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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO ÉSTE CONSISTE EN UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE ORDENA UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA PROVISIONAL EN FORMA PRESENCIAL Y LIBRE ENTRE UN MENOR DE EDAD Y EL PROGENITOR NO CUSTODIO, EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD COVID-19, PERMITE QUE LA SUSPENSIÓN SE OTORGUE MODULANDO LA CONVIVENCIA PARA QUE SE REALICE A DISTANCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIEMPRE Y CUANDO EL MATERIAL PROBATORIO CON QUE SE CUENTE AL PROVEER LA MEDIDA NO PERMITA FIJAR UNA DISTINTA COMO MÁS PROTECTORA DE SU INTERÉS SUPERIOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 267/2020. · Registro digital (IUS): 29800
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-05-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, Pág. 1627.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 267/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DECIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 17 DE MARZO DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA.

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver el presente asunto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. Ello, dado que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados actuando en jurisdicción correspondiente a distintos Circuitos(1) y en una materia que corresponde a la especialidad de esta Sala, sin que se advierta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada para ello, pues fue formulada por un Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes, supuesto previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

6. TERCERO.—Presupuestos para determinar la existencia de la contradicción de tesis. A ese respecto, debe precisarse que este Máximo Tribunal ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

7. Adicionalmente, se ha establecido que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

8. Asimismo, se ha dicho que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.

9. Tales directrices han sido determinadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de rubros siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(2)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(3)

"CONTRADICCION DE TESIS. PARA SU INTEGRACION NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(4)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

10. CUARTO.—Posturas contendientes. A continuación, se precisan, en lo relevante, las ejecutorias de los órganos de amparo participantes.

11. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Ejecutoria de la revisión incidental 162/2020, emitida el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por mayoría de votos.

12. Como antecedentes de este asunto, de la ejecutoria se conoce que la madre de un menor de edad (al parecer, de un año siete meses en el momento de presentación de la demanda), promovió juicio de amparo indirecto contra un proveído dictado en un juicio de controversia del orden familiar, y un auto posterior que complementó al primero, donde el Juez familiar de primera instancia, como medida provisional, decretó un régimen de convivencia entre el menor y su padre, en una modalidad presencial y libre (en el sentido de no supervisada) que comprendía la asignación de diversos días y horarios, para que el menor pudiera ser trasladado del domicilio que habita con su madre al domicilio de su progenitor para efectos de la convivencia, imponiéndose la observancia de algunas medidas para asegurar la protección del menor en la circunstancia de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, tales como: (i) abstenerse de hacer uso de transporte público de toda clase; (ii) que la convivencia se llevara a cabo únicamente en el domicilio del padre resguardándose allí al menor; (iii) no llevar al menor a reuniones sociales de cualquier tipo; y (iv) observar las medidas de higiene y sana distancia recomendadas por las instituciones de salud.

13. La madre solicitó la suspensión de la ejecución del acto reclamado.

14. En el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 305/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, el titular de dicho juzgado emitió interlocutoria en la que otorgó la suspensión definitiva del acto reclamado.

15. En concreto, luego de mencionar algunas consideraciones que ha sostenido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el derecho de convivencia de los menores de edad con el progenitor no custodio, el Juez de amparo sostuvo que si las visitas y convivencias entre los progenitores y sus hijos menores de edad están orientadas a fomentar las relaciones humanas y la comunicación entre ellos cuando no viven juntos, entonces, mientras no estuviera demostrado que la convivencia representaba un riesgo para los menores, la suspensión no podía otorgarse para efecto de impedirla.

16. No obstante, dicho juzgador señaló que tenía presente que por la situación generada con motivo de la pandemia por COVID-19, declarada en México como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por el Consejo de Salubridad General, los Poderes Judiciales Federal y de los Estados suspendieron sus labores ordinarias, entre ellas, el funcionamiento de los Centros de Convivencia mientras permaneciera el estado de cosas por dicha emergencia sanitaria, y en ese panorama, dijo, era un hecho notorio que la paralización de actividades y las medidas sanitarias de sana distancia, eran factores que impedían el desarrollo de las convivencias.

17. Por ello, dijo, en suplencia de la queja en favor del menor, otorgaba la suspensión definitiva del acto reclamado, a fin de que la autoridad responsable decretara medidas alternativas a la convivencia presencial, hasta en tanto las circunstancias imperantes no cambiaran; al efecto, precisó que para garantizar la convivencia entre el tercero interesado (padre) y el menor de edad durante el periodo de contingencia, en adición a las medidas decretadas en la resolución reclamada, se debía analizar la pertinencia técnica y jurídica de que la convivencia se realizara en la modalidad de "convivencia electrónica" por medio del uso de tecnologías de la información que resultaran adecuadas o factibles para permitir una efectiva comunicación entre los participantes.

18. En esa línea, determinó que concedía la suspensión definitiva del acto reclamado, para que la responsable determinara si de acuerdo con las circunstancias del caso, sin que existiera impedimento jurídico de por medio y mientras persistieran las medidas sanitarias decretadas por el Consejo de Salubridad y las que impusiera el Poder Judicial del Estado de Veracruz, decretara las convivencias del menor con su progenitor mediante el uso de tecnologías de la información (por llamada telefónica en conferencia, videollamada, whatsapp, webex, zoom, o cualquier otra), así como las medidas necesarias para corroborar que se verifiquen, como podría ser su participación inicial en la conferencia para corroborar que la madre hiciera el enlace y posteriormente otorgarles privacidad. Y concluido el periodo de contingencia y reiniciadas las labores de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial, entonces se continuaran en los términos decretados en el centro de convivencias, a fin de evitar posibles riesgos al menor, o bajo la modalidad que se estimara pertinente con base en la información que obrara en autos; finalmente, precisó algunos requerimientos que debían hacerse a las partes, y algunas medidas del propio órgano, para que fuere posible el desarrollo de la convivencia.

19. El padre del menor de edad (tercero interesado) interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado estimó fundados los agravios, suplidos en su deficiencia; precisó no compartir la decisión del Juez de Distrito, esencialmente, bajo las consideraciones siguientes:

a) Estableció cuáles eran los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado conforme a los artículos 128 y 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Y señaló que el relativo a que se hubiere solicitado la medida, se cumplió en el caso. Sin embargo, estimó que el segundo requisito, consistente en que no se siguiera perjuicio al interés social ni se contravinieran disposiciones de orden público, no podía tenerse por satisfecho.

b) Esto, porque el derecho de visitas y convivencias entre padres e hijos, es un derecho fundamental de los menores de edad contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. de la Constitución Federal, por estar vinculado con el interés superior del menor; y de no permitirse la convivencia, se afecta ese derecho humano del menor, actualizándose la hipótesis del artículo 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo.

c) Se precisó que no pasaba inadvertido que el Juez de Distrito aparentemente hizo un estudio de la posibilidad de que el acto reclamado violara derechos humanos en perjuicio del infante, pero apoyado en argumentos que no advertían posibles violaciones a otros derechos humanos, en concreto, atendiendo a consideraciones relacionadas con la posibilidad de contagios por el COVID-19, y no por estimar inconstitucional el régimen de convivencias decretado en el acto reclamado.

d) Dijo, a mayor abundamiento, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho de convivencia se justifica porque mediante él, el menor de edad genera lazos afectivos con el progenitor no custodio, lo cual es importante para su desarrollo emocional, por ende, se debe dar con regularidad y sólo puede restringirse o suspenderse cuando así lo demande el interés superior del menor; asimismo, precisó que por regla general, ambos progenitores son aptos para desarrollar una convivencia libre con su hija o hijo, y quien argumente lo contrario tiene la carga de demostrar que la convivencia ocasiona un estado de riesgo, el cual, no debe entenderse como la simple posibilidad de que ocurra un daño en el futuro, sino como la falta de medidas que resulten más benéficas para el menor.

e) En ese sentido, determinó que contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, en el caso no se justificaba restringir o suspender la convivencia libre del recurrente (progenitor no custodio) con su hijo, por la contingencia sanitaria por COVID-19, pues aunado a que de las constancias procesales no se apreciaba ni indiciariamente la posibilidad de que el niño se contagiara si convivía con su padre conforme al régimen establecido por la responsable, no podía pasarse por alto que la determinación del interés superior del niño, en casos de guarda y custodia, debía realizarse a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y desarrollo del niño, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios; por ende, no eran admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos ni consideraciones generalizadas sobre características personales del padre o de la madre.

f) Añadió que, en el caso, la autoridad responsable no había desconocido el fenómeno sanitario, sino que había atendido a la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se prevé reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, garantizando sus vínculos familiares y comunitarios, y en el hecho de que no existían elementos para considerar que el padre no pudiera hacerse cargo de los cuidados del niño, incluyendo aquellos que conllevan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como de los Gobiernos Federal y Estatal y sus instituciones de salud, pues la responsable impuso medidas sanitarias para ello (las refirió).

g) En consecuencia, revocó la interlocutoria recurrida y negó la suspensión definitiva del acto reclamado.

20. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Ejecutoria del recurso de queja civil 31/2020, emitida el diecinueve de julio de dos mil veinte.

21. De la ejecutoria se colige que la madre de un menor de edad promovió juicio de amparo indirecto, para impugnar un proveído emitido en una controversia del orden familiar, en el que el juzgador de origen fijó un régimen de convivencia especial entre el menor de edad y su padre (no custodio), a efecto de que la entrega-recepción del niño se realizara en el domicilio que éste habitaba con su madre, en los días y horas en que se venía llevando a cabo antes de la contingencia, así como un régimen extraordinario para que el menor pasara un periodo vacacional del veintisiete de julio al tres de agosto de dos mil veinte, con su padre.

22. La quejosa solicitó la suspensión de la ejecución del acto reclamado.

23. En el auto inicial del incidente de suspensión, el Juez de Distrito otorgó la suspensión provisional del proveído reclamado; en concreto, señaló que actualmente la enfermedad llamada COVID-19, fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, la cual se transmite de una persona infectada a otras a través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz u ojos; por tanto, para evitar el contagio del menor y que se logren llevar a cabo las medidas preventivas, concedió la suspensión para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, hasta en tanto se dictara la suspensión definitiva; y toda vez que de las constancias de autos no se evidenciaba que la convivencia del menor con su progenitor le genere un daño físico o emocional; además de que, hasta ese momento, no se advertía prueba alguna de que la convivencia representara peligro para el menor, a fin de salvaguardar el interés superior de aquél y su bienestar integral anteponiéndolo al del resto de las partes, determinó que la responsable debía decretar las providencias necesarias encaminadas al señalamiento de las condiciones en que pudieran desarrollarse las convivencias a distancia del menor con su progenitor, atendiendo a que las mismas son de orden público; pero de estimar la responsable que el desahogo de la misma le cause un mayor perjuicio, la medida no surtirá efecto alguno, debiendo la autoridad acreditar su dicho.

24. El Juez de amparo añadió que, a fin de salvaguardar el derecho a la salud del menor, el Juez responsable, con plenitud de jurisdicción, debía tomar las medidas necesarias para verificar que, de llevarse a cabo las convivencias de manera física, no se pusiera en riesgo de contagio al menor, para lo cual debía recabar las pruebas pertinentes y remitirlas a ese Juzgado de Distrito, para pronunciarse sobre la suspensión definitiva.

25. El padre del menor de edad (tercero interesado) interpuso recurso de queja contra el auto de suspensión provisional. El Tribunal Colegiado determinó lo siguiente:

a) Fijó un parámetro normativo convencional, constitucional y legal, conforme al cual sostuvo que el derecho del niño a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional.

b) Precisó que ese derecho excepcionalmente puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, para salvaguardar su interés superior, atendiendo a las circunstancias del caso y prescindiendo de la conveniencia e intereses personales de sus padres.

c) Es un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control.

d) Asimismo, las autoridades sanitarias del país han expedido diversos acuerdos, entre ellos, el que emitió el Consejo de Salubridad General para reconocer la pandemia en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria y ordenar que la Secretaría de Salud emitiera las medidas necesarias para su prevención y control. De igual forma, dicha Secretaría de Salud expidió el acuerdo por el cual se establecen las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos de salud pública que implica la enfermedad referida. Y el posterior acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender a la emergencia sanitaria; entre otras cuestiones, se estableció la suspensión de actividades no esenciales para mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad y disminuir la carga de enfermedad, complicaciones y muertes en la población del territorio nacional, implementándose como medida la sana distancia y exhortándose a la población al resguardo domiciliario corresponsable; señaló que era un hecho notorio que el número de contagios por el virus ha venido a la alza y ha cobrado más vidas en los últimos días; lo que denota que mayor movilidad conlleva mayor factor de incidencia de contagios.

e) Sobre la base del interés superior del menor y de la situación de pandemia, reiteró que aun cuando el derecho del niño a la convivencia con sus progenitores por regla general se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable a su pleno desarrollo, ese derecho excepcionalmente podía suspenderse cuando existiera peligro para el menor, prescindiendo de los intereses de los progenitores; y en el caso, dijo, se estaba ante esa excepción, pues debía privilegiarse el derecho del menor a la vida y a la salud sobre el derecho de convivir físicamente con su padre, previendo que por el momento no salga del domicilio en el que se encuentra en cuarentena por la pandemia.

f) Insistió en que, si bien era verdad que por el momento a ambos progenitores correspondían las obligaciones de crianza, de realizarse la convivencia física, implicaría poner en peligro la salud del menor y, por ende, su vida, pues no podía desconocerse que en últimas fechas los niveles de contagio y el número de decesos se habían elevado; por lo que se tenía convencimiento de que el interés superior del menor en ese momento estaba en que no saliera de su domicilio, atendiendo a dicha situación extraordinaria.

g) Por todo ello, estimó correcto que el Juez de Distrito concediera la suspensión provisional, sólo con el alcance de que la responsable decretara providencias para velar por la convivencia en vía remota, a distancia, pues de negar la medida se podría causar mayor afectación al interés del menor obligándolo a salir de su domicilio para trasladarse al de su padre, colocándolo en una situación de riesgo; medida que no implicaba un desconocimiento total del derecho a vivir en familia, sino en todo caso, era una modulación frente al diverso derecho a preservar su salud y su vida, ante las circunstancias de la pandemia.

h) Desestimó los argumentos del recurrente en el sentido de que la convivencia establecida por la responsable no generaba al menor un riesgo de contagio; al efecto, explicó que bastaba con que el menor se colocara en una situación de riesgo probable, no especulativo ni imaginario, sino basado en evidencia científica o técnica; y en las circunstancias del caso, el que se sigan medidas sanitarias y que el padre haya concluido su tratamiento oncológico, no eximía al menor de un posible contagio, pues el riesgo de contraer el virus, se incrementa con el solo hecho de sustraer al menor de su domicilio para trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente; ya que éste es un evento que hace más probable que ocurra un contagio; y aunque el recurrente alegue que en su familia no hay personas contagiadas, existen casos asintomáticos, por lo que no hay base sólida para sostener que la "sustracción" del infante de su domicilio no lo exponga a contraer el virus.

i) Por otra parte, en suplencia de queja en favor del menor, el Tribunal Colegiado modificó los efectos de la suspensión, a efecto de suprimir la decisión del Juez de Distrito en el sentido de autorizar a la responsable para que, con plenitud de jurisdicción, tomara las medidas necesarias para verificar si la convivencia se podía realizar de manera física sin poner en riesgo de contagio al menor, en su caso recabara prueba y la remitiera a ese juzgado para decidir sobre la suspensión definitiva; toda vez que, dijo el tribunal de amparo, este efecto de la suspensión implicaba la posibilidad de establecer la convivencia presencial, siendo que precisamente ya se había señalado que con la situación de la pandemia, era incontrovertible que no existía un factor o base que pudiera permitir asegurar que la "sustracción" del domicilio, su traslado y cuidado en un lugar diverso, aun con medidas sanitarias, no actualizara un riesgo de contagio para el infante; reiteró que bastaba colocar al menor en una situación de riesgo demostrado con evidencia científica como en el caso, por ende, el solo hecho de dar movilidad al menor fuera de su hogar constituía un riesgo de contagio.

j) Así, señaló, lo más conveniente era que el Juez responsable fijara las providencias encaminadas a que la convivencia se efectuara a distancia, a través de dispositivo electrónico; advirtió que en el caso, el régimen de convivencia previamente existente era supervisado, lo que permitía concluir que había un conflicto de intereses entre los padres que podría poner en riesgo el desarrollo de las convivencias, por tanto, el Juez familiar debía fijar las medidas necesarias que dieran certeza de que la convivencia se realizara y en condiciones óptimas, como podía ser, la intervención de un trabajador social de institución pública que diera fe de su desahogo, exhortar a la madre del infante para que proveyera los medios y las condiciones para la misma, y permitiera que se llevaran a cabo en forma libre y espontánea.

k) Conforme a ello, modificó la resolución recurrida y otorgó la suspensión provisional, para que la convivencia se efectuara a distancia, con la regularidad suficiente para que se mantuviera la comunicación continua ente el padre y el hijo, y con las medidas referidas para hacerla posible.

26. QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. El examen de las ejecutorias participantes permite establecer que sí existe la contradicción de tesis.

27. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Como se observa de lo antes narrado, los órganos colegiados llevaron a cabo un ejercicio interpretativo sobre la procedencia de la medida de suspensión del acto reclamado en el incidente respectivo derivado del juicio de amparo indirecto, en relación con una determinación judicial intraprocesal que estableció un régimen de convivencias provisional o especial, de un menor de edad con el progenitor que no ejercía materialmente la guarda y custodia, el cual debía realizarse en determinados días y horas, de manera presencial y libre, en el domicilio de dicho progenitor; convivencia que implicaba el desplazamiento del menor de edad del domicilio que constituía su residencia habitual a aquel en que se llevaría a cabo la convivencia; siendo que, los Tribunales Colegiados se vieron en la necesidad de examinar dicho acto reclamado en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, y esencialmente llegaron a conclusiones distintas sobre la medida suspensional. Por tanto, se cumple este primer requisito para la existencia de la contradicción de tesis.

28. Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala considera que este segundo requisito queda cumplido en el caso, ya que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes, hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada.

29. Por una parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en su determinación sobre la suspensión definitiva solicitada por la quejosa respecto del proveído judicial que ordenó la convivencia presencial entre el menor de edad y el padre que no ejercía materialmente su custodia, estimó injustificado que en el contexto de la pandemia, la convivencia se tuviere que llevar a cabo únicamente mediante el uso de tecnologías de la información (por llamada telefónica en conferencia, videollamada, whatsapp, webex, zoom, o cualquier otra), en forma alternativa a la convivencia presencial (física), como lo había establecido el Juez de Distrito en la interlocutoria recurrida al otorgar la suspensión y fijar sus efectos; esto, pues el Tribunal Colegiado consideró, sustancialmente, que ello vulneraba el derecho fundamental del menor a las visitas y convivencias y era contrario a su interés superior, por lo que no se satisfacía el requisito que para el otorgamiento de la suspensión establecen los artículos 128 y 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo.(6)

30. En concreto, este tribunal estimó que no se justificaba suspender la convivencia libre del padre con su hijo por la contingencia sanitaria por COVID-19, pues de las constancias no se apreciaba ni indiciariamente la posibilidad de que el niño se contagiara si se efectuaba la convivencia como lo ordenó la responsable, y la determinación del interés superior del menor se debía realizar a partir de los comportamientos parentales específicos y el desarrollo del niño, atendiendo a daños o riesgos reales, y no especulativos o imaginarios, por lo que no eran admisibles especulaciones, presunciones, estereotipos ni consideraciones generalizadas sobre características personales del padre o la madre; señaló que en el caso, no se había desconocido el fenómeno sanitario, pero no existían elementos para considerar que el padre no se pudiera hacer cargo del cuidado del menor incluyendo las recomendaciones de las instituciones de salud, y la responsable además le había impuesto medidas sanitarias.(7) Por ello, revocó la resolución recurrida y negó la suspensión del acto reclamado.

31. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, confirmó el otorgamiento de la suspensión provisional del acto reclamado otorgada por el Juez de Distrito contra el proveído judicial que fijó un régimen de convivencias presencial entre un padre y su hijo; al efecto, medularmente sostuvo que en la circunstancia de la pandemia por COVID-19, debía privilegiarse el derecho del menor de edad a la vida y a la salud, sobre el derecho de convivir físicamente con su progenitor, previendo que no saliera de su domicilio, ya que existía un riesgo real de contagio, basado en evidencia científica, y el solo hecho de trasladarlo del domicilio en que habitaba al del progenitor para efecto de la convivencia e incorporarlo a ese otro ambiente, aun cuando se siguieran medidas sanitarias, ponía en peligro su salud y, por ende, su vida; de modo que en esta situación extraordinaria, su interés superior estaba en que no saliera de su domicilio; en consecuencia, sostuvo que la convivencia debía modularse para que se realizara por vía remota, a distancia, a través de dispositivos electrónicos, estableciendo medidas que garantizaran que se efectuara de manera efectiva.

32. En consideración de esta Sala, confrontados los criterios participantes se estima existente la contradicción de tesis, pues efectivamente, los tribunales colegiados adoptaron una postura distinta ante el mismo supuesto fáctico jurídico; uno, estimando viable que en las circunstancias de la pandemia por COVID-19, se pudieran llevar a cabo convivencias en forma presencial (física) entre un menor de edad y su progenitor no custodio, favoreciendo plenamente su derecho de convivencia, siguiéndose medidas sanitarias, sin que procediera restringirla sólo a una convivencia a distancia, por medios tecnológicos; y el otro, descartando que en el contexto de la pandemia, la convivencia presencial fuera viable aun siguiendo medidas sanitarias, pues existía un riesgo real de contagio que obligaba a privilegiar el derecho a la vida y a la salud del menor, modulando el de convivencia, para que ésta se re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29800-fcf27004/suspension-del-acto-reclamado-cuando-este-consiste-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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