AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO.
QUEJA 614/2018. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO ROCHIN GARCÍA. SECRETARIO: JULIO CORTÉS TAPIA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio y resolución del recurso. Los agravios son jurídicamente ineficaces, sin que se observe materia de ilegalidad alguna en ejercicio de la suplencia de la queja deficiente, como lo prevé la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo.
En el primero de los agravios, la parte inconforme aduce, en síntesis, que el auto recurrido no es la actuación procesal idónea para determinar si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues para demostrar la actualización de esa causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, mismo que es propio de la sentencia definitiva.
En el segundo agravio, la parte quejosa y recurrente señala, medularmente, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2005-PS, en sesión de dos de marzo de dos mil cinco, determinó que del artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada, se deduce que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo sólo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos y, además, se tiene la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opera en el caso, a grado tal de que aun en el supuesto de admitirse a trámite la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no será posible llegar a una convicción distinta.
También señala que no toda causa de improcedencia, por el hecho de estar prevista en la Ley de Amparo, puede justificar que al proveer sobre la demanda el Juez de Distrito la deseche de plano y de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener incertidumbre de su actualización, no debe desecharse esa demanda, sino atendiendo a que, por regla general, debe estimarse procedente el juicio de amparo, ésta se deberá admitir a trámite.
Por otra parte, en el tercer agravio la parte quejosa manifiesta, en lo esencial, que se le está privando del derecho de instar el juicio constitucional en contra de un acto que estima le causa perjuicios, por lo que considera que debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada y cita el contenido de los artículos 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el cuarto agravio aduce, básicamente, que el estudio exhaustivo realizado en el auto recurrido fue anticipado, prejuzgando, sin oír a las partes involucradas y señaladas en el escrito inicial de demanda, lo que a su decir contraviene lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia «1a./J. 32/2005», de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA."
Finalmente, en el quinto agravio menciona que el motivo de improcedencia invocado por el Juez a quo no reúne los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda de amparo desde un inicio, pues considera que era necesario que se recabaran los datos necesarios que le permitieran dilucidar en el momento adecuado, si realmente se actualiza o no la causal de improcedencia hecha valer.
Los motivos de queja deben desestimarse.
Como punto de partida es indispensable señalar que es infundado que en todos los casos el auto inicial no sea el "momento idóneo" para realizar un "estudio exhaustivo" para determinar aspectos tales como la improcedencia del juicio de amparo, en los términos como lo apreció el Juez de Distrito.
Para ello es necesario tener presente la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.",(9) así como la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, en que la propia Segunda Sala aclaró el rubro de esa jurisprudencia para quedar en los términos siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA."(10)
En la referida solicitud de modificación de jurisprudencia se estableció, en lo que interesa, lo siguiente:
"...
"En primer término, del análisis en específico del contenido de la propia jurisprudencia, en relación con las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011 que le dio origen, esta Sala no advierte que alguna de ellas (jurisprudencia o ejecutoria) transmitan la idea de que lo ahí sostenido sea aplicable, de manera generalizada, a cualquier juicio de amparo y, que por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario.
"Ello, pues tal como quedó fijado el punto de contradicción en la ejecutoria respectiva, se podrá apreciar con meridiana claridad, que la intención de esta Segunda Sala al precisar la interrogante a despejar consistente en ‘dilucidar si el auto inicial de trámite de la demanda de amparo era la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo’, no fue establecer, de manera generalizada, que en dicha actuación, los Jueces están impedidos para determinar que un acto proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración, como pretende sustentarlo el Pleno solicitante.
"Sino por el contrario, lo que se advierte es que en todo momento se delimitó dicho punto de divergencia, tanto en la ejecutoria como en el texto de la jurisprudencia respectiva, a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis, esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el ‘Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas’, de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público, resolviéndose en relación con tal acto, que el Juez Federal en el auto inicial de trámite que se dicte con motivo de su presentación, no está en condiciones jurídicas y materiales, para llevar a efecto el estudio de ese acto, con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.
"...
"Además, tampoco es verdad que su redacción, impida que los Jueces de Distrito, determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se ponga a su consideración, lo cual sujeta a las partes y al órgano jurisdiccional a tramitar un procedimiento notoria e indudablemente improcedente; pues se insiste, la premisa de la que partió dicho criterio jurisprudencial, fue que si un motivo de improcedencia, manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no será posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, empero, en el caso, contrario a ello, el pronunciamiento correspondiente, exigió un análisis exhaustivo; entonces era claro que no se estaba frente a una causa notoria y manifiesta que autorizara al Juez a desechar la demanda de amparo. ..."
Como puede observarse, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el Acuerdo de fijación de tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, el Juzgado de Distrito, en el auto inicial, no está en condiciones jurídicas y materiales para estudiar ese preciso acto, con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.
Sin embargo, no debe perderse de vista que la propia Segunda Sala, en el mencionado expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia, aclaró que el criterio sustentado en modo alguno impone una regla absoluta que impida al Juez de Distrito, en todos los casos, examinar si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo.
En ese sentido, la Segunda Sala enfatizó que no existe impedimento para que los Jueces de Distrito determinen, desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, siempre y cuando se cuente con los elementos suficientes para hacerlo pues, en caso contrario, será necesario esperar hasta que se rinda el informe justificado.
Lo anterior, trasladado al caso, implica que sí es posible que desde el auto inicial el juzgador estime que se actualizó de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia, lo que además lo autoriza el propio artículo 113 de la Ley de Amparo, pues puede estarse en el caso de que aun en el supuesto de admitirse a trámite la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que resulte infundado el planteamiento de la parte recurrente, relativo a que no es posible realizar estudios de ese tipo en el auto inicial, lo que variará en cada asunto en particular, y no constituye en modo alguno una regla general insuperable.
Aunado a lo anterior, este Tribunal Colegiado, al resolver, entre otros, los recursos de queja 157/2018, 263/2018 y 506/2018, ha sustentado el criterio de que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo constituye una etapa procesal oportuna para analizar si el acto reclamado actualiza una causal insuperable de improcedencia, al margen de la amplitud o no de las consideraciones que exprese el operador jurídico.
En dichos precedentes, este órgano jurisdiccional ha sostenido que cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el peticionario y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese el juzgador, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican.
De ahí que frente a esas circunstancias, en modo alguno se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo; es así, máxime que aquéllos, así como la jurisprudencia «1a./J. 32/2005» que invoca la parte quejosa, hoy inconforme, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita a trámite, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, clarificada la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio. De ahí lo infundado del agravio en estudio.
A mayor abundamiento, tampoco le asiste razón a la inconforme cuando expresa que con la determinación del Juzgador de Distrito se le priva de su derecho de instar el juicio constitucional en contra del acto que, a su decir, lesiona sus derechos, lo que sería contrario a los artículos 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior, ya que el desechamiento de la demanda no conlleva por sí la afectación al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, previsto, entre otras normas, en los tratados internacionales a los que hace referencia la parte hoy inconforme, pues si bien la finalidad del juicio de amparo está encaminada a resolver, entre otras cosas, las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; empero, tal objetivo no conlleva soslayar u omitir el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo, los que deben ser de estudio previo al fondo del asunto.
Lo anterior encuentra sustento en los siguientes criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de consulta, rubro, título, subtítulo y texto siguientes:
Décima Época
Registro digital: 2002359
Instancia: Primera Sala
Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012
Materias: constitucional y común
Tesis: 1a. CCLXXVI/2012 (10a.)
Página: 530
"PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.—Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo."
Décima Época
Registro digital: 2015595
Instancia: Primera Sala
Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 48, Tomo I, noviembre de 2017
Materia: constitucional
Tesis: 1a./J. 90/2017 (10a.)
Página: 213
«y Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas»
"DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’, deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado Mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios."
Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver la queja administrativa 81/2019, en sesión celebrada el veinticinco de julio de dos mil diecinueve.
Sentado lo anterior, el resto de los agravios merecen el calificativo de inoperantes, toda vez que de ninguna manera contienen argumentos tendentes a combatir, de manera eficaz, las consideraciones vertidas por el a quo al desechar la demanda de amparo.
En efecto, en la actuación que se revisa se desechó la demanda presentada por **********, **********, ********** y **********, al considerarse actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo.
Lo anterior, con base en las consideraciones torales siguientes:
1. El juicio de amparo indirecto es improcedente contra los actos del Comisariado Ejidal de Sayulita, Nayarit, por conducto de su presidente, secretario y tesorero, de quienes se reclamó:
"La falta de autorización de venta en favor del tercero interesado, por parte de la asamblea general de ejidatarios del ejido de Sayulita, en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit".
Esto, desde la óptica del Juez de Distrito, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues el citado ente agrario no se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que, de acuerdo con los artículos 21, fracción II y 32 de la Ley Agraria es el órgano de representación del ejido, no del Estado, y el encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, que si bien la propia ley le confiere diversas facultades, lo cierto es que ello no implica que pueda considerársele como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que su carácter de órgano representativo y de ejecución es meramente respecto del ejido y hacia su interior.
Determinación que conllevó concluir en el auto impugnado que los actos emitidos por el comisariado, actuando como representante del ejido, no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino de coordinación, al tratarse de cuestiones entre particulares, sin imperio, coerción o unilateralidad, para lo cual, el juzgador federal citó como apoyo de su determinación, el criterio jurisprudencial «XXVII.3o. J/18 (10a.)», de título y subtítulo: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS.", así como las tesis de rubros: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO." y "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA."
2. Por otro lado, se advirtió la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en torno al resto de los actos reclamados, pues la parte interesada, antes de acudir al juicio de amparo, debió interponer los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley rectora de los actos reclamados prevé para tal efecto, como son los artículos 71 y 109 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.(11)
Lo anterior, toda vez que por el carácter de las autoridades señaladas como responsables denominadas gobernador y secretario de Obras Públicas, ambos del Estado de Nayarit, presidente municipal, director de Obras y Servicios Públicos, director de Desarrollo Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial, así como jefe de Catastro, éstas del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, así como por la naturaleza jurídica de los actos que les fueron reclamados, consistentes en:
"De las autoridades precisadas en los incisos a), b), c), d), e), f), (sic) reclamamos que no obstante que ante la Comisión para la Regularización de la Tierra (CORETT), hoy INSUS, y ante jefe del Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit en sus registros catastrales del Sistema de Control de Predios la cartografía digital, respecto del plano general manzanero, con número de zona **********, del **********, **********, del Municipio de Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit, se encuentra trazada la calle, (ante tales oficinas sin nombre), físicamente el nombre lleva la calle de **********, **********, la omisión de aperturarla para su libre servidumbre, acceso, paso y tránsito al público en general.
"De las autoridades precisadas en los incisos f) (sic), la licencia de construcción expedida a favor de la tercera interesada para ‘Construcción’, de su propietario, o de sus socios, sobre la citada calle de nombre el ‘Tamarindo’, en la colonia el ‘Tamarindo’ sobre una extensión superficial de doce metros de frente por treinta metros de fondo aproximadamente, en la localidad de Sayulita, en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
"De todas las autoridades precisadas de cumplir con sus obligaciones constitucionales, así como legales, al ser autoridades al servicio de público (sic) que deben garantizar el libre tránsito, sobre la citada calle de nombre el ‘Tamarindo’, en la colonia el ‘Tamarindo’ sobre una extensión superficial de doce metros de frente por treinta metros de fondo aproximadamente, en la localidad de Sayulita, en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
"De las autoridades precisadas en los incisos c) y f), reclamamos la constancia de compatibilidad urbanística, así como la licencia de uso de suelo, que expidieron como requisito previo e indispensable, para que a su vez otorgaran a la tercera interesada la licencia de construcción.
"A las autoridades precisadas en los incisos a), b), c), d) y h), la omisión de verificar las actuaciones reclamadas a las diversas autoridades señaladas como responsables en esta demanda, no obstante de que se trata de asuntos de interés social, pues se pone en peligro, riesgo entre otras cosas, (sic) nuestra calidad de tránsito.
"De la autoridad precisada en los incisos d) (sic) reclamamos la falta de autorización de venta en favor del tercero interesado, por parte de la asamblea general de ejidatarios del ejido de Sayulita, en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
"Además, en este asunto, uno de los actos reclamados consiste, principalmente, en la expedición de una licencia expedida al margen de diversas disposiciones legales previstas en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, norma jurídica que, entre otras cosas, dispone en el artículo 10, que el gobernador del Estado es autoridad competente para su aplicación y vigilancia."
Resultaba indispensable que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, acudiera ante las instancias que puedan producir la insubsistencia de los actos reclamados, en síntesis, vinculados con la licencia de construcción y la constancia de compatibilidad otorgada a la empresa señalada como tercera interesada, así como las omisiones reclamadas a dichas autoridades, a través del juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 1 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.(12)
Esto, ya que se advierte que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit aplicable tiene como finalidad regular la justicia administrativa en el Estado, así como el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades, en el caso, municipales, para resolver los conflictos o inconformidades que les planteen los particulares, ya sea en el carácter de peticionarios, afectados o terceros interesados.
Por tanto, destacó el Juez de Distrito, en atención a los actos administrativos reprochados a las autoridades responsables, entonces previamente al juicio constitucional, los quejosos debieron agotar los medios ordinarios de impugnación previstos por el artículo 71 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, esto es, iniciar el procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, por virtud del cual pudiera obtener la modificación, revocación o nulificación de los referidos actos reclamados y con cuya promoción también podría haberse suspendido su ejecución –de ser procedente–, conforme a los artículos 139, 141 y demás relativos de dicha legislación,(13) sin que para ello se exigieran mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna en sus artículos 128 y 132 para otorgar dicha medida cautelar.
Pues bien, en esas consideraciones y fundamentos legales se apoyó el desechamiento recurrido y, de la lectura de los motivos de inconformidad previamente sintetizados, se observa que no son controvertidas de manera frontal por la parte quejosa y recurrente; por tanto, las mismas deben quedar intocadas y son suficientes para continuar rigiendo el sentido del proveído aquí recurrido; lo cual evidencia, como se anticipó, que son inoperantes los agravios de que se trata.
Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia VII.1o.C. J/1 (10a.), de la Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se comparte, visible en la página mil ochenta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Tomo II, diciembre de dos mil quince «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas», con el título, subtítulo y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29300-3d4869a4/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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