LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO NATURAL POR LA EXISTENCIA DE AQUÉL, AL SER INDISPENSABLE UN ANÁLISIS PONDERADO DE LAS CONSECUENCIAS DE ESA RESOLUCIÓN PARA DETERMINAR SI ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.
QUEJA 228/2019. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR JÁUREGUI QUINTERO. SECRETARIO: DANIEL GRANEROS NUÑO.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Decisión del asunto. Los agravios expuestos por el quejoso recurrente se estiman sustancialmente fundados y suficientes para revocar el auto recurrido.
En efecto, en los agravios vertidos por el aquí inconforme, en esencia, alegó lo siguiente:
- Que el auto recurrido viola el principio de exhaustividad, ya que al desechar de plano la demanda de amparo, el juzgador federal omitió analizar de forma completa y en todo su contexto, los conceptos de violación y las constancias que hizo acompañar al aludido libelo ya que, de haberlo hecho, el a quo habría advertido que no existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda, porque el acto reclamado afecta de forma directa e inmediata sus derechos sustantivos.
- Lo anterior, porque el acto reclamado, de manera excepcional, es de ejecución de imposible reparación, ya que implica desarrollar nuevamente el juicio de origen cuando es ocioso e innecesario, porque no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario; por lo cual, el acto procesal de reponer el procedimiento para llamar a juicio a terceros, produce una imposible reparación, violando el principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelada en el artículo 17 constitucional.
- Que no se cumple con el requisito de "indudable" de la causal de improcedencia que aduce el juzgador de amparo, ya que no es clara ni evidente la improcedencia del amparo, dado que por las consecuencias jurídicas que trae consigo el acto reclamado, es necesario que se analicen los conceptos violatorios, constancias e informes justificados de las autoridades responsables, allegarse de pruebas y alegatos, para que, en su momento, se determine la procedencia del amparo y si existe o no afectación a derechos del aquí recurrente; por lo cual es inexacta la aplicación de la causal de improcedencia invocada por el juzgador recurrido.
- Aunado a lo anterior, que las causuales de improcedencia deben interpretarse de manera estricta, conforme al derecho de tutela efectiva; citando al respecto la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA."
- Por otra parte, manifiesta que de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, afectan a las partes en grado predominante o superior, o de manera exorbitante, entre otras razones, cuando "conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o inútil de un procedimiento", lo cual acontece en el particular; por lo cual, contrario a lo determinado por el juzgador federal, las violaciones señaladas en la demanda de amparo desechada son impugnables en el juicio de amparo indirecto. Al efecto, invoca las jurisprudencias 2a./J. 87/2016 (10a.) y 1a./J. 106/2004.
Pues bien, como se adelantó, los anteriores motivos de disenso se consideran sustancialmente fundados y suficientes para revocar el auto recurrido porque, tal como lo aduce el inconforme, se considera que la causa de improcedencia invocada por el juzgador federal para desechar la demanda de amparo de donde deriva el presente recurso, no es manifiesta ni indudable, lo que implica que al haberse concluido lo contrario en el asunto a estudio, se incurrió en una infracción al artículo 113 de la Ley de Amparo, que dejó sin defensa al quejoso, aquí recurrente, al negársele en consecuencia el acceso al juicio de amparo y, por ello, la posibilidad de demostrar la inconstitucionalidad de la resolución reclamada, pues el acceso a la justicia constituye un derecho humano previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, así como en los diversos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.29 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, misma que se comparte, visible en la Décima Época, número de registro digital: 2003809, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Tomo 2, junio de 2013, página 1225, bajo los título, subtítulo y texto siguientes:
"ACCESO A LA JUSTICIA. ES OBLIGATORIO ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA INFRACCIÓN A ESTE DERECHO HUMANO REGULADO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La obligación de analizar oficiosamente la infracción a un derecho humano de acceso a la justicia se satisface y se justifica, cuando puede determinarse que la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto son contrarias a la finalidad de lograr la protección más amplia de la persona. Esto es, aunque existe la autonomía e independencia de los Jueces en el ejercicio de su arbitrio judicial, queda claro que cuando se afecta un derecho humano como el de acceso a la justicia, la aplicación de la norma en la resolución judicial debe obedecer a un ejercicio de ponderación en el que exista la mayor aproximación a la finalidad de lograr la protección más amplia de la persona, y si esto no es así, en cualquier instancia de revisión, existe la razón para concluir que ha habido una violación manifiesta de la ley que ha dejado sin defensa a la quejosa, y procederá suplir y analizar oficiosamente la cuestión procesal o de fondo. Claro está que en materia jurídica la aplicación de la norma exige una serie de razonamientos para desestimarla o justificar su aplicación al caso concreto y que el arbitrio judicial parecería que justifica diversas soluciones; sin embargo, el nuevo principio constitucional de lograr la protección más amplia de la persona permite justificar la búsqueda de la solución que más se aproxima a tal objetivo, pues es en ese ámbito donde necesariamente se inscribe el tema de la violación manifiesta de la ley."
En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."
De la interpretación literal que se haga a dicho precepto se colige, en lo que importa, que la norma en cita autoriza el desechamiento de la demanda de amparo, cuando se advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia; sin embargo, surge la pregunta: ¿qué se entiende por manifiesto e indudable?
Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación **********, derivado de la controversia constitucional **********, en sesión de once de octubre de dos mil uno, explicó que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara, y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de manera que –acotó– si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces se debe admitir la demanda a trámite pues, de lo contrario, se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.
Agregó que la manifiesta e indudable improcedencia debe surgir con la sola lectura del escrito de demanda y los anexos que se le acompañen, de modo que se considere probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en los cuales se apoya hayan sido manifestados claramente por el demandante o por virtud de que estén probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que la fase probatoria y la contestación a la demanda no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.
Así concluyó, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia.
Las anteriores razones dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía y publicada en la página 803, octubre de 2001, Tomo XIV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por identidad, dispone:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
En ese orden de ideas, si el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo indirecto decide desechar de plano la demanda respectiva, con las facultades que le confiere el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe partirse de la premisa de que el juzgador federal, en ejercicio de su función jurisdiccional, ha ponderado y concluido que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en cuyo caso está obligado a motivar su determinación, es decir, explicar cómo llegó a esa decisión.
Al respecto, el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito del conocimiento, en el acuerdo recurrido que desechó la demanda de amparo, estableció lo siguiente:
• Que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, los dos últimos aplicados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación, esto es, no conlleva violación alguna a los derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna o en algún tratado internacional de los que México sea Parte.
• Lo anterior, porque la resolución reclamada se limita a una cuestión intraprocesal, que si bien implica reponer el procedimiento para los efectos en ella precisados, lo cierto es que agotadas las etapas procesales, el peticionario de amparo "en su calidad de parte actora"(sic), podría obtener una sentencia favorable a sus intereses, lo que de ocurrir haría que las presuntas violaciones se extingan en la realidad; por lo cual el acto reclamado no es de ejecución de imposible reparación.
• Que la resolución que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes, no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que en la resolución reclamada no se emitió algún pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, ya que sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre la relación jurídico procesal con las demás partes involucradas y se siga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente, lo cual sólo genera efectos de carácter intraprocesal que podrían extinguirse, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de origen podría favorecerle y, en caso contrario, interponer el recurso procedente; de ahí que no se esté ante un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto.
• Así, será hasta el dictado de la sentencia de origen, cuando podría influir o no el sentido de la decisión del tribunal, y hasta cuando se podría actualizar la posibilidad de la pretendida violación procesal que trascienda al resultado del fallo, dando lugar a una afectación material a derechos sustantivos si la resolución es adversa al quejoso, pudiendo promover amparo directo, ya que de momento los efectos del acto reclamado consisten en sujetar a las partes a que se continúe la tramitación del juicio, lo cual no vulnera ningún derecho del impetrante.
• Luego, el a quo federal señaló que no pasaba inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 106/2004, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual se destaca la procedencia del amparo indirecto contra la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la diversa de primer grado y ordena reponer el procedimiento para que se integre el litisconsorcio pasivo necesario, considerando la ejecución irreparable para la parte que se conformó con el fallo que le fue favorable, pero que dicho criterio se sustentaba en el diverso que revelaba la procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales que causaran una afectación en grado predominante y superior.
• Así, conforme a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el criterio de excepción que disponía que los actos en juicio equiparables a los que causan una ejecución de imposible reparación, eran aquellos que afectan a las partes en grado predominante o superior, ya no encuentra sustento en la Ley de Amparo vigente, de modo que con base en dicho ordenamiento, los referidos actos sólo serán aquellos que materialmente afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el país es Parte; por tanto, acorde con el sexto transitorio del decreto que expidió la vigente Ley de Amparo, la mencionada jurisprudencia 1a./J. 106/2004, ya no se considera vigente, dado que se opone a las disposiciones de la actual legislación.
De lo anterior se desprende que el a quo federal, en atención al numeral 113 de la Ley de Amparo advirtió la existencia de forma manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, porque la resolución reclamada que ordena la reposición del procedimiento de origen al actualizarse el litisconsorcio pasivo necesario, no causaba al quejoso una afectación a derechos sustantivos, pues los efectos de tal resolución eran únicamente de carácter intraprocesal y, por tanto, resultaba improcedente el juicio biinstancial.
Sin embargo, contrario a lo considerado por el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito del conocimiento, se determina que la causa de improcedencia invocada por él, no es manifiesta ni indudable; siendo aplicable al presente caso la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el título y subtítulo: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."
En efecto, del estudio que se hace del juicio de amparo indirecto **********, que fue remitido por el Juez de Distrito para la sustanciación de este recurso de queja, el cual merece eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se advierten los siguientes antecedentes de la resolución reclamada:
1. En escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable (tercero interesada), en la vía oral mercantil, demandó a **********, aquí recurrente, por la nulidad de un contrato de compraventa de un automóvil, por la devolución de doscientos veinte mil pesos, el pago de una indemnización y de gastos y costas.
2. De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Noveno Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, donde se radicó bajo el número de expediente **********, se admitió y ordenó emplazar al demandado aquí recurrente.
3. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo al reo dando contestación a la demanda incoada en su contra, asimismo, oponiendo defensas y excepciones, dentro de las cuales opuso la de incompetencia por declinatoria, excepción de la cual conoció la Octava Sala del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco quien, en resolución de treinta de enero del año en curso, declaró improcedente la mencionada excepción.
4. Seguido el juicio de origen por sus etapas procesales, el ocho de julio de dos mil diecinueve, la titular del aludido órgano dictó sentencia en la cual determinó:
"Primera: ...
"Segunda: Por los argumentos lógico jurídicos vertidos con antelación, se declara la existencia de litisconsorcio pasivo necesario, virtud a lo cual se ordena la reposición del procedimiento a efecto de que **********, sean llamada a juicio (sic) y, una vez hecho lo anterior, se siga el juicio por sus diversas etapas procesales, comunes para todas las partes, hasta el dictado de la resolución que en derecho corresponda, efectuado al demandado **********, su escrito de contestación, el acuerdo por el que se tuvo por presentado en tiempo y forma, así como la admisión y trámite de la excepción de incompetencia resulta (sic) por la H. Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la evacuación a la vista realizada por la parte actora respecto del escrito de contestación del citado demandado.
Tercera: ..."
5. Inconforme con dicha resolución, el demandado, aquí recurrente promovió juicio de amparo indirecto del cual correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo secretario encargado del despacho en auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, desechó la demanda de amparo porque consideró que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, los dos últimos aplicados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación, esto es, que no conlleva violación alguna a los derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna o en algún tratado internacional de los que México sea Parte.
(Dicho acuerdo es el que aquí se recurre).
De lo anterior se concluye, que el acto reclamado por el quejoso, aquí recurrente, consiste en la sentencia de ocho de julio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio oral mercantil **********, en la cual se ordenó reponer el procedimiento de origen, al estimarse que se actualizaba el litisconsorcio pasivo necesario respecto de **********.
En tanto que el secretario encargado del despacho del juzgado federal del conocimiento, al desechar la demanda de amparo indirecto promovida por el aquí recurrente, consideró esencialmente que se actualiza de manera manifiesta, notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, los dos últimos aplicados a contrario sensu, por cuanto a que el referido acto reclamado no es de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos de la parte peticionaria, en virtud de que sólo produce efectos de carácter formal o procesal.
Sin embargo, en el caso se considera que dicha determinación del a quo federal es incorrecta y, por ende, contraria a derecho, en la medida de que el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución que ordena reponer el procedimiento, requiere un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas y, desde luego, de la totalidad de las constancias de autos relativas y que se tengan a la vista, estudio que, por su particular naturaleza compleja, no es procedente llevar a cabo en el auto de radicación de la demanda de amparo, toda vez que en éste, si bien debe analizarse el tema de la procedencia del juicio constitucional, tal estudio no debe comprender cuestiones que involucren determinar situaciones jurídicas a través de procesos complejos de valoración de pruebas o interpretación de normas.
Entonces, si bien, por regla general, la mera reposición del procedimiento no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; es inconcuso que también en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a generar tales afectaciones, lo cual hace procedente el juicio de amparo indirecto; de ahí que si para establecer si procede el amparo indirecto en contra de una resolución que ordena la reposición del procedimiento de origen al decretarse la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por ese acto, son o no de imposible reparación, para lo cual se requerirá de un análisis profundo, exhaustivo y complejo de las constancias de autos, debe concluirse entonces que, en todo caso, dicho estudio no debe realizarse al momento en el cual se provee en relación con la admisión o no de la demanda de amparo, porque el mismo, en todo caso, sólo es propio de la sentencia que al efecto se debe dictar; mas no en un acuerdo desechatorio.
Sobre el particular, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 71/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época, con número de registro digital: 205810, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, página 25, bajo el rubro y texto siguientes:
"AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’. En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo."
En la inteligencia de que la jurisprudencia transcrita resulta de obligada observancia para este Tribunal Colegiado, de conformidad con el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, no obstante de que en dicha ejecutoria se analizaran los artículos de la Ley de Amparo abrogada, pues se trata de preceptos correlativos que guardan la misma esencia en la norma actual sin contravenirla, lo cual permite invocarla en términos del artículo sexto transitorio de esta última norma.
De la cual se obtiene que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que:
"...si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición."
De modo que, por excepción, existen supuestos en los cuales es dable que la reposición del procedimiento ocasione perjuicios de imposible reparación atendiendo no a la reposición del procedimiento en sí misma, sino a los efectos que pudiera generar ésta, lo cual viene a corroborar que, en la especie, no puede considerar que la causal de improcedencia se actualiza de forma manifiesta e indudable, porque pueden allegarse a juicio probanzas que demuestren lo contrario.
En ese contexto, si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia, que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, tiene efectos meramente procesales o adjetivos, implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los cuales los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo.
De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo indirecto en cuanto al reclamo de una resolución que ordena reponer el procedimiento, como ocurre en el caso concreto, implica un examen meticuloso sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban.
Por tanto, el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito, no estaba en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente pues, necesariamente, se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva.
Dichos lineamientos casuísticos para definir la irreparabilidad de los actos reclamados, fueron retomados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 63/2003-PS, que las reflejó en la jurisprudencia 1a./J. 106/2004, publicada en la página 199 del Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 179548, bajo el tenor siguiente:
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29786-d5ac7cbc/litisconsorcio-pasivo-necesario-no-se-actualiza-una-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA CON MOTIVO DE LA NATURALEZA DEL SISTEMA NORMATIVO CONFORMADO POR LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES P (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AMPARO INDIRECTO CONTRA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES FACTIBLE DETERMINAR DE PLANO SU IMPROCEDENCIA CUANDO OBRAN LAS CO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- LITISPENDENCIA. CUANDO EN UN TRIBUNAL DE AMPARO SE RECIBE UNA DEMANDA QUE GUARDA RELACIÓN CON OTRA PREVIAMENTE ADMITIDA EN ESE ÓRGANO JUDICIAL PROMOVIDA POR EL MISMO QUEJOSO, CONTR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL M (QUEJA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA AL RESOLVER EL SEGUNDO RECURSO DE Q (II.3o.P.1 K (11a.))
- LITISPENDENCIA. SI SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ANTE EL MISMO JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCE DE LOS DOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EXISTE (II.2o.P.1 K (11a.))
- CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA TENERLA POR ACREDITADA Y DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, DEBE EMERGER DE ÉSTA, DE SUS ANEXOS, DE SU (XXI.2o.C.T.6 K (11a.))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. NO SE ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, CUANDO EL ACTO RECLAM (II.4o.P.51 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis