ACCIONES COLECTIVAS EN SENTIDO ESTRICTO E INDIVIDUAL HOMOGÉNEA. LA NOTIFICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD SOBRE EL INICIO DE SU EJERCICIO, PUEDE EFECTUARSE POR MEDIOS ALTERNOS A LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 591 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA. 25 DE AGOSTO DE 2021. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado electrónicamente el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, **********, en su carácter de apoderada general de **********, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, al resolver el amparo en revisión civil ********** (cuaderno auxiliar **********) dictado en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión civil ********** (cuaderno auxiliar **********), dictado en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la contradicción de tesis, y ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 13/2021.
Asimismo, solicitó de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes el original o, en su caso, copia certificada de las ejecutorias referidas. Finalmente, se estimó que la presente contradicción guardaba relación en cuanto al problema jurídico suscitado en las contradicciones de tesis 154/2020 y 12/2021, asuntos que fueron turnados al señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; de ahí que correspondiera turnar la presente contradicción de tesis a la misma ponencia a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
TERCERO.—Integración del asunto en la Primera Sala y avocamiento. En cumplimiento al proveído de admisión, por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordenó el avocamiento del asunto y se ordenó el envío de los autos a la ponencia del señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa.
En ese sentido, si bien se advierte que se trata de una posible contraposición de criterios emitidos por dos tribunales auxiliares en apoyo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, ello no debe conducir a la improcedencia de la presente contradicción de tesis.
Ello, en tanto se trata de órganos jurisdiccionales distintos, y si bien debe entenderse que los tribunales auxiliares corresponden al circuito al que corresponda el Tribunal Colegiado al que presten apoyo, lo cierto es que el Décimo Segundo Circuito no cuenta a la fecha con un Pleno de Circuito con competencia para conocer de asuntos de la materia civil. De ahí que corresponda a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su conocimiento.
Cobra aplicación al caso, la tesis aislada 2a. XXI/2014 (10a.), de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio se comparte por esta Primera Sala, la cual es de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN D TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE DICTA RESOLUCIÓN EN APOYO DE AQUÉL. CORRESPONDE CONOCER DE AQUÉLLA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUANDO EN EL CIRCUITO DE QUE SE TRATE NO SE HA INTEGRADO EL PLENO DE CIRCUITO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los Plenos de Circuito son competentes para conocer de las denuncias de contradicción de tesis, si se suscitan entre un Tribunal Colegiado ordinario perteneciente a un circuito y un Tribunal Colegiado Auxiliar que dicta resolución en apoyo de aquél, ya que en este supuesto ambas decisiones corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, lo que atiende a la finalidad del Constituyente al introducir dichos órganos, ya que permite homologar los criterios de un circuito determinado, y evita que se decidan cuestiones distintas en casos iguales. No obstante, el criterio que antecede es inaplicable cuando se encuentren involucrados órganos jurisdiccionales de la naturaleza mencionada, si en el circuito de que se trate no se ha integrado y, en consecuencia, no se encuentra funcionando el Pleno de Circuito al que corresponde determinar la postura que debe prevalecer, lo que acontece cuando en el circuito respectivo sólo existe un Tribunal Colegiado, según deriva del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, como esta situación no fue prevista por el Constituyente o por el legislador ordinario, ni por el propio Consejo citado, entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos en los que se adoptaron posturas disímiles."(1)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por **********, a quien le fue reconocida la calidad de apoderada legal de **********, en el amparo en revisión civil ********** (cuaderno auxiliar **********) en el que emitió sentencia el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; esto es, se trata de una de las partes en uno de los criterios contendientes en la presente contradicción.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, al resolver el amparo en revisión civil ********** (cuaderno auxiliar **********); del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:
Acuerdo recurrido en el juicio de acción colectiva individual homogénea **********. En el juicio de acción colectiva promovida por Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil, en contra de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa dictó un acuerdo en el que proveyó sobre la solicitud de la actora, respecto a la forma en que debía notificarse la admisión de la demanda a la colectividad. En este acuerdo se estimó que no procedía hacerlo en los términos que se proponían, en tanto que ello implicaría la imposición de una carga procesal que no encontraba sustento en algún dispositivo legal.
Lo anterior, refirió el juzgador, máxime que de la interpretación literal del artículo 591 del Código Federal de Procedimientos Civiles se refería a las notificaciones; mientras que, el aviso que se solicitaba no constituía un medio de notificación de los previstos en el Capítulo III "Notificaciones", Título Séptimo, Actos procesales en general, Libro I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Recurso de revocación. En contra del acuerdo anterior, la colectividad actora interpuso recurso de revocación mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.
En sentencia dictada el quince de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, resolvió el recurso de revocación declarándolo infundado.
Juicio de amparo indirecto **********. Inconforme con la resolución anterior, Acciones Colectivas de Sinaloa, Asociación Civil, promovió juicio de amparo indirecto del cual conoció el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en Mazatlán; mismo que en sentencia de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, sobreseyó en el juicio de garantías, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en tanto consideró que la determinación reclamada afectaba únicamente cuestiones de naturaleza estrictamente adjetiva y no infringía materialmente derechos sustantivos.
Recurso de revisión **********. En contra de la sentencia anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito. Admitida la demanda, el asunto fue remitido, en cumplimiento al oficio ********** del secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual lo registró con el cuaderno auxiliar **********.
En sentencia dictada en sesión de treinta de agosto de dos mil dieciocho, el tribunal auxiliar emitió sentencia en la que revocó la sentencia recurrida, concedió el amparo a la colectividad quejosa y declaró infundado el recurso de revisión adhesiva. Lo anterior, a partir de las consideraciones siguientes:
- En primer lugar, estimó que era incorrecto el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito. Al respecto, consideró que el acto reclamado sí trascendía en los derechos sustantivos de los usuarios del servicio telefónico proporcionado por la sociedad demandada, en tanto implicaba que no tuvieran conocimiento fehaciente de la existencia de la acción colectiva y, en consecuencia, que no pudieran ejercer su derecho a adherirse a esta; lo cual afectaba su patrimonio como consumidores integrantes de la colectividad afectada, lo cual era precisamente el derecho sustantivo que se protege mediante la acción colectiva.
- Así, luego de estimar procedente el juicio de amparo, analizó los agravios expresados por la parte tercera interesada en su escrito de revisión adhesiva; mismos que calificó de inoperantes al estar encaminados a dar contestación a los agravios hechos valer por la quejosa, pero sin reforzar las consideraciones en que se sustentaba la sentencia recurrida.
- Acto seguido, el órgano colegiado se abocó al estudio de los conceptos de violación cuyo análisis se omitieron por el Juez de Distrito, en atención al sentido de su fallo; los cuales estimó fundados y suficientes para conceder la protección constitucional.
- En principio, se mencionó que las acciones colectivas aseguran el acceso efectivo a la justicia a pretensiones que, de otra forma, difícilmente podrían ser tuteladas jurisdiccionalmente con lo que también se evitan decisiones contradictorias o aquellas que al ponerse en práctica podrían perjudicar los intereses de otros miembros del grupo ajenos al proceso individual de otros. Al respecto, se precisó que la integración de la colectividad es la forma en que los individuos, ya sea que se trate de un procedimiento por violación de derechos difusos, colectivos o individuales de incidencia colectiva, ingresan al grupo o clase que dentro del juicio será la parte actora o afectada, por ende, a quienes beneficiará o perjudicará la sentencia definitiva que se dicte dentro de dicho procedimiento.
- En ese tenor, se recurrió a la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Civil Federal, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en la Gaceta del Senado No. 134 de siete de septiembre de dos mil diez; de la cual se afirmó que el sistema adoptado en México es el denominado doctrinalmente como "opt in" (opción de ingresar), es decir, aquel en que cada uno de los individuos que se consideren afectados pueden manifestar su voluntad por medio de comunicación expresa dirigida al representante del grupo para formar parte de la clase que inicie la acción colectiva; los cuales, se dijo, podrán adherirse durante la sustanciación del proceso y hasta dieciocho meses posteriores a que la sentencia hubiera causado estado o que el convenio judicial adquiera la calidad de cosa juzgada en términos del artículo 594 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
- En ese sentido, el tribunal refirió que la notificación prevista en el artículo 591, tercer párrafo, del citado código tenía como fin que los posibles miembros de una colectividad afectada que ha iniciado un procedimiento se enteren y puedan adherirse a las pretensiones exigidas en éste, es decir, si por medio idóneo se informa de la admisión de la demanda tendrán acceso efectivo a la justicia y podrán intervenir en el proceso, contribuir con aportación de pruebas o, en su caso, decidir no ser incluidos en el grupo y no ser afectados por la sentencia que, en su caso, constituya cosa juzgada dentro del procedimiento de acción colectiva. Siendo que el objetivo de la primera notificación es informar a los miembros ausentes sobre la existencia de una acción colectiva propuesta en tutela de sus intereses para lo cual debe proporcionarse la información adecuada para que puedan decidir cuál es la mejor conducta a seguir ante la acción colectiva.
- No obstante, se detalló que para que la posibilidad de participación de los miembros ausentes fuera real, la notificación debía emitirse en la fase inicial del proceso, pues una notificación tardía reduciría la efectividad de la actuación de los miembros del grupo; en este sentido, se dijo que la ley exige que se haga esfuerzo genuino para informar a los miembros ausentes y que el método elegido sea idóneo para comunicar, de forma efectiva, económica y amplia, la existencia de la acción y otorgar la oportunidad de adherirse.
- Por lo anterior, se estimó que el juzgador debía ordenar la notificación por medio idóneo atendiendo a las circunstancias del caso para lo que es necesario dar prioridad a todos los miembros identificados o fácilmente identificables.
- Sobre dicha cuestión, se precisó que en las sentencias dictadas en las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, el Juez podrá condenar a la parte demandada a reparar el daño consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo; de modo que cada miembro de la colectividad podría promover incidente de liquidación dentro del año siguiente al en que la sentencia cause ejecutoria en el que deberá probar el daño sufrido; sentencia que únicamente se notificará a la colectividad plenamente identificada durante el proceso; además, una vez que la sentencia adquiriera los efectos de cosa juzgada, los miembros ausentes sólo tendrían dieciocho meses para adherirse a la colectividad, de acuerdo a lo previsto en los artículos 594, 605 y 608 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
- De lo anterior se concluyó que cualquier persona enterada del procedimiento de acción colectiva podría solicitar su inclusión en los términos previstos en la ley; por lo que si no se notificaba debidamente a todos los posibles interesados, el plazo previsto para que éstos se puedan adherir al procedimiento o a los beneficios de la sentencia definitiva se reducirá en su perjuicio, máxime que el momento idóneo para que se enteren de su existencia es al admitirse la demanda, pues las demás notificaciones a los miembros de la colectividad se realizarían por estrados y la sentencia sólo se notificará a quienes formen parte de esa colectividad.
- Por consiguiente, se consideró que la notificación por "medio idóneo" debía lograr que los interesados se enteren y, en su caso, se adhieran al procedimiento, lo cual sería más sencillo si los miembros de la colectividad fueren fácilmente identificables o estuvieren plenamente identificados.
- De esta manera, reflexionó que el "medio idóneo" de notificación a los posibles interesados en adherirse y el plazo para tal efecto tenían como objetivo otorgar seguridad jurídica a los demandados, pues si bien era cierto que la finalidad principal es que se entere toda persona que se considere afectada con los actos impugnados y, en su caso, se adhiera a la demanda, también lo era que ello se refleja en la certeza de la cosa juzgada y la seguridad para el demandado de que los interesados se enteraron del procedimiento y decidieron libremente no participar en él, así como que quienes lo hicieron no volverán a presentar demanda en su contra.
- En tales circunstancias, afirmó que como la acción colectiva fue promovida en contra de **********, los miembros ausentes del grupo estaban identificados o eran fácilmente identificables al existir relación comercial entre dicha empresa y los posibles interesados en adherirse al grupo, por lo que era fácil identificarlos siendo que se les enviaba mensualmente, por medio del Servicio Postal Mexicano o de forma electrónica, la factura para que paguen los servicios contratados; esto es, en este caso el demandado tiene acceso rápido y sencillo a la lista de los interesados, razón por la cual era posible exigirle que informara por ese medio a todos aquellos que contrataron los servicios de ********** en los planes o paquetes conocidos como ********** todo México sin límites y similares antes del uno de enero de dos mil quince.
- En ese tenor, se precisó que en el caso se había ejercido acción colectiva individual homogénea en la que el titular se trataba de un grupo determinado o determinable con base en circunstancias comunes, como era el haber contratado los servicios de telefonía de larga distancia con el demandado y tenía como objeto reclamar judicialmente de éste, la reparación de un daño causado por realizar una o más acciones o abstenerse de ellas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo; por lo tanto, la notificación ordenada en términos de lo previsto por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles por medio de edictos publicados en periódicos de mayor circulación a nivel nacional, estatal y local a pesar de que ése era el procedimiento general, lo cierto es que, en el caso, existía un medio más adecuado para lograr la eficacia de la primera y más importante notificación a los miembros ausentes de la colectividad conformada por personas fácilmente identificables por medio de los registros de la empresa demandada, pues eran todos aquéllos que habían contratado servicios de ********** en los planes o paquetes conocidos como ********** todo México sin límites y similares antes del uno de enero de dos mil quince. - De esta manera, se estimó que la integración de la colectividad representada por la asociación quejosa se constituía con un conjunto de individuos que tenían en común la existencia de un vínculo jurídico entre ellos y la empresa demandada, la cual tenía fácil acceso a la información de nombres y domicilios de las personas que habían contratado los referidos servicios de telefonía de larga distancia, por lo cual era factible exigirle que les hiciere saber la admisión de la demanda al entregarles la factura para el pago de los servicios telefónicos contratados mediante un aviso que inserte en dicho documento, lo cual cumplía con el requisito de notificación económica y con el objetivo de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia para que tengan posibilidad de adherirse al grupo a defender sus intereses.
- Por consiguiente, se dijo que la forma de notificación sugerida por la asociación actora-quejosa resultaba más adecuada que la ordenada por el Juez responsable porque cumplía la finalidad primordial de lograr enterar a todos los miembros fácilmente identificables del grupo sobre la existencia de la acción colectiva promovida en contra de la empresa demandada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 591 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
- De esta forma se concluyó que, además de la notificación por medio de edictos ordenada en el juicio de origen, debía realizarse la inserción de avisos, tanto en el sitio web oficial de la empresa demandada **********, como en los recibos de pago de los servicios telefónicos que entregaba a sus usuarios, con la leyenda siguiente:
"**********"
- Asimismo, se dijo que previamente a ordenar tal inserción, debía darse vista con éste a la empresa demandada para que manifestara y probara de manera fehaciente si el incluir tal leyenda en tinta negra en el propio recibo telefónico representaba un gasto excesivo; siendo que, en caso de acreditar lo anterior, el Juez de origen debía prescindir de tal aviso y únicamente ordenar la notificación por edictos y en la página web oficial de **********.
- Lo anterior, sin perjuicio de que, de resultar condenada surgiría su obligación de insertar dicho aviso en los recibos telefónicos para que los usuarios que estimen les causaron perjuicio los actos impugnados tengan la posibilidad de adherirse en el plazo de dieciocho meses posteriores a que la sentencia haya causado ejecutoria o de que el convenio judicial adquiera la calidad de cosa juzgada en términos del artículo 594 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Asimismo, se estableció que aunque se estuviera imponiendo la carga a la demandada de hacer del conocimiento de la acción colectiva a los miembros de la colectividad y de que ésta pudiera resultar afectada con los actos impugnados, también lo era que ello se realizaba debido a que se trataba de un procedimiento especial que busca proporcionar eficiencia y economía procesal al permitir que en un solo juicio se resuelva la multiplicidad de acciones de una misma controversia con el fin de ahorrar tiempo y dinero no sólo para la colectividad actora, sino también para los órganos jurisdiccionales y para el demandado. De esta forma, se mencionó, se pretendía asegurar el acceso efectivo a la justicia a pretensiones que, de otra forma, difícilmente podrían ser tuteladas jurisdiccionalmente y evitar el dictado de decisiones contradictorias o que perjudiquen a otros miembros del grupo no incluidos.
- Se afirmó que lo anterior no implicaba uso indebido de los datos personales en tanto que la leyenda aparecería en todos los recibos, ya que no era necesario ubicar expresamente a los usuarios que contrataron el paquete de servicios materia del reclamo, por lo que basta que dicha nota se agregue en un solo periodo de facturación a fin de minimizar costos.
- En consecuencia, concedió la protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente la resolución interlocutoria reclamada y siguiendo los lineamientos precisados, dictara otra en la que declarara fundado el agravio expresado por la asociación actora–quejosa; y, ordenara la notificación de la admisión de la demanda que dio origen a la acción colectiva ********** promovida en contra de **********, sociedad anónima bursátil de capital variable a los miembros de la colectividad afectada por ser quienes contrataron los servicios de ********** en los planes o paquetes conocidos como Telmex todo México sin límites y similares antes del uno de enero de dos mil quince, por medio de los edictos ordenados así como la inclusión del aviso sugerido, tanto en la página web oficial de **********, como en la factura de pago de los servicios telefónicos, para que pudieren adherirse o no al grupo a defender sus intereses, lo cual debía hacerse previa vista que se otorgara a la parte demandada para que tenga oportunidad de demostrar fehacientemente si el insertar el referido aviso en tinta negra en el recibo telefónico le representa un gasto excesivo, lo que correspondería al Juez responsable determinar con libertad de criterio.
II. Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa al resolver el amparo en revisión **********, del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:
Juicio de acción colectiva en sentido estricto **********. En el juicio de acción colectiva promovida por ********** en contra de **********, entre otras, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa dictó el acuerdo de admisión el diecisiete de junio de dos mil diecinueve.
En dicho acuerdo se ordenó notificar a la colectividad del inicio de la acción promovida mediante edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales se determinó publicar en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional.
Recurso de revocación. En contra de la determinación referente a la notificación del inicio de la acción colectiva, la colectividad actora interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto en sentencia interlocutoria dictada en el juicio de acción colectiva **********, el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, en el sentido de declararlo infundado.
Juicio de amparo indirecto **********. Inconforme con la resolución anterior, **********, promovió juicio de amparo indirecto por conducto de su apoderado general Daniel Eduardo Tenorio Arce, del cual tocó conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Admitida la demanda y seguido el trámite de ley, el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve el Juez federal negó el amparo solicitado.
Recurso de revisión. En contra de la determinación anterior, **********, por conducto de su autorizado **********, interpuso recurso de revisión; el cual fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Asunto que fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en atención al oficio **********, de cinco de agosto de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por virtud del cual se determinó el auxilio para la resolución del asunto. El asunto fue registrado en el órgano auxiliar bajo el número de amparo en revisión **********.
Mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa revocó la resolución dictada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa en el juicio de amparo **********, y resolvió conceder el amparo, de acuerdo a las consideraciones siguientes:
- En primer lugar, desestimó la causa de improcedencia hecha valer por la parte tercero interesada, en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo.
- Al respecto, el tribunal estimó que, contrario a lo afirmado, la circunstancia de que se hubiere notificado a la colectividad a través de los edictos ordenados en el acto reclamado no tenía por consecuencia jurídica la actualización de un cambio de situación jurídica en el juicio de amparo, por lo que no podía considerarse que el acto se hubiere consumado de forma irreparable la violación reclamada. Ello, siendo que en la instancia constitucional no existía impedimento legal para analizar si debía ordenarse la notificación de la colectividad por otros medios que, a decir de la promovente, eran más amplios.
- En cuanto al análisis de fondo del asunto, calificó los agravios como infundados por un lado, inatendibles por otro y fundados.
- En un primer apartado de estudio, se analizaron los argumentos relativos a la congruencia y exhaustividad de la sentencia combatida.
- Al respecto, señaló que eran infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente, en tanto que, contrario a lo afirmado, se apreciaba que el Juez federal sí dio respuesta integral a las inconformidades planteadas. Concr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30705-54ec6dcf/acciones-colectivas-en-sentido-estricto-e-individual-homogenea · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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