamente puede corregir de oficio la incongruencia que advierta en la sentencia de amparo, ajustando los puntos resolutivos, las consideraciones que la rigen, o bien, anulando algunas de éstas.
"En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 133/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"‘SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: «SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.», en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele.’(1)
"Sentado lo anterior, oficiosamente se advierte que el fallo protector sujeto a revisión contiene consideraciones incongruentes, atento a que, por una parte advirtió que la autoridad había errado al establecer que para la prescripción de la reparación del daño se debía atender al Código Civil para el Estado, en lugar de ceñirse a los artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León; que precisamente era aplicable el artículo 136 del último ordenamiento en cuanto a que el plazo para la prescripción es de dos años; y que ese plazo inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria que le impone tal pena al acusado.
"Por otra parte, el a quo se pronunció en la parte final de la sentencia, en el sentido que a la fecha en que se solicitó la prescripción de la condena a la reparación del daño, ya había transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León y, que por ende, había operado la prescripción de la sanción pecuniaria relativa al pago de la reparación del daño impuesta al quejoso, tal como en principio había decidido el Juez de Ejecución de Sanciones.
"Lo cual deviene incongruente porque, si el a quo en primer lugar destacó que la autoridad había errado al elegir las normas sustantivas que resultaban aplicables al caso, eso implicaba que la Sala no había examinado si estaba prescrita o no la reparación del daño al tenor de las disposiciones del Código Penal del Estado.
"Por ende, el órgano de amparo no estaba en aptitud de establecer que en el procedimiento penal de origen se actualizaban los supuestos del artículo 136 del Código Penal del Estado y que había operado la prescripción, sencillamente porque en esos términos se estaba sustituyendo a la autoridad, en la medida que ésta, debido a su yerro, no había hecho el examen correspondiente.
"De ahí que, si el Juzgado de Distrito impuso como efecto del amparo, que la autoridad dicte una nueva resolución en la cual ajuste su actuación a los lineamientos expuestos en el fallo protector; entonces dichos efectos no son del todo acordes con la violación destacada en primer lugar.
"Cierto, dicha violación consistió en la indebida remisión que la autoridad hizo a las disposiciones del Código Civil del Estado, por tanto, el efecto del amparo debía ceñirse a que la Sala dejara insubsistente la resolución reclamada y, en la nueva que dictara, partiera de la base de que las disposiciones aplicables eran las del Código Penal del Estado, que la prescripción de la reparación del daño está sujeta al plazo de dos años establecido en el artículo 136 del Código Penal del Estado y, que éste es computable a partir de que se notificó al ofendido la ejecutoria que impuso esa pena.
"Mas no había lugar a imponer a la autoridad, los lineamientos en los cuales estableció que había prescrito la reparación del daño porque ya había transcurrido el plazo señalado en el citado artículo 136.
"Por ende, el efecto del amparo no guarda congruencia con la violación advertida, atento a que la reparación que impone a la autoridad va más allá de la mera orden de que decida con base en las disposiciones legales aplicables y, se perfila a fijar el sentido de la determinación.
"Corolario, las consideraciones jurídicas del a quo a través de las cuales concluyó que en la especie había prescrito la reparación del daño devienen incongruentes y se proyectaron hacia los efectos del fallo protector, en la medida que se dieron directrices a la autoridad para definir la cuestión en el sentido de que estaba prescrita la reparación del daño.
"Por tal razón, este tribunal a fin de reparar la incongruencia de la que adolece la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo por las violaciones verdaderamente cometidas, al no existir la figura del reenvío en el presente recurso, procede a dejar sin efectos las consideraciones en las cuales se afirmó que en la especie había prescrito la reparación del daño y, los efectos del amparo fijados por el Juez Federal.
"En cambio, determina que para reparar la violación procesal detectada, lo procedente era conceder el amparo para efecto de que la autoridad:
"• Dejara insubsistente la resolución reclamada.
"• En una nueva que dictara, estableciera que para la prescripción de la reparación del daño se debía atender al Código Penal para el Estado de Nuevo León; que precisamente era aplicable el artículo 136 de dicho ordenamiento en cuanto a que el plazo para la prescripción es de dos años y que ese plazo inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria que le impone tal pena al acusado.
"• Con plenitud de jurisdicción, resolviera conforme a derecho el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.
"Agravios.
"La autoridad tercero interesada, fiscal general de Justicia del Estado, interpuso el presente recurso de revisión.
"De modo que el análisis de sus agravios debe regirse por el principio de estricto derecho, ya que en materia penal, la suplencia de la queja sólo opera a favor del inculpado o sentenciado y de la víctima u ofendido en casos específicos en que tengan carácter de quejoso o adherente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo.
"Así, interpretado en contrario ese precepto, deriva que sus supuestos no incluyen a la autoridad tercero interesada como destinatario de dicha suplencia.
"Por ende, la impugnación se analizará bajo el principio de estricto derecho, acorde con el cual el recurrente tiene la obligación de combatir todos y cada uno de los argumentos torales en que el órgano de amparo se basó para otorgar a la quejosa la protección solicitada, sobre todo debido a que el Ministerio Público es un órgano de carácter eminentemente técnico.
"Esto es, los agravios hechos valer por el recurrente deben constituir verdaderos argumentos directamente encaminados a combatir las consideraciones torales en que se fundamentó el fallo recurrido, sin que se pueda subsanar de oficio alguna deficiencia de esos planteamientos.
"Como se adelantó, los agravios resultan infundados en parte y de estudio innecesario en lo demás.
"En efecto, el recurrente plantea (primer agravio) que el Código Penal del (sic) Estado de Nuevo León no asigna a la reparación del daño las categorías de pena o sanción y, que resultado de ello, es incorrecto que la prescripción de la reparación del daño esté regulada en términos de ese ordenamiento.
"Particularmente esgrime que:
"• La resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada; es inexacto lo considerado por el Juez de Distrito al dar razón al quejoso en el sentido de que la autoridad debió atender a las reglas del Código Penal y no a las del Código de Procedimientos Civiles (sic) para el Estado de Nuevo León.
"• Se incurrió en incorrecta interpretación y aplicabilidad de las reglas imbíbitas en dichos ordenamientos jurídicos porque, contrario a lo estimado en la sentencia, la reparación del daño no fue considerada por el legislador del Estado de Nuevo León como sanción, ni como pena, según se desprende del artículo 46 del Código Penal del Estado que no incluye específicamente la reparación del daño como ‘sanción’; que entonces el fallo recurrido entraña una inadecuada fundamentación y motivación.
"• La reparación del daño es de orden público y, eso implica (sic) sea de aplicación general y observancia obligatoria, sin que por esa razón constituya una sanción.
"• En el título octavo del libro primero del Código Penal, el legislador dejó fuera de las sanciones aplicables (previstas en el artículo 46 de ese ordenamiento) por la comisión de delitos, a las responsabilidades pecuniarias previstas en el artículo 45 Bis como consecuencias jurídicas de responsabilidad por la comisión del delito.
"• Si bien el artículo 141 de dicho título, previene que toda persona responsable de un hecho delictuoso, lo es también por el daño y perjuicio causado por el mismo y, que esa responsabilidad es de orden público respecto de los penalmente responsables; eso no determina que la reparación del daño sea intrínsecamente una sanción, que en términos de ley se trata de una consecuencia de responsabilidad del delito.
"• Las tesis citadas en la sentencia recurrida con los rubros: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL. TIENE EL CARÁCTER DE PENA PÚBLICA Y NO REQUIERE EL ACREDITAMIENTO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ACUSADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).’ y ‘REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO, ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR AL INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN PECUNARIA, APLICADA COMO PENA PÚBLICA.’, resultan inaplicables porque la primera se refiere al artículo 31 del Código Penal de Michoacán y, la segunda alude a los numerales 30, fracción V y 37 del Código Penal para el Distrito Federal, pero dichos preceptos expresamente señalan la reparación del daño como pena, mientras que en el Código Penal de (sic) Nuevo León no existe disposición en el sentido que la reparación del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29733-039ae87e/reparacion-del-dano-en-el-proceso-penal-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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