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Modo: Corpus Pro

ACCIONES COLECTIVAS INDIVIDUAL HOMOGÉNEA O EN ESTRICTO SENTIDO. LA ASOCIACIÓN CIVIL QUE LAS PROMUEVA, ADEMÁS DE LA INDICACIÓN DE LOS NOMBRES EN LA DEMANDA DE LOS INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD AFECTADA, DEBE ACREDITAR QUE ÉSTOS OTORGARON SU CONSENTIMIENTO PARA SER REPRESENTADOS. ACCIONES COLECTIVAS INDIVIDUAL HOMOGÉNEA O EN ESTRICTO SENTIDO. LA ASOCIACIÓN CIVIL QUE LAS PROMUEVA DEBE PRECISAR EN LA DEMANDA EL NOMBRE DE POR LO MENOS TREINTA INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD ACTORA COMO REQUISITO DE LEGITIMACIÓN PARA SU ADMISIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 224/2021. · Registro digital (IUS): 30731
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-07-01
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉ
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo II, Pág.2225.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 224/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE FEBRERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN SE APARTÓ DE ALGUNOS PÁRRAFOS, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: MARÍA ELENA CORRAL GOYENECHE.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 224/2021, suscitada entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 160/2021 (cuaderno de origen 207/2020) emitido en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 886/2017.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, ********** (en adelante **********), por conducto de su apoderada legal **********, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 160/2021 (cuaderno de origen 207/2020) dictado en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito (Sinaloa) y el que estableció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México), al resolver el juicio de amparo directo 886/2017.

II. TRÁMITE

2. Admisión y turno. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis y ordenó registrarla bajo el número de expediente 224/2021. Asimismo, consideró que, dado que el tema a analizar es en materia civil, la competencia para conocer de la misma correspondía a esta Primera Sala, por lo que turnó el asunto para su estudio a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

3. Requerimiento. En el mismo proveído, el Ministro presidente requirió a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes que remitieran, por medio del sistema MINTER, la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de las ejecutorias del juicio de amparo directo 886/2017, así como del amparo en revisión 160/2021 (cuaderno de origen 207/2020), respectivamente, de igual manera les requirió que informaran si los criterios sustentados en dichos asuntos se encontraban vigentes, o bien, señalaran el motivo para tenerlos por superados o abandonados.

4. Criterio vigente. Mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la Ministra presidenta de esta Primera Sala, Ana Margarita Ríos Farjat, tuvo al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, informando que no se había apartado del criterio sustentado dentro del juicio de amparo en revisión 160/2021 (cuaderno de origen 207/2020), para lo cual remitió la resolución respectiva.

5. Avocamiento. En el mismo proveído, se acordó el avocamiento en el conocimiento del presente asunto, y ordenó que, en su oportunidad, se remitieran los autos a su ponencia, para la elaboración del proyecto respectivo. Asimismo, de nueva cuenta, requirió al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México), que diera cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de admisión.

6. Criterio vigente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México). En diverso auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se acordó la recepción de los comunicados y anexos enviados por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México), mediante el cual envió copia de la ejecutoria que dio lugar al criterio que sostuvo en el juicio de amparo directo 886/2017, e informó que se encontraba vigente.

7. Por tanto, la Ministra presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal, Ana Margarita Ríos Farjat, tuvo por integrada la presente contradicción de tesis y ordenó la remisión de autos a su ponencia para la elaboración del proyecto.

III. COMPETENCIA

8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política del País, 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegidos de distinto Circuito.

IV. LEGITIMACIÓN

9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política del País y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por **********, a quien le fue reconocida la calidad de apoderada legal de la persona moral **********, parte tercero interesada en el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, del cual derivó el amparo en revisión 160/2021 (cuaderno de origen 207/2020) del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito; es decir, se trata de una de las partes en uno de los criterios contendientes que aquí participa.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

10. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben analizarse las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones, las que a continuación se sintetizan:

A. Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el juicio de amparo en revisión 160/2021 (cuaderno de origen 207/2020).

11. Los siguientes antecedentes se advierten de la sentencia del juicio de amparo en revisión 160/2021 (cuaderno de origen 207/2020), que se resolvió en sesión virtual de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa.

12. Juicio de acción colectiva en sentido estricto. **********, por conducto de sus apoderados legales, **********, ********** y **********, promovió acción colectiva en sentido estricto, en la que demandó a diversas personas morales, las cuales identificó como fabricantes y distribuidores automotrices, entre las cuales se encontraba ********** (en adelante **********), de la que reclamó como prestación principal, esencialmente, la declaración de que las bolsas de aire de sus vehículos son defectuosas y ponen en riesgo la salud y la vida de sus conductores y pasajeros, las cuales han sido instaladas por las automotrices en los automóviles de las marcas **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, y vendidas por las distribuidoras demandadas.

13. Auto de desechamiento. Por auto de dieciocho de agosto de dos dieciséis, la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa registró el expediente con el número ********** y tras haber analizado la demanda y los documentos que a la misma se acompañaron, la desechó por considerarse legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer del asunto.

14. Apelación. Inconforme con el auto de desechamiento, **********, por conducto de sus apoderados, interpuso recurso de apelación, del que conoció el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, en el expediente civil **********, quien revocó el auto apelado y ordenó que se proveyera sobre su admisión.

15. Emplazamiento a juicio. En cumplimiento a esta determinación, por auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, la Juez de Distrito tuvo por recibida y presentada la demanda de acción colectiva en sentido estricto, ordenó emplazar a las demandadas, entre ellas a **********, la que compareció a juicio, y desahogó la vista relativa a los requisitos de procedencia.

16. Luego, mediante auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, a solicitud de la asociación actora, se ordenó analizar los requisitos de procedencia que establecen los numerales 587 y 588 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de realizar la certificación que refiere el diverso artículo 590 del mismo ordenamiento.(3)

17. Auto de desechamiento. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, en la etapa de certificación, la Juez Federal determinó que la asociación actora carecía de legitimación en el proceso, toda vez que no indicó el número determinado de miembros que integran la colectividad, ni el otorgamiento del consentimiento de éstos para ejercer la acción colectiva en sentido estricto, por lo que desechó la demanda.

18. Apelación. Inconforme con dicho fallo, ********** interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en el Estado de Sinaloa, en el expediente **********, en el sentido de revocar la sentencia recurrida, para que se procediera a la correspondiente certificación, en términos del artículo 590, párrafo segundo, del código procesal citado,(4) así como para que se admitiera a trámite la demanda de acción colectiva en sentido estricto.

19. Amparo indirecto **********. En contra de la sentencia de apelación, **********, por conducto de su apoderado legal **********, promovió juicio de amparo indirecto.

20. Desechamiento de la demanda de amparo. Conoció del asunto el Segundo Tribunal Unitario en el Estado de Sinaloa, quien mediante auto de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, registró la demanda con el número de expediente ********** y la desechó por considerarla improcedente, al determinar que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la peticionaria, además de que no cumplió con el principio de definitividad.

21. Recurso de queja. En contra de dicha determinación, ********** interpuso recurso de queja, el cual fue admitido con el número **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Sinaloa, y resuelta el cinco de marzo de dos mil veinte, en el sentido de declararla fundada.

22. Admisión de la demanda de amparo. En cumplimiento a lo ordenado en la queja, la Magistrada del Tribunal Unitario admitió a trámite la demanda de amparo. Seguida la secuela procesal, en audiencia constitucional de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictó sentencia constitucional, la cual se firmó el veintidós de octubre posterior, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a la empresa quejosa **********, para el efecto de que se analizara de nueva cuenta el tema de la prescripción de la acción colectiva intentada; sin embargo, en esa determinación se estableció que una asociación civil sí tiene legitimación para promover una acción colectiva en sentido estricto, sin necesidad de señalar los nombres de las personas que integran la colectividad.

23. Recurso de revisión 207/2020. Inconforme con esta determinación, ********** interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Sinaloa, que lo registró con el número de expediente 207/2020 y, posteriormente, ordenó remitir los autos al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en ese Estado, para que apoyara en el dictado de la sentencia respectiva, quien lo registró con el número de cuaderno auxiliar 160/2021.

24. La compañía recurrente expresó como agravios, sustancialmente, la improcedencia de la acción colectiva intentada, sobre la base de que ********** no precisó los nombres de al menos treinta miembros de la colectividad, en el escrito inicial de demanda.

25. Criterio. En sesión de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado resolvió el referido recurso de revisión, en la cual otorgó la protección constitucional, bajo las siguientes consideraciones esenciales:

a) Señaló que comparte el criterio contenido en el juicio de amparo directo 4/2018,(5) emitido por esta Primera Sala, en sesión de tres de octubre de dos mil dieciocho, en el que se estableció que el requisito de contar con una colectividad de al menos treinta personas, así como de precisar sus nombres en la demanda, es ineludible para poder promover acciones individuales homogéneas o en sentido estricto, lo cual deriva de la ley y de su propia naturaleza. Lo anterior, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 585, 587, 588 y 589, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.(6)

b) No obstante, ese Tribunal Colegiado consideró que, en el caso, la autoridad responsable omitió analizar si la acción ejercida realmente se trataba de una acción colectiva en sentido estricto, de una individual homogénea o bien de una difusa, conforme a las prestaciones reclamadas y hechos narrados en la demanda.

c) Razón por la cual amplió los efectos de la concesión de amparo, para que la autoridad responsable dictara una nueva resolución en la que, conforme a los hechos de la demanda y prestaciones reclamadas, determinara el tipo de acción intentada y después analizara lo relativo a la legitimación activa en la causa y en el proceso, en los términos señalados.

26. Al analizar el conjunto de las consideraciones expuestas por el Tribunal Colegiado Auxiliar del Estado de Sinaloa, se llega a la conclusión de que, si bien en principio, pareciera que su pronunciamiento en cuanto a la necesidad de cumplir con el requisito formal de señalar los treinta nombres de la colectividad afectada, lo hace exclusivamente respecto de las acciones individuales homogéneas; sin embargo, se advierte que también lo hizo en cuanto a las acciones colectivas en sentido estricto.

27. Esto es así, porque como se indicó, la demanda natural fue presentada como una acción de este tipo, es decir, en sentido estricto, y así fue tramitada tanto por el Juez natural, por el tribunal de alzada y por el Tribunal Unitario de amparo, siendo este último el que sostuvo que dicho requisito no era necesario en tratándose de acciones colectivas en sentido estricto, promovidas por alguna asociación civil.

28. En consecuencia, si bien es verdad que el Tribunal Colegiado Auxiliar del Estado de Sinaloa concedió el amparo para que la autoridad responsable analizara nuevamente la demanda presentada, a efecto de determinar conforme a las prestaciones reclamadas y hechos señalados el tipo de acción colectiva de que se trataba en realidad, lo cierto es que expuso lineamientos en la dirección de que, contrariamente a lo determinado por el Tribunal Unitario de amparo, el requisito formal de los treinta nombres es exigible tanto en acciones individuales homogéneas como en estricto sentido.

B. Criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ubicado en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo directo 886/2017.

29. Los siguientes antecedentes se obtienen de la sentencia del juicio de amparo directo 886/2017, resuelta en sesión de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ubicado en la Ciudad de México.

30. Juicio de origen. **********, por conducto de sus apoderados, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, promovió acción colectiva individual homogénea en contra de ********** (en adelante **********), de la que reclamó, como prestación principal, el cumplimiento del contrato de adhesión celebrado para la prestación del servicio público de telefonía e Internet, sin fallas las veinticuatro horas del día y todos los días del año.

31. Auto de desechamiento. Dicha demanda fue registrada bajo el número de expediente ********** y desechada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, toda vez que consideró que la demanda debía contener los nombres de los miembros de la colectividad promovente (al menos treinta), al tratarse de una acción colectiva individual homogénea.

32. Apelación. Inconforme con tal desechamiento, la asociación civil actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa en la Ciudad de México, el que lo registró con el número de expediente ********** y el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete dictó sentencia en la que confirmó el auto recurrido.

33. Amparo directo 886/2017. Contra la sentencia de segunda instancia, **********, por conducto de sus apoderados legales, promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que admitió a trámite la demanda de garantías y la registró con el número de expediente 886/2017.

34. La asociación civil quejosa alegó en sus conceptos de violación, en síntesis, que independientemente del tipo de acción colectiva intentada (difusa, en sentido estricto o individual homogénea), no está obligada a precisar los nombres, ni acreditar el consentimiento de al menos treinta miembros de la colectividad, porque dicho requisito no está previsto expresamente en la fracción III del artículo 585,(7) con relación a los diversos 619 y 620 del Código Federal de Procedimiento Civiles,(8) toda vez que esa representación no proviene de la voluntad de los miembros del grupo, sino de la propia ley.

35. Asimismo, ********** adujo que, de lo contrario, se atentaría contra el derecho de acceso a la justicia, por establecer candados a quienes el legislador otorgó legitimación activa, lo cual contraviene el espíritu de las acciones colectivas y el deber que tienen los juzgadores de interpretar las normas que rigen dichos procedimientos en favor de la protección de los derechos colectivos, para lo cual se deben elaborar estándares y guías de interpretación que conlleven el perfeccionamiento de los mismos, para que sean cada vez más ágiles, sencillos y flexibles, en aras de garantizar que las pretensiones de la colectividad gocen de un efectivo acceso a la justicia.

36. Criterio. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con base en las siguientes consideraciones:

a) Con independencia del tipo de acción que se promueva (difusa, en sentido estricto o individual homogénea), las asociaciones civiles a que se refiere el artículo 585, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, no tienen la obligación de cumplir con el requisito formal previsto en el artículo 587, fracción III, del mismo ordenamiento, consistente en precisar los nombres de los miembros de la colectividad promovente, pues este requisito sólo es aplicable para el representante común de la colectividad, conformada por al menos treinta miembros, a que alude el citado artículo 585, fracción II, del referido ordenamiento.(9) b) Lo anterior es así, porque la legitimación de las asociaciones civiles deriva de dicho artículo 585, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como del registro ante el Consejo de la Judicatura Federal, otorgado en términos de los artículos 619 y 620 del ordenamiento señalado,(10) lo que la equipara a una persona moral de derecho público cuyo principal objeto es proteger a los consumidores.

c) De manera que, para promover una acción colectiva individual homogénea las asociaciones civiles no están sujetas al requisito de precisar los nombres de los integrantes de la colectividad "promoventes de la demanda", ya que la demanda no la promueven los integrantes de la colectividad, sino el "representante legal" de la asociación civil, que cuenta con facultades suficientes para hacerlo, de acuerdo con el citado artículo 585, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

d) Que arribó a tal conclusión, con base en criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidos en los siguientes precedentes: procedimiento denominado solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política del País, expediente 4/2012, así como en los amparos directos 28/2013 y 34/2013.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS

37. De manera previa a verificar la actualización de los requisitos de existencia de la contradicción de tesis denunciada, conviene insertar el siguiente cuadro donde es posible advertir, de manera sintética, las decisiones adoptadas por los Tribunales Colegiados cuyas resoluciones integran el análisis de este asunto:

Ver cuadro

38. Es importante señalar que, conforme a los criterios establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si existe o no la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se emitan en tesis jurisprudenciales.

39. Al respecto, esta Primera Sala considera que por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales, a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis de jurisprudencia.

40. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis aislada P. L/94, titulada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(11) y la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(12)

41. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por estos órganos.

42. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación, más que en el producto del mismo.

43. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados y no tanto los resultados que ellos arrojen, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque sí en términos legales.

44. Entonces, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquiera otra cuestión jurídica en general y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

45. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se cumple en el presente asunto, pues los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como se expone a continuación.

46. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 160/2021, determinó que es necesario que se precise el nombre de todos los integrantes de la colectividad desde el escrito inicial de demanda, cuando se promueve una acción colectiva individual homogénea, o bien, una en estricto sentido, por una asociación civil sin fines de lucro. Lo anterior conforme a la interpretación sistemática de los artículos 585, 587, 588 y 589 del Código Federal de Procedimientos Civiles (supra nota 6).

47. Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México) al resolver el amparo directo 886/2017, y analizar los mismos preceptos, sostuvo que independientemente del tipo de acción que se ejerza (difusa, en sentido estricto o individual homogénea), las asociaciones civiles no tienen la obligación de cumplir con el requisito formal consistente en precisar en su demanda los nombres de los miembros de la colectividad promovente, en virtud de que su legitimación para promover cualquier acción colectiva deriva de la propia ley.

48. Conforme a lo expuesto con antelación, se advierte que se encuentra acreditado el primer requisito, relativo a que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

49. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo requisito también se encuentra satisfecho, ya que mientras un Tribunal Colegiado determinó que las asociaciones civiles sí tienen la obligación de cumplir con el requisito formal, consistente en precisar en su demanda los nombres de los miembros de la colectividad promovente de la demandada, el otro determinó que no.

50. En el entendido de que el punto de toque sólo se da respecto a las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales homogéneas, ya que si bien, el Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México estableció su criterio con independencia de que se trate de una acción colectiva en sentido estricto, individual homogénea o difusa; el Tribunal Colegiado Auxiliar en el Estado de Sinaloa, sólo se pronunció respecto a la necesidad de ese requisito tanto en la acción individual homogénea como en la de sentido estricto y no así respecto de la difusa.

51. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, las preguntas a resolver son las siguientes: Tratándose de acciones colectivas individual homogénea o en sentido estricto, ¿las asociaciones civiles a que se refiere el artículo 585, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, deben cumplir como requisito para su admisión, el de señalar en la demanda por lo menos treinta nombres de los miembros de la colectividad promovente? y, además de este requisito, ¿deben acreditar que dichos integrantes otorgaron su consentimiento para ser representados por la respectiva asociación civil?

52. Ahora bien, antes de proceder al estudio del problema jurídico señalado, se hace la aclaración de las cuestiones que no serán materia de análisis, por no existir punto de contradicción al respecto.

a) La razonabilidad o no de exigir exactamente treinta miembros de la colectividad afectada, pues ninguno de los Tribunales Colegiados contendientes efectuó algún pronunciamiento sobre este tema.

b) El número de asociados necesarios para constituir una asociación civil que pretenda fungir como representante en acciones colectivas.

53. En cuanto a este último punto, se indica que el Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, citó en apoyo de su determinación los siguientes precedentes emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación: el procedimiento denominado solicitud de ejercic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30731-e6f8be0e/acciones-colectivas-individual-homogenea-o-en-estricto-sentido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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