SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA NOTIFICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD SOBRE EL INICIO DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 591 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE ENERO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
Al respecto, resulta aplicable la tesis emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por Kelsey Vanessa Guardado Gutiérrez, a quien le fue reconocida la calidad de apoderada legal de Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil, en el recurso de queja 241/2019 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito; esto es, se trata de una de las partes en uno de los criterios contendientes en la presente contradicción.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Criterio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito al resolver el recurso de queja 241/2019, del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:
Juicio de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, **********, por conducto de su apoderado legal; solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del auto de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa en el juicio de acción colectiva en sentido estricto **********, promovido por Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil.
En la resolución reclamada se concedió la suspensión provisional para el efecto de que, pudiendo continuar con el procedimiento de origen, no se ejecutara el proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve citado, a fin de que no se obligara a la parte quejosa a publicar en sus páginas web oficiales y estados de cuenta, la promoción de la demanda del juicio de origen, hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva.
Recurso de queja. Inconforme con esa resolución, la parte tercero interesada Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil, interpuso recurso de queja, el cual fue admitido a trámite por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, quien lo radicó con el número 241/2019.
Mediante sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dicho órgano colegiado declaró fundado el recurso de queja, a partir de los razonamientos siguientes:
- Como punto de partida consideró oportuno traer a colación el contenido de los artículos 590, 591, 593, 594 y 595 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de los cuales obtuvo que, tratándose de acciones colectivas, existe disposición legal que expresamente dispone que el inicio del ejercicio de aquélla debe notificarse a la colectividad.
- De manera que, atendiendo a lo establecido en el artículo 591, es ineludible que el Juez de Distrito del conocimiento debe negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, ya que de otorgarse la medida cautelar, se contravendría la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.
- Ello, en virtud de que se vería trastocado el derecho de la colectividad a ser informado de la existencia de la acción colectiva promovida en contra de las empresas quejosas, lo que conlleva que los miembros de la colectividad que se sientan afectados, no puedan adherirse al procedimiento.
- En ese sentido, de concederse la suspensión provisional a las amparistas, sería mayor la afectación que resentiría la sociedad en general, en especial, aquellos que pudiesen considerarse afectados y que fuese su deseo sumarse a la acción colectiva promovida en contra de las peticionarias de amparo.
- Para apoyar su determinación, hizo alusión a la jurisprudencia 1a./J. 35/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos título, subtítulo y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO. EL AUTO QUE ORDENA LA FORMA EN QUE SE NOTIFICARÁ A LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LA COLECTIVIDAD AFECTADA LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE ACCIÓN COLECTIVA EN SENTIDO ESTRICTO O INDIVIDUAL HOMOGÉNEA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos por tribunales judiciales dentro de un juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando dichos actos tienen una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando con ellos se afectan materialmente derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. Ahora bien, de los preceptos 579, 580, 581, fracciones II y III, 594, 595, 604 y 605 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se colige que en la acción colectiva en sentido estricto o individual homogénea, los miembros que conforman la colectividad pueden obtener la reparación de los daños individuales que hubieren sufrido con motivo de los hechos o actos imputados al demandado. Ese derecho sustantivo a la reparación lo pueden hacer valer en dichas acciones colectivas únicamente cuando manifiestan expresamente su voluntad de formar parte de la colectividad representada en el juicio, mediante el acto procesal de adhesión, el cual pueden realizar durante la sustanciación del proceso o, en su caso, de haberse obtenido sentencia favorable para la colectividad o de haberse suscrito convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, en la etapa de ejecución, dentro de los dieciocho meses posteriores a que ésta o el convenio adquirieron firmeza. En ese sentido, en el sistema legal de las acciones colectivas, el momento previsto para hacer del conocimiento de la colectividad afectada la existencia del juicio, es mediante la notificación del auto que admite la demanda, la cual habrá de hacerse en los términos del artículo 591, párrafo tercero, del código procesal referido, es decir, por medios idóneos, considerando el tamaño, la localización y las demás características de la colectividad, debiendo ser económica, eficiente y amplia, conforme a las circunstancias del caso, sin que se prevea una notificación posterior en términos iguales a los que establece ese numeral pues, incluso la sentencia definitiva, aun cuando fuere favorable a la colectividad, sólo se prevé que sea notificada personalmente al representante legal de ésta, y respecto de un eventual convenio judicial, no se establece notificación alguna a la colectividad en general, de manera que el auto que ordena la forma de la referida notificación, tiene una importancia sistémica fundamental, pues de él depende la conformación de la colectividad, por tanto, sí es susceptible de afectar directamente el derecho sustantivo que asiste a cada uno de sus miembros, de obtener la reparación de los daños individuales, pues el desconocimiento de la existencia del juicio no sólo trascenderá al acto procesal de la adhesión durante el proceso, sino también a la etapa de ejecución de una eventual sentencia o convenio favorable a la colectividad. De lo anterior se concluye que el auto que ordena la forma en que se hará la referida notificación es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto."
- Aunado a ello, estimó que no pasaba inadvertido el hecho de que de no concederse la suspensión de los actos reclamados en la hipótesis apuntada, se llevarían a cabo algunas de sus consecuencias como son las publicaciones sobre la promoción de la demanda natural, y se divulgaría que se promovió tal litigio en contra de la impetrante.
- Empero, ante el conflicto de tales principios debe prevalecer el interés colectivo sobre el particular, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el interés público que tutela a la colectividad en general; en cuanto al derecho que tienen de enterarse de la promoción de la acción colectiva, para que puedan adherirse y defender sus derechos sustantivos individuales.
- Bajo esa perspectiva, consideró que de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público porque con la suspensión se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorga la ley.
II. Criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 109/2019, del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:
- Juicio de amparo. Mediante escrito presentado por **********, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de diversos actos reclamados al Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en su calidad de ordenadora, y al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, en su carácter de ejecutora.
• De la primera de dichas autoridades reclamó la resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del toca de apelación **********, en donde la autoridad responsable determinó que Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C.: a) no tiene la carga procesal de mencionar el nombre de los treinta individuos integrantes de la colectividad, ni que haya una colectividad determinada en ese momento, como lo disponen los artículos 587, fracción III y 588, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles; y, b) sí señaló en su escrito inicial la causa por la que se ejercitó la acción colectiva.
• Así como la resolución de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante la cual se determinó declarar fundados los agravios hechos valer por la ahora tercero interesada Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C.; y, consecuentemente, ordenar la admisión, certificación y consecuente notificación de la colectividad en medios de difusión amplios y masivos.
• Por otra parte, del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, reclamó el acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se ordena la notificación a la colectividad por medio de edictos respecto de la demanda de acción colectiva promovida por Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil.
- Correspondió conocer de dicha demanda al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, quien mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, concedió la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la suspensión del juicio de acciones colectivas número **********, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
- Recurso de queja. Inconforme con la anterior determinación, Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil, por conducto de su apoderada, interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó bajo el número Q-109/2019.
- El nueve de abril de dos mil diecinueve, dicho órgano Colegiado dictó el fallo correspondiente en el que declaró infundado el recurso de queja, a partir de los razonamientos siguientes:
• En primer lugar, procedió a calificar de infundados los agravios expresados por el inconforme, dado que estimó correcto que el Tribunal Unitario haya concedido la suspensión solicitada en términos del artículo 150 de la ley de la materia. Ello, en virtud de que de llegar a publicarse el inicio del ejercicio de la acción colectiva, podría dejar sin materia el juicio de garantías, en virtud de que lo que se duele la quejosa es precisamente de que no se lleve a cabo la comunicación masiva de las presuntas fallas en las bolsas de aire instaladas en los vehículos de su marca, además de que se causarían a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en virtud de que podría verse afectado su derecho al honor y reputación, en tanto que dicha publicación impactaría en la imagen de su persona, como industria automotriz, restándole credibilidad y confianza, lo que desde luego, no sería reparable ni aun cuando obtuviere sentencia a su favor.
• Para llegar a la conclusión de que la concesión de la suspensión provisional del acto reclamado era legal, hizo alusión a lo establecido por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 150 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales extrajo que en el juicio de amparo puede solicitarse la suspensión de los actos reclamados cuando se cuenta con un interés suspensional, siendo necesario tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada. De ahí que si bien, dicha medida cautelar no debe impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, también lo es que en el caso de que se ocasione al quejoso un daño o perjuicio irreparable, dicho procedimiento sí puede ser suspendido.
• Precisado lo anterior, señaló que de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa solicitó la medida cautelar en contra del acto consistente en la orden de notificar por edictos a la colectividad presuntamente afectada el inicio del ejercicio de la acción colectiva y que se mencionen los puntos esenciales de la acción, entre otros, la declaración judicial de que las bolsas de aire instaladas en los vehículos de diversas marcas, entre ellas, **********, son defectuosas y ponen en riesgo la salud y la vida de sus conductores y pasajeros.
• Lo anterior, señaló, causaría un daño moral respecto de la afectación al prestigio, honor, decoro, reputación y la consideración que de sí misma tienen los demás; así como un daño patrimonial consistente en la afectación de la marca y potencial pérdida del valor de la misma y consecuente perjuicio consistente en la disminución en ventas de los vehículos.
A partir de lo anterior, consideró que dicha medida suspensional resulta procedente dada la naturaleza del acto reclamado, ya que de llegar a publicarse el inicio del ejercicio de la acción colectiva con lo que ello implica, esto es, la comunicación de las pretensiones de la actora, aquí recurrente, por un lado, podría dejar sin materia el juicio de garantías, en virtud de que lo que se duele la quejosa es precisamente de que no se lleve a cabo la comunicación masiva de las presuntas fallas en las bolsas de aire instaladas en los vehículos de su marca. Y por el otro, porque la referida notificación podría traer a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en virtud de que podría verse afectada su derecho al honor y reputación, ya que dicha publicación impactaría en la imagen de su persona, como industria automotriz, restándole credibilidad y confianza, lo que desde luego, no sería reparable ni aun cuando obtuviere sentencia a su favor.
• Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Unitario al conceder la suspensión respecto de la notificación por medio de edictos a la colectividad, haya suspendido el procedimiento en vía de consecuencia, pues como correctamente se estimó en el auto recurrido, en términos de los artículos 590, 591 y 592 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al depender la notificación de la que se duele la quejosa del auto que admite a trámite el juicio de acción colectiva, el procedimiento debe ser suspendido hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho proveído, pues de no ser así, como se dijo con anterioridad, además de que se dejaría sin materia el juicio constitucional, ello podría afectar de manera irreparable los derechos de la quejosa.
• Máxime que dicha suspensión del procedimiento únicamente tiene efectos provisionales, ya que sólo tiene vigencia hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, en la cual, podrá apreciarse debidamente el acto reclamado con base en los informes previos que rindan las autoridades responsables.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la reseña de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada.
Ahora bien, para resolver sobre la existencia de la contradicción de criterios debe analizarse si los órganos contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.
Así, la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está contenida en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente; de los cuales se desprende una facultad para unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados –o las Salas de la Corte, en su caso– llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto; lo que proporciona certidumbre en las decisiones judiciales y otorga mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –o necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.
Derivado de lo anterior es posible afirmar que, para la procedencia de una contradicción de tesis, deben verificarse las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, como lo ha determinado el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)
De igual forma, dicho criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente, establecen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(3)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(4)
Con base en lo anterior, esta Primera Sala debe verificar si los criterios contendientes cumplen los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis.
Por tanto, a efecto de constatar si, en el caso, los criterios materia de la denuncia de contradicción abordan un mismo punto jurídico y se contraponen entre sí o no, resulta conveniente precisar cuál fue el análisis efectuado en cada una de las ejecutorias correspondientes, atento a lo siguiente:
Recurso de queja 241/2019, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito.
Las quejosas promovieron amparo indirecto en el cual reclamaron la resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa en el juicio de acción colectiva en sentido estricto **********, promovido por Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil.
Al proveer sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito la concedió para el efecto de que, pudiendo continuar con el procedimiento de origen, no se ejecutara el proveído reclamado, a fin de que no se obligara a la parte quejosa a publicar en sus páginas web oficiales y estados de cuenta, la promoción de la demanda del juicio de origen; hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva.
Inconformes con tal determinación, la colectividad tercero interesada interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al citado Tribunal Colegiado, quien resolvió declarar fundado dicho medio de impugnación y negar la medida cautelar provisional solicitada, a partir de los razonamientos siguientes:
En primer lugar, hizo alusión al contenido de los artículos 590, 591, 593, 594 y 595 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de los cuales obtuvo que, tratándose de acciones colectivas, existe disposición legal que expresamente dispone que el inicio del ejercicio de aquélla debe notificarse a la colectividad.
A partir de ello, consideró que el Juez de Distrito del conocimiento estaba obligado a negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, ya que de otorgarse la medida cautelar, se contravendría la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.
Lo anterior, en virtud de que se vería trastocado el derecho de la colectividad a ser informada de la existencia de la acción colectiva promovida en contra de las empresas quejosas, lo que conlleva que los miembros de la colectividad que se sientan afectados, no puedan adherirse al procedimiento. En ese sentido, de concederse la suspensión provisional a las peticionarias de amparo, sería mayor la afectación que resentiría la sociedad en general, en especial, aquellos que pudiesen considerarse afectados y que fuese su deseo sumarse a la acción colectiva promovida en contra de las demandadas.
Puntualizó, que no pasaba inadvertido el hecho de que de no concederse la suspensión de los actos reclamados en la hipótesis apuntada, se llevarían a cabo algunas de sus consecuencias como son las publicaciones sobre la promoción de la demanda natural, y se divulgaría que se promovió el litigio en contra de la impetrante. Empero, ante el conflicto de tales principios debía prevalecer el interés colectivo sobre el interés particular, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el interés público que tutela a la colectividad en general, en cuanto al derecho que tienen de enterarse de la promoción de la acción colectiva, para que pudieran adherirse y defender sus derechos sustantivos individuales.
Bajo esa perspectiva, determinó que de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, porque con la suspensión se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorga la ley.
Recurso de queja 109/2019 resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
A través de su demanda de amparo indirecto, la parte quejosa reclamó del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en su carácter de autoridad ordenadora, la resolución de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29750-e29d5ed8/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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